Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73765
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.765, "Yell Argentina S.A. contra Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Soria, Violini, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora e hizo lugar, por mayoría, al deducido por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, rechazó la pretensión anulatoria promovida por la firma Yell Argentina S.A. (v. fs. 408/417).
Contra esa decisión, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 420/443), los que fueron concedidos por el Tribunal de Alzada a fs. 445/446.
Mediante resolución de fs. 452/453 este Tribunal desestimó el recurso de nulidad y dictó la providencia de autos para resolver respecto del de inaplicabilidad de ley. De ese modo, agregado el memorial de la demandada a fs. 458/466 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el presente caso se trata la pretensión anulatoria deducida por los actores respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación que, oportunamente, confirmara la resolución 752/03 de la entonces Dirección Provincial de Rentas.
En dicho acto se establecieron diferencias a favor del Fisco en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por la actividad de servicios de publicidad (originados por la locación de espacios publicitarios en las guías telefónicas editadas y distribuidas por "Telinver S.A.", actualmente Yell Argentina S.A.) y de otros servicios que no se encontraban clasificados, respecto de los períodos fiscales correspondientes a los años 1998, 1999, 2000 y enero/julio de 2001; asimismo, se declararon responsables solidarios -limitado en cada caso a ciertos períodos-, a los coactores de autos, Carlos Antonio José Fernández Prida Méndez Núñez, Juan Ignacio López Basavilbaso y Marcos Juan Eugenio Mario Noble.
II. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda.
Declaró la inconstitucionalidad del art. 96 del Código Fiscal, porque delegaba en el Poder Ejecutivo provincial la fijación de un interés adicional sobre las deudas fiscales y la del art. 24 del citado código por atribuirle responsabilidad solidaria a los coactores en su carácter de directores de la firma demandante.
En consecuencia, anuló la resolución impugnada en los aspectos señalados y ordenó a la autoridad de aplicación practicar una nueva liquidación tomando en concepto de interés la tasa vigente que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de descuento a treinta días.
Impuso las costas en el orden causado (art. 51, CCA, ley 14.437).
III. Ambas partes apelaron el pronunciamiento.
La Cámara rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora e hizo lugar, por mayoría, al interpuesto por la demandada.
De ese modo, rechazó la pretensión anulatoria promovida en todos sus términos e impuso las costas de ambas instancias a la actora vencida (v. fs. 408/417).
En relación a los agravios esgrimidos en el recurso interpuesto por la parte actora, fundó su decisión en los argumentos expresados por la mayoría de ese Tribunal en las causas CCALP 2.969 y 4.716, "Yell Argentina S. A.- Meller Comunicaciones S. A. c/ Tribunal Fiscal de Apelación", los que transcribió en punto 3.c.2. del fallo.
III.1. Respecto de las críticas relacionadas con la exención consagrada en el Código Fiscal sostuvo, por un lado, que ellas constituían una reproducción de los argumentos invocados en la demanda, ya analizados y desestimados por el juez de grado. Del otro, explicó que al volver sobre el concepto de "libro", la firma apelante se desentendió del doble orden de consideraciones necesarias para configurar la exención, vinculadas tanto con el supuesto de hecho aprehendido como con la razón que la motivaba y le daba sentido.
Destacó que antes que "libros", las guías telefónicas resultaban ser un objeto que escapaba de la previsión legal del beneficio, formando parte de un "servicio", en soporte papel, orientado a brindar a los usuarios el listado de números y abonados. Afirmó que la exención tributaria se veía evidentemente dirigida al fomento de una actividad determinada, en la que no podía considerarse incluida una edición reglada y pautada a través del contrato suscripto en su oportunidad con la concesionaria del servicio de telefonía.
Agregó que el caso planteado difería del resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 326:3168; y que en la especie imperaba el principio de interpretación estricta de las exenciones.
III.2. Por otro lado, calificó como razonable y adecuado el criterio empleado por la autoridad administrativa al aplicar la alícuota que grava a la actividad de publicidad, toda vez que, en el contrato que la unía con la concesionaria del servicio telefónico, la parte actora asumió la obligación de entregar las guías telefónicas sin recibir contraprestación, aunque con la posibilidad de comercializar en ellas espacios publicitarios.
En consecuencia, reputó ajustada a derecho la decisión del juez de grado, resaltando que la firma apelante no había incorporado ningún argumento de réplica eficaz contra aquélla.
III.3. Seguidamente consideró de recibo los agravios expresados por el Fiscal de Estado.
Descartó todo perfil confiscatorio en la tasa de interés autorizada por el art. 96 del Código Fiscal.
Recordó cierta jurisprudencia que reconoce que las leyes tributarias pueden contemplar medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales, como así también el sistema legal por el que se procura mantener la intangibilidad del crédito fiscal dado su singular destino público.
Advirtió un error de juzgamiento en la lógica de la sentencia recurrida en cuanto indicó que la habilitación legislativa efectuada por el Código Fiscal para la determinación del interés por parte del Poder Ejecutivo constituía una materia expresamente prohibida por el art. 45 de la Constitución provincial.
Consideró que no se transgredía el principio de legalidad en la medida que la norma estableciera un tope dentro del cual autoriza la variable determinativa y que, mientras no se lo sobrepase, quedaba resguardada la imposición del accesorio por mora.
III.4. Por último, también admitió el agravio de la Fiscalía de Estado acerca de la responsabilidad solidaria que, como contribuyentes, compromete a los directivos de una entidad societaria, en los términos de lo dispuesto por el art. 24 del Código Fiscal.
Sostuvo que no mediaba entre la disposición local (art. 21, Cód. Fiscal) y el régimen federal de fondo (ley 19.550) incompatibilidad alguna, en cuanto aquél prevé como causal de exclusión una situación de imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva, que la parte demandante no demostró y que se conciliaba, sin contradicciones, con las disposiciones societarias (conf. arts. 274, 275 y concs., ley 19.550).
Indicó que el principio de responsabilidad solidaria e ilimitada de los directivos -tal como se referenció en el párrafo anterior- también ha sido plasmado por la ley de fondo, sea por violación de la ley, el estatuto o el reglamento y, por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave (arts. 59 y 274, ley 19.550), y de manera alguna obstan a una regulación local que quede comprendida entre las hipótesis de responsabilidad previstas en la ley de fondo.
IV. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 420/443) en el cual plantea sustancialmente, los siguientes agravios.
IV.1. En primer término, puntualiza que el Tribunal de Alzada ha vulnerado el principio de congruencia, afectando su derecho de propiedad y de defensa en juicio (arts. 17 y 18, Const. nac. y 8 y 25, CIDH, v. pto. IV.1., a fs. 429).
Indica que lo atinente al pago previo, no fue alegado en ningún momento del proceso por las partes y la Cámara interviniente lo resolvió sin haber sido objeto de discusión en la contienda.
Sostiene que se trata de una cuestión precluida pues una vez declarada la admisibilidad de la demanda por parte del magistrado de primera instancia no puede la Alzada pronunciarse sobre esa cuestión, sobre todo cuando no ha sido planteada por las partes.
Señala que la Cámara se apartó de las prescripciones del art. 19 del Código Contencioso Administrativo que establece el requisito del pago previo a la interposición de la demanda en materia tributaria, al considerar que el pago de los conceptos reclamados produjo el efecto jurídico de un acto voluntario propio que invalidaba la pretensión anulatoria intentada.
Sostiene que la invocación del principio iura novit curia quebranta el principio de congruencia puesto que la Cámara falló sobre una cuestión que no fue planteada por las partes.
IV.2. Cuestiona que la Cámara haya negado la procedencia de la exención consagrada por el art. 166 inc. "d" del Código Fiscal (v. fs. 434).
Entiende que esa decisión viola el principio de reserva de ley garantizado por los arts. 4, 17, 19 y 33 de la Constitución nacional.
Señala que pese a darle importancia a la finalidad perseguida por el legislador, el pronunciamiento no se funda en la discusión parlamentaria ni en ninguna otra fuente que permita precisarla, sino que su base es una afirmación dogmática que da pie a una sentencia arbitraria.
Entiende que el precepto discutido debe ser interpretado de conformidad con el sentido usual de los términos empleados por el legislador y que ello obliga a recurrir al diccionario de la Real Academia Española, a la luz del cual -asegura- las guías telefónicas deben ser consideradas libros.
Critica que el Tribunal de Alzada haya considerado que no resultaba aplicable a este caso lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Cámara del Libro" en cuanto a que, respecto al reconocimiento de una exención, no podían introducirse limitaciones en el concepto de "libro" que no surgieran del propio texto legal.
Se agravia de que, para evaluar la exención, se invocara de manera simultánea el principio de interpretación "restrictiva", pero aplicara un método distinto. Expresa que las guías telefónicas "tienen un indudable contenido cultural", por tratarse de un compendio de datos, información de la dirección y números de teléfonos de los abonados, etc. (v. fs. 436 y vta.).
IV.3. En relación a la alícuota establecida, observa que en la especie se recurrió a la de los servicios de intermediación, es decir, la actividad que desarrollan las agencias de publicidad, cuando en cambio ella loca espacios publicitarios propios, no ajenos.
Afirma que no realiza actos de intermediación y que su postura encuentra apoyo "en la actual normativa provincial", ya que "el Código Fiscal distingue a los 'servicios de publicidad, excepto por actividades de intermediación', [...] que están gravados a la alícuota general del 3,5% [...] de los servicios de publicidad, por sus actividades de intermediación [...] a la que se aplica la alícuota incrementada (8%)".
Seguidamente, advierte que las guías telefónicas no se encuentran destinadas a publicidad, sino a prestar un servicio a los abonados del servicio telefónico, lo que entiende corroborado por el pliego de bases y condiciones para la privatización de la ex Entel, aprobado por el decreto 62/90.
En subsidio de lo expuesto, solicita se tenga presente que no presta ningún servicio de publicidad, en los términos de lo establecido por el Código Fiscal, sino que desarrolla la actividad de edición y distribución de guías telefónicas.
IV.4. A fs. 437 y vta. en cuanto a los intereses reclamados, denuncia que el Tribunal de Alzada al admitir el agravio de la representación fiscal y revocar la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad del art. 96 del Código Fiscal, consideró que la delegación legislativa del mencionado artículo cumple con los parámetros constitucionales, en tanto el legislador estableció un límite para la determinación del interés resarcitorio.
Señala que lo decidido se aparta del art. 45 de la Constitución provincial que expresamente prohíbe a los poderes públicos delegar las facultades que les han sido conferidas por esa Constitución y atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella.
Pone de relieve que el poder de establecer los impuestos fue dado al Poder Legislativo provincial y no al Poder Ejecutivo; que el art. 45 de la Constitución provincial expresamente prohíbe esa delegación y que carece de relevancia que el precepto del Código Fiscal estableciera un límite para fijar el accesorio.
Subsidiariamente, reitera el planteo originario en cuanto a la inconstitucionalidad de los intereses resarcitorios, en tanto se descartó la confiscatoriedad en la tasa de interés autorizada por el Código Fiscal.
Sostiene que dichos accesorios violan el límite fijado por el art. 16 de la ley 13.405, "por cuanto la Resolución Ministerial (ME) 126/2006 establece como 'fecha de corte' para la aplicación del límite del art. 16 de la ley 13.405 el 31 de mayo de 2006, siendo que el art. 16 de la ley 13.405 es claro al establecer que a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley regirá el nuevo régimen de cálculo de los intereses resarcitorios y hasta dicha fecha se aplicará el límite dispuesto por el art. 16 de la ley 13.405" (sic).
Aduce que la resolución indicada resulta violatoria del principio de legalidad en tanto "establece en su art. 2 una forma de cálculo absolutamente contraria a lo dispuesto en la mencionada ley 13.405", pues "autoriza a la Dirección de Rentas a calcular los intereses resarcitorios con el límite de cinco veces al 31 de mayo de 2006 y sobre dicho importe y a partir del 1 de junio de 2006 se capitaliza el importe existente a dicha fecha y sobre el mismo se aplica el 1,5% establecido en el art. 1.3 de la mencionada Resolución".
Puntualiza que la procedencia de este agravio no está sujeta a la demostración del perjuicio ocasionado por las normas que impugna ni a la de su confiscatoriedad.
Plantea que le causa gravamen el hecho de que el art. 86 del Código Fiscal (actual art. 96) consagre la figura del anatocismo en su máxima expresión, contrariando así la prohibición contenida en el art. 623 del -hoy derogado- Código Civil, que estima aplicable al caso (v. fs. 440).
Considera que la aplicación de dicho instituto por parte del Fisco viola la buena fe y las buenas costumbres.
Afirma que la delegación a favor del Poder Ejecutivo, que permite al Ministerio de Economía incrementar la tasa de interés aplicada hasta en un 100% vulnera el principio de reserva de ley que debe regir en materia tributaria. Lo mismo predica con respecto a la disposición normativa serie "A" nº 35/05, dictada en su oportunidad por la Dirección Provincial de Rentas.
En abono de su pretensión, invoca los arts. 17 de la Constitución nacional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
IV.5. En lo atinente a la responsabilidad solidaria de los directores de sociedades, coincide con lo resuelto por el magistrado de primera instancia y con lo expuesto por el voto en minoría de la Cámara, en punto a que los arts. 18 y 21 del Código Fiscal contravienen los arts. 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Recuerda que las provincias no conservaron ninguna potestad para imputar responsabilidades a los directores de una sociedad anónima de manera disímil a las establecidas por la ley 19.550; por lo tanto, concluye en que el legislador provincial no puede establecer la determinación de responsabilidades distintas a las reguladas en la norma de fondo.
Menciona que el art. 274 de la Ley de Sociedades Comerciales establece que la responsabilidad de los directores será ilimitada y solidaria, cuando exista dolo, abuso de facultades o culpa grave en su accionar, extremos que no exige el art. 21 del Código Fiscal. En apoyo a su postura cita fundamentos expuestos por el doctor Negri en la causa C. 110.369, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Raso" (sent. de 2-VII-2014).
Adicionando a los argumentos allí expuestos menciona la circunstancia de que el art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2004) habilita a la autoridad administrativa (y no a un juez) a imputar la responsabilidad de los directores de la firma en el momento en que se inicia el procedimiento determinativo y sumarial, sin necesidad de demostrar la responsabilidad subjetiva, es decir el dolo, abuso ni culpa grave.
En este sentido, sostiene, que es errónea la vinculación que encontró el Tribunal de Alzada entre los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 y el sistema de la ley tributaria local.
IV.6. Finalmente, califica a la sentencia atacada de arbitraria, expresando que contiene afirmaciones meramente dogmáticas y carentes de fundamentación, por lo cual solicita su revocación.
Advierte que el pronunciamiento impugnado vulnera la tutela judicial efectiva garantizada en los arts. 8.1. y 25 del Pacto de San José de Costa Rica al carecer de fundamentos consistes y racionalmente sostenibles en los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Denuncia gravedad institucional.
V. El recurso prospera parcialmente.
V.1. En relación al primer agravio relacionado con la infracción al principio de congruencia debo señalar que de una atenta lectura del pronunciamiento en crisis surge que la Cámara rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandante con fundamento en la doctrina mayoritaria del Tribunal de Alzada en las causas CCALP 2.969 y 4.716, "Yell Argentina S. A.- Meller Comunicaciones S. A. c/ Tribunal Fiscal de Apelación", más allá de lo que manifestara a modo de reserva el doctor de Santis en el punto 3.c.1. de su voto.
En consecuencia, la queja no es de recibo, puesto que las críticas desarrolladas en el punto IV.1. de la pieza recursiva desatienden el fundamento principal de lo decidido por el Tribunal de Alzada y se dirigen a cuestionar expresiones efectuadas a modo de reserva de opinión solo por el magistrado que votó en primer término y que quedaran en minoría.
Siendo así, devienen estériles los argumentos desarrollados por la recurrente vinculados a la denuncia de violación del principio de congruencia en relación al requisito de pago previo (art. 19, CCA), en tanto no pasan de conformar la exposición de un criterio disímil al sustentado en la opinión subjetiva de ese voto minoritario (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V.2. Por otra parte, cuestiona que la Cámara haya considerado inaplicable al caso de autos la norma que eximía del impuesto sobre los ingresos brutos a las actividades de edición, distribución y venta de libros, diarios, periódicos y revistas (art. 166 inc. "d", Cód. Fiscal -texto ordenado 1999-, luego reproducida en el art. 180 inc. "d" del mismo cuerpo normativo -t.o. 2004-).
Aduce que el pronunciamiento recurrido no negó que las guías telefónicas elaboradas por ella constituyeran libros, pero -sostiene- que aun así rechazó la procedencia del beneficio en cuestión debido a la finalidad supuestamente perseguida por el precepto citado, sin precisar al respecto ninguna fuente válida .
Sin embargo, y tal como indicara el doctor Soria al expedirse en la causa A. 72.295, "Yell" (sent. d
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