Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 124462
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.462, "Balderrama Guzmán, Héctor contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 126/134 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 25 de abril de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Héctor Balderrama Guzmán contra Construcciones Térmicas S.A., condenándola a la entrega del certificado de servicios y remuneraciones, así como las constancias de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y sindicales, en los términos y alcances dispuestos por el art. 80 de la ley 20.744; y al pago de la multa prevista en dicho precepto (v. sent., fs. 126/134 vta.).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual a la que hace alusión el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 130/131).
Para resolver esto último, si bien consideró acreditado el incumplimiento referido al depósito de los aportes destinados a los organismos de la seguridad social y sindical retenidos por el empleador (v. vered., fs. 127/128), sostuvo que en tanto en la intimación cursada por el trabajador al principal con sustento en la citada norma no se especificó cuál sería el importe que el demandado debería ingresar a los organismos de la seguridad social, ni a cuál de estos correspondía, se incumplió con lo preceptuado en el art. 1 del decreto 146/01, no observándose un requisito de procedencia de la grave sanción conminatoria prevista en la ley que reglamenta. Por tales fundamentos, estimó que correspondía desestimar la multa pretendida (v. fs. 130/131).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17, 19 y concordantes de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 del decreto 146/01; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
En esencia, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria mensual prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues entiende que la solución transgrede la doctrina legal elaborada en las causas L. 108.019, "Morell", sentencia de 16-V-2012; L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sentencia de 5-VI-2013 y L. 117.623, "Alarcón Valenzuela", sentencia de 2-IX-2015.
Afirma que el juzgador incurrió en violación y errónea interpretación -con apego a un excesivo rigor formal- de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) pues estableció que la intimación debió realizarse precisando el monto exacto de los aportes no ingresados y el organismo de destino, siendo que tales requisitos no están previstos en el texto de la norma.
Por otra parte, manifiesta que el juzgador realizó una absurda valoración de las constancias probatorias, a saber: el telegrama obrante a fs. 8, los recibos de sueldo de fs. 9/14 y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fs. 71/95. En este sentido, asevera que la compulsa de tales elementos revela nítido que, en los períodos reclamados, la empleadora procedió a la retención de los aportes de la seguridad social, sin ingresarlos al sistema.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Inicialmente cabe precisar que ningún reparo admite, en cuanto a su admisibilidad, la impugnación bajo análisis pues, en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017; L. 122.154, "Gómez", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior corresponde descalificar aquel aspecto del fallo por el que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma.
El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, este "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquel deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin destacar que en la misiva remitida por el actor (agregada a fs. 8) se indicó el período en el que se situó la infracción y de algún modo se identificaron los organismos de destino de las sumas retenidas, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la sanción legal, por conducto de exigir al actor el cumplimiento de dos requisitos -cuantificación del importe no ingresado e identificación del organismo respectivo- que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma (causa L. 124.998, "Oviedo", sent. de 26-V-2021).
III.3. Debiéndose casar entonces la parcela del pronunciamiento recién examinada, ocupa ahora en virtud de la regla de la "adhesión a la apelación" (causas L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2016; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014 y L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015) analizar si concurren los sustanciales recaudos que hacen a la procedencia de la sanción pretendida. Ello así, pues si bien el tribunal juzgó probado que el empleador no depositó los aportes retenidos destinados a los organismos de la seguridad social y sindicales (v. vered., fs. 127/128), la parte demandada (vale recordar: que en oportunidad de contestar la demanda sostuvo que correspondía el rechazo de la sanción solicitada pues había depositado la totalidad de los fondos retenidos para la seguridad social; v. fs. 40 y vta.) no pudo recurrir esa decisión toda vez que la sentencia, en fin, le resultó favorable en este tópico.
III.3.a. Ha declarado este Tribunal, que para la procedencia de la mencionada sanción debe concurrir la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y la persistencia de dicha omisión al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
III.3.b. En este marco, se verifica en el caso la concurrencia de tales recaudos (conf. art. 132 bis, LCT).
Con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por la parte actora a fs. 9/14 y los informes emitidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 71/95) y el Instituto Mandatario de Recaudaciones (v. fs. 96/101), es posible constatar que durante los períodos de octubre de 2015, noviembre de 2015 y enero de 2016, vigente el vínculo, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y sindicales -en este último caso, también en la primera quincena de septiembre de 2014-, sin haber dado cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad (v. fs. 127/128).
Y como se adelantó, surge no controvertida la recepción de la comunicación postal obrante a fs. 8 por la que el actor Balderrama Guzmán intimó a su empleadora (el día 16 de febrero de 2017) para que en el plazo de treinta días deposite los importes retenidos en concepto de aportes previsionales, sindicales y de obra social.
Más allá de otras consideraciones que podrían formularse, ello basta para evidenciar en el caso el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis de la ley laboral.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo fundado en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara. Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/12/2021 14:53:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2021 09:44:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2021 20:57:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:24:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:29:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia