Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123852
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.852, "Acuña, Claudia Sofía contra Hoteles de Turismo S.A. Cobro de salarios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud , Violini .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 226/238 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 240/253).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por Claudia Sofía Acuña y condenó a Hoteles de Turismo S.A. al pago de las sumas que estableció en concepto de haberes adeudados, vacaciones no gozadas, indemnización por despido en los términos del art. 97 de la Ley de Contrato de Trabajo y resarcimiento contemplado en el art. 80 de dicha ley; ordenando además la entrega de los certificados de trabajo a los que hace alusión este último precepto. En cambio, desestimó el planteo de inconstitucionalidad deducido en torno a los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (conf. ley 25.561; v. sent., fs. 226/238 vta.).
II. Contra este último aspecto de la decisión, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 240/253).
Sostiene que la situación que motivó el dictado de las leyes 25.561 y 23.928 y de la doctrina elaborada por esta Corte -en la que el juzgador sustentó su decisión- no se encuentra presente en la actualidad.
Añade que las citadas normas resultan violatorias de los derechos contemplados en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional, en tanto se ha verificado una continua depreciación de la moneda como consecuencia del aumento de los índices de costo de vida que hacen que la demora en el pago del crédito laboral del actor le ocasione un perjuicio que no es suplido por la aplicación de una tasa de interés moratorio, ya que se trata de un instituto de naturaleza distinta a la indexación.
Argumenta que, por efecto del incremento del costo de vida, en la situación económica actual el crédito de la accionante pierde su poder adquisitivo entre un 24% y 30% anual; situación que -refiere- debe ser reparada mediante la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561, al tiempo que propone "reactualizar" la aplicación de lo dispuesto en el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Insiste en señalar las diferencias entre la indexación o actualización del monto de condena y los intereses moratorios aplicados a dicho importe, a la vez que refiere que esta Corte ha evaluado la temática en cuestión en la causa L. 110.487, "Ojer" (sent. de 13-XI-2013). Luego, argumenta que ante el cambio en la situación económica y social del país el propio legislador ha comenzado a incluir cláusulas de ajuste en algunas normas a los fines de mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones (v.gr. ley 26.773). Cita, en apoyo de su posición, distintos precedentes emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese marco, peticiona que se revoque la sentencia impugnada, se declare la inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561 y se imponga la obligación de actualizar los montos de condena, conforme lo establece el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, conviene recordar que conforme el criterio de esta Corte, es el recurrente quien tiene la carga procesal de acreditar que el valor del litigio eventualmente supera el umbral establecido en la ley procesal para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013; L. 117.480, "Chaparro", sent. de 11-III-2015 y L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017). En el caso, se advierte que el interesado no ha emprendido aquella labor, por el contrario, surge del medio de impugnación su reconocimiento acerca de que el monto de lo cuestionado en mención es insuficiente pero que a su juicio se configuraría en autos "la violación expresa de la doctrina vigente" (rec., apdo. 2.5.).
III.1.b. Lo expuesto, en fin, conduce a abordar los agravios traídos en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Suprema Corte ha de circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el citado precepto del régimen adjetivo laboral local, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
Por cierto, no obsta a lo anterior que el discurso recursivo se encuentre orientado a cuestionar lo resuelto por el a quo en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (conf. art. 4, ley 25.561), pues -como ya en parte se dijo- ningún argumento ha desplegado el recurrente con el objeto de demostrar que ello eventualmente podría evidenciar la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del contemplado en la ley procesal laboral- autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica del asunto al que se aludió anteriormente.
III.2. Delimitada así la competencia de este Tribunal, el recurso debe ser desestimado, toda vez que el impugnante no acredita la violación de doctrina legal alguna por parte del órgano jurisdiccional de la instancia. Más aún: lo resuelto en la sentencia recurrida se ajusta a las directrices que en la materia emanan de los pronunciamientos de esta Corte (causas L. 88.005, "Ramoscelli", sent. de 25-IV-2012; L. 116.518, "Grandelmeier", sent. de 16-VII-2014; L. 117.079, "Cuevas", sent. de 2017; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto las razones expuestas por el colega ponente en el punto III.1.a. de su voto y, en consecuencia, entiendo que -en principio- correspondería abordar el remedio deducido en el marco del supuesto excepcional previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Sin embargo, el planteo traído -vinculado al cuestionamiento de la validez constitucional de los preceptos que vedan la actualización monetaria- involucra el análisis de una cuestión de índole federal, circunstancia que amerita la apertura de la instancia extraordinaria sin las restricciones establecidas en las leyes procesales locales (causas L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015).
I.2. Aclarado ello, coincido con las motivaciones esgrimidas por el doctor Soria en el punto III.2. de su voto para desestimar el embate.
II. En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y Violini , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2021 20:00:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2021 23:46:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:07:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2021 09:40:58 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2021 10:08:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2021 10:35:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia