Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125076
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.076, "T., V. B. contra BBVA Banco Francés S.A. y otro. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Soria, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 458/476 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-V-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado acogió la demanda que V. B. T. promovió contra BBVA Banco Frances S.A. y Galeno ART S.A., en procura del pago de una indemnización integral por la incapacidad derivada de la afección psíquica que denuncia contraída como consecuencia de la causa penal a la que fue sometida (v. fs. 458/476 vta.).
Señaló el juzgador que dichas actuaciones comenzaron con la denuncia del banco empleador, en la que no se imputaba a ninguna persona en particular la comisión de un delito, pero al dictarse el sobreseimiento total de la señora T. la entidad recurrió esa decisión, continuando así el procedimiento con incidencia negativa en su psiquis (v. fs. 459 y vta.).
Afirmó que este hecho concreto le ocasionó un perjuicio y confirmó -con base en lo dictaminado por el perito psicólogo- el nexo de causalidad directo con el daño psíquico del que resulta portadora la actora, descartándose -en su origen- cualquier incidencia de tipo personal o familiar (v. vered., fs. 459 vta.).
Ponderó las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa y sostuvo que el licenciado en psicología, doctor Arraigada, quien asistió a la accionante, coincidió con lo manifestado en el informe pericial psicológico producido en autos. También concluyó que los testigos Poloni, Radesca y Della Pena, habían resultado contestes en señalar que la demandante transitó un cuadro depresivo como consecuencia de la situación laboral vivida (v. vered., últ. fs. cit.).
Sostuvo la existencia de un daño moral que debía ser indemnizado, toda vez que el proceso penal que debió afrontar afectó su prestigio ganado durante varios años en la actividad bancaria, provocándole un padecimiento (v. vered., fs. 460).
Hallándose configurada la responsabilidad civil extracontractual subjetiva de la empleadora en los términos del art. 1.109 del Código Civil (ley 340), el tribunal de trabajo cuantificó el resarcimiento integral del daño y abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, efectuando el cotejo de las cuantías indemnizatorias a las que accedería la actora según se atendiera el reclamo en el marco del régimen común de responsabilidad civil o conforme las previsiones del régimen especial de reparación de infortunios laborales (v. fs. 462/464).
Verificada la insuficiencia de la reparación cuantificada en los términos de la tarifa prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo, descalificó la validez constitucional de la mencionada norma por considerarla violatoria de los principios consagrados, entre otras disposiciones, en el art. 28 de la Constitución nacional (v. fs. 464 y vta.).
Sobre la base de estas premisas, condenó a BBVA Banco Francés S.A. a pagar a la señora T. la suma que presupuestó en concepto de indemnización por daños y perjuicios; y a la codemandada Galeno ART S.A. en forma solidaria hasta el monto determinado según la tarifa prevista por la ley 24.557 (v. últ. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento la demandada BBVA Banco Francés S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 1.090 del Código Civil (ley 340); 7 y 1.771 del Código Civil y Comercial de la Nación; 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 6, 8 y concordantes de la ley 24.557; 44 inc. "d" y 47 segundo párrafo de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, alega que la patología invocada por la trabajadora no puede ser conceptualizada como "enfermedad profesional" en los términos del art. 6 de la ley 24.557, porque no se configura en el caso uno de los elementos esenciales para ser considerada tal, esto es, el denominado "agente hostil". Niega ese carácter mediante el cuestionamiento efectuado a una resolución judicial -en el caso- emanada de la Cámara de Casación Departamental y con la cual el particular damnificado no estuvo conforme.
Argumenta que por conducto del art. 1.090 del Código Civil (ley 340), la conducta de BBVA Banco Francés S.A. no puede generar ningún tipo de responsabilidad, en tanto de las constancias obrantes en la causa penal IPP 08-00-194547-05 (cuya omisa consideración por parte del tribunal de grado denuncia), surge nítido que la señora T. resultó absuelta por errores en la sustanciación del proceso que llevaron a decretar la prescripción del delito, quedando plenamente acreditada la veracidad de los hechos oportunamente denunciados.
Manifiesta que, en los supuestos de acusación calumniosa, solamente se responde por dolo o culpa grave, por lo que no corresponde admitir el reclamo basado en una supuesta enfermedad profesional contraída a consecuencia de una denuncia penal lícita.
II.2. Por aplicación del art. 6 de la ley 24.557, sostiene comprobado en autos que la causa del daño solo es atribuible a la accionante que fraguó un préstamo para mejorar su calificación bancaria y obtener el pago de un premio. Afirma que, si bien tal hecho no conformó un ilícito punible penalmente, la inadecuada conducta de la trabajadora debe ser apreciada en sede laboral.
II.3. Denuncia una grosera desinterpretación del dictamen del perito psicólogo, toda vez este profesional no manifestó -como erróneamente se sostiene en el fallo- que el daño en la salud de la trabajadora estuviera vinculado con el proceso penal al que fue sometida, sino que tal afección estaba relacionada a un accidente de tránsito que sufrió en la vía pública.
Aduce que el juzgador soslayó valorar el informe (ofrecido y producido por su parte) del perito especialista en medicina del trabajo, doctor Horacio González Martín, quien determinó que la actora no posee incapacidad física relacionada con sus tareas.
Asevera que la enfermedad que porta la promotora del pleito no es permanente ni definitiva, razón por la que no le corresponde percibir resarcimiento alguno, ya que -explica- al ser la minusvalía temporaria no se indemniza por la posibilidad cierta de que la trabajadora se cure o sane por completo.
II.4. Objeta la cuantía indemnizatoria de la sentencia, argumentado que fue determinada en base a una retribución que no se condice con la establecida en la pericia contable. Señala que ese apartamiento de la labor pericial, sin fundamento alguno, torna absurda la sentencia.
Postula la improcedencia de la indemnización por daño moral, habida cuenta que el juzgador no brindó pautas para cualificar y cuantificar a dicho resarcimiento.
II.5. Cuestiona la capitalización de intereses dispuesta desde la notificación de la demanda. Expresa que dicha parcela del fallo se sustentó en las disposiciones del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, vulnerando el principio de irretroactividad de la ley. Afirma que resulta aplicable el art. 623 del Código Civil, por lo que dicho método debe efectivizarse desde la fecha de notificación de la sentencia y la liquidación practicada en la causa.
II.6. Finalmente, invoca transgredida la doctrina legal sobre intereses moratorios determinados sobre la suma de indemnización por daño moral. En este aspecto, aduce que tales accesorios debieron calcularse a un interés puro del 6% anual, desde que se produjo el hecho ilícito hasta la sentencia, y, a partir de allí, según la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. El agravio inaugural que porta la crítica debe desestimarse.
El tribunal de grado acogió la reparación integral del daño al juzgar comprobada la responsabilidad civil extracontractual subjetiva de la empleadora en los términos del art. 1.109 del Código Civil (ley 340; v. vered., fs. 459/460 vta.; sent., fs. 462).
El compareciente objeta que se haya considerado la afección de la actora como enfermedad profesional, en los términos del art. 6 de la ley 24.557 (v. apartado IV.I. de la presentación recursiva).
III.1.b. No resulta controvertido que se condenó a la aquí recurrente por la pretensión indemnizatoria sustentada en las disposiciones del derecho civil, de modo tal que -entiendo- resulta manifiestamente desenfocada e inconducente la impugnación estructurada sobre la base de considerar que no se encuentran configurados los presupuestos a los que el art. 6 de la ley 24.557 -según la propia interpretación y alcances que se le adjudica en el recurso a dicha norma- condiciona su aplicación.
Sustentada la condena por reparación integral de daños en las normas del derecho común (arts. 1.109 y 1.113, Cód. Civil; v. demanda, fs. 4/30 vta.), no resulta de aplicación el precepto legal que el recurrente invoca para fundamentar este tramo de su réplica.
En este contexto, pierde toda virtualidad el agravio que se cimienta en la imposibilidad de identificar al denominado "agente hostil" con la denuncia penal formulada por el banco empleador o el cuestionamiento a la resolución judicial de la Cámara de Casación departamental. También carece de relevancia el embate enderezado a evidenciar la omisa valoración de la causa penal, de la que surgiría demostrada la conducta ilícita de la señora T. y el correcto accionar de BBVA Banco Francés S.A. y, con ello, verificada la exclusión prevista en el art. 3 de la ley 24.557 para el supuesto de enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador.
Tales argumentaciones se hallan orientadas a demostrar la configuración de los presupuestos a los que alude el ya citado art. 6 de la ley 24.557, sin que sus prescripciones resulten aplicables en el contexto de la norma actuada por el tribunal de grado, para sustentar la condenación de la recurrente: esto es, el art. 1.109 del Código Civil (ley 340). Por lo demás, fue invocada la vulneración de dicho precepto en el remedio que se analiza (art. 279, CPCC; causas L. 102.276, "Cruz", sent. de 11-VII-2012; L. 116.999, "Peralta", sent. de 8-X-2014; L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
III.2. Por otra parte, la objeción planteada en torno a la absurda valoración de la prueba incorporada a la causa resulta insuficiente para obtener la modificación del pronunciamiento atacado.
III.2.a. Respecto de la pericia psicológica, el agraviado transcribe algunas de las respuestas y conclusiones que abonarían la postura de que el supuesto daño padecido por la trabajadora obedeció a los aspectos conflictivos que han provocado su despido y a la existencia de un nexo directo entre la patología psíquica que porta y un accidente de tránsito sufrido (v. apartado IV.II. del recurso). En su postulación expone su distinta y personal versión acerca del modo en que -según entiende- debieron evaluarse los hechos y las pruebas, método que -es sabido- no resulta hábil para demostrar que el razonamiento del juzgador es absurdo.
Del análisis de la pericia obrante a fs. 311/316 vta. puede observarse que si bien el experto refirió que el despido sufrido por la señora T. tuvo incidencia en el desarrollo de un trastorno de tipo depresivo (e inclusive, y aunque estimo producto de un error material, a un "accidente de tránsito" sufrido -v. fs. 313 vta. in fine -), no lo es menos que también consignó (en respuesta a los puntos de pericia propuestos por la actora y la codemandada Galeno ART S.A., en el contexto de la causa en la que se reclama una reparación de los daños y perjuicios provocados por la afección incapacitante derivada del proceso penal) que "...la tonalidad emocional fue alta y con elevado énfasis en la preocupación, malestar y angustia acerca de la situación laboral sufrida..." (v. fs. 312 vta. in fine ); "...existe un vínculo causal directo entre el hecho dañoso y la presencia de daño psíquico" (v. fs. 314 vta.) y que "...lo vinculable a lo denunciado actuó como desencadenante causal directo, es decir que fue fundacional en la patología incapacitante de la peritada" (fs. 315 vta.).
Tales extremos sumados al testimonio brindado en la audiencia de vista de la causa por el doctor Arraigada -licenciado en psicología- y los testigos Poloni, Radesca y Della Sala, quienes -en conclusión que no fue atacada- coincidieron en que la demandante pasaba por un cuadro depresivo como consecuencia de la situación laboral que vivía (v. vered., fs. 459 vta.), formaron convicción en el ánimo de los jueces del tribunal respecto de la existencia de nexo causal entre el proceso penal al que esta última fue sometida y el daño psíquico que padece.
La estructura de la réplica es deficitaria, ya que la metodología adoptada por la recurrente -consistente en analizar la prueba pericial psicológica incorporada a la causa, fragmentándola, para así adjudicarle distinto poder de convicción y extraer de ese modo conclusiones favorables a su postura- no es idónea para desmerecer lo decidido en la instancia de grado.
III.2.b. Tampoco prospera la presunta omisión de ponderación del informe elaborado por el perito especialista en medicina del trabajo, doctor Horacio González Martín (v. apartado IV.III. del remedio extraordinario), pues -preciso es recordar- que la selección y ponderación de la prueba es facultad privativa de los jueces de mérito, quienes pueden preferir unos elementos de convicción a otros, sin que sea necesario que se refieran a todos los producidos, bastando que lo hagan respecto a los que consideren relevantes al cumplimiento de la labor axiológica del tribunal interviniente (causas L. 119.004, "Décima", sent. de 14-XII-2016; L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018; e.o.).
No obstante ello, se impone destacar que del contenido del aludido instrumento probatorio surge que el experto manifestó que "...en relación a la patología psicológica/psiquiátrica, si bien se evidencian rastros de patología por la cual permanece con tratamiento farmacológico, no se puede objetivar mediante la anamnesis clínica que dichos síntomas no sean por su personalidad de base o que la misma haya sufrido una agravamiento por los sucesos relatados, ni se puede responder con suficiencia los puntos de pericia solicitados dado que los mismos requieren de una batería de test psicológicos que deben ser realizados por personal especializado..." (fs. 412 vta.).
En estas condiciones, la prueba aludida no goza de la trascendencia que refiere el aquí apelante, por lo que deviene infructuosa la crítica ensayada.
III.3. Tampoco es de recibo la denuncia de improcedencia de lo reclamado por no revestir la enfermedad profesional de la actora el carácter de permanente y definitiva (v. apartado IV.IV. del escrito extraordinario), ya que tal situación no se configura en la especie. Ello así, toda vez que el perito psicólogo no reconoce la condición que le adjudica la recurrente a la afección que padece la actora.
Si bien en algunos pasajes de la experticia se considera que la patología de la trabajadora (reacciones vivenciales anormales neuróticas -neurosis-; grado III) sería "reversible" con algún tipo de tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico adecuado, de tales conclusiones no puede extraerse -con el grado de certeza que se relata en el carril recursivo- que revista la calidad de "temporaria, no permanente" y, con ello, que no sea resarcible el daño provocado en la salud de la dependiente.
Fracasa el recurrente en el intento de efectuar un nuevo análisis del material probatorio según su propio y personal criterio valorativo, sistema impropio para demostrar el absurdo (causas L. 117.804, "Humaño", sent. de 26-III-2015; L. 119.701, "Parrotta", sent. de 9-VIII-2017; L. 120.276, "Cancinos", sent. de 11-VII-2018; e.o.). Las disquisiciones que ensaya no lucen aptas para neutralizar la afirmación que condujo al tribunal a juzgar acreditado, con apoyo en el informe pericial psicológico, que la demandante padece una incapacidad parcial y permanente del 20% de la total obrera (v. sent., fs. 459 vta.).
A esta altura, es oportuno recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para juzgar configurado el vicio de absurdo, porque es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado, y que debe ser eficazmente denunciado y acreditado por quien lo invoca (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F., A. E.", sent. de 13-XI-2019; L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020; e.o.), cometido que -reitero- no logra evidenciarse en la especie.
En este punto, resta indicar que la doctrina legal a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte y no de los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.591, "Calcagno", sent. de 20-V-2020; e.o.).
III.4. Igualmente, improcedente se presenta el reproche con arreglo al cual se controvierte el importe indemnizatorio determinado en concepto de daño psíquico.
III.4.a. Refiere el recurrente que el pronunciamiento contradice el monto establecido en la pericia contable y que el yerro parte de tomar una retribución de la actora de $19.354,68, cuya determinación se desconoce. Señala que el salario a considerar, a la luz de las retribuciones detalladas por el experto, es de $14.455,41 (v. apartado IV.V.).
III.4.b. Es doctrina consolidada de este Tribunal que la determinación de la cuantía indemnizatoria en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común, constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado, y la conclusión que al respecto formulen no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo e infracción de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 120.589, "I., N. L.", sent. de 13-XI-2019; L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 120.646, "Maldonado", sent. de 10-VIII-2020; e.o.).
También resulta facultad privativa de los magistrados de la instancia la elección de las pautas que consideren adecuadas para establecer el referido monto, en cuyo caso la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 119.198, "Mirantes", sent. de 3-V-2018; L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020; e.o.).
III.4.c. La prédica que despliega la recurrente para descalificar el fallo es insuficiente para tener por verificado el grave error que caracteriza a la indicada anomalía.
A contrario de lo expuesto, el tribunal de la instancia ordinaria utilizó como parámetro para incorporar a la denominada "fórmula Méndez" con la que cuantificó el resarcimiento, a la mejor retribución mensual de la trabajadora (v. sent., fs. 463 vta., consignada por el experto contable en el anexo A de su informe obrante a fs. 341), correspondiente al mes de junio del año 2012.
En tales términos, la postulación no se exhibe idónea, en tanto se diluye en una mera contraposición de criterios respecto de las pautas empleadas por los jueces de grado
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