Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 122369
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.369, "Chiodi, Cristian contra Aerolíneas Argentinas S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 468/475 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 484/496).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de origen desestimó la acción deducida por Cristian Chiodi contra Aerolíneas Argentinas S.A. en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, las contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, diferencias en concepto de sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, junto con los haberes del mes de diciembre de 2012 (v. fs. 468/475 vta.).
Para así resolver, declaró legítimo el cese del actor dispuesto por la demandada -mediante despacho postal del día 14 de noviembre de 2012- con fundamento en el vencimiento del plazo de un año previsto en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo para su acogimiento a la prestación previsional.
A ese fin, juzgó acreditado que la comunicación del preaviso en los términos de la última disposición legal citada se verificó el día 18 de julio de 2011, y que el posterior telegrama rescisorio fue remitido por la patronal al mismo domicilio denunciado por el actor en su escrito de demanda -a saber: Curupaytí n° 478, Boulogne, Provincia de Buenos Aires-, el que resultaba coincidente con el informado por el dependiente en su lugar de trabajo (v. fs. 468 vta.).
En base a esto último, no obstante surgir del informe del Correo que el destinatario se había mudado de domicilio (v. fs. 119), declaró que debía tenerse por recibida atento haber llegado a su esfera de conocimiento (v. fs. cit.).
Ya en la etapa de sentencia -y sin perjuicio de puntualizar que el art. 3 del decreto 4.257/68 establece respecto del trabajador la opción de elegir por la jubilación anticipada allí prevista o esperar el cumplimiento de los recaudos normados en el régimen general- estimó que el accionante había consentido la decisión empresaria de encuadrarlo en el régimen especial al no haberla impugnado durante el plazo de un año, no pudiendo rebatirla con posterioridad (v. fs. 474).
Añadió que recién el día 5 de diciembre de 2012 remitió a la patronal un telegrama comunicándole que se encontraba con carpeta médica e intimando se aclare su situación laboral, bajo apercibimiento de considerarse en situación de despido indirecto (v. fs. 49), notificación que fue respondida por la contraria reiterándole que la relación ya se encontraba extinta (v. fs. cit.).
Rechazó -asimismo- la pretensión de atribuir a los viáticos percibidos por el trabajador naturaleza salarial. Ello con fundamento en que el convenio colectivo de trabajo 43/91 "E" -aplicable al accionante- determina que los mismos no serán considerados como remuneración (cap. 6, apdo. 6.1.), por lo que estimó configurado el supuesto de excepción reglado en el art. 106, última parte, de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., fs. 469 vta. y 470). Aseveró, asimismo, que no correspondía analizar tales conceptos a la luz del art. 103 bis, inc. "c", de la Ley de Contrato de Trabajo, por no resultar dicha disposición aplicable en autos (v. sent., fs. 474).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la errónea aplicación de las normas y doctrina legal que cita.
II.1. Se agravia de la sentencia de grado por cuanto luego de haber declarado que el art. 3 del decreto 4.257/68 establece una opción en favor del trabajador que lo faculta a acogerse al beneficio jubilatorio de manera anticipada o esperar el cumplimiento de los requisitos previstos por el régimen general; resolvió otorgar entidad rescisoria a la extinción del contrato de trabajo que -entiende- de manera ilegítima dispuso la patronal (v. fs. 487 y vta.).
Sostiene que la empleadora se arrogó arbitraria y erróneamente, un derecho que la ley no le confiere, toda vez que la potestad de elegir entre el sistema jubilatorio especial o el ordinario compete exclusivamente al trabajador (v. fs. 487).
Cuestiona, también, el pronunciamiento en cuanto estableció que el actor consintió la decisión empresaria de encuadrarlo en el régimen diferencial. Entiende que la ausencia de respuesta inmediata por parte del trabajador no legitima el proceder arbitrario de la empleadora. Añade que encontrándose el señor Chiodi en condiciones de escoger por seguir prestando servicios, la accionada carecía del derecho a despedirlo por lo que -aduce- la extinción del contrato de trabajo dispuesta por la patronal es equiparable a un despido sin causa (v. fs. 487 vta. y 488).
Argumenta que el silencio ante una intimación (en el caso, la remitida por la contraparte para que el trabajador iniciara los trámites pertinentes a fin de acogerse al régimen jubilatorio diferencial) sólo podría constituir una presunción respecto de los hechos que se afirman, pero de ninguna manera habilita su ubicación por encima de la normativa legal. Destaca, en este sentido, que las leyes y los decretos no se presumen, sino que "existen y se aplican" (v. fs. 488).
A modo de síntesis, afirma que la conformidad que el juzgador le atribuye al trabajador nunca se verificó, desde que la patronal jamás lo intimó -en concreto- a hacer uso de la opción que estatuye el decreto 4.257/68 bajo apercibimiento de tenerlo por desistido. De haber sido así, asevera, otra sería la solución (v. fs. 488).
II.2. Se agravia, asimismo, de la conclusión en torno a la cual los viáticos percibidos por el reclamante no tenían naturaleza remuneratoria. Señala que en el escrito de demanda fundó su naturaleza salarial en el art. 106 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 488 vta.).
Puntualiza que los testigos que depusieron en la audiencia de vista de la causa (Meyer, Carusone y De Blasi) estuvieron contestes en que la política de la empresa consistía en abonar el 75% de los mismos en concepto de alimentación (mientras los tripulantes se hallaban en el extranjero), y que el 25% restante podía imputarse para transporte, esparcimiento, tintorería, o ahorro (v. fs. cit.).
En base a esto último, interpreta que el rubro en análisis guarda analogía con los tickets alimentarios, sobre los que esta Corte se expidió en la causa L. 101.164, "Dorado" (sent. de 27-VI-2012) declarando la inconstitucionalidad del art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto les negaba carácter salarial. Individualiza, también, el precedente L. 97.349, "Juárez" (sent. de 27-VI-2012), en el que se resolvió la inconstitucionalidad del decreto 1.273/02 y de la resolución 10/02 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA; v. fs. 489).
Añade que el juzgador de grado no se manifestó sobre el mérito, habilidad y contenido de las declaraciones testimoniales antes referenciadas, las que -asegura- fueron contundentes respecto al modo en que se cobraban los conceptos en cuestión (v. fs. cit.).
II.3. Objeta, asimismo, el análisis formulado por el juzgador del intercambio postal.
II.3.a. Afirma que el tribunal incurrió en absurdo al declarar en el veredicto que el actor se notificó de la extinción del contrato de trabajo mediante telegrama emitido el día 14 de noviembre de 2012; cuando no existe en el expediente constancia documental que acredite su recepción. Puntualiza que del anexo acompañado por la accionada junto con el responde (v. fs. 119), surge que el cartero devolvió dicha pieza postal sin entregar por haberse mudado el destinatario. De allí que -asevera- nunca pudo notificarse el actor de la baja que se le pretendía comunicar (v. fs. 489 vta. y 490).
Destaca que, si bien es privativo del tribunal de grado apreciar el contenido de los despachos telegráficos, no ocurre lo mismo en lo referente a su recepción, esto es, si llegaron efectivamente al conocimiento del destinatario (v. fs. cit.).
Entiende que elementales razones de diligencia, previsión y pleno conocimiento de las cosas (cita los arts. 512, 902 y concs. y 1.198 primer párrafo del Cód. Civil; 63 y concs. de la LCT), aconsejaban a la accionada librar una segunda comunicación, lo que no hizo (v. fs. 490 vta.).
II.3.b. Señala que el juzgador aplicó erróneamente la doctrina legal de esta Corte, desde que los precedentes en que sustentó su decisión -y en otros que el quejoso indica- se interpretó la falta de recepción de los despachos telegráficos en forma contraria a la efectuada por el tribunal interviniente.
Expresa que en las causas L. 46.502, "Vargas" (sent. de 23-VII-1991) y L. 55.082, "Delgado" (sent. de 1-XI-1994), se desestimaron los reclamos de los actores pues no acreditaron que los telegramas que remitieron a sus empleadores hubieran llegado a conocimiento de estos. Similar reflexión esgrime en torno de los restantes precedentes citados por el tribunal interviniente (causas L. 44.530, "Paret", sent. de 14-VIII-1990 y L. 42.524, "Burela de Agüero", sent. de 29-VIII-1989; v. rec., fs. 461 vta./465).
II.4. Finalmente, solicita se decrete la procedencia de las indemnizaciones contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 494 y vta.).
III. El recurso, en mi opinión, no ha de prosperar.
III.1. Corresponde señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015; L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015 y L. 121.648, "Aguirre", sent. de 31-VIII-2020).
Con sujeción a tales límites corresponde examinar el caso, alterando -por razones metodológicas- el orden de las críticas traídas.
III.2. El agravio por conducto del cual el compareciente refuta lo resuelto por el tribunal, en cuanto juzgó que el actor se notificó del cese laboral mediante telegrama emitido el 14 de noviembre de 2012 no es atendible, atento su marcada insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
Sobre el punto estimo propicio recordar que -contrariamente a lo interpretado por el impugnante- esta Corte tiene dicho que determinar si un telegrama llegó -o no- a la esfera de conocimiento del destinatario constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, no susceptible de revisión en casación, salvo absurdo (causas L. 109.562, "Pazos", sent. de 21-VIII-2013 y L. 118.078, "Hruby", sent. de 9-XII-2015), que -anticipo- no logra acreditar el compareciente.
III.2.a. El tribunal de grado forjó su convicción tras señalar que de las constancias obrantes en el expediente (v. fs. 119) surge que el despacho telegráfico en cuestión fue remitido al domicilio de la calle Curupaytí n° 478 de Boulogne, el que -remarcó el juzgador- resulta coincidente con el denunciado por el actor al iniciar la demanda y el que había informado en su lugar de trabajo (v. fs. 468 vta.).
III.2.b. El recurrente argumenta que dicha comunicación nunca llegó a su conocimiento, circunstancia que aduce corroborada mediante el anexo acompañado por la contraria junto con el responde a fs. 119, que da cuenta -puntualiza- que el cartero la devolvió sin entregar porque el señor Chiodi se había mudado (v. fs. 490).
III.2.c. De la breve reseña efectuada, surge claro que el impugnante se desentiende del fundamento que resultó dirimente para el juzgador, consistente en que la pieza postal en cuestión había sido remitida por el empleador al domicilio denunciado en la sede de su lugar de trabajo -el cual coincide con el consignado luego al promover la demanda- y que, en esas condiciones, no resultaba relevante que en el respectivo informe del Correo se consignara que el destinatario se hubiera mudado (v. fs. 468 vta.).
De tal forma, el embate deviene ineficaz toda vez que se conduce en el plano del disentimiento con el razonamiento del tribunal de grado, encontrándose sustentado en la propia interpretación y alcance que el interesado le otorga a los distintos elementos y constancias probatorias que -a su parecer- demostrarían su postulación. Empero, en ese quehacer no confronta idóneamente aquellos otros que, inequívocamente, apreció el juzgador para formar su convicción, en ejercicio de las prerrogativas que le confiere el art. 44, inc. "d", de la ley 11.653.
No parece ocioso recordar que -conforme lo ha sostenido reiteradamente esta Corte- es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuya línea argumental evidencia un desencuentro con el fundamento del fallo apelado omitiendo descalificar las conclusiones de hecho y de derecho del pronunciamiento del tribunal de origen (causas L. 53.191, "Claus", sent. de 24-V-1994; L. 73.227, "Silva", sent. de 4-IV-2001 y L. 102.993, "Mulle", sent. de 7-IX-2011).
III.2.d. Tampoco se constata la violación de la doctrina legal que denuncia el quejoso.
En lo esencial, el tribunal interviniente extrajo de los precedentes citados en el veredicto (v. fs. 469) que quien pretende efectuar una comunicación es responsable de verificar que la misma llegue a conocimiento del destinatario.
Empero, soslaya el impugnante que el juzgador de grado también aclaró que no interesa si es el actor o el demandado quien se encuentra en esa posición, por cuanto su aplicación estricta en el presente caso implicaba amparar el incumplimiento de las normas que regulan la responsabilidad con que cada una de las partes de una relación debe cargar, y más específicamente aún, de los deberes de diligencia y buena fe consagrados en el derecho civil y en la Ley de Contrato de Trabajo para ambas partes (arts. 512, 902, 903, 904, 931, 1.198 y concs., Cód. Civ. y 62, 63, 79, 84, 85 y concs., LCT; v. vered., fs. 432).
III.2.e. En consecuencia, no demostrada la configuración del vicio del absurdo, ni la violación de doctrina legal que cita el quejoso, deberá convalidarse la decisión de grado en cuanto juzgó que la notificación del telegrama rescisorio se produjo el 14 de noviembre de 2012.
III.3. Luce insuficiente, también, el embate por el que impugna lo resuelto por el juzgador en cuanto otorgó entidad rescisoria al cese por jubilación dispuesto por la patronal (art. 279, CPCC).
III.3.a. De inicio, la simple lectura del escrito recursivo permite corroborar que se ha omitido denunciar la norma sustantiva actuada en el fallo (art. 252, LCT; v. fs. 474), sobre cuya base el juzgador tuvo por legítima la extinción del contrato de trabajo dispuesta por la empleadora.
En este orden, esta Corte ha señalado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas sustantivas y procesales relativas a los agravios que expone, exigencia de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por el dispositivo del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011 y L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013), no pudiendo suplirse de oficio por este Tribunal, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por el recurrente (causas L. 90.567, "B., T. B.", sent. de 9-VIII-2006; L. 110.505, "Torres", sent. de 3-X-2012 y L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021).
III.3.b. Si bien dicha deficiencia técnica resulta suficiente para rechazar de plano el agravio en tratamiento, cabe agregar que los alcances y dimensión con que el planteo se articula en la pieza recursiva difieren sustancialmente del esquema que el interesado hubo de desplegar en los escritos introductorios de la instancia (v. demanda, fs. 69/108 y contestación al segundo traslado -conf. art. 29, ley 11.653-, fs. 238/249 vta.), no resultando atendible que, frente a la suerte adversa de su posición en la instancia de grado, pretenda ahora alterar los argumentos que esgrimió oportunamente (causas L. 119.194, "Ferreyra", sent. de 15-XI-2016; L. 117.616, "Negueruela", sent. de 26-IV-2017 y L. 117.969, "Vallejo", sent. de 10-V-2017).
Me refiero, específicamente, a las alegaciones que porta la réplica para desmantelar la conclusión del tribunal relativa al consentimiento del trabajador a la intimación que le notificara la patronal en los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo para que inicie los trámites jubilatorios en el marco del régimen especial previsto en el decreto 4.257/68, por no haberla impugnado durante el plazo de un año (v. sent., fs. 474).
Al respecto, es útil destacar que esa definición se encuentra en sintonía con lo expuesto en la contestación de demanda, pues en dicho escrito ya se había indicado en diversos pasajes que no resultaba admisible -por derivación del principio de buena fe- que el empleado hubiera dejado pasar más de un año entre la comunicación efectuada en los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo y la manifestación a su empleador acerca de su disconformidad con la decisión de que el vínculo se extinguiera (v., en particular, fs. 186 vta. y sigs.).
Para refutar dicha solución, el accionante discurre sobre los efectos que -desde su particular punto de vista- debió otorgarse a la falta de respuesta inmediata al preaviso jubilatorio notificado por la empresa, como asimismo respecto del valor que debió conferirse al silencio del trabajador, consideraciones -todas éstas- que, como lo anticipé, no fueron formuladas por el interesado en sus postulaciones liminares del proceso.
Siendo así, la réplica del impugnante no constituye idóneo sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, pues si el planteamiento no fue llevado a conocimiento del juzgador de la instancia de mérito en la oportunidad procesal pertinente no es posible articularlo extemporáneamente ante esta sede casatoria, con el propósito de desvirtuar las conclusiones del pronunciamiento atacado.
III.3.c. Al permanecer firme la consumación del despido por los motivos antes expuestos, no corresponde analizar los agravios que se vinculan con los alcances del régimen jubilatorio establecido por el art. 3 del decreto 4.257/68.
III.4. El embate que refuta la definición plasmada en el fallo en orden al carácter no salarial de los viáticos percibidos por el trabajador, tampoco es de recibo.
III.4.a. El órgano de grado juzgó que no correspondía conferirles naturaleza remuneratoria, ya que el convenio colectivo que rige la actividad, 43/91 "E", establece que los mismos no serán considerados remuneratorios (cap. 6, apdo. 6.1.), por lo que estimó configurado el supuesto de excepción reglado en el art. 106, última parte, de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 469). Descartó -también- que correspondiera encuadrarlos en el art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por resultar una normativa inaplicable al caso (v. fs. 474).
III.4.b. El compareciente, por su parte, con base en el supuesto contenido de las declaraciones testimoniales vertidas en la audiencia de vista de la causa, aduce que en autos quedó demostrado que el criterio de Aerolíneas Argentinas S.A. consistía en abonar el 75% de los viáticos en concepto de alimentación mientras los tripulantes se encontraban en el extranjero.
A partir de dicha premisa, entiende que el concepto en análisis guarda analogía con los tickets alimentarios y atento que en el precedente L. 101.164, "Dorado" (sent. de 27-VI-2012) esta Corte decl
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