Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75288
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.288, "Citibank N.A. contra ARBA. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Violini, Budiño, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a la pretensión interpuesta y ordenó al Fisco demandado que proceda a la devolución del importe abonado por la actora, con intereses.
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a la pretensión interpuesta y ordenó al Fisco demandado que proceda a la devolución del importe abonado por la actora, con intereses.
I.1. Para resolver de ese modo explicó que el primer punto de controversia giraba en torno a determinar el inicio del cómputo del plazo quinquenal de prescripción para los períodos 1 a 12/2005 del Impuesto a los Ingresos Brutos, a fin de definir si a la fecha en que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) determinó la deuda que reclamara por la disposición delegada n° 93/11 del día 16 de junio de 2011 (notificada el día 17 de junio de 2011), los poderes tributarios a esos fines se encontraban vigentes o, por el contrario, había operado el plazo de prescripción.
En esa inteligencia, recordó que ese tribunal, dejando a salvo el criterio expuesto en otros decisorios (v.gr. CCALP causa 677 "Fisco c/ Petrolera Mar del Plata", sent. de 23-XI-2006), hizo suyo el cambio jurisprudencial producido a la luz del tratamiento y alcance del tema en cuestión que confiere el caso "Filcrosa" (CSJN, sent. de 30-IX-2003) y su receptividad, por el Máximo Tribunal provincial en las causas C. 81.253, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en autos: Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada. Concurso preventivo", con fecha 30-V-2007; C. 81.410, "Municipalidad de Monte Hermoso contra Expreso Sud Atlántico S.R.L. Apremio"; entre otras, en los cuales por mayoría, se pronunció en favor de la preeminencia del plazo de prescripción liberatoria de cinco (5) años establecido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, aplicable en materia tributaria local, por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal, particularmente el art. 119 del Código Fiscal (conf. CCALP causas 8.868, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Scotland S.R.L. y otros s/ Apremio Provincial", sent. de 9-II-2010; 10.260, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Medina Heber y otros s/ Apremio Provincia (310)l", resol. de 18-V-2010; 10.158-M, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ San Pedro Cereales S.A. y otros s/ Apremio Provincial", resol. de 21-XII-2010; 11.621, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Gruttola, Domingo s/ Apremio Provincial", resol. de 9-VI-2011; 14.913, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Predios SA s/ Apremio", sent. de 18-II-2014; 14.571, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Jofiza SRL y otros s/ Apremio", sent. de 27-III-2014; e.o.).
Advirtió, asimismo, que los antecedentes descriptos demarcaron un nuevo giro en la cuestión debatida en autos, que no se limita a la aquiescencia del plazo prescriptivo de cinco (5) años contenido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, sino que proyecta su exégesis a todo el sistema de prescripción (incluidos los supuestos de suspensión y/o interrupción), asignándole preeminencia a la legislación de fondo en la materia tributaria local, por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal -ver actuales arts. 157, 159 y concordantes del Código Fiscal-.
En ese contexto, consideró que los conceptos adeudados del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a los períodos 1 a 12/2005 ya se hallaban prescriptos cuando la Dirección Provincial de Rentas dictó la resolución determinativa y sancionatoria n° 93/11, el día 16 de junio de 2011, notificada a la actora el día 17 de junio de 2011.
Agregó que si bien el art. 3.986 del Código Civil permite suspender el curso de la prescripción liberatoria por una sola vez (luego de efectuada fehacientemente la interpelación administrativa), lo cierto era que dicho suceso acaeció con la notificación de la resolución determinativa citada cuando ya había operado la prescripción de la obligación tributaria, lo cual retrataba su ausencia de virtualidad.
A la luz de tal hermenéutica, abordando el tratamiento de las circunstancias de hecho acaecidas en el presente, concluyó que el citado plazo legal comenzó a correr el día 1 de enero inmediato siguiente al período fiscal anual reclamado -año 2005-, esto es, desde el día 1 de enero del año 2006, de modo tal que a la fecha en la cual el Fisco determinó la deuda, el período fiscal reclamado había prescripto con fecha 1 de enero de 2011; circunstancia que libera al contribuyente, tornando inexigible las diferencias determinadas por cuanto el plazo prescriptivo se hallaba holgadamente agotado a su respecto (art. 3.980 y concs., Cód. Civ.).
En consecuencia, habiendo prosperado la excepción de prescripción opuesta por el contribuyente, anuló la disposición determinativa y sancionatoria n° 93 del día 16 de junio de 2011 dictada por ARBA, en el expediente administrativo 2360-20.166/08 y, por las mismas consideraciones, el fallo del Tribunal Fiscal de Apelación provincial de fecha 9 de septiembre de 2015 en cuanto rechazó el planteo de prescripción tributaria.
Asimismo, indicó que devenía abstracto el tratamiento de las demás defensas opuestas por el contribuyente, atento al modo en que resolvía la contienda.
Por último, indicó que dicha forma de resolver determinaba la procedencia de la repetición de las sumas indebidamente abonadas en concepto de tributo (requerida a fs. 416 vta. y 417), en tanto guarda armonía con los efectos propios de la declaración de nulidad (arts. 1.047, 1.052 y concs., Cód. Civ.).
En consecuencia, ordenó la devolución del importe abonado por la actora, con más un interés a computar desde el momento de efectuado el pago hasta la efectiva restitución, que será calculado a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (tasa pasiva, v. fs. 418; conf. arts. 166, Const. prov. y 1, 2, 9, 12, 51, 77 y concs., ley 12.008 -texto según leyes 13.101 y 14.437-; leyes 23.928 y 25.561).
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció que la sentencia impugnada infringió el régimen jurídico aplicable por violación de normas provinciales y errónea aplicación de la normativa constitucional.
Sostuvo la necesidad de abandonar la doctrina sentada por la Corte federal en el caso "Filcrosa", en virtud de los principios recogidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), puesto que fue el propio legislador nacional quien formuló su posición respecto del alcance de la competencia que le atribuye la Constitución nacional, confirmando la facultad provincial de regular los plazos de prescripción de sus tributos.
En lo atinente al tema que nos ocupa, expresó que el art. 2.532 del nuevo Código confirma expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos. Respetando esa tesis, el art. 2.560 limita la aplicación del Código Civil y Comercial unificado a los supuestos no contemplados en las legislaciones locales.
En cuanto al alcance de la potestad local para regular la prescripción de sus tributos, destacó que si bien el art. 2.532 determina que las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos, resulta innegable que con esta expresión se abarcan todas las cuestiones atinentes a la prescripción, incluido el inicio del cómputo, la suspensión e interrupción, la dispensa, etcétera, y no solo el lapso temporal del plazo prescriptivo.
Señaló que la recta interpretación de las cuestiones debatidas en autos imponen destacar que cuando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional menciona los diferentes códigos de derecho material, establece una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las Provincias respecto del Derecho común que, interpretada racionalmente, no solo debe obedecer al texto de los actuales arts. 121 y 126 de la Constitución nacional (siendo la legislación local la regla, en tanto la legislación nacional es la excepción) sino que, en el caso particular de los gobiernos locales, debe respetar las autonomías legislativas.
Sentado ello, recordó que el art. 159 del Código Fiscal regula el inicio del plazo de prescripción para determinar y exigir el pago de los tributos adeudados.
De allí sostuvo que el sistema diseñado por el legislador provincial en materia de prescripción, coordina cuestiones vinculadas al impuesto sobre los ingresos brutos (propios de su naturaleza autodeclarada, como son la forma de exteriorizar los ingresos ante la Administración, de pagar el impuesto consecuente, de recibir el Fisco anticipos del impuesto con anterioridad a su cálculo y declaración definitiva, etc.), con otros dos asuntos relevantes: 1) el carácter anual del tributo y 2) la cantidad de sujetos pasivos del impuesto (a quienes habrá que fiscalizar y -en su caso- constreñir al cumplimiento de las obligaciones formales y materiales mediante el procedimiento de determinación del art. 112 y sigs.).
Indicó que tales cuestiones justifican, con un grado de razonabilidad incuestionable, que se hayan fijado vencimientos generales para todos los contribuyentes, uniformando así tanto los plazos de cumplimiento de las obligaciones vinculadas al impuesto examinado, como el día de inicio de la prescripción de las acciones derivadas de los incumplimientos.
En tal sentido, y profundizando la referencia al "carácter anual del tributo", observó que la obligación fiscal solo se perfecciona en el caso, luego de cerrado el ejercicio, una vez que se resume toda la actividad realizada en el año concluido, lo cual se plasma en la pertinente declaración jurada anual. Este acto jurídico es el punto para establecer la exigibilidad del pago del tributo.
Es decir que los tributos se pagan por año, aun cuando para facilitar su cumplimiento se lo haya fraccionado en cuotas, o se hayan previsto adelantos o anticipos a cuenta de lo que resulte al finalizar el período.
Concluyó que la aplicación de la norma transcripta, como así también del art. 161 del mismo cuerpo legal, imponen concluir que la potestad fiscal en esta controversia no resulta alcanzada por la prescripción respecto de ninguno de los períodos fiscales de Ingresos Brutos en discusión.
Precisó que, en el caso de autos, donde el tributo involucrado es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la declaración del gravamen es sobre la base del período fiscal anual, lo cual surge del art. 209 del Código Fiscal.
Sentado lo que antecede, y respecto del período más antiguo discutido en autos, I.B. 1/2005, indicó que el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada anual se produjo en el año 2006; siendo ello así, el cómputo del plazo prescriptivo para la obligación sustancial de dicho período fiscal se inició el día 1 de enero de 2007.
Señaló que encontrándose en curso el plazo aludido, con fecha 16 de junio de 2011 la Gerencia de Operaciones del Área Metropolitana de ARBA dictó la disposición determinativa n° 93/11 (v. fs. 3.513/3.561, cuerpo XVIII, expte. adm. 2360-20.166/08), operando como causal suspensiva la notificación de la intimación contenida en el art. 11 de dicha disposición, conforme lo dispone el art. 161 inc. a, primer párrafo del Código Fiscal.
Argumentó entonces que la notificación de la disposición n° 93/11 ocurrida el día 17 de junio de 2011 (v. fs. 3.608) produjo la suspensión del plazo de prescripción por el plazo de un (1) año establecida en la norma referida, por lo que este debía reiniciarse el día 18 de junio de 2012.
Sin embargo, aclaró, antes de producirse el renacimiento de dicho plazo, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la disposición determinativa n° 93/11 el día 11 de julio de 2011 (cargo de fs. 3.566, cuerpo XVIII, expte. adm.), por lo que aquella suspensión iniciada con la intimación de pago de los tributos discutidos en autos, se prolongó por todo el plazo que demandó la resolución del citado recurso de apelación y hasta noventa (90) días posteriores a que la Autoridad de Aplicación (ARBA) recibió las actuaciones en el marco de las cuales el Tribunal Fiscal de Apelación rechazó el recurso administrativo presentado contra la determinación de oficio (conf. art. 161, inc. "a", segundo párr., Cód. Fiscal).
Finalizó diciendo que el día 9 de septiembre de 2015 el Tribunal Fiscal de Apelación dictó sentencia (v. fs. 5.438/5.454, cuerpo XXIV), que se notificó a la contribuyente el día 22 de septiembre de 2015 (v. fs. 5.457 vta.) y ARBA recibió el expediente administrativo el día 18 de noviembre de 2015 (v. fs. 5.457 vta.), por lo que el plazo de prescripción que se encontraba suspendido desde el día 17 de junio de 2011, reinició su curso el 7 de abril de 2016.
III. Considero que el recurso no puede prosperar.
Ello así, en tanto -recientemente- el Máximo Tribunal de la Nación en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108; 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal en la jurisprudencia señalada supra .
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde confirmar lo resuelto por la Cámara que -en lo medular- declaró aplicables al caso las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 279 y 289, CPCC). Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. A diferencia de lo expresado por el colega que inicia este acuerdo, en mi opinión, el recurso prospera.
En la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia señalada deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí -con ciertas salvedades- y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.).
Con relación a este último precepto, baste simplemente añadir que las mismas razones que llevaron en la citada causa A. 71.388, a concluir que el Código Civil -ley 340- no regía el inicio del cómputo del plazo de prescripción de una deuda fiscal local, conducen a adoptar idéntica decisión respecto de la causal de suspensión alegada, por cuanto también ésta constituye un aspecto complementario del término en cuestión, previsto y regulado actualmente en el art. 161 del Código Fiscal, que guarda similitud con el art. 65 de la ley nacional 11.683 (conf. mi voto, causas A. 73.347, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Acrílicos Atlas", sent. de 16-XII-2020; A. 71.949, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Andreani", sent. de 29-XII-2020 y A. 73.474, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Necotrans", sent. de 25-II-2021).
II. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68 segundo párr., CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto, causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
I.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en e
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