Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62161
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.161, "Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliario (AERI) contra Municipalidad de Chascomús. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
I. La Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria (AERI) promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Chascomús y solicita se declare la nulidad de la ordenanza 2.932/00 y de las notas de fecha 30 de agosto y 27 de septiembre de 2000, a través de las cuales el Intendente y el Concejo Deliberante, respectivamente, desestimaron los recursos interpuestos contra aquella.
Interesa señalar que, a través de la primera, el Departamento Deliberativo no convalidó el permiso de explotación concedido por el decreto municipal 592/98 sobre el predio ribereño de la Laguna de Chascomús identificado como parcela n° 9.
Como consecuencia del pedido de anulación, solicita se fije una indemnización por los daños y perjuicios que, según afirma, la ordenanza que impugna le irrogó.
Pide que la sentencia condenatoria contemple intereses hasta el efectivo pago.
Ofrece prueba y formula reserva del caso federal.
II. A fs. 143, la parte actora amplía la demanda extendiendo el pedido de nulidad a la nota del Departamento Ejecutivo de fecha 30 de abril de 2000, a través de la cual se rechazó el recurso de reconsideración presentado contra la ordenanza 2.932/00.
Pone de resalto que la aludida denegatoria no le fue notificada, sino que la conoció al tomar vista de las actuaciones administrativas remitidas a estos autos.
III. Corrido el traslado de ley, se presenta la Municipalidad de Chascomús, niega los hechos y el derecho alegado por la parte actora y solicita el rechazo de la demanda sobre la base de que AERI no adquirió el derecho a la explotación a la que refiere el escrito introductorio de autos.
Ofrece prueba y formula reserva del caso federal.
IV. Agregados los cuadernos de prueba (v. fs. 305/360 -actora- y 361/412 -demandada-), glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 415/417 -actora- y 418/419 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La actora postula que la ordenanza 2.932/00 dictada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chascomús, por la cual se tuvo por no convalidado el permiso otrora dado a AERI por el Departamento Ejecutivo, vulnera su derecho subjetivo a la explotación de la parcela ribereña n° 9 de la laguna de dicha localidad, otorgada por el decreto municipal 592/98.
Afirma que este derecho quedó consolidado e integra su patrimonio, no pudiendo ser alterado por la sanción de una ordenanza posterior.
Distingue el "permiso de uso" de la "concesión de uso", diciendo que goza de esta última. Señala que el primero tiene un carácter esencialmente revocable que no posee la segunda. Manifiesta que en la concesión de uso el objeto o contenido de la actividad es de importancia jurídica, económica y/o social, que de ordinario requiere la inversión de capitales elevados. Por ello asegura que la concesión de uso genera en su titular un derecho subjetivo de carácter administrativo.
Sostiene que la ordenanza impugnada presenta vicios de competencia, causa y motivación.
Niega que el Concejo Deliberante tenga atribuciones para su dictado, pues dice que mediante la ordenanza 1.671/85 ese órgano le delegó facultades al Departamento Ejecutivo para el otorgamiento de concesiones de explotación de las parcelas ribereñas de la Laguna de Chascomús.
Agrega que, en cumplimiento de la mencionada ordenanza, el Departamento Ejecutivo remitió el decreto 592/98 en favor de AERI para su tratamiento en el seno del órgano legislativo. Apunta que ese cuerpo lo rechazó mediante la ordenanza 1.783/98, pero que ella luego fue vetada por el decreto municipal 1.255/98. Aduce que, al no haber insistido el Concejo Deliberante con el rechazo durante el período de sesiones, se consolidó su derecho subjetivo. Considera que en este punto resulta aplicable el reglamento interno de la Cámara de Diputados provincial, que expresamente prevé tal situación.
Manifiesta, por lo tanto, que aquel no podía decidir nada en sentido negativo respecto de la explotación otorgada por el decreto 592/98, a dos años de su emisión, con el dictado de la ordenanza 2.932/00.
Relacionado a los vicios que denuncia en su causa y motivación, asevera que se han falseado los antecedentes de hecho y de derecho concernientes a la explotación. Precisa que se consignan datos, circunstancias y normas que no son correctas. De ahí que sostenga que el acto es irrazonable y arbitrario.
En otro orden, afirma que la ordenanza viola la doctrina de los actos propios y el principio de confianza legítima. Apunta que la Administración realizó actos que suponían la convalidación de su carácter de adjudicataria. Ello sería así, dado que luego del dictado del decreto 592/98 la Municipalidad le entregó un memorándum con los requisitos para la presentación de los planos de las obras. Agrega que, a la postre, la autoridad local los recibió y aprobó.
Remarca que la comuna la reconoció como concesionaria de la parcela n° 9 aun sin contar con el refrendo del Concejo Deliberante. Por ello asevera que, al adoptar una actitud contradictoria con las conductas pasadas, quebrantó la buena fe y vulneró la confianza generada con el comportamiento previo.
Continúa relatando que, a partir del mes de junio de 1998, realizó todas las tareas y contrataciones necesarias para la concreción de los trabajos comprometidos ( i.e. , limpieza del terreno; presupuesto solicitado a empresa constructora; ejecución y presentación de planos ante la Municipalidad; etc.). Añade que luego de haber sido aprobados los planos de obras, adquirió un equipo generador de electricidad, pues la parcela no poseía este servicio. Acota que también se realizaron tareas de deslinde y amojonamiento.
Dice que los mencionados trabajos fueron realizados por un profesional cuyos honorarios ascendieron a siete mil novecientos treinta y un pesos ($7.931).
De otro lado, pone de resalto que la ordenanza 2.931/00 refiere a que "...existe un criterio, hoy generalizado, que los espacios públicos deben ser recuperados para el uso público". Sobre la base de ello sostiene que la comuna declaró la extinción de la concesión por causas de interés público, por lo que entiende que recae sobre la Administración municipal la responsabilidad de reparar en forma integral el daño que le ha ocasionado.
A su vez, plantea la imposibilidad de revocar la concesión por causas de ilegitimidad, pues de hacerlo se vulneraría la "cosa juzgada administrativa". Entiende que ella impide la rescisión en sede gubernativa de los actos regulares que gozan, por ello, de presunción de legitimidad, sin que puedan -una vez notificados y puestos en ejecución- ser anulados por la comuna por sí y ante sí, invocando la supuesta violación de la ley. En esa inteligencia, lo que hizo la ordenanza 2.932/00 -luego de dos años de emitido el decreto 592/98- no era posible sino a través de una acción judicial de lesividad.
Finalmente, sin profundizar, refuta que haya incurrido en incumplimiento de las obligaciones contempladas en los arts. 5 y 7 de la ordenanza 1.671/85.
A partir de la declaración de nulidad de la ordenanza 2.932/00, requiere que se fije una indemnización que repare de manera integral los perjuicios, tanto el daño emergente como el lucro cesante que, según afirma, aquella le generó.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de Chascomús, luego de realizar una negativa concreta de los hechos y circunstancias detalladas por la actora en su escrito postulatorio, explica las diferentes instancias que atravesó el procedimiento para la explotación de la parcela litigiosa que -recalca- no fue convalidado por el Concejo Deliberante.
Pone de resalto que el día 11 de diciembre de 1999 el Secretario de Producción y Turismo de la Municipalidad de Chascomús se constituyó en la parcela en cuestión, acompañado de escribano público quien labró acta de constatación en la que consignó que "...en las parcelas señaladas con los números 3, 5, 7, 9 y 12 [...] no se registra mejora alguna, encontrándose en total estado de abandono...".
Dice que posteriormente, el día 26 de mayo de 2000, el Concejo Deliberante a través de la ordenanza 2.932/00 no convalidó el permiso de explotación concedido a AERI sobre el predio ribereño ubicado en el sector sur-oeste de la Laguna de Chascomús identificado como parcela n° 9, autorizando, en consecuencia, al Departamento Ejecutivo a recuperar la posesión del inmueble.
Niega que la actora haya adquirido el derecho a la explotación del aludido predio. Ello, básicamente, porque el decreto 592/98 no obtuvo la aprobación del Concejo Deliberante, tal como lo requería el art. 10 de la ordenanza 1.671/85. Siendo así, entiende que dicho acto ejecutivo jamás gozó de eficacia y, por lo tanto, nunca produjo efectos jurídicos entre las partes.
Aclara, además, que antes del dictado de la ordenanza impugnada, el Concejo ya había rechazado el otorgamiento de la explotación a través de la ordenanza 1.783/98. Por ello sostiene que, independientemente del veto emitido por el Intendente, aquella no se encontraba debidamente autorizada.
Desconoce que en el caso sea aplicable el reglamento interno de la Cámara de Diputados provincial. Además, afirma que el Concejo Deliberante no posee plazo para efectuar o no la convalidación.
Destaca que ese departamento es el órgano competente para la contratación y concesión de los servicios públicos locales; en la especie, de servicios turísticos. Apunta que la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) le otorga esta facultad en forma exclusiva y excluyente, en un claro deslinde de atribuciones.
En orden a la pretensión indemnizatoria, dice que si la actora efectuó gastos sin un acto que otorgue regularmente su derecho, entonces ella debe cargar con las consecuencias de su conducta.
Subsidiariamente, para el supuesto de considerar que con el mero dictado del decreto de adjudicación la demandante poseía un derecho subjetivo de carácter administrativo, postula que nada obsta a que la Administración declare la caducidad de la adjudicación por incumplimiento de las obligaciones a cargo del adjudicatario. Al respecto, señala que AERI no había cumplido los requisitos establecidos en el art. 5 de la ordenanza 1.671/85, por lo que procedía la caducidad automática del permiso hipotéticamente otorgado (conf. arts. 6, ord. 1.671/85 y 119, ord. gral. 267).
Por último, impugna la liquidación y niega la prueba documental acompañada a estos autos. Se opone a la indemnización del lucro cesante por falta de evidencia que lo demuestre.
III. De la prueba producida en autos resultan acreditadas las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Copia certificada de la ordenanza 1.671/85 (v. fs. 380/382).
III.2. Copia certificada del decreto municipal 592/98 a través del cual el Intendente adjudicó la parcela ribereña n° 9 a AERI, por el plazo de veinte (20) años, para su explotación con destino al funcionamiento de centros recreativos (v. fs. 387/388).
III.3. Copia certificada de la ordenanza 2.932/00 (v. fs. 389/390).
III.4. Acta de constatación de fecha 11 de diciembre de 1999 (v. fs. 394/396).
III.5. Expediente administrativo 4.030-47.925/2000-A s/ revocatoria c/ Ordenanza n° 2.932/2000 agregado sin acumular a estos autos.
III.5.a. Recurso de revocatoria contra la ordenanza 2.932/00, presentado ante el Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chascomús, el día 14 de julio de 2000 (v. fs. 1/41).
III.5.b. Copia de Memoria descriptiva presentada el día 16 de marzo de 1999.
III.5.c. Copia de las carátulas de los planos presentados ante la Administración municipal el día 16 de marzo de 1999 (v. fs. 50/55).
III.5.d. Nota de fecha 20 de agosto de 1999 dirigida por el Secretario de Obras, Planeamiento y Servicios Públicos a AERI (v. fs. 56).
III.5.e. Nota de fecha 13 de diciembre de 1999, mediante la cual el Secretario de Producción y Turismo cita a AERI para que concurra a fin de informarle sobre el estado administrativo y legal en que se encuentra la parcela adjudicada. En ella también se destaca el interés de notificarlo sobre el "...vencimiento absoluto de los plazos y condiciones que contemplan la Ley Orgánica de las Municipalidades y las Ordenanzas 1671 y 2471, modificatorias y demás legislación complementaria en la materia, y demás circunstancias que implican la rescisión de la concesión oportunamente otorgada" (sic, fs. 57).
III.5.f. Nota remitida por la actora al Intendente municipal de Chascomús a fin de que ratifique o rectifique lo manifestado por el Secretario de Producción y Turismo (v. fs. 58).
III.5.g. Notificación de la ordenanza 2.932/00 a AERI (v. fs. 59).
III.5.h. Con fecha 30 de agosto de 2000 el Intendente rechazó el recurso de revocatoria presentado por AERI contra la ordenanza 2.932/00 (v. fs. 67).
III.6. Nota de fecha 27 de septiembre de 2000, mediante la cual el Presidente del Concejo Deliberante de Chascomús comunica a AERI la desestimación del recurso de revocatoria interpuesto contra la ordenanza 2.932/00 (v. fs. 237/238).
IV. La cuestión a decidir se centra en determinar, ante todo, si la ordenanza 2.932/00 se ajusta a derecho, para eventualmente establecer si le cabe alguna responsabilidad a la Administración comunal por los perjuicios que la actora dice que aquella le irrogó.
IV.1.a. Como surge del relato, el día 27 de mayo de 1998 el Intendente de Chascomús dictó el decreto 592/98. A través de este, le adjudicó a AERI en los términos de la ordenanza 1.671/85 y sus modificatorias la explotación con destino al funcionamiento de centros recreativos de la parcela ribereña a la Laguna de Chascomús identificada como número nueve (9), de propiedad municipal, por el plazo de veinte años (v. fs. 386).
IV.1.b. Cabe reseñar que el Concejo Deliberante, a través de la referida ordenanza 1.671 dictada el día 16 de octubre de 1985, había autorizado al Departamento Ejecutivo a conceder en explotación por veinte años y con destino a camping , las parcelas ribereñas de la Laguna de Chascomús (art. 1). En orden al sistema de otorgamiento, dispuso que se fijaría en ordenanza complementaria, por decreto ad referendum del Consejo Deliberante (art. 10).
IV.1.c. En la sesión realizada el día 12 de noviembre de 1998, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 1.783 a través de la cual rechazó el permiso de explotación adjudicado por el decreto 592/98. Esta ordenanza luego fue vetada por el Departamento Ejecutivo a través del decreto 1.255/98.
IV.1.d. Posteriormente, el día 5 de junio de 2000, el Concejo Deliberante dictó la ordenanza 2.932/00 que nuevamente dispuso no convalidar el permiso de explotación concedido a AERI sobre la mencionada parcela ribereña n° 9, al tiempo que autorizó al Departamento Ejecutivo a recuperar la posesión de ese inmueble (v. fs. 389/390).
Para así decidir, consideró primeramente que era facultad del cuerpo deliberante comunal "...otorgar concesiones y conferir derechos de uso y ocupación gratuitos de bienes municipales", a la par de destacar que "...hay un criterio, hoy generalizado, que los espacios públicos deben ser recuperados para el uso público".
En otro orden, subrayó que el Departamento Ejecutivo adjudicó el inmueble en el marco de la ordenanza 1.671/85, la cual si bien le delegó al jefe comunal la facultad para conceder explotaciones de uso sobre las parcelas ribereñas de la Laguna de Chascomús (art. 1), dejó suficientemente en claro que cualquier adjudicación era ad referendum del Concejo, el que debía darles aprobación final (art. 10). En este sentido, puso de resalto que el día 12 de noviembre de 1998, por ordenanza 1.783, el cuerpo rechazó "...el permiso de explotación y/o concesión otorgado por el DE a AERI de la Parcela 9" (sic), decisión que -señala- fue indebidamente vetada por el decreto 1.255/98.
En su último considerando también indicó que "...la entidad beneficiaria de la cesión no cumplimentó en tiempo y forma las obligaciones contempladas en los artículos 5° y 7° de la ya citada ordenanza [refiriéndose a la ordenanza 1671/85]".
IV.2. La actora impugna la ordenanza 2.932/00 alegando que ella fue dictada con exceso de poder, tergiversando los antecedentes fácticos y jurídicos del caso y sin justificación adecuada que la sostenga.
Esta línea argumental es apta para ser abordada atendiendo a la naturaleza de la norma, cuyas notas de concreción e individualidad en el plano sustantivo la aproximan a un acto administrativo (conf. art. 77, LOM; doctr. causa B. 57.379, "DAC Producciones S.R.L.", sent. de 9-X-2013).
IV.2.a. En cuanto a lo primero, vale señalar que la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58) en el capítulo II "Del Departamento Deliberativo", al tratar su competencia y atribuciones, reconoce a este órgano facultades para reglamentar "...lo referente a las propiedades ribereñas" (art. 27 inc. 25).
Dicho ordenamiento lo habilita, también, a "...conferir derecho de uso y ocupación gratuita de bienes municipales a entidades de bien público con personería jurídica", con el voto afirmativo de los dos tercios del total de los miembros del Concejo (art. 56, segundo párrafo).
Interesa destacar que en la ordenanza 2.932/00 que se impugna, el Concejo expresamente reivindica sus atribuciones en la materia, al decir que es su "...facultad exclusiva [...] otorgar concesiones y conferir derechos de uso y ocupación gratuito de bienes municipales". A la vez, atañe al departamento deliberativo reglamentar lo concerniente a "La conservación de monumentos, paisajes y valores locales de interés tradicional, turístico e histórico" (art. 27 inc. 3), lo cual evidentemente se halla implicado para la parcela objeto de litigio, lindante a la Laguna de Chascomús.
En definitiva, el marco normativo ofrece directivas claras en cuanto a que la competencia para otorgar concesiones o permisos de uso sobre bienes de propiedad municipal, en las condiciones del caso, es propia del Concejo Deliberante.
IV.2.b. Con relación a los vicios que se alegan sobre la motivación de la ordenanza impugnada, la actora dice que se han falseado los antecedentes de hecho y de derecho, pero sin individualizarlos ni brindar mayores precisiones al respecto.
Al margen de ese déficit, que no pasa inadvertido, cierto es que este Tribunal ha consolidado una doctrina legal que exige a toda autoridad pública motivar adecuadamente sus determinaciones. Ello ha sido enfatizado en el precedente "Zarlenga" (causa B. 62.241, sent. de 27-XII-2002), y reiterado en numerosas ocasiones (v. por todas, causa Q. 72.700, "Marcó", resol. de 6-VIII-2013), como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que compromete o afecta situaciones subjetivas -derivación del principio republicano de gobierno (arts. 1, Const. nac. y Const. prov.)- y, al mismo tiempo, imperativo de inexcusable cumplimiento para garantizar la racionalidad y transparencia de la actuación estatal. La satisfacción de dicho requisito exige brindar una respuesta clara y circunstanciada a las peticiones deducidas y a las cuestiones troncales a decidir en los procedimientos incoados de oficio (v. mis votos en causas P. 100.862, "Salvatori Reviriego", sent. de 10-VII-2013; A. 70.444, "Decastelli", sent. de 8-IV-2015; B. 66.531, "Zanetta", sent. de 20-XII-2017; B. 67.134, "Basualdo", sent. de 25-IX-2019; B. 63.019, "Telef
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