Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124828
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.828, "Rodríguez, José María contra Instituto del Corazón S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, desestimó la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 493/504 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 13-II-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó íntegramente la acción que el señor José María Rodríguez promovió contra el Instituto del Corazón S.A., en procura del pago de las indemnizaciones por antigüedad, integración del mes de despido, sustitutiva del preaviso, vacaciones no gozadas, el sueldo anual complementario y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323; 8 y 15 de la ley 24.013 y la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 45, ley 25.345); así como la entrega de las certificaciones previstas en la última disposición citada (v. fs. 493/504 vta.).
Del análisis de los escritos constitutivos del proceso, la pericia contable y las pruebas testimonial, informativa y documental, el tribunal de grado juzgó que los servicios prestados por el actor -en calidad de médico especialista en cirugía cardiovascular- para el instituto demandado no revistieron la naturaleza laboral invocada en la demanda (v. vered., fs. 493/500).
Consideró que si bien surgía evidente que el accionante poseía un alto grado de especialización médica que justificaba su presencia en un establecimiento dedicado también a esa área científica, logró acreditarse que su participación se limitaba a las intervenciones quirúrgicas desarrolladas por Carlos Manuel Schamun -cirujano principal y permanente-, para las cuales era designado en su rol de iniciador o ayudante, siendo estas las únicas ocasiones en las que respondía a órdenes y horarios previamente diagramados (v. vered., fs. 500).
Expresó que el actor ejercía su profesión y especialidad, percibiendo sus honorarios y facturaba por sus servicios (v. vered., fs. cit.).
Contrariamente a lo alegado por el accionante, corroboró que las actividades a las cuales dijo dedicarse a tiempo completo, no se hallaban a su cargo y que, según lo declarado por los testigos, aquellas se encontraban en cabeza de un sector que poseía el instituto.
Ponderó la discontinuidad de las labores de Rodríguez, las que -además- se encontraban reducidas a las indicadas intervenciones, extremo que -determinó el juzgador- denotaba la disponibilidad de este de prestar sus servicios o no hacerlo "...si bien en el marco de un convenio y cierto grado de circunstancias pautadas..." (vered., fs. cit.).
Entendió que el actor no formó parte de un mecanismo imprescindible en el cumplimiento de los fines de la institución accionada. Valoró los largos períodos con ausencia de prestaciones, sin reclamo alguno en torno al cumplimiento del deber de ocupación por parte del empleador y, asimismo, la falta de intimación a su provisión, siendo que la realización de tareas constituye la exteriorización propia de todo vínculo dependiente (v. vered., fs. 500 y vta.).
Atento considerar que no medió incorporación del reclamante como profesional en una organización ajena, juzgó que lo que le pagaron no respondió al concepto de remuneración con el alcance establecido en el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tampoco encontró probada la nota de subordinación (v. vered., fs. 500 vta. y sent., fs. 502 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14, 14 bis y concordantes de la Constitución nacional; 39 y concordante de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1 incs. "a" y "d", 4, 5, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 37, 50, 58, 62, 64, 65, 86, 103, 150 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo; 26 inc. "g", 29, 44 inc. "d" y concordantes de la ley 11.653 y 26 inc. 5, 163 inc. 6 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial provincial.
Objeta el rechazo de la demanda y critica la conclusión por la que se declaró no probada la existencia de contrato de trabajo entre las partes, denunciando a tal fin absurdo en la valoración de la prueba.
II.1. Manifiesta que el sentenciante prescindió considerar las cláusulas del contrato de locación de servicios celebrado el 1 de junio del año 1993 entre las partes, a fin de desentrañar la naturaleza -civil o laboral- de la real vinculación existente. Aduce que el análisis de este resultaba esencial, por haber sido reconocido por el Instituto demandado y por el actor, como el marco normativo bajo el cual este último desempeñó sus funciones como cardiocirujano durante veintidós años.
Postula que este instrumento determinó las prestaciones a cargo de Rodríguez, las cuales -adujo- "consistían en la atención personal (e indelegable), con dedicación exclusiva de los pacientes internados o ambulatorios del INSTITUTO (cláusula 3º) -con quienes no podía contratar a título personal (cláusula 4º)- obligándose a cumplir con las instrucciones que recibiera del Instituto, en las instalaciones y con el instrumental e insumos del INSTITUTO. Esas tareas eran principalmente las prácticas de cirugía cardiovascular programadas por el INSTITUTO, así como la atención de consultorios externos, las consultas de pacientes internados, el control pre y pos operatorio de las prácticas quirúrgicas, y en fin todas aquellas vinculadas con la especialidad que no estuviesen expresamente excluidas (cláusula 1º)" (rec., págs. 7 y 8).
Señala que en el contrato "se determinó que el Dr. RODRÍGUEZ percibiría una suma fija mensual inicial de $3.000 cualquiera fuera la cantidad de las prácticas efectuadas (cláusula 7º), más una participación sobre el importe de la facturación del INSTITUTO a partir del sexto mes del inicio de la vinculación (cláusula 8º)". Agregó que "en caso de enfermedad se le aseguraba un ingreso mensual durante seis meses (cláusula 9º)" (rec., pág. 8).
Explica que con la prestación de servicios y la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo debía considerarse la existencia de una relación laboral, a lo que deben -en el caso- adicionarse las obligaciones contractuales puestas a cargo del accionante.
Postula que el acuerdo que vinculó a las partes estableció las notas caracterizantes de una vinculación laboral: prestación personal e infungible, exclusividad, cumplimiento de instrucciones que se le impartían, obligación de atender pacientes de la empresa en sus instalaciones y con sus instrumentos e insumos, prohibición de vinculación personal con esos pacientes, cobro de una suma fija mensual más una participación sobre el total de las intervenciones, haberes garantizados en caso de enfermedad, período de vacaciones anuales, entre otras.
Controvierte la ponderación de las pruebas testimonial y contable y las conclusiones a las que se arribó en el veredicto al considerar que el actor no formaba parte de un mecanismo imprescindible en el cumplimiento de los fines de la accionada, ni que mediaba la incorporación del profesional a una organización ajena, a la par que juzgó que el dinero percibido por el actor no respondía a una remuneración y -además- que en el vínculo existente no prevalecía la nota de la subordinación.
Alega que el alto grado de especialización médica -cirugía cardiovascular- del accionante no incide en modo alguno sobre la naturaleza laboral o civil de la relación, en tanto -aduce- independientemente de la calificación profesional de este último, pudo haberse desempeñado bajo relación de dependencia o de forma autónoma. Cita, en apoyo de su postura, el precedente L. 117.549, "Spoerle" (sent. de 6-IV-2016).
Sostiene que la pericia contable demuestra la existencia de otros cuatro profesionales médicos -doctores Braco, Schamun, García Pacho y Ribicchini- que, a diferencia de Rodríguez figuraban inscriptos como empleados del Instituto médico; no existiendo razones para -dice- establecer una causal objetiva para no hacerlo con el actor. Menos aún -añade- cuando las declaraciones testimoniales demostraron que uno de los citados profesionales (el señor Schamun, hijo del presidente del lugar), desempeñaba similares tareas a las suyas y conformaba un grupo de trabajo junto a este último y al doctor Amerisso.
Considera que el sentenciante efectuó una absurda interpretación de las funciones que desempeñaba, al limitarlas a las intervenciones quirúrgicas para las cuales era convocado o designado, a las tareas de iniciación y ayudantía en las cirugías.
Postula que "dejando de lado aquellos testigos que poco o nada conocían sobre las características de la relación", de los dichos de los doctores Santos y Fiorini, se desprende que además de las prácticas quirúrgicas, comúnmente concurría al servicio para ver a algún paciente en etapa de recuperación y cumplía guardias pasivas rotativas, entre otras actividades (v. rec., pág. 12).
Asevera que, igualmente, suponiendo que sus tareas fueran sólo las vinculadas a las cirugías para las cuales la demandada requería de sus servicios, ello no obstaría el carácter laboral que le asigna al vínculo entablado entre las partes.
Afirma que se encontraba en manos de la accionada la posibilidad de indicarle la realización de otras tareas, sustituyendo la libre disposición del actor, con el correlativo deber de este último de acatar las instrucciones que le fuesen impuestas; ello dijo "independientemente de que la empleadora haya ejercido ese derecho o de las tareas que finalmente le asignó" (rec., pág. 13).
De igual manera, señala que el hecho de que se encontrara inscripto como prestador autónomo -en los organismos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)- y, emitiera facturas para la demandada, en nada desmiente la existencia de relación laboral, dado que -explica- esa era la condición para percibir su remuneración.
Refiere definitorio que el actor percibiera una suma fija mensual con independencia de la cantidad de pacientes intervenidos, más una participación calculada en función del total de las prácticas. Resalta que la pericia contable demostró que el accionante percibió mensualmente importes de montos similares que se le abonaban los primeros días de cada mes, aún en caso de no poder concurrir por enfermedad.
Contrariamente a lo determinado en el fallo, aduce que la falta de exclusividad en el desempeño de sus funciones para el accionado "no descartaría - per se - el vínculo laboral, ya puede existir en quien se desempeña a tiempo completo, como a tiempo parcial, en forma exclusiva o no" (rec., pág. 15).
Cuestiona que el sentenciante omitiera valorar que el contrato de locación de servicios estableció que el accionante debía cumplir las prestaciones con dedicación exclusiva.
Asimismo, alega que el tribunal de grado -al decidir sobre la falta de exclusividad mencionada- violó el principio de congruencia por haber incorporado un hecho que no fue introducido en la contestación de demanda y, por lo cual -en todo caso- hubiera tenido la carga que acreditarlo.
Reitera que, de acuerdo al contrato celebrado entre las partes, el actor debía estar a disposición del Instituto en todo momento para realizar las intervenciones para las cuales se lo convocara y sin posibilidad de enviar a otro profesional en su reemplazo.
De igual manera -y, bajo la mentada invocación del vicio antes señalado- controvierte la conclusión a la que arribó el juzgador al considerar que las prestaciones de Rodríguez habrían sido discontinuas durante varios períodos. Expone que esta situación resulta contraria a la postura asumida por la demandada que reconoció que la relación se mantuvo inalterable y sin modificaciones durante veintidós años; de manera tal que introdujo una defensa no articulada en su oportunidad.
Por iguales razones, descarta que la falta de interpelar la dación de tareas haya podido interpretarse como una renuncia a los derechos que le correspondían como empleado.
Señala que comenzó a prestar tareas desde junio del año 1993 hasta el mismo mes del año 2015 y que, no se verifican pagos a su favor sólo durante cuarenta y siete meses y, por períodos bastante más anteriores a la fecha de su despido.
Estima que resulta absurdo que el tribunal considerara que el accionante no se encontraba incorporado a una organización ajena. Por el contrario, aduce que el demandado no alegó ni acreditó que Rodríguez fuese titular de una empresa u organización para demostrar que no estuvo incorporado a la empresa de salud accionada. Sostiene acreditado que formó parte de esta última, "que era la que tenía sus pacientes, con los que acordaba las condiciones de su intervención (tipo de cirugía, condiciones económicas, instalaciones, fechas), que era la que disponía de los quirófanos y la titular de los bienes afectados al servicio (únicos que podían ser utilizados), que era la que diagramaba las operaciones (cuándo y dónde se operaba, a quién o quiénes, quién o quiénes intervenían en cada operación), estando el Dr. Rodríguez sujeto a las directivas que recibía en cada caso" (rec., págs. 18 y 19).
Concluye que las tareas desempeñadas por el actor a favor de la demandada eran afines al objeto social de este, constituyendo un engranaje indispensable -dada su especialidad de cirujano-, para que la sociedad cumpliera su actividad empresarial junto con el resto del personal; más aún -indica- cuando la nómina de personal del lugar daba cuenta que de los cuatro médicos que figuraban, sólo uno de ellos tenía su misma especialidad, siendo imposible -dice- que con esa dotación pudiera la sociedad demandada cumplir su objeto social, esto es: "el estudio y tratamiento de enfermedades cardiovasculares" (rec., pág. 20).
II.2. Para finalizar, destaca que en la causa "Durán, Juan Carlos c/ Instituto del Corazón S.A. s/ Indemnización" (expte. n° 24.747), ante una situación similar que el caso planteado, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, juzgó probada la existencia de relación laboral con la misma demandada, decisión que fue confirmada por esta Corte.
Expone que el órgano de grado desestimó este antecedente sin brindar razón alguna, por considerar que no aportaba ningún argumento para ser considerado en este juicio.
III. El recurso no prospera.
III.1. Es doctrina de esta Suprema Corte que la evaluación del material probatorio, así como la determinación de las circunstancias fácticas que concurren para establecer si entre las partes medió -o no- un contrato de trabajo, corresponde privativamente a los magistrados de los tribunales de trabajo, siendo su decisión no revisable en sede extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 108.349, "Britos", sent. de 3-V-2012; L. 103.558, "Cecconi", sent. de 5-III-2014; L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015 y L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021).
En hipótesis como la aquí debatida, también tiene dicho este Tribunal que para resolver la situación jurídica del profesional de la salud que presta servicios en un establecimiento, es imprescindible tener en cuenta los elementos fácticos presentes en cada caso, toda vez que vinculaciones de esta índole -aun permitiendo el tránsito entre una típica relación de dependencia hasta el libre ejercicio profesional- atraviesan zonas intermedias que exigen despejar con nitidez los perfiles que definen la configuración del vínculo jurídico existente entre las partes (causas L. 87.366, "Souto", sent. de 4-VII-2007; L. 116.274, cit.; L. 109.467, "Chiappalone", sent. de 24-VI-2015; e. o.).
Bajo tales lineamientos, es el órgano de grado, en ejercicio de labor que le es privativa, el que debe verificar las circunstancias que concurren en cada controversia a los fines de establecer la eventual existencia de las notas que -aunque atenuadas, quizás en ciertos aspectos- caracterizan a la relación jurídica (causas L. 88.271, "Salinas", sent. de 4-II-2009; L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015 y L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; e. o.).
Bajo tales premisas, adelanto que la crítica luce inhábil para evidenciar que la solución adoptada por el sentenciante adolezca de la extrema y grave anomalía que se le imputa.
III.2.a. Conforme lo anticipado, el tribunal de trabajo resaltó la existencia de controversia respecto de la naturaleza del vínculo jurídico que unió a las partes.
Indicó que mientras la parte actora invocó en su demanda que la relación fue de linaje laboral, el accionado postuló que los unió -en todo momento- un contrato de locación de servicios, regido por las reglas civiles (v. vered., fs. 493/494).
Juzgó que resultaba relevante determinar las específicas tareas profesionales que eventualmente formaban parte del débito obligacional y el modo en el que aquellas se desenvolvieron (v. vered., fs. 494).
Precisó que la distinción entre el trabajo subordinado y el autónomo en el supuesto de profesionales de la salud respecto de los establecimientos asistenciales en los que aquellos prestan servicios no es clara y -por ende- conlleva un proceso intelectivo complejo. De modo que sostuvo que para determinar la caracterización de una u otra figura correspondía examinar los aspectos de hecho y prueba del caso concreto (v. vered., fs. 494 y vta.).
En esa línea, tuvo en especial consideración la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que admite que la prestación de servicios se cumpla bajo una forma jurídica ajena a la legislación del trabajo, tratándose la figura de la locación de servicios de un contrato de naturaleza civil, típico y habitual en el ámbito de los servicios profesionales (v. vered., fs. 494 vta.).
Puntualizó que la circunstancia de ser un profesional de la medicina quien otorga la prestación, no obstaba a la aplicación de la mentada presunción, argumentando que dichos profesionales liberales han sufrido modificaciones en su desenvolvimiento. De allí juzgó que, en estos supuestos, ante la existencia de un vínculo subordinado controvertido, el conflicto debía ser resuelto a la luz de la aplicación del principio de primacía de la realidad, debiendo prescindirse de elementos formales (lugar de trabajo, cumplimiento de horarios, existencia o no de exclusividad) y ponderarse si había prestaciones personales infungibles a favor de otra persona física o jurídica, conforme órdenes e instrucciones y bajo su dependencia jurídica (v. vered., fs. 495).
Expresó que con motivo de la capacitación especializada de dichos profesionales "predominantemente intelectual", la nota de subordinación técnica se encontraba desdibujada, por lo cual gozaban de cierta autonomía funcional, correspondiendo -por ello- acreditarse que en su prestación prevaleciera la subordinación jurídica (v. vered., fs. cit.).
Dada esa especial particularidad, sostuvo que "...el hecho de tener que respetar una serie de directivas de quien lo contrató, tampoco resulta por sí sólo concluyente para acreditar un vínculo subordinado, debido a que ciertas exigencias responden al orden propio de toda organización y pueden estar presentes en un contrato dependiente como en uno comercial. La diagramación de horarios es habitual y lógica en cualquier organización de la que no está exenta la prestación de servicios de salud, más aún la quirú
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