Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 123832
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.832, "Verón, Diego Francisco contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 232/250).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2 de julio de 2018).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la procedencia parcial de la demanda instaurada por Diego Francisco Verón y condenó a Provincia ART S.A. a abonar la suma de dinero que determinó en concepto de diferencias referidas a la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, más gastos en razón de terapia psicológica e intereses (v. fs. 232/250).
Para así decidir, con sustento en la pericia médica juzgó acreditado que el promotor del juicio padece una incapacidad del 56% del índice de la total obrera -superior a la de 44,69% dictaminada en su oportunidad por la comisión médica respectiva- como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 24 de julio de 2012 (v. vered., fs. 232 vta./235).
Asimismo, consideró no controvertido que a raíz del infortunio la aseguradora demandada le había abonado a aquel la suma de $80.442, en fecha 7 de octubre de 2010, en función de la incapacidad determinada (v. vered., fs. cit.).
Ya en la sentencia -en lo que interesa destacar-, el a quo determinó el importe de la prestación dineraria por incapacidad parcial, permanente y definitiva correspondiente al trabajador utilizando la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, de la cual dedujo el monto ya percibido (v. sent., fs. 237 vta.).
Luego -dejando a salvo su opinión-, teniendo en cuenta la fecha de la contingencia, rechazó la pretensión del accionante de aplicar al caso el decreto 1.694/09 (v. sent., fs. 237 vta./239 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de las normas y de la doctrina legal que cita.
II.1. En lo medular, denuncia que el juzgador aplicó erróneamente el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Afirma que, a tenor de la incapacidad laboral fijada al actor en la sentencia, correspondía cuantificar el importe de la prestación dineraria conforme lo establecido en el apartado 2 inc. "b" de la citada norma, de conformidad con las modificaciones establecidas en el art. 6 del decreto 1.278/00.
Con ello, sostiene que el fallo de grado transgrede la doctrina trazada por esta Suprema Corte en las causas L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012) y L. 118.142, "Martino" (sent. de 9-VIII-2017) en cuanto allí se estableció que "ante la condena pronunciada respecto de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. 'b' de la Ley de Riesgos del Trabajo en un único pago -en aquel caso, por haberse declarado la inconstitucionalidad del mecanismo, bajo la forma de renta, establecido en aquel precepto- el cálculo debe efectuarse conforme las pautas establecidas en dicho apartado" (rec., págs. 2/3 vta.).
Añade que, si bien en el caso no resultaba aplicable el decreto 1.694/09, correspondía el cobro de la suma de $30.000, en concepto de la compensación adicional de pago único que dispone el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la mencionada ley (art. 3, dec. cit.), la cual -alega- tampoco fue receptada por el sentenciante.
Bajo esos lineamientos, concluye que debe ordenarse la realización de un nuevo cálculo sobre la base del método consignado en el apartado 2 inc. "b" del art. 14 de la ley 24.557, sumando a ello la prestación mencionada precedentemente y, deduciendo el monto abonado en sede administrativa por la aseguradora de riesgos del trabajo; al cual debe adicionase una cuantía consistente en sesiones de terapia psicológica.
II.2. A todo evento, se opone a la modalidad de renta periódica, planteando la inconstitucionalidad del mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", en cuando en él se establece también dicho sistema, el cual se determina actuarialmente sobre un capital equivalente al ingreso base mensual multiplicado por el porcentaje de incapacidad.
II.3. Asimismo, peticiona la declaración de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en la parte final del inc. "a" del articulado 14 apartado 2 del precitado régimen, en cuanto -con la redacción dada por el citado decreto 1.278/00- establece que el resarcimiento que le correspondería percibir al trabajador en ningún caso podrá ser superior a $180.000. Precisa que tal irrazonable limitación resulta confiscatoria, por cuanto no logra resarcir con justicia el perjuicio sufrido.
Postula que la limitación fijada en aquella norma transgrede las reglas emergentes del fallo "Vizzotti", del Máximo Tribunal nacional, sostenida en las causas que individualiza (v. pág. 9).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente ocupa precisar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010; Ac. 3903/18), razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la competencia revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la trasgrede en un caso similar (causas L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
III.2. En este estrecho carril de análisis, se observa que la doctrina invocada por el recurrente (v. rec. págs. 2, 3 y 9) fue elaborada en supuestos en los cuales -a diferencia de lo que aquí acontece según la impugnación deducida- no estaba en discusión la aplicación del inc. "b" del apartado 2 perteneciente al art. 14 de la ley 24.557, siendo que las directrices allí sentadas -y a las que en la especie se ciñe el recurrente- se vinculan con el estudio de la validez constitucional de la forma de pago establecida en dicha norma y con las pautas de cálculo de cancelación del monto pertinente, en una única vez según lo resuelto en aquellas oportunidades.
Tal circunstancia da cuenta sobre lo infructuoso que resulta el recurso en el sub examine, donde el tribunal de la instancia ha juzgado aplicable el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley que regula los infortunios laborales.
Ocupa recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha señalado que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el excepcional conducto que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley adjetiva local, la denuncia de violación de doctrina legal forjada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 119.434, "C., L. M.", sent. de 16-V-2018 y L. 119.845, "Santonocito", sent. de 6-IX-2019).
III.3. De suyo que la cita de fallos de la Corte nacional y otros tribunales de justicia no gravita en la solución expuesta, pues no participan de la naturaleza de "doctrina legal" a la que se refieren los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y el citado 55 del régimen procesal laboral (causas L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo", sent. de 30-VIII-2021; e.o.).
III.4. Lo dicho es suficiente para desestimar los restantes agravios, carentes, además, de denuncia orientada a evidenciar la eventual transgresión a la doctrina legal de este Tribunal.
III.5. Finalmente, debe aclararse que la solución aquí propuesta no implica abrir juicio alguno sobre el acierto o desacierto de la decisión de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2., III.3. y III.5.
I.2. Tampoco acierta el recurrente al plantear la inconstitucionalidad de la modalidad de pago en forma de renta periódica establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 y del tope indemnizatorio previsto en la parte final del inc. "a" del art. 14 apartado 2 del precitado régimen (t.o. dec. 1.278/00).
En efecto, y más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse, advierto que el primero de los mentados embates se encontraba directamente supeditado al progreso del principal, esto es, en punto al encuadre del infortunio en el art. 14 apartado 2 inc. "b" y no en el 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (texto según dec. 1.278/00).
Recuérdese que únicamente en la primera hipótesis se determinaba que las prestaciones se abonaran en forma periódica.
Por otra parte, no puede soslayarse que el sentenciante -y sin abrir juicio respecto del acierto de esa decisión- no aplicó tope alguno al definir el importe de la indemnización que le correspondía al trabajador (v. rec., págs. 6/9), por lo que el recurrente no cuenta a ese respecto con ningún agravio.
En estas condiciones, lo dicho -sin ingresar en otro orden de consideraciones- resulta suficiente para desestimar el resto de los embates traídos, conforme lo expuesto en el punto III.4. del voto inaugural.
II. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de conformidad con lo expuesto por mi distinguido colega en el punto IV de su propuesta.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/12/2021 13:33:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2021 19:01:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/12/2021 09:15:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 09:51:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 11:51:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia