Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123859
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y se revoca la sentencia impugnada en cuanto responsabilizó solidariamente a dicho codemandado con apoyo en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Las costas de ambas instancias se imponen -en lo que respecta a la acción dirigida contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires- a la actora vencida (arts. 19, ley 11.653; 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.859, "Camino, Franco Gabriel contra Hunter Security S.A. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la demanda deducida, imponiendo las costas a las demandadas vencidas (v. fs. 233/257).
Se interpuso, por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-XII-2018).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente.
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción deducida por Franco Gabriel Camino y, en consecuencia, condenó a Hunter Security S.A. y -solidariamente- al Banco de la Provincia de Buenos Aires al pago de haberes adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales; así como de la indemnización sustitutiva del preaviso, y las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Condenó a la empleadora -asimismo- a entregarle al actor la "certificación de servicios" contemplada en la última disposición legal citada (v. fs. 233/257).
En lo que resulta relevante para resolver el recurso bajo examen, el juzgador de grado dispuso extender solidariamente la condena al Banco de la Provincia de Buenos Aires por entender que -tal como lo había postulado el actor en su escrito de ampliación de demanda (v. fs. 33/34)- se configuró en el caso una de las modalidades delegativas consagradas en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 234).
En ese sentido, juzgó probado -con sustento en la contestación del oficio dirigido a la entidad financiera; agregada a fs. 23/24- que el señor Camino desempeñó tareas de vigilador general en la sucursal anexo Independencia n° 3.471 de la banca pública demandada, sin que esta última hubiera demostrado el cumplimiento de la obligación de contralor impuesta por el segundo párrafo de la norma sustantiva citada (v. fs. cit.).
Luego, ya en la etapa de sentencia, dispuso rechazar la excepción de falta legitimación pasiva opuesta por la recurrente en su escrito liminar (v. fs.78/86) y -consecuentemente- condenó de manera solidaria a las accionadas a abonarle al actor los rubros detallados más arriba.
II. Contra dicho pronunciamiento el Banco de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, errónea aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y violación de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico del 21 de diciembre de 2018).
En lo esencial, objeta que se haya condenado a la entidad bancaria codemandada con fundamento en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Afirma que, al resolver de ese modo, el tribunal violó la doctrina legal establecida por esta Corte en las causas L. 74.501, "Aliende" (sent. de 3-VII-2002); L. 88.177, "Hernández" (sent. de 31-X-2007); L. 94.838, "Cabrera" (sent. de 3-XII-2008); L. 94.804, "Petrone" (sent. de 24-II-2010); L. 96.050, "Banga" (sent. de 13-IV-2011); L. 116.470, "Armesto" (sent. de 6-III-2013); L. 116.802, "Delgado" (sent. de 26-VI-2013) y L. 117.353 "Maehira Nakama" (sent. de 6-VIII-2014) -entre otras que cita-, en las cuales se resolvió que la Administración Pública resulta, en principio, ajena a la solidaridad prevista por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo salvo que, con anterioridad al acto en virtud del cual se formula el reclamo, hubiera habido expresa sujeción de aquella a las normas laborales.
Destaca, en ese sentido, que el Banco de la Provincia de Buenos Aires -como entidad autárquica de derecho público- no ha dictado un acto expreso de sometimiento a la normativa laboral; sino que, antes bien, asegura que de las constancias de la causa -que reputa absurdamente valoradas por el sentenciante de grado- se desprende que el vínculo entablado entre aquel y la empresa que empleó al actor estuvo regida por un contrato de derecho administrativo.
Añade que, ante la claridad de la citada doctrina legal y de las normas en juego, queda neutralizado el principio hermenéutico que emana del art. 39 de la Constitución local, toda vez que no existe ninguna duda razonable que deba ser despejada por aplicación de dicha norma.
Argumenta -asimismo- que el tribunal de grado incurrió en una absurda y contradictoria interpretación al sostener que el Banco de la Provincia de Buenos Aires pretende exceptuarse de la solidaridad normada por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo con la sola declaración de un único testigo.
Expone que la inaplicabilidad de la disposición en cuestión a la Administración Pública, encuentra -también- sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando en apoyo de su posición los autos M.130.XLV, "Monrroy, Elsa Alejandra c/ Infantes S.R.L. y otro s/ despido" (sent. de 17-IX-2013).
En suma, en virtud de las consideraciones vertidas, solicita se haga lugar al recurso traído, revocando la sentencia atacada en cuanto endilgó responsabilidad solidaria a la recurrente con fundamento en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que no superando el valor del agravio el monto mínimo para recurrir contemplado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el medio de impugnación en análisis ha sido concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 276 y vta.); resolución que no ha sido objeto de cuestionamiento.
Luego, la función revisora de esta Suprema Corte ha de circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el citado precepto del régimen adjetivo laboral local, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
III.2. Dicho ello, acierta el recurrente en demostrar que, al condenar al Banco de la Provincia de Buenos Aires por aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado vulneró la doctrina legal de esta Corte sobre la temática debatida.
III.2.a. En efecto, este superior Tribunal ha declarado en forma reiterada que la Administración Pública resulta, en principio, ajena a la solidaridad prevista por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo salvo que, con anterioridad al acto en virtud del cual se formula el reclamo, hubiera habido expresa sujeción de aquella a las normas laborales -legales o convencionales- (causas L. 56.282, "Sampietro", sent. de 11-X-1995; L. 65.606, "Albornoz", sent. de 17-XI-1998; L. 86.419, "Duce", sent. de 9-VI-2004; L. 86.556, "Peruzzi", sent. de 9-VI-2004; L. 89.820, "Cicala", sent. de 28-IX-2005; L. 88.177, "Hernández", sent. de 31-X-2007; L. 91.767, "Larrumbe", sent. de 18-VI-2008; L. 94.838, "Cabrera", sent. de 3-XII-2008; L. 94.804, "Petrone", sent. de 24-II-2010; L. 101.391, "Accoce", sent. de 11-VIII-2010; L. 101.355, "Andrade de Gamboa", sent. de 1-IX-2010; L. 96.050, "Banga", sent. de 13-IV-2011; L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.802, "Delgado", sent. de 26-VI-2013 y L. 117.353, "Maehira Nakama", sent. de 6-VIII-2014; todas citadas por el quejoso en su réplica).
Cuadra aquí precisar que -tal como lo señalé al emitir mi voto en la causa L. 117.353 "Maehira Nakama", citada- el Banco de la Provincia de Buenos Aires, es una "institución autárquica de derecho público, en su carácter de Banco de Estado" (art. 1, Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires), lo que permite considerarlo alcanzado por los lineamientos de la doctrina legal citada en el párrafo precedente. Tanto es ello así que, según lo ha resuelto esta Corte, las normas de la Ley de Contrato de Trabajo resultan inaplicables al Banco de la Provincia de Buenos Aires (causas L. 103.559, "Abrain", sent. de 10-X-2012 y L. 117.353, cit.).
III.2.b. Ahora bien, aclarado ello, no se demostró en autos que la entidad bancaria pública provincial codemandada hubiera dictado disposición alguna sometiéndose a la legislación laboral ordinaria -extremo ni siquiera invocado en el escrito de demanda y su ampliación-, sin que los magros fundamentos vertidos por el tribunal de grado para fundar la condena solidaria objetada -que prescinden atender la citada directriz-, resulten suficientes para desactivar la categórica doctrina que emana de los fallos de esta Corte arriba mencionados.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia atacada en cuanto, vulnerando la doctrina legal de esta Suprema Corte, responsabilizó solidariamente al Banco de la Provincia de Buenos Aires por los importes de condena con apoyo en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Las costas de ambas instancias se imponen -en lo que respecta a la acción dirigida contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires- a la actora vencida (arts. 19, ley 11.653; 68 y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al sufragio de mi distinguida colega doctora Kogan, con excepción de lo manifestado en el segundo párrafo del punto III.2.a.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a lo expuesto por la colega ponente en cuanto evidencia el acierto del recurrente al denunciar que el fallo de grado ha transgredido la doctrinal legal, lo hago, conforme las consideraciones plasmadas en oportunidad de emitir mi opinión en la causa L. 117.353, "Maehira Nakama" (sent. de 6-VIII-2014) a la que por brevedad remito.
Luego, el recurso progresa según lo resuelto en el sufragio emitido por la doctora Kogan.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y se revoca la sentencia impugnada en cuanto responsabilizó solidariamente a dicho codemandado con apoyo en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Las costas de ambas instancias se imponen -en lo que respecta a la acción dirigida contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires- a la actora vencida (arts. 19, ley 11.653; 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2021 15:23:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/11/2021 08:10:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2021 17:04:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/11/2021 10:24:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/11/2021 11:10:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia