Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72560
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.560, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Petrolera Mar del Plata sobre Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar a los recursos de apelación promovidos por los letrados de las partes -parcialmente al incoado por el representante de los demandados- mediante los cuales mutuamente impugnaran los honorarios regulados a cada uno en primera instancia. De este modo, revocó lo resuelto por el señor juez de grado y fijó los estipendios a percibir por dichos profesionales en consideración a las tareas desarrolladas en autos (v. fs. 479/483).
Contra ese pronunciamiento, por su propio derecho, el representante de la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 492/507), el que fue concedido a fs. 538.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 602) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor juez de primera instancia reguló honorarios a los letrados de las partes, doctores Luciano Augusto Monterubianesi y Mario Alberto Paredi, en las sumas de $630.000 y $390.000 respectivamente (v. fs. 466), con relación a la resolución por la cual se acogiera parcialmente la acción ejecutiva, ordenando llevar adelante la ejecución fiscal con imposición de costas a los demandados, tomando como base regulatoria el monto ejecutable ($3.939.195,25).
En segundo término, al doctor Mario Alberto Paredi, en la suma de $238.000, con respecto de la resolución por la cual se acogiera la excepción de prescripción opuesta por los demandados, con imposición de costas a la actora, señalando que no correspondía regular honorarios al letrado de esta (doctor Monterubianesi) en virtud de lo normado en el art. 18 del decreto ley 7.543/69. Aquí, la base regulatoria aplicada fue la cifra correspondiente a los períodos por los cuales prosperara el planteo de la demandada ($1.487.857,69).
I.2. Ambos letrados apelaron la regulación de los estipendios practicada por el señor juez de primera instancia. En el caso del apoderado de la demandada -doctor Mario Roberto Paredi-, arguye que el monto regulado a su favor resulta bajo a la luz del beneficio obtenido por su intervención. Asimismo, impugnó por alta la regulación practicada al letrado de la parte actora. Finalmente, pidió regulación por su tarea en el Tribunal de Alzada.
Por su parte, el abogado del Fisco -doctor Luciano Augusto Monterubianesi- objetó por elevado el monto de los honorarios establecido a favor del representante de la demandada, argumentando sobre la existencia de una evidente desproporción en referencia a las tareas profesionales cumplidas por aquel.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación promovido por el letrado de la actora y acogió parcialmente el incoado por el letrado de los demandados. En ambos casos revocó la regulación de honorarios formulada por el señor juez de grado y determinó los montos correspondientes a lo que consideró los trabajos profesionales cumplidos en la causa.
Para resolver de esta manera, señaló, en primer lugar, que razones de buen orden imponían el tratamiento por separado de las estipulaciones practicadas a favor de los profesionales.
Recordó que la acción ejecutiva entablada por el Fisco fue parcialmente acogida con costas a los ejecutados (fallos obrantes a fs. 156/158 -primera instancia-; 230/240 -Cámara- y 354/368 -SCBA-). La liquidación practicada por aquel, por un monto de $3.939.195,25 (aprobada el día 25 de octubre de 2011) fue considerada como base regulatoria de los estipendios profesionales, sin que mereciera cuestionamiento por los apelantes en su expresión de agravios.
En cuanto a los honorarios fijados al letrado de la parte actora -doctor Luciano Augusto Monterubianesi-, que fueran cuestionados por altos, expresó que era necesario recordar la doctrina sentada por esa Alzada en la causa P-997-MP2 "Petrolera Mar del Plata S.A." (sent. de 29-IX-2009), en punto a que en casos como el de autos, que exhibían una significación patrimonial genuinamente de excepción, no podía considerarse válidamente satisfecha la fijación de los estipendios profesionales a partir de una mera remisión a las fórmulas aritméticas previstas en las leyes arancelarias (con cita de CSJN Fallos: 318:399 y 330:950).
En tal sentido, dijo que la sujeción estricta a la escala arancelaria prescripta en el art. 22 de la ley 13.406 ocasionaría en la especie una evidente e injustificada desproporción no compatible con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la norma, ni con los intereses involucrados en el caso (cita arg. doctr. CSJN in re F.258.XXXVII "Figueroa, Eduardo Antonio c/ E.N -Mrio. de Economía- y BCRA s/ juicios de conocimiento", sent. de 30-X-2007).
Continuó puntualizando que, en supuestos como el presente, se imponía una interpretación armónica para componer, con prudente equilibrio, los diversos parámetros que determina la ley, a efectos de evitar la disociación económica atinente al monto del litigio, de las restantes que informan la normativa arancelaria, entre las cuales cabía destacar las pautas brindadas por los arts. 14 (carácter en que actúa el abogado) y 16 (monto del asunto, resultado obtenido, complejidad y novedad de la cuestión, calidad jurídica, posición económica y social de las partes, entre otros parámetros), ambos del decreto ley 8.904/77.
Agregó que la regulación de honorarios no resultaba ajena al principio conforme al cual la misión judicial no se agotaba en la remisión a los textos legales, sino que requería del intérprete la búsqueda de la significación jurídica o de los preceptos aplicables que consagrasen la versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu desechando aquellas soluciones notoriamente injustas que no se condicen con el fin propio de la actividad jurisdiccional de determinar los principios acertados para el reconocimiento de los derechos (conf. doctr. CSJN Fallos: 253:267; 329:94; 329:4506 y 330:1336).
Subrayó que en casos como el sub examine , en los que se postulaba como solución justa y razonable el apartamiento de los mínimos arancelarios, adquiría plena vigencia el art. 13 de la ley 24.432 -norma complementaria del Código Civil-, en función de la cual, cuando la regulación practicada conforme los regímenes vigentes resultara excesiva e injustamente desproporcionada con la importancia de la tarea cumplida -su naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado, entre otras pautas- los jueces podían adecuarlos a pautas de justicia y razonabilidad tal como se desprende del art. 28 de la Constitución nacional (conf. arg. doctr. causa C. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007).
Luego, adentrándose en el análisis del expediente hasta el dictado de la sentencia en primera instancia, puntualizó que el doctor Monterubianesi intervino en las actuaciones procesales que detalló: tres (3) fojas de la demanda; tres (3) fojas de interposición de recurso de revocatoria con apelación en subsidio; una (1) foja de acompaña oficio diligenciado; un (1) escrito de mero trámite y dieciocho (18) fojas de contestación de excepciones.
En esta dirección, afirmó que la intervención procesal del nombrado, más allá del resultado del pleito, mal podía justificar una valorización de la labor profesional con la suma fijada por el a quo por cuanto en la mayoría de los apremios que transitaban ante esa jurisdicción -por fuera del monto del juicio- dicha labor resultaba ser la tarea común del letrado apoderado del Fisco, dando lugar a retribuciones más ajustadas con la índole de los trabajos efectuados y con el tiempo que le insumieran al letrado actuante.
Concluyó que, dado que el doctor Monterubianesi se había desempeñado como abogado apoderado del Fisco, que la acción ejecutiva entablada fuera acogida parcialmente; teniendo en cuenta el monto de la liquidación aprobada y demás pautas indicadas precedentemente; la valoración de los trabajos realizados que efectuara el señor magistrado de primera instancia y el consecuente monto de los honorarios que fueran regulados lucen excesivos y desproporcionados, justificándose en la especie -por aplicación del art. 13 de la ley 24.432- su reducción a valores que, aun por debajo de la escala arancelaria, resulten justos y mesurados a la luz de las particularidades de este proceso.
En razón de ello, encontrándose la regulación impugnada por alta, correspondía acoger el recurso de apelación presentado por los demandados a fs. 467 -punto 2-, revocando la estipulación formulada por el a quo en el punto 4 inc. "A" de la resolución de fs. 466 y fijar los honorarios del citado profesional en la suma de $118.176 con más el aporte de ley (arts. 13, ley 24.432; 22, ley 13.406; 1, 10, 13, 16, 22, 57 y concs., dec. ley 8.904/77; 12 y 14, ley 6.716).
Posteriormente, pasó al tratamiento de los emolumentos atribuidos por el señor juez de primera instancia al doctor Mario Alberto Paredi (apoderado de los demandados Petrolera Mar del Plata S.A. y Raúl Néstor Posat) -quien promueve el presente recurso de inaplicabilidad de ley- con relación al acogimiento parcial de la excepción de prescripción articulada y que fueran refutados por altos (presentación de fs. 471, parte actora) y por bajos (fs. 467, pto. 1, letrado de la demandada). Asimismo, mencionó que la base regulatoria considerada por el señor juez de la instancia -que no fuera cuestionada en la apelación- ascendía a $1.487.857,69.
Expuso que, respecto a la labor encomendada, cabía aplicar, a este remedio de impugnación, el mismo principio utilizado para reducir por debajo de la escala regulatoria los estipendios al doctor Monterubianesi.
De tal modo puntualizó que, teniendo en cuenta la labor desarrollada por el doctor Paredi, la que hasta el dictado de la sentencia había consistido en veinticuatro (24) fojas de oposición de excepciones, dos (2) cédulas y un (1) escrito solicitando dictado de sentencia, más allá del resultado del pleito, mal podía justificar una valorización de la labor profesional con la suma fijada por el a quo , en razón de que la mayoría de los apremios que transitaban ante esa jurisdicción -por fuera del monto del juicio- resultaba ser una tarea común del abogado de los apremiados, dando lugar a retribuciones más ajustadas con la índole de los trabajos efectuados y con el tiempo empleado por el letrado.
Agregó que, siguiendo las directrices descriptas precedentemente, los honorarios regulados por el señor juez de primera instancia lucían desproporcionados, debiendo ser revocados y fijados por el Tribunal de Alzada en la suma de $29.960, con más el aporte de ley (arts. 13, ley 24.432; 22, ley 13.406; 1, 10, 13, 16, 22, 23 -segunda parte-, 57 y concs., dec. ley 8.904/77; 12 y 14, ley 7.616).
Por consiguiente, el recurso de apelación presentado por el Fisco debía ser acogido, revocándose el punto 5 inc. "B" de la resolución de fs. 466 vta. en cuanto había fijado los emolumentos del doctor Mario Alberto Paredi.
Por otro lado, por iguales fundamentos, resolvió rechazar el recurso de apelación promovido por el doctor Paredi a fs. 467, punto 1 (apelación por bajos, interpuesta por derecho propio).
En la parte resolutiva del decisorio ratificó las estipulaciones señaladas en los considerandos. Puntualizó que para analizar la regulación de honorarios al doctor Luciano Augusto Monterubianesi ($118.176 con más aportes de ley), se había tomado como base el monto de $3.939.195,25 correspondiente a la liquidación aprobada en autos.
En cuanto al doctor Mario Alberto Paredi, explicó que para analizar la determinación de honorarios ($29.960 con más aportes de ley) se había tomado como base la suma de $1.487.857,59, monto correspondiente a la porción rechazada de la acción de apremio emprendida por el Fisco.
A su vez, ordenó regular por separado por las labores actuadas ante esa Cámara. De tal manera, en resolución adjunta estableció los estipendios en las sumas de $5.908 y $4.136 para los doctores Monterubianesi y Paredi respectivamente.
III. A fs. 492/507, el doctor Mario Alberto Paredi, por su propio derecho, interpone contra ambos decisorios del Tribunal de Alzada recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pide que se los deje sin efecto y que se ordene, en cada uno de los casos, una nueva regulación de honorarios de conformidad con la ley arancelaria.
Esgrime violación y errónea interpretación y aplicación de la ley. Agrega que a partir de dichas transgresiones se conforma un típico supuesto de absurdo quebrantándose lo prescripto en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 28 de la Constitución nacional.
Sostiene, además, que la Cámara prescindió de la ley aplicable.
Enfatiza que el tribunal no consideró el monto del juicio, elemento que constituye el interés puesto en juego por las partes y por lo tanto su base regulatoria. Que ello constituye una lesión de carácter constitucional.
Agrega que el motivo de la tarea profesional desarrollada no ha sido una demanda millonaria promovida por el suscripto con el fin de sumar honorarios contra su cliente, sino que se trató de una contestación a una iniciativa instada por la propia actora.
En cuanto a la importancia de los planteos efectuados, expresa que la correcta interpretación que hiciera del caso "Filcrosa", y que expusiera en autos hace ocho años, su justo encuadre fue el que finalmente el Tribunal de Alzada receptó cinco años después en los autos "Fisco de la provincia de Buenos Aires c/ Microcontrol SRL y otros s/ Apremio provincial".
Destaca la trascendencia económica y moral que para el interesado reviste la cuestión en debate. Se pregunta si la suma regulada podía reputarse justa para un profesional que ha transitado las instancias buscando desplegar la mejor defensa de sus clientes.
Afirma que "este patente absurdo" pone en evidencia la violación de la garantía de igualdad y de una justa retribución profesional (cita los arts. 14, 14 bis, 16, 17 y concs., Const. nac.).
Añade que una decisión reñida con las normas citadas y prescindiendo de las que debió aplicar, confirma que el tribunal inferior vulneró su derecho de propiedad y defensa en juicio.
Apunta que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley procede cuando se trata no ya de apreciar pautas fácticas sino el sentido jurídico de la norma que rige la regulación, es decir, su interpretación. Y que la interpretación errónea se produce cuando no obstante elegir la norma adecuada, se le otorga un sentido equivocado haciendo surgir de ella consecuencias que no resultan de su contenido.
Señala que ello sucedió en autos cuando con base en el art. 1.627 del Código Civil el tribunal desplazó la escala arancelaria establecida en los arts. 1, 19, 21, 23, 34 y concordantes de los decretos leyes 8.904/77 y 9.122/78, sin proceder a su declaración de inconstitucionalidad.
Arguye que tal desplazamiento devino erróneo y grave, pues el régimen del Código Civil no desplaza a las previsiones del decreto ley 8.904/77, en razón de que las regulaciones de honorarios son de jurisdicción provincial (cita causas Ac. 78.984, sent. de 30-VI-2004 y Ac. 75.597, sent. de 22-X-2003).
Luego, asevera que los precedentes de la Corte nacional y de la Suprema Corte provincial en que se apoyó el a quo para fallar resultan inaplicables.
Con citas de este Tribunal refiere que, si bien se trata de cuestiones de hecho, en principio ajenas a la vía extraordinaria, la queja encuentra andamiaje en que debió precisarse la base que se tuvo en cuenta para practicar el honorario y el método que se utilizó para determinar el quantum .
En tal sentido arguye que la decisión además de injusta e irrazonable constituye un avasallamiento al ejercicio y decoro de la profesión del abogado.
Se explaya en consideraciones acerca de las escalas arancelarias previstas en el régimen, señalando que la regulación se ha ubicado significativamente por debajo del porcentaje correspondiente al mínimo legal.
Pone de manifiesto que, de este modo, la sentencia impugnada traduce una interpretación absurda y contradictoria de las constancias y probanzas de la causa, con violación de lo normado en el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
De esta manera, solicita la revocación de la sentencia emitida por el a quo , agregando que el recurso también plantea la impugnación de la sentencia por la cual se dispusieron honorarios por su actuación ante el propio Tribunal de Alzada, ordenando su revocación y adecuación a las pautas arancelarias.
Finalmente, pide se corra vista a la Caja de Previsión Social del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y se regulen honorarios por su actuación en el presente recurso. Asimismo, plantea y reserva caso federal.
IV. Por las razones que seguidamente expondré, el recurso no ha de prosperar.
IV.1. El recurrente señala que, aun cuando en principio las regulaciones de honorarios no son susceptibles de recursos como el incoado, este se vuelve procedente al verificarse una errónea interpretación de la ley si a la norma adecuada se le confiere un sentido equivocado, haciendo surgir de ella consecuencias que no resultan de su contenido.
Sostiene que ello se originó cuando, con base en el art. 1.627 del Código Civil, se produjo un desplazamiento de las normas arancelarias que son propias de la jurisdicción local, sin proceder a su declaración de inconstitucionalidad.
Y agrega que la arbitrariedad del fallo recurrido se advierte en que no se indicó cómo se llegó a la estipulación, configurándose un supuesto donde no existió una derivación justa y razonable del derecho vigente.
IV.2. Ahora bien, liminarmente debo advertir que tales objeciones, que son centralmente el núcleo de su impugnación, no resultan suficientes para descalificar el fallo, toda vez que en él -contrariamente a la idea de irrazonabilidad y arbitrariedad blandida por el recurrente- la Cámara, con remisión a los argumentos que utilizó para el tratamiento de la apelación de los honorarios regulados al letrado de la parte actora, hizo mérito de un conjunto de elementos que la llevaron a dicha decisión.
Al respecto, recordó antecedentes en los que emitió pronunciamiento (causa P-997-MP2 "Petrolera Mar del Plata S.A.", sent. de 29-IX-2009), refiriendo que en casos donde se exhibía una significación patrimonial genuinamente de excepción -citando doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 318:399 y 330:950)-, no podía considerarse válidamente satisfecha la fijación de honorarios con una mera remisión a las fórmulas aritméticas previstas en las leyes arancelarias. Y agregó que un estricto apego a la escala arancelaria del art. 22 de la ley 13.406, constituía en la especie una evidente e injustificada desproporción incompatible con los fines perseguidos por el legislador al sancionar dicha normativa y con los intereses involucrados en el caso (con cita de doctr. CSJN causa F.258.XXXVII "Figueroa, Eduardo Antonio c/ E.N. -Mrio. De Economía- y BCRA s/ juicios de conocimiento", sent. de 30-X-2007).
Puntualizó que, en supuestos como el de tratamiento, se imponía una interpretación armónica, componiendo con prudente equilibrio los diversos parámetros que determinaba la ley, a efectos de evitar una disociación económica entre el monto del litigio y, entre otras cuestiones, las pautas brindadas por
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