Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123844
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.844, "Rodríguez, Adalberto Germán contra La Carrindanga S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata desestimó -por mayoría- el incidente de extensión de responsabilidad iniciado contra La Carrindanga S.A., imponiendo las costas al incidentista (v. fs. 257/266 vta.).
Se dedujo, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 17-XII-2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó -por mayoría- el incidente articulado por el señor Adalberto Germán Rodríguez mediante el cual procuraba la extensión de la condena contra la firma La Carrindanga S.A. en los autos caratulados "Rodríguez, Adalberto Germán c/ Caybone S.A. s/ Despido" (expte. n° 20.135), en trámite ante el mismo órgano de grado y con sentencia favorable (de fecha 31-X-2016) que, ante su incumplimiento fue materia de ejecución (v. fs. 257/266 vta.).
Para así decidir, tras analizar el material probatorio colectado en la causa (informativa, documental y testimonial) y los escritos constitutivos de la litis, juzgó que la parte actora no logró acreditar -como era su carga- la vinculación productiva entre la empleadora obligada y la aquí demandada; así como tampoco haber desempeñado labores para esta última.
II. Frente a lo así resuelto, el incidentista deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo; la violación y errónea aplicación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 6, 9, 14, 225, 226, 228 y 229 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.643 y 60, 354, 375 y 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, sostiene que el tribunal de grado incurrió en absurdo al "compartir" en los fundamentos del voto mayoritario la doctrina legal erróneamente citada por la demandada en su presentación.
En tal sentido, sostiene que la causa L. 49.381, "Vivas" (sent. de 3-IX-2008) no resulta asimilable al caso aquí examinado en tanto las situaciones fácticas y jurídicas de aquel no resultan asimilables a la presente.
Explica que en el referido precedente la demandada Oreans S.A. accedió a la explotación del establecimiento mediante licitación pública, una vez que la anterior empresa había cesado definitivamente su actividad. Por el contrario, argumenta que en el supuesto de autos coexistieron las dos empresas en el mismo lugar, realizando igual actividad.
Así, asegura, resulta injustificable la falta de rigor analítico de la decisión adoptada por la mayoría, al no haber efectuado un examen íntegro del mismo.
Refiere que idéntica situación se verifica con la causa L. 111.520, "Paz Sánchez" (sent. de 4-IX-2013), también citada en el escrito de responde, en la que -aduce- se determinó que el establecimiento accionado cerró sus puertas, el negocio fue desmantelado y su personal despedido un año y medio antes del nuevo contrato de locación; situaciones que -aduce- no se verificaron en autos (v. págs. 6/8).
II.2. Por otra parte, denuncia que el juzgador incurrió en absurdo en la valoración de las pruebas.
II.2.a. En ese orden, manifiesta que -contrariamente a lo determinado en el fallo en crisis-, el contrato de locación del establecimiento es determinante a los fines de definir la extensión de responsabilidad en los términos de los arts. 225 a 228 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Expone que el contrato de locación del inmueble -sito en calle Primero de Mayo n° 805 de la ciudad de Mar del Plata- suscripto por La Carrindanga S.A. y su propietario (Ismael Recaredo Arias) tuvo inicio el día 1 de marzo de 2015.
Indica que no se hallaba controvertido que el señor Rodríguez prestó servicios en ese mismo domicilio para la firma Caybone S.A. hasta la fecha en que resultó despedido (9 de abril de 2015). Sobre esa base, plantea que resulta evidente que ambas empresas coexistieron realizando la misma actividad -fabricación y venta de embutidos-, utilizando igual nombre, con las mismas máquinas y en el mismo local mencionado, durante cuarenta y cinco días.
De allí, critica la conclusión a la que arribó el órgano de grado, que lo llevó a juzgar no demostrado la vinculación productiva entre ambas empresas.
Afirma que "resulta evidente que La Carrindanga comenzó a explotar el inmueble bajo la denominación de Caycobe, con la habilitación de Caycobe, con el personal de Caycobe y con las máquinas de Caycobe. Incluso etiquetó a sus productos con la marca Caycobe".
Por tal razón, sostiene que la sociedad anónima incidentada resulta responsable solidariamente en los términos del art. 228 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. págs. 8/10).
II.2.b. Asimismo, controvierte la valoración de la declaración testimonial brindada por el señor Tarquinus en la audiencia de vista de la causa.
Alega que el deponente (empleado primero de Caybone S.A. y luego de la nueva firma incidentada) afirmó que las maquinarias utilizadas por ambas empresas "eran las mismas". A partir de ello, analiza que en el voto mayoritario se determinó que -según el contrato de locación de servicios- el inmueble se alquiló con "sus artefactos".
Bajo esos lineamientos, denuncia que el sentenciante efectuó un esfuerzo por sostener la postura de la parte incidentada, incurriendo incluso -dice- a argumentos que no fueron esgrimidos al contestar el escrito de inicio. En ese orden, postula que en ningún momento esta última mencionó que las maquinarias del establecimiento no fueran de Caybone S.A., ello -expone- probablemente porque dichas maquinarias formaban parte del activo denunciado en el concurso preventivo iniciado por la primera empresa locataria; cuyo expediente -señala- fue ofrecido como prueba por su parte y desestimado por el tribunal de grado, sin explicaciones ni fundamentos.
Asevera que dicho medio probatorio hubiera demostrado que las maquinarias a la que aludió el mencionado testigo "eran propiedad de Caybone S.A., al punto de constituir su activo falancial". A modo ejemplificativo y, con la finalidad de demostrar esos extremos, adjunta fotografías de los bienes que conforman el activo del concurso.
Advierte que el absurdo en el que incurrió el juzgador , denunciado en esta parcela del medio impugnativo, radica -además de haber utilizado una defensa no articulada por la contraria- en evadir la aplicación de la presunción iuris tantum contenida en el art. 354 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (v. págs. 10/12).
II.2.c. Desde otroángulo, objeta la apreciación de la prueba documental reunida en la causa.
Destaca que -en contraposición a lo resuelto en la instancia- jamás sostuvo que en el caso hubiera mediado una transferencia formal del establecimiento, sino que adujo que la misma fue subrepticia, mediante la utilización de otras formulaciones jurídicas, con la finalidad de eludir las responsabilidades derivadas de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este orden, expresa que de las constancias de AFIP surgía que La Carrindanga S.A. comenzó su actividad el día 18 de diciembre de 2015, "lo cual habría acontecido sin empleados, puesto que no los tuvieron (de alta) hasta el 16 de diciembre de 2016". Cuestiona que la mencionada sociedad anónima hubiera podido llevar a cabo su actividad de producción y venta de embutidos y chacinados sin trabajadores propios; incluso -aduce- cuando la misma empresa reconoció que sus tareas iniciaron formalmente en septiembre del año 2015, fecha que coincide con la habilitación municipal.
Asimismo, aduce que -a la luz de la totalidad de la prueba rendida y de las reglas de la lógica- resulta absurda la conclusión del juzgador según la cual consideró que la sucesión "entre una firma y otra no fue sin solución de continuidad".
A su vez, afirma que jamás fue una premisa a demostrar por el incidentista el haber trabajado para la firma aquí accionada. En tal sentido, entiende que demostrada la ocupación del establecimiento por la firma la Carrindanga S.A., mientras el trabajador prestaba sus labores en dicho lugar, correspondía a esta demostrar que no se había beneficiado con el trabajo de su representado y, que no había resultado cesionario por cualquier título del establecimiento (v. págs. 12/14).
II.2.d. Luego, indica que el sentenciante omitió valorar la transmisión fraudulenta y el uso que se le dio a la marca "Caybone".
En tal sentido, alega que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) informó que esta última se encontraba registrada a nombre de Caybone S.A., tal y como fuera puesto de manifiesto al demandar.
Refiere que el trámite de inscripción a favor de Claudio Marcelo Fernández fue anulado. Argumenta que a pesar de su requerimiento al INPI, este no adjuntó el legajo de la marca y tampoco la resolución administrativa resolutoria. Entiende que ello se debe a que la marca no fue transferida por su titular (Caybone S.A.).
Manifiesta que el absurdo probatorio se evidencia en la omisión en la que incurrió el juzgador, al no valorar un informe objetivo de un organismo público sobre licencia de marca que -alega- contradice y expone la falaz defensa de la demandada (v. págs. 14/16).
II.3. Corolario de lo expuesto, sostiene que la empresa La Carrindanga S.A. fue concebida con el objeto de usufructuar los beneficios de la firma Caybone S.A., "sin sus costos", razón por la cual solicita que se revoque el pronunciamiento de grado en todas sus partes (v. págs. 16/17).
III. El recurso no prospera.
III.1. Como es sabido, determinar si existió -o no- relación laboral entre las partes constituye una cuestión ajena a la casación y propia de los jueces de la instancia ordinaria y no es susceptible de revisión salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 122.223, "Góngora", sent. de 22-XII-2020; e.o.).
De igual forma, esta Corte ha dicho que establecer si en un caso determinado existe o no transferencia de establecimiento y la consecuente solidaridad que para tal supuesto la legislación impone, también constituyen facultades privativas de los jueces de grado, a menos que se demuestre que la decisión es absurda (causas L. 97.927, "Berriocanal", sent. de 20-X-2010; L. 98.488, "Castro", sent. de 13-VII-2011; L. 104.602, "Breda", sent. de 29-II-2012; L. 108.694, "Barrera", sent. de 26-IX-2012; L. 108.156, "Escobar", sent. de 29-V-2013; L. 117.815, "Santamaría", sent. de 20-V-2015; e.o.).
Bajo tales premisas, adelanto que la crítica traída en el recurso luce inhábil para evidenciar que la solución adoptada por el sentenciante adolezca de la extrema y grave anomalía que se le imputa.
III.2.a. Como fuera anticipado, los magistrados de grado resaltaron la existencia de controversia respecto a la vinculación entre la empresa obligada Caybone S.A. y la incidentada La Carrindanga S.A.
A fin de desentrañar la cuestión aquí debatida, el juzgador tuvo en miras los antecedentes que llevaron a la tramitación de la presente causa.
En esa línea, señaló que la pretensión del actual reclamo reposaba en la existencia de la sentencia dictada -por ese mismo tribunal de trabajo- en los autos "Rodríguez, Adalberto Germán c/ Caybone S.A. s/ Despido" (expte. n° 20.135), mediante la cual hizo lugar a la acción instaurada y condenó a la demandada a abonarle al actor la suma que especificó en concepto de indemnización por despido.
Refirió que, ante el incumplimiento de los créditos judicialmente declarados en aquella, el accionante promovió un incidente de extensión de responsabilidad contra la empresa La Carrindanga S.A. (v. vered., fs. 257 y vta.).
Indicó que en su presentación inicial, el accionante relató que, en oportunidad de llevar a cabo la ejecución mediante la diligencia del mandamiento de embargo en el domicilio de la ejecutada, fueron atendidos por el apoderado de la firma incidentada en estos autos, quien le comunicó que la requerida -Caybone S.A.- ya no funcionaba más allí, que su mandante había comprado la marca "Caybone" y suscripto un contrato de locación del inmueble con el propietario (el cual se encontraba vigente en ese momento; v. vered., fs. 257 vta.).
Adujo que el reclamante denunció que dichas manifestaciones fueron maniobras vertidas por la nueva firma locataria con el propósito de eludir las obligaciones laborales y, en ese cometido, fundó el actual reclamo en que la firma accionada utilizó el mismo espacio físico que la condenada en los autos principales, así como también sus maquinarias y empleados por un período determinado; razón por la cual solicitó que se haga extensiva la condena de la firma Caybone S.A. a La Carrindanga S.A. (v. vered., fs. cit.).
Por su parte, mencionó -en lo que aquí interesa- que la firma incidentada negó la existencia de vínculo comercial alguno con la empresa condenada y argumentó que la única vinculación fue el contrato de locación del inmueble (v. vered., fs. cit.).
Sobre esa base, puesto a dilucidar la contienda, el voto que concitó la mayoría de opiniones de los integrantes del tribunal, se avocó a analizar el material probatorio aportado en la causa (v. vered., fs. 359 vta.).
A tal fin, valoró la certificación de habilitación adunada -otorgada con fecha 28-VII-2017 y bajo cuenta n° 125.524, expte n° 7.669/A/1968- a nombre de La Carrindanga S.A., para los rubros "elaboración con venta mayorista y distribución de embutidos, chacinados y salazón" (v. vered., fs. cit.). Precisó el juzgador que la misma era una "habilitación nueva y no producto de una transferencia entre Caybone y La Carrindanga" (vered., fs. cit.).
Seguidamente, con sustento en la prueba informativa obrante en el expediente, expresó que del informe emitido por la Municipalidad de General Pueyrredón surgía que la cuenta municipal a nombre de Frigorífico Caybone S.A., se encontraba inscripto -bajo el número 18.818, expte n° 17.722/A/1968- para los rubros "depósitos de chacinados, anexo: elaboración, secadero y tripería, carnicería, venta de aves, lechones y fiambrería en piezas" (vered., fs. 259 vta. y 260).
Concluyó en tal sentido, que no existió transferencia entre ambos establecimientos, puesto que -meritó-, en tal supuesto, los expedientes de habilitación deberían haber sido los mismos, al igual que los rubros a los cuales -estrictamente- se dedicaban cada una de las empresas (v. vered., fs. 260).
Añadió que la contestación del oficio proveniente de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas arrojó que Caybone S.A. se encontraba inscripto en la matrícula n° 20.553, de fecha 8 de abril del año 1986, con legajo administrativo 37.840 y domicilio en la calle Primero de Mayo n° 805, de la ciudad de Mar del Plata; siendo los constituyentes de la sociedad el señor Hugo Walter Chierichedtti y la señora Mercedes Lidia Arias (v. vered., fs. cit.).
A su vez, sostuvo que La Carrindanga S.A. se encontraba inscripto en la matrícula n° 121.939, de fecha 3 de noviembre del año 2014, con legajo administrativo 195.739 y domicilio en la calle Primero de Mayo n° 762, de aquella ciudad; siendo los constituyentes de esta empresa los señores José Luis Fernández y Jorge Alberto Luchetta y la señora Claudia Marcela Botti (v. vered., fs. cit.).
Asimismo, tuvo en especial consideración que -según los antecedentes de la anterior causa tramitada- el despido del señor Rodríguez por parte de su empleadora Caybone S.A., operó el día 9 de abril de 2015, mientras que la fecha de la habilitación municipal de La Carrindanga S.A. era el día 24 de septiembre de 2015. En ese entendimiento, sostuvo que "entre una firma y otra no fue sin solución de continuidad, al haber pasado la cantidad de cinco (5) meses y quince (15 días)" (vered., fs. cit.).
Agregó que compartía la doctrina legal mencionada por la demandada a fs. 115 y vta. (v. vered., fs. cit.).
Por otro lado, consideró que el contrato de locación del inmueble -añadido a fs. 92/93 vta.-, firmado entre el propietario (el señor Ismael Recaredo Arias) con La Carrindanga S.A. (el día 23-II-2015 y sellado en fecha 2-III-2015), "no agrega ni quita nada" a los fines de determinar la vinculación entre las empresas. En ese orden, refirió que el actor no había logrado demostrar en el caso, haber desempañado sus tareas para la sociedad incidentada (v. vered., fs. cit.).
Aclaró que si bien del testimonio brindado por el señor Tarquinus -empleado actual de la accionada- surgía que las máquinas utilizadas por ambas empresas eran las mismas, el contrato de locación suscripto establecía -en su cláusula 92- que el alquiler no solo incluía el inmueble sino también los artefactos (a los cuales definió conforme la Real Academia Española como "objeto, especialmente una máquina o un aparato, construido con una cierta técnica para un determinado fin"; v. vered., fs. 260 y vta.).
Consideró que las declaraciones de los deponentes de la audiencia de vista de la causa, no aportaban datos de interés que permitieran resolver la causa conforme el reclamo formulado. De allí, concluyó que el actor no logró demostrar la continuidad de la prestación sin solución de continuidad en las tareas de producción entre una empresa y otra, así como tampoco haber trabajado para la firma aquí incidentada (v. vered., fs. 260 vta. y 261).
Sobre esa base fáctica, desestimó -por mayoría- el incidente de extensión de responsabilidad articulado respecto a La Carrindanga S.A.
III.2.b. De los antecedentes reseñados surge nítido -como se adelantó- que las alegaciones del impugnante, lejos están de acreditar la configuración de absurdo.
Es oportuno memorar, que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para juzgar configurado del mencionado vicio invalidante, porque es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado, y que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F., A. E.", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020).
III.2.c. Desde esa perspectiva de análisis, es dable advertir que los esfuerzos argumentativos desplegados por el quejoso en el recurso, resultan estériles -reitero- en el intento de abastecer aquellos fundamentales extremos que hubieran permitido habilitar la facultad revisora de esta Corte.
Ello por cuanto, en su impugnación, el interesado -a partir de su propia interpretación de las constancias obrantes en la presente- se limita a exponer una definición ceñida a sus intereses, destinada -únicamente- a extender la responsabilidad a la empresa accionada en estos autos, sin hacerse cargo de la orfandad probatoria que le endilgara el sentenciante de grado y de las reseñadas consideraciones que dieron -en definitiva- debido sustento a la conclusión que pone bajo censura.
En suma, en el contexto probatorio de la causa cuyo análisis integral llevó al tribunal a rechazar la tesis actoral, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin lograr obtener la modificación de lo decidido. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha
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