Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 124461
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.461, "Weisser Urrutia, Fredy Onofre contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 132/142 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26 de marzo de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la demanda promovida por el señor Fredy Onofre Weisser Urrutia y condenó a Construcciones Térmicas S.A. al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, fondo del cese laboral (art. 15, ley 22.250); a la entrega del certificado de servicios y remuneraciones -así como las constancias de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y sindicales- en los términos y alcances dispuestos por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345); a la multa prevista en ese precepto y al incremento contemplado en el art. 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 132/142 vta.).
Rechazó, en cambio, la pretensión de cobro de la sanción conminatoria mensual a la que alude el art. 132 bis de la ley citada (v. fs. 138/139).
Para así resolver, si bien tuvo por acreditado el incumplimiento del depósito de los aportes destinados a: (i) los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos por el empleador por el lapso de diez períodos (ii) la obra social Ospecon por el período diciembre de 2015 y (iii) la totalidad de los sindicales (v. vered., tercera cuestión, fs. 134 y vta.), juzgó que, para acoger la sanción pretendida, la intimación debió cursarse por la interpretación que llevó a cabo del art. 1 del decreto 146/01 con indicación precisa de los conceptos e importes impagos, así como de los organismos a los cuales correspondían (v. fs. 138 vta. y 139).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el actor denuncia absurdo y violación de los arts. 17, 19 y concordantes de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 del decreto 146/01; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Se agravia del rechazo de la sanción conminatoria mensual prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, porque entiende que la solución adoptada por el tribunal de grado transgrede la doctrina legal elaborada en las causas L. 108.019, "Morell", sentencia de 16-V-2012; L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sentencia de 5-VI-2013 y L. 117.623, "Alarcón Valenzuela", sentencia de 2-IX-2015.
Afirma que el juzgador incurrió en violación y errónea interpretación -con apego a un excesivo rigor formal- del alcance de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la mencionada ley (conf. ley 25.345). Ello así, porque estableció que la intimación debió realizarse precisando el monto exacto de los aportes no ingresados y el organismo de destino, desde que tales requisitos no están previstos en el texto de la norma.
Manifiesta que se realizó una absurda valoración de las constancias probatorias, a saber: del telegrama de fs. 8, de los recibos de sueldo de fs. 9/38 y del informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de fs. 102/120.
Postula que la compulsa de tales elementos revela nítido que en los períodos reclamados -noviembre de 2014 a febrero de 2015 y abril a noviembre de 2015- la empleadora procedió a la retención de los aportes destinados a la seguridad social, sin ingresarlos al sistema respectivo.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ningún reparo de admisibilidad admite la impugnación pues, en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017 y L. 122.154, "Gómez", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
III.2. Aclarado ello, corresponde inicialmente rescindir la parcela del pronunciamiento que declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma al no incluir con precisión el monto de los aportes presuntamente retenidos y el organismo al cual correspondían.
El citado precepto establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual, el trabajador "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin destacar que en el telegrama de fs. 8 se indicó el período en que se denunció la infracción, se desprende que el tribunal de grado desestimó la pretensión en tratamiento, exigiendo al actor el cumplimiento de un requisito referido a la materialización económica que no reconoce sustento en la correcta interpretación del texto normativo, desbordándolo.
III.3.a. Descartadas las inaplicables exigencias formales en las que el tribunal fundó su decisión, corresponde verificar si concurren los presupuestos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual del citado art. 132 bis.
Si bien es cierto que el órgano de origen tuvo por probado que el empleador no depositó los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos durante diez períodos, los pertenecientes a la obra social durante el período diciembre de 2015 y la totalidad de los sindicales (v. vered., fs. 134 vta.), la demandada no tuvo ocasión de recurrir esa decisión, toda vez que la sentencia le resultó favorable.
Se advierte que la accionada sostuvo al contestar la demanda que correspondía el rechazo de la sanción, desde que -afirmó- había depositado la totalidad de los fondos retenidos para la seguridad social (v. fs. 67 y vta.).
Por aplicación de la figura de la "apelación adhesiva", corresponde tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (causas L. 95.784, "Vicenzi", sent. de 21-XII-2011; L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 100.916, "Andrews", sent. de 5-IV-2013), ya que, en caso contrario, se podría dejar sin razón a quien la tenía (causa Ac. 81.298, "Reboredo", sent. de 11-VI-2003).
En tal sentido, es necesario revisar el acierto de la conclusión fundada en la inexistencia de transferencia a los organismos correspondientes de los aportes retenidos.
III.3.b. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sent. de 5-VI-2013; L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015 -cuya doctrina el recurrente denuncia vulnerada-; L. 119.827, "Giménez", sent. de 28-VIII-2019; L. 122.553, "Gallinger", sent. de 11-III-2020; L. 122.391, "Epuin", sent. de 29-IX-2020 y L. 120.815, "López", sent. de 13-X-2020; e.o.).
También ha precisado este Tribunal que para la procedencia de la sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012 -cuya doctrina el recurrente también invoca transgredida-; L. 121.850, "Ruiz", sent. de 18-XII-2019 y L. 121.919, "Cabrera Canto", sent. de 12-II-2020; e.o.).
III.3.c. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, en los términos en que efectivamente fue solicitado por la actora.
Tal como sostiene el sentenciante, del cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 9/38 y los informes emitidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 102/120) y el Instituto Mandatario de Recaudaciones (v. fs. 93/98), se constata que durante los períodos comprendidos entre los meses de noviembre de 2014 a febrero de 2015, abril a noviembre de 2015 y diciembre de 2015 -en vigencia del vínculo-, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y sindicales, sin haber dado cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad (v. fs. 103/104).
Surge del telegrama glosado a fs. 8 -tenido por auténtico y, en su caso, por recibido a tenor del informe del Correo Oficial de fs. 99/10- que el señor Fredy Onofre Weisser Urrutia intimó a su empleadora (el día 15 de diciembre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
Ello basta, más allá de otras consideraciones que podrían formularse, para evidenciar en el caso el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso.
Quedando -por lo dicho- atendidos los argumentos traídos por la accionada, debe revocarse la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. Si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), rubro cuyo progreso aquí se declara.
Las actuaciones deben volver al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/12/2021 14:53:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2021 09:44:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2021 20:57:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:24:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:29:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia