Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123271
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.271, "Argüello, Carlos Omar contra Empresa Nueve de Julio S.A.T. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 377/384).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 392/428).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Carlos Omar Argüello y condenó a Empresa Nueve de Julio S.A.T. al pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales y haberes adeudados, como así también los incrementos contemplados en los arts. 2 de la ley 25.323 y 53 ter de la ley 11.653 (v. fs. 377/384).
En lo que interesa, juzgó acreditado que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo desde el día 2 de diciembre de 1986 hasta el 16 de mayo de 2016, cuando el dependiente se consideró despedido (v. fs. 377/378).
Consideró no controvertido que el actor gozó de vacaciones entre el 12 de enero y el 10 de febrero de 2015, que luego retomó tareas habituales y que a partir del 29 de marzo del mismo año comenzó a usufructuar una licencia por lumbociatalgia severa (v. fs. cit.).
Tras analizar las declaraciones brindadas en la audiencia de vista de la causa por el médico psiquiatra Othon Miguel Aguirre Cruzado y el jefe de personal de la empresa; así como la prueba documental que identificó y pericial contable producida, entendió probado que a partir del 1 de junio de 2015 el señor Argüello se encontraba incapacitado para prestar tareas por padecer un trastorno mixto ansioso depresivo moderado (v. vered., fs. 377 y vta.).
Examinadas las causales esgrimidas para disolver el vínculo, el sentenciante resolvió que la negativa del empleador a abonar en debida forma los salarios correspondientes al período de la licencia prevista en el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo (el cual vencía en junio de 2016), constituyó injuria de gravedad suficiente para legitimar la rescisión contractual (v. sent., fs. 380 vta. y 381).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia arbitrariedad y violación de los arts. 14, 16, 17, 18, 19, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 25, 27 y 31 de la Constitución provincial; 10, 11, 12, 62, 63, 103, 123, 156, 232, 233, 208, 209, 210 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo; 375, 398, 421 y 423 del Código Procesal Civil y Comercial; 32, 43, 44 incs. "d" y "e", 46 y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 392/428).
II.1. Sostiene que el tribunal de grado incurrió en varias irregularidades procesales.
II.1.a. En ese sentido, objeta que se haya denegado la realización de la pericia psiquiátrica solicitada al contestar la demanda, la cual -afirma- era conducente para el resultado del proceso. De este modo, opina que se violó el principio procesal de amplitud probatoria y del derecho de defensa en juicio.
II.1.b. Se agravia del rechazo del pedido de una nueva audiencia de vista de la causa que continúe con la que -entiende- fuera suspendida en fecha 9 de mayo del 2018; ello con la finalidad de que la perita contadora completase su informe. Destaca que se ha violado aquí el art. 43 de la ley 11.653.
II.1.c. Cuestiona que el tribunal de grado dictase el veredicto y la sentencia dos días después de vencido el plazo para alegar.
Señala que tal premura revela un análisis insuficiente de las circunstancias verificadas en la causa, a la vez que demuestra la ausencia de un sólido fundamento jurídico del fallo. Alega que a tenor del art. 44 inc. "e" de la ley 11.653 la sentencia debe dictarse dentro de los veinte días de la fecha del veredicto y que, de conformidad con lo establecido en el art. 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, dicho plazo comienza a correr desde el día siguiente.
En tales condiciones, manifiesta que el pronunciamiento ha sido confeccionado por un solo magistrado, sin fundamentación y motivación suficiente, y con la simple adhesión formal de las restantes juezas que integraron el tribunal, vulnerando las reglas del debido proceso legal, con una clara gravedad institucional, por lo que solicita su declaración de invalidez como acto procesal.
II.1.d. Censura el planteo formulado en el punto 2 del veredicto por no respetar -dice- el verdadero hecho controvertido que consistía en dilucidar si la patología psiquiátrica había comenzado antes o conjuntamente con la dolencia física (esto es, el 29 de marzo de 2015) o, como lo denunció el accionante, a partir del 14 de agosto de 2015. Por ende, la decisión del juzgador de tomar el día 1 de junio de 2015 como el comienzo de dicha dolencia resulta errónea, arbitraria y absurda, a la vez que vulnera el principio procesal de congruencia.
II.2. Por otro lado, refiere que el órgano de origen incurrió en absurdo en la valoración de la prueba y de los escritos constitutivos.
II.2.a. Manifiesta que del análisis de la pericia contable surge nítido que el experto tuvo a la vista un certificado médico fechado el 20 de agosto de 2014, que prescribía 10 días de reposo por lumbalgia, HTA y depresión, y una nota de aviso de ausencia del 11 de diciembre del mismo año por fuerte dolor en la espalda que le causaba depresión. Refiere que, a pesar de ello, el tribunal entendió que no eran prueba autosuficiente o plenamente eficaz de tales supuestos hechos, máxime, que no contaban con reconocimiento de firma, respaldo documental ni referencia concreta y específica en la contestación de demanda.
Asimismo, arguye que el resumen de historia clínica adjuntado a fs. 90 certifica que la afección psiquiátrica del actor comenzó "seis meses antes" del 1 de junio de 2015, no habiendo sido negada su autenticidad y contenido por el legitimado activo al contestar el segundo traslado, y corroborado por su autor en la audiencia de vista de la causa a fs. 334.
Entiende que el tribunal de origen nunca pudo determinar como fecha de inicio de la afección psiquiátrica el día en que fue confeccionado el referido certificado médico (denominado "Resumen de historia clínica"), pues allí se detallan con precisión antecedentes previos de seis meses, utilizando términos pretéritos sobre síntomas autolíticos en remisión.
Por todo ello, manifiesta que resulta de estricta justicia que el plazo previsto por el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo se empiece a computar desde el día en que el actor finalmente interrumpió su labor habitual, esto es, el día 29 de marzo de 2015, lo cual lleva a la conclusión de que la fecha de vencimiento del período de reserva del puesto de trabajo previsto en el art. 211 de la citada ley ocurrió el día 30 de marzo de 2016.
II.2.b. Objeta la decisión del juzgador de grado de desestimar el informe del perito contador sobre los avisos de enfermedad cursados por el actor en los años 2014 y 2015.
Expone que el órgano de grado suspendió la audiencia de vista de la causa para que la experta contable completara su informe, y que luego de que la contadora cumpliera con tal cometido, el tribunal corrió el traslado pertinente, a partir del cual su parte realizó una impugnación y la parte actora lo consintió con su silencio. De allí que, asevera, resultó absurdo el razonamiento del a quo en cuanto sostuvo que dicho elemento probatorio no resultaba eficaz por afectar el derecho de defensa del promotor del pleito, pues no se advierte el perjuicio alegado, ya que este último pudo oponerse al dictamen y no lo hizo, consintiendo así su validez en este proceso.
II.2.c. Dice que la valoración que realizó el sentenciante sobre las declaraciones del jefe de personal sobre el control médico efectuado por la empresa, resulta absurda.
Alega que en la contestación de demanda se indicó que el trabajador no había notificado la incapacidad que padecía hacia fines del año 2014, ocultando su condición psiquiátrica, por lo que aquel argumento no puede ser utilizado para demostrar la fecha del comienzo de dicha afección.
II.3. Aduce que el órgano de origen se desentendió del contenido del documento expedido por el doctor Othon Miguel Aguirre Cruzado a fs. 90, mediante el cual se acreditó que el accionante sufría de un trastorno depresivo desde el mes de diciembre de 2014, con ideas autolíticas ahora en remisión que requirieron tratamiento psico-farmacológico, que tuvo dificultades con este tratamiento, distimia, anhedonia, etc., todo lo cual debió relacionarse con la naturaleza tuitiva del trabajo que prestaba el accionante respecto de los pasajeros que transportaba.
Argumenta que el hecho de tener ideas suicidas al volante de un ómnibus y consumir sustancias antidepresivas implicaba una incapacidad manifiesta para transportar personas por la vía pública, siendo ello reconocido expresamente por el propio actor a fs. 124. De allí que, explica, surge evidente que el tribunal transgredió las disposiciones del art. 423 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que la confesión del señor Argüello ante el profesional de su elección, la posterior presentación de dicho informe a la empleadora y su consentimiento respecto de ese documento, implica plena prueba de la existencia de una patología incapacitante que -resalta- no fue denunciada en legal forma desde el mes de diciembre de 2014 hasta el 29 de marzo de 2015, como lo prescribe el art. 209 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.4. Con todo, expone que en la especie no se configuró una justa causa o injuria que por su gravedad hubiera impedido la prosecución del vínculo laboral.
En este sentido, afirma que la demanda luce infundada, pues la intención del promotor del pleito fue la de colocarse deliberadamente en la pretensa situación de despido indirecto, mientras que -por el contrario- la empresa actuó de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes, conforme lo establecido en los arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A lo dicho agrega, que el actor incurrió en abuso del derecho -según las prescripciones del art. 10 del Código Civil y Comercial de la Nación-, por lo que solicita que la demanda debe sea rechazada en todos sus términos.
II.5. Por último, denuncia la errónea aplicación de las normas legales al caso, reiterando su postura acerca de que actor jamás comunicó su condición psiquiátrica real, ocultando su tratamiento psico-farmacológico y sus ideas autolíticas, mientras continuaba prestando servicios como conductor de micros, incumpliendo con la obligación prevista en el art. 209 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Trae nuevamente a colación los argumentos expuestos en relación a la ausencia de buena fe de parte del dependiente; así como la invocada transgresión al art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, al no poder probar aquel que era portador de una enfermedad psiquiátrica a partir del día 14 de agosto de 2015.
III. El recurso no prospera.
III.1. No son atendibles los cuestionamientos referidos al rechazo del pedido de realización de la pericia médica psiquiátrica y -ya en lo vinculado con la prueba contable- de la celebración de una nueva audiencia de vista de la causa.
Es sabido que las cuestiones procesales anteriores al dictado del veredicto y sentencia resultan temas ajenos a la órbita del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuyo ámbito está circunscripto al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013; L. 120.419, "González", sent. de 17-X-2018; L. 120.476, "Milone", sent. de 27-II-2019 y L. 121.074, "Smit", sent. de 6-VII-2020).
III.2. Tampoco luce dotado de aptitud el planteo relacionado con los plazos de dictado del veredicto y la sentencia.
Sin perjuicio de que no se observa que la sentencia se hubiese dictado en violación a lo establecido en el art. 44 inc. "e" de la ley 11.653, no demuestra el recurrente que se configuren en el pronunciamiento aquellos graves defectos que busca enlazar al debido proceso y que, en fin, sólo permanecen en el plano de su subjetiva opinión.
III.3. Ocupa dar tratamiento al planteo vinculado con el postulado procesal de la congruencia.
III.3.a En lo que interesa, de la demanda promovida se desprende que el actor procuró el cobro de la indemnización por despido y demás rubros relacionados, como consecuencia de la negativa de la accionada a abonar debidamente los haberes por licencia por enfermedad, previamente intimada. Manifestó que "paralela y coetáneamente" a la afección física, el día 14 de agosto de 2015 se le diagnosticó "trastorno mixto ansioso depresivo moderado" por el que se le indicó tratamiento, medicación y reposo laboral por treinta días (v. fs. 57 vta./58 vta.).
En su contestación de fs. 108/121 la accionada negó tales extremos. Alegó que no correspondía abonar salarios más allá del día 30 de marzo de 2016, fecha en que vencía el plazo de reserva del puesto de trabajo conforme lo previsto en el art. 211 de la Ley de Contrato de Trabajo. En tal sentido, agregó que las dos afecciones coexistieron parcialmente en tanto "...la afección psiquiátrica no comenzó el 14/8/2015 como se asevera en la demanda, sino que se ha iniciado mucho antes...". Al respecto, analizó el resumen de historia clínica extendido por el médico Othon Miguel Aguirre Cruzado con fecha 1 de junio de 2015 para concluir que dicha afección tuvo su comienzo en diciembre de 2014 (v. fs. 108/116 vta.).
Al contestar el "segundo traslado" (conf. art. 29, ley 11.653) la parte actora expresó que el legitimado pasivo había reconocido que el día 29 de marzo de 2015 el trabajador inició una licencia por un cuadro de lumbociatalgia, asimismo la aparición de la patología psiquiátrica por la cual realizó varios controles médicos (v. fs. 123/125 vta.).
A partir de ello, el tribunal de grado planteó como segunda cuestión del veredicto aquella dirigida a dar respuesta acerca de si se había acreditado el momento a partir del cual el trabajador se encontró incapacitado para prestar tareas como consecuencia del padecimiento de trastorno mixto ansioso depresivo. Allí, tuvo por no controvertido el goce de vacaciones por parte de Argüello y que el día 29 de marzo de 2015, luego de retomar sus tareas habituales, comenzó una licencia por lumbociatalgia severa. Además, con la declaración testimonial del psiquiatra Aguirre Cruzado, tuvo por cierto que el accionante se encontró incapacitado para trabajar por padecer un trastorno mixto ansioso depresivo moderado a partir del 1 de junio de 2015, fecha en que se realizó el resumen de historia clínica adjuntado a fs. 90 y reconocido por el citado experto médico, descartando el argumento del demandado (v. fs. 377 y vta.).
III.3.b. Lo hasta aquí descripto pone de relieve que no se ha logrado acreditar un apartamiento de los hechos controvertidos en la definición plasmada en el pronunciamiento sobre el momento en que hubo de tener inicio la incapacidad psiquiátrica alegada por el trabajador.
Cabe apuntar, dada la denuncia de infracción del postulado de la congruencia, que este sólo se vulnera cuando se introducen en forma sorpresiva cuestiones de hecho a cuyo respecto las partes no hubieran podido ejercer su plena y oportuna defensa, pero no cuando -tal y como acontece en la especie- se valora y decide sobre los hechos conducentes y controvertidos en la causa (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016 y L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021; e. o.).
III.4. Ocupa abordar los restantes cuestionamientos relativos a las conclusiones de eminente naturaleza fáctica que brindó el a quo a la hora de juzgar sobre el despido en que se colocó el trabador.
III.4.a. Dable es recordar que tanto la apreciación del material probatorio, como la evaluación de la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral y, en su caso, establecer la existencia -o no- de injuria, constituyen materia reservada a los jueces de mérito que sólo puede ser revisada en la instancia extraordinaria cuando se evidencia que la valoración no ha sido realizada con la prudencia que la ley exige (conf. art. 242, LCT) o se ha incurrido en absurdo en la apreciación de los hechos y de las pruebas de la causa (causas L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014; L. 119.380, "Servian", sent. de 8-XI-2017 y L. 120.393, "Bianchini", sent. de 6-II-2019; e. o.), vicios que, anticipo, la impugnante no consigue evidenciar.
III.4.b. Como surge de los antecedentes reseñados, al momento de analizar las circunstancias que rodearon la extinción del contrato el tribunal de trabajo sostuvo que el actor se encontró incapacitado para prestar tareas a partir del 1 de junio de 2015 por padecer un trastorno mixto ansioso depresivo moderado. Hemos visto que arribó a tan esencial definición a partir de lo declarado por el profesional Aguirre Cruzado, quien "reconoció como veraz y reflejo de su original, la fotocopia de resumen de historia clínica acompañado por la demandada" (fs. 334 y vta.). Y que también consideró allí, que el jefe de personal de la empresa había declarado que el año de licencia del trabajador comenzó el 29 de marzo de 2015 como consecuencia de una lumbalgia y, además, que el control médico patronal recién hizo referencia a un problema psicológico a partir del 1 de julio de 2015, conforme surge de la copia de la ficha médica laboral de fs. 192.
A partir de estas esenciales conclusiones, el tribunal arribó a la definición que la incapacidad temporaria del actor por trastorno mixto ansioso depresivo comenzó el 1 de junio de 2015, cuando ya se encontraba con licencia por lumbalgia. En tal sentido, definió que el trabajador tenía derecho a seguir cobrando haberes hasta el 1 de junio de 2016, lo cual había sido notificado a su empleadora (v. sent., fs. 380 vta.).
Por último, remarcó que, más allá de no haberse tenido por probado que el señor Argüello hubiera gozado de licencia por trastorno depresivo durante diez días en el mes de diciembre de 2014, sí se había demostrado que en el año 2015 volvió a trabajar, sin que corresponda adjudicar a la licencia iniciada en junio de 2015 como recidiva de enfermedades crónicas (v. sent., fs. 381).
III.4.c. Frente a estos razonamientos, el quejoso se limita a exponer de manera paralela su propia versión de los hechos a fin de situar la génesis de la incapacidad psicológica del actor en el mes de diciembre de 2014 y, a partir de dicho aserto, justificar la decisión de no abonar los haberes reclamados. Pero al hacerlo, con una deficiente técnica no logra acreditar en la sentencia los errores a los que se subordina la validez lógica del pronunciamiento.
En efecto, por conducto de la personal valoración que propone del resumen de historia clínica adjuntado a fs. 90, de las conclusiones vertidas en la pericia contable, así como de los términos plasmados en los escritos constitutivos del proceso, lo que pretende es -en rigor- disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y merituación del material probatorio, técnica inhábil para evidenciar el vicio de absurdo (causas L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015; L. 121.642, "Ramírez", sent. de 9-VI-2020 y L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021; e. o.).
En suma, l
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