Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 123647
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.647, "Villarreal, Adelma del Carmen contra Baires Food S.A. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 222/226 vta.).
Con posterioridad al dictado de dicho pronunciamiento, declaró la insolvencia patrimonial de la accionada Baires Food S.A. en los términos de los arts. 29 y 33 de la ley 24.557, y estableció que la responsabilidad del Fondo de Garantía resultaba comprensiva del capital de sentencia, intereses, costas y gastos causídicos (v. fs. 323/325).
Contra esta última decisión, se dedujo por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -en su calidad de administradora del mencionado organismo- recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 337/344).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que reviste interés, el tribunal interviniente declaró la insolvencia patrimonial de la empresa accionada y ordenó que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -en su carácter de administradora del Fondo de Garantía de la Ley de Riesgos del Trabajo- abone a la actora el importe de las prestaciones previstas en dicho cuerpo legal, más intereses y costas (v. fs. 323/235).
Para decidir de ese modo, tras analizar los créditos que debían satisfacerse mediante el citado Fondo de Garantía, concluyó que si bien los arts. 29 y 33 de la ley 24.557 limitan la cobertura a las prestaciones derivadas de dicho cuerpo legal, de ello no podía colegirse que el reconocimiento quedara meramente circunscripto al capital de condena y no se incluyeran los intereses sobre ese monto, así como los gastos del juicio.
En este orden de ideas, el entendió que tal restricción se vincula con aquellas acreencias reclamadas con fundamento en otros ordenamientos legales, por caso, la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo por omisión de los deberes a su cargo -con fundamento en el Código Civil y Comercial-, sin que se extienda a los créditos accesorios de las prestaciones dinerarias sustentadas en la Ley de Riesgos del Trabajo. Estos últimos, dado, precisamente, su accesoriedad, deben seguir -a criterio del tribunal de mérito- la suerte del crédito principal.
En apoyo de su argumentación, citó un Fallo Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en autos caratulados "Borgia, Alejandro Juan c/ Luz ART S.A. s/ accidente-ley especial" (sent. de 4-XII-2015), en el cual -según expuso- se concluyó que la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación, como administradora del Fondo de Reserva del art. 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo, se extiende a intereses y costas.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -interviniente en este proceso, como ya se dijo, en calidad de administradora del Fondo de Garantía- mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación del principio de congruencia. Asimismo, invoca transgredidos los arts. 29 de la ley 24.557 y 19 inc. 5 del decreto reglamentario 334/96.
II.1. Plantea que, en el caso, debe liberarse al referido Fondo de Garantía de afrontar el pago de los intereses, las costas y demás gastos causídicos.
Asegura que la responsabilidad a su respecto solamente puede ser juzgada a tenor de lo dispuesto en el citado art. 19 inc. 5 del reglamento mencionado, que determina que sus obligaciones proyectan sobre el monto de las prestaciones, excluyéndose expresamente los evocados conceptos.
II.2. Por otro lado, se agravia de la errónea afirmación en la que, en su opinión, incurrió el juzgador cuando manifestó que la opinión plasmada en la sentencia es conteste con el Fallo Plenario en el que apoya la conclusión censurada, puesto que en el debate que se dirimió en esa causa se arribó a una definición vinculada con la responsabilidad del Fondo de Reserva, situación que -afirma- es bien distinta a la controvertida en la especie.
En definitiva, manifiesta que el tribunal actuante incurrió en una confusión entre las obligaciones legales y reglamentarias impuestas a cargo del citado organismo, cuyos alcances fueron objeto de decisión en el citado precedente nacional y el Fondo de Garantía, que es el órgano cuya responsabilidad se encuentra aquí comprometida.
II.3. Luego, denuncia violación del principio de congruencia.
Expresa que la accionante, en oportunidad de pedir la declaración de insolvencia patrimonial de la empleadora, solicitó que se intimara a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo al pago de las prestaciones correspondientes, sin reclamar a la par intereses y costas, incurriendo por ello el sentenciante en demasía decisoria.
Asimismo, cita jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proveniente de la causa registrada como CNT 34.047/14 "Villanueva, Silvia Marcela y otros c/ La Gruta SRL s/ Accidente acción especial" (sent. de 11-X-2018), en la que el Alto Tribunal hubo de manifestar que "...los jueces de la causa incurrieron en un palmario error de encuadre normativo al pasar por alto las referidas prescripciones que resultaban claramente aplicables en razón de que el obligado al pago es un empleador no asegurado declarado insolvente. En esas condiciones, quien debe responder es el 'Fondo de Garantía' con la limitación establecida por el citado decreto..." (fs. 340 vta./342 vta.).
Al respecto, refiere que, conforme lo decidido en el caso citado, el derecho aplicable ante la insolvencia patrimonial de la empleadora, que importa la cobertura proveniente del citado Fondo de Garantía, está determinado por el art. 29 de la Ley de Riesgos del Trabajo y el decreto reglamentario 334/96.
II.4. Finalmente, postula que la creación del último organismo mencionado no tuvo por objeto sustituir el régimen de responsabilidad individual de los empleadores en materia de accidentes o enfermedades laborales, sino la de proteger a los damnificados frente a la falta de solvencia pecuniaria de aquellos, sin que exista identidad en cuanto al alcance y extensión de la responsabilidad de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a cargo de la gestión del ente de marras.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
Por razones metodológicas, habré de alterar en su abordaje el orden de los cuestionamientos traídos.
III.1. En primer lugar, propongo desestimar el agravio por conducto del cual sostiene el interesado que el tribunal de origen vulneró el principio de congruencia.
Me afirmo en esta conclusión porque, más allá de cualquier otra consideración, el desarrollo de la crítica evidencia una deficiente técnica recursiva, toda vez que el quejoso omite individualizar las normas adjetivas aplicables que receptan dicho postulado. Ello sella la suerte adversa del agravio en este aspecto, dada la inobservancia de la manda contenida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Al respecto, cabe recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las citas normativas que debieron efectuarse por el recurrente (causas L. 112.633, "Colos", sent. de 14-II-2013; L. 117.622, "Villalobos", sent. de 25-II-2015 y L. 121.373, "Ankudowicz", sent. de 18-VIII-2020).
III.2.a. En cambio, juzgo que merece recepción el cuestionamiento dirigido a controvertir los alcances de la responsabilidad atribuida al Fondo de Garantía de la Ley de Riesgos del Trabajo.
III.2.b. Ante todo, conforme ha declarado esta Suprema Corte en la causa L. 119.128, "Núñez", sentencia de 23-XI-2016, en la que hube de participar, prestando mi adhesión al voto de mi distinguido excolega, doctor Pettigiani, conviene recordar que bajo el sistema especial de reparación diseñado por dicho cuerpo legal se han creado, como mecanismos para la protección de los créditos de los trabajadores siniestrados o sus derechohabientes, el Fondo de Garantía (art. 33, ley cit.) y el Fondo de Reserva (art. 34, ley cit.).
El primero, que funciona en la órbita de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), opera frente a la situación de insolvencia patrimonial del empleador no asegurado o autoasegurado. La institución encuentra su antecedente en las legislaciones sobre accidentes de trabajo que precedieron al dictado de la ley 24.557 (v.gr. leyes 9.688 -y su modif. 23.643- y 24.028).
El segundo constituye un instituto que brinda cobertura ante la hipótesis de liquidación de las compañías Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Es administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), que puede cumplir su función por medio de otra aseguradora de riesgos del trabajo contratada a ese efecto (resol. SSN 28.117/01).
III.2.c. Hecha esta breve introducción, debo señalar que, en el presente caso, del relato efectuado anteriormente es posible colegir que la temática a dirimir es -a diferencia de lo resuelto en el precedente de referencia- cuál es el alcance de las obligaciones a cargo del Fondo de Garantía, en los términos de los arts. 29 de la ley 24.557 y 19 inc. 5 del decreto reglamentario 334/96, normas que -conforme he anticipado- el autor de la réplica denuncia quebrantadas.
En efecto, el central agravio ensayado se ampara en la exclusión que -sostiene la interesada- contiene el último de los preceptos en lo atingente al pago de los conceptos de intereses y costas por parte del Fondo de Garantía, circunscribiéndose -según asevera- la obligación legal de dicho ente a abonar únicamente el capital de sentencia.
III.2.d.i. Así las cosas, preciso es destacar que la mencionada disposición reglamentaria del art. 29 de la ley 24.557, esto es, el art. 19 inc. 5 del citado decreto refiere el procedimiento para peticionar la insuficiencia patrimonial de los empleadores no asegurados o autoasegurados, situación frente a la cual opera la tutela legal del órgano ya señalado.
También corresponde poner de manifiesto que la última parte del primer párrafo del indicado precepto, cuya violación -como dije- se invoca en la especie, se ocupa de regular las obligaciones a cargo del mentado organismo, determinando que aquellas alcanzan "al monto de las prestaciones, excluyéndose expresamente los intereses, costas y gastos causídicos".
III.2.d.ii. En estas condiciones, no cabe sino concluir que el remedio incoado debe prosperar, pues, a la vista está que le asiste la razón al recurrente cuando denuncia que la norma reglamentaria que menciona ha sido transgredida por parte del tribunal de grado.
III.3. Luego, me permito añadir que actualmente las obligaciones de los Fondos de Garantía y de Reserva, contemplados en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (arts. 33 y 34, respectivamente, de la ley 24.557), guardan identidad en cuanto no incluyen las costas y gastos causídicos entre las obligaciones que deben asumir los indicados órganos destinados a la protección de los créditos de las víctimas o sus derechohabientes (arts. 19 inc. 5, decreto reglamentario 334/96 y 22, decreto reglamentario 1.022/17 -modif. del antes mencionado-).
IV. En razón de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto impuso al Fondo de Garantía de la Ley de Riesgos del Trabajo la obligación de abonar intereses y costas, cuya improcedencia se declara y, por ello, se determina que aquella se limita al pago de las prestaciones de la ley citada. En consecuencia, los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda.
Con costas (art. 289, CPCC).
Con los alcances indicados, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Aclarando que no hube de intervenir en la causa L. 119.128, "Núñez" (sent. de 23-XI-2016) citada por la ponente, habré de compartir los argumentos que despliega mi distinguida colega en su sufragio y la solución que propone en este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/12/2021 13:33:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2021 19:01:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/12/2021 09:15:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 09:51:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 11:51:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia