Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123516
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.516, "Ramos, Silvana Valeria contra Jan Mark S.R.L. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 414/442 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-IX-2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Silvana Valeria Ramos y en consecuencia condenó a Jan Mark S.R.L. al pago de la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. La rechazó, en cambio, en cuanto reclamaba el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes del despido; las indemnizaciones previstas en los arts. 14 de la ley 14.546 y 178 de la Ley de Contrato de Trabajo; las multas consagradas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323; y la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345). Asimismo, desestimó la acción en cuanto procuraba extender solidariamente la condena a la codemandada Arcor S.A. (v. fs. 414/442 vta.).
En lo fundamental, concluyó que no se configuró la injuria invocada por la trabajadora para justificar el despido indirecto.
En este sentido, entendió que la legitimada activa no había logrado acreditar los hechos denunciados en el escrito de inicio, como ser: que las tareas realizadas se encuadraran en la categoría laboral de Jefa de Ventas, que cobrara parte de su salario mensual "en negro", ni que hubiera prestado tareas en exceso de la jornada legal, extremos que -señaló- se encontraban a su cargo (art. 375, CPCC).
Por el contrario, juzgó probado que la actora cumplía tareas como "Viajante de Comercio", encontrándose la relación laboral encuadrada en el Convenio Colectivo de Trabajo 308/75 y en la ley 14.546. Asimismo, que su mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida ascendió a $10.663,99; que el contrato de trabajo estaba correctamente registrado; y que la codemandada Jan Mark S.R.L. reintegraba a la trabajadora en dinero efectivo -contra la entrega del respectivo comprobante (tickets de compras)- los gastos incurridos por la adquisición de elementos de escaso monto, tales como cinta scotch, goma de pegar, etc.
II. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 24.013 -debió decir 11.653-; 39 incs. 1 y 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14 bis, 17 y 28 de la Constitución nacional; de la ley 14.546 y de la doctrina legal que identifica.
En esencia, expone los siguientes agravios:
II.1.a. Denuncia que el órgano de grado incurrió en absurdo en la valoración de la prueba al concluir que la trabajadora se encontraba correctamente registrada como viajante de comercio (y no jefa de ventas) y, como consecuencia, descartó que hubiera existido injuria laboral que justificara el autodespido.
Afirma que de ninguna de las declaraciones de los testigos surge que la empleada hubiera desarrollado dichas tareas, como tampoco que la empleadora le hubiera asignado una zona de trabajo, que asentara notas de ventas y fijado comisión por tales operaciones, ni que hubiera abonado comisión alguna a la señora Ramos.
Por el contrario, resalta que de los referidos testimonios se evidencia que la empresa pagaba parte del salario sin registración. Agrega que del análisis de las constancias de autos y del informe pericial contable se puede advertir con claridad que la demandada no poseía el libro especial del art. 10 de la ley 14.546.
II.1.b. Manifiesta que, aun en el caso de que se considerase que la trabajadora cumplió funciones de viajante de comercio, la empleadora -reitera-, ante la ausencia del libro especial, vulneró lo dispuesto en el art. 10 citado.
De este modo, arguye que, de conformidad con el informe pericial, no resulta ajustado a derecho considerar la correcta registración, arribando a una sentencia arbitraria.
Refiere que el tribunal incurrió en absurdo al realizar un análisis aislado de las pruebas producidas, arribando a una conclusión que no vislumbra rasgos de razonabilidad y justicia a la luz de la normativa que considera aplicable, vulnerando los principios laborales de primacía de la realidad, in dubio pro operario , orden público y buena fe.
Asimismo, precisa que en casos como el de autos resulta de aplicación la teoría de la carga dinámica de la prueba, en tanto -sostiene- no había duda alguna de que era a Jan Mark S.R.L. a quien le correspondía brindar los datos vinculados con las ventas realizadas por sus dependientes y la forma en que se efectuaron las cobranzas a los clientes.
II.1.c. Objeta que el tribunal de origen no haya tenido por acreditado el pago de sumas en negro, cuando ello se advierte en forma irrefutable de las declaraciones de las testigos María Cecilia González y Mercedes Domínguez. Más aún -reitera- teniendo en cuenta la ausencia de libro especial.
Añade que, si bien aquellas no trabajaban en la empresa al momento del distracto, se evidenció que dicha modalidad de pago era una práctica empresarial.
II.2. En otro tramo del recurso, la compareciente se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que, entiende, transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 117.289, "Ucha Soto" (sent. de 29-VIII-2018), entre otras.
Denuncia que el tribunal de origen se apartó absurdamente de las constancias probatorias -telegrama de fs. 297 y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)-, puesto que resulta evidente que a la actora se le descontaron aportes de la seguridad social en el período 06/2007 y no fueron ingresados.
II.3. Por último, cuestiona que no se le extendiera solidariamente la condena a Arcor S.A., en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sostiene que, conforme las constancias de autos, surge en forma manifiesta que la sentencia es derivación inexcusable de una absurda apreciación de la prueba, en tanto arribó a dicha conclusión a partir de un informe pericial que se sustentó en una documentación escaneada por la empresa recién citada.
Manifiesta que dicha responsabilidad surge evidente en tanto la propia empresa Jan Mark S.R.L. al contestar la demanda reconoció ser vendedor oficial de Arcor S.A. y que se encontraba sujeta a rigurosos controles a los fines de conservar la venta de dichos productos.
Reitera en este punto que, atento la carga dinámica de la prueba, le correspondía a Arcor S.A. probar cuál era la relación que la unía con la codemandada Jan Mark S.R.L.
Puntualiza que el informe pericial resultó insuficiente como consecuencia de la omisión por parte de Arcor S.A. de poner a disposición del experto la documentación original pertinente que hubiere acreditado tales extremos. Al respecto asevera que en el mismo dictamen se pone de resalto la imposibilidad de contestar los puntos periciales propuestos por su parte ante la falta de entrega de constancias respaldatorias requeridas en su oportunidad.
Expresa que la actividad prestada por Jan Mark S.R.L. es inescindible del objeto de Arcor S.A.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los agravios centrados principalmente en objetar la conclusión a la que arribó el tribunal en orden a la falta de acreditación de las causales denunciadas por la trabajadora para considerarse despedida, deben ser rechazados.
III.1.a. En su pronunciamiento, el juzgador de grado analizó las alegaciones formuladas por las partes en los escritos constitutivos.
Por el lado de la accionante, en cuanto manifestó que se desempeñó bajo las órdenes de la demandada revistiendo en la categoría de Jefa de Ventas y que "...no sólo cumplía las funciones dentro de Jan Mark sino que diariamente concurría a los comercios a fin de concertar las ventas, realizar cobranzas, corroborar estado de los stands de la marca Arcor, etc..."; que cobraba una "suma en negro" que oscilaba entre $10.000 y $7.000 mensuales, según las ventas y de acuerdo a la liquidación que realizaba la demandada; que Jan Mark S.R.L. es la distribuidora oficial de Arcor S.A.; y que el mejor salario mensual, normal y habitual ascendía a $21.133, conforme el Convenio Colectivo de Trabajo de Empleados de Comercio 130/75 (v. vered., fs. 414 vta. y 415).
Por el de la empleadora Jan Mark S.R.L., en cuanto negó dichas circunstancias y afirmó que las remuneraciones las abonaron conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 308/75 y el estatuto del Viajante de Comercio (ley 14.546), que la trabajadora se encontraba debidamente registrada y que "...la actora nunca superó un monto de ventas que le permitiera cobrar comisiones, abonándosele en consecuencia el mínimo garantizado por el convenio colectivo de la actividad..." (vered., fs. 415 y vta.).
Luego, tras evaluar la prueba documental, el informe pericial contable y las declaraciones testimoniales, tuvo por cierto -tal como lo señalé en el relato de antecedentes- que: la trabajadora prestaba tareas como "Viajante de Comercio" y se encontraba encuadrada en el Convenio Colectivo de Trabajo 308/75 y la ley 14.546; que la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por la actora ascendía a $10.663,99; que el contrato de trabajo se encontraba correctamente registrado; que los salarios mínimos garantizados abonados por Jan Mark S.R.L. a la actora coincidían con los fijados en las escalas salariales vigentes conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 308/75; y que la codemandada Jan Mark S.R.L. reintegraba a la actora en dinero efectivo contra la entrega del respectivo comprobante (tickets de compras) los gastos incurridos por la adquisición de elementos de escaso monto (v. vered., fs. 418 vta. y 419).
Añadió que no se había probado la realización de horas extraordinarias y remarcó que la accionante no había individualizado ni detallado cada una de las operaciones por las cuales pudiera corresponderle el pago de comisiones sobre ventas (conf. ley 14.546).
Ya en sentencia, con apoyo en la doctrina legal de esta Corte -que mencionó- sostuvo que los reintegros de gastos acreditados en autos, al no ser considerados salario, no era necesario que figuraran registrados en el recibo de sueldos de la operaria, por lo que no se los podía considerar como pago de salario "en negro".
Entendió, así, que la accionante no podía invocar una incorrecta registración del contrato de trabajo como injuria grave a sus intereses, como tampoco el incumplimiento del pago de salario por horas extras, cuya realización tampoco fue probada.
Por todo ello, concluyó que la actora no había logrado acreditar injuria laboral que justificara la denuncia del contrato de trabajo, para luego considerarse despedida, por lo que procedió a rechazar los rubros reclamados en el escrito de inicio, a excepción de la multa establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.1.b. Tiene dicho este Tribunal que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, a fin de establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen solo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (art. 242, LCT; causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014; L. 124.116, "Fernández", resol. de 11-VI-2020 y L. 122.889, "De Zan", sent. de 26-V-2021).
Si bien la recurrente invoca la existencia del mentado vicio invalidante, no logra evidenciarlo, toda vez que apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a exponer la conclusión que impugna, se limita a efectuar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, evidenciando, tan sólo, la intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para establecer el mérito y habilidad de toda la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones (causas L. 91.430, "Gáspari", sent. de 12-X-2011; L. 119.131, "Peredo", sent. de 6-XII-2017; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019 y L. 121.412, "Peiró", sent. de 31-VIII-2020; e. o.).
En efecto, la sola divergencia que expresa la interesada acerca del análisis efectuado respecto de las declaraciones testimoniales, sumada a la personal apreciación que expone en torno al contenido de la pericia contable -y la relevancia que pretende asignarle a la falta de exhibición de documentación por parte del empleador- resultan inhábiles para demostrar la existencia del vicio de absurdo.
Cabe además precisar que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 96.734, "Segovia", sent. de 29-XII-2009; L. 102.022, "Cooke", sent. de 26-X-2010; L. 105.156, "Villalobos", sent. de 21-IX-2011 y L. 103.508, "Rodríguez", sent. de 24-IV-2013; e. o.).
En fin, debe recordarse que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el mentado vicio, ni tampoco puede este Tribunal sustituir con su propio criterio el de los jueces de mérito. El absurdo no queda configurado aun cuando el argumento del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias obrantes en autos (causas L. 116.981, "García", sent. de 13-V-2015; L. 118.441, "Alonso", sent. 14-X-2015; L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016 y L. 120.332, "L., V. D.", sent. de 26-V-2021; e. o.).
Es dable agregar que la insuficiencia de la postulación se profundiza aún más, ni bien se advierte que nada dice la quejosa respecto a que la injuria invocada por ella al disponer su despido, hubiera sido apreciada sin la prudencia que exige el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, norma cuya infracción ni siquiera denuncia.
III.1.c. Tampoco es de recibo la alegada violación del principio in dubio pro operario , contemplado en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que la referida pauta interpretativa, no resulta aplicable si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar -como en el caso- ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 103.302, "Di Santo", sent. de 7-IX-2011; L. 117.403, "Tibaudin", sent. de 9-IX-2015; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017 y L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021).
III.1.d. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, el interesado no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015; L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015; L. 121.465, "Schmitt", resol. de 8-VIII-2018 y L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020), hipótesis expresamente descartada en autos.
III.1.e. En este contexto, debe permanecer firme la decisión de grado en este aspecto.
III.2. El agravio referido a la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco es de recibo.
III.2.a. En primer lugar, cabe recordar que esta Corte ha sostenido que es facultad privativa de los tribunales del trabajo determinar -con arreglo a la prueba producida- si se verifican los requisitos a los que la norma indicada subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista. Las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son revisables en casación, salvo que se invoque y acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 9-II-2021; e. o.), hipótesis que -como adelanté- no se verifica en el caso.
III.2.b. En lo que interesa, el juzgador rechazó la aplicación de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por considerar que para ello es menester que el empleador haya efectivamente retenido al trabajador sumas de dinero y que luego no haya ingresado esos fondos a los Organismos de la Seguridad Social.
Esa conclusión se encuentra en sintonía con la doctrina de esta Corte que reiteradamente ha señalado que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador, en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, cit., cuya doctrina denuncia transgredida el recurrente; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015), precisando que "para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo" (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
Sobre tal base, el tribunal de trabajo indicó que se había acreditado que Jan Mark S.R.L. había ingresado los importes oportunamente retenidos a la empleada, con base en un informe de la AFIP del cual -según consignó- "surge que se encuentran depositados los aportes y contribuciones retenidas a la actora (fs. 255/273)".
III.2.c. En este punto, la quejosa -sin controvertir las pautas fijadas por el sentenciante a efectos de que resulte admisible imponer la sanción de referencia- apoya su agravio exclusivamente en que en el mentado informe la entidad recaudatoria había consignado que surgía impago el período junio de 2007.
Sin embargo, no repara que del detalle que consta como anexo del mentado informe se desprende que el saldo impago respondería a las contribuciones a cargo del empleador con destino al sistema de obra socia
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.