Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 122631
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.631, "Gusmerotti, Oscar Alberto contra Provincia ART S.A. y otro. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 1.118/1.152).
Se interpusieron, por Provincia ART S.A., recurso extraordinario de nulidad y, por ambas codemandadas, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.180/1.210 y 1.212/1.219 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.272/1.274), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 1.180/1.210?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 1.212/1.219 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y acogió la demanda promovida por el señor Oscar Alberto Gusmerotti contra la Provincia de Buenos Aires y Provincia ART S.A., por la que pretendía -con fundamento en las disposiciones del Código Civil- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que protagonizó el día 10 de septiembre de 2008.
Para así decidir, en el veredicto, consideró demostrado que el actor en la fecha señalada, mientras prestaba servicios en el Departamento de la Policía Científica de la ciudad de Mar del Plata (con funciones de perito en rastros, robo, hurto, homicidio, fotografías y huellas), sufrió fuertes migrañas y una parálisis facial con paresia oftalmológica, producto de su estado de ansiedad generalizado, depresión y stress laboral (v. fs. 1.120 vta.).
También que, como consecuencia del infortunio y trabajo descripto, padece diferentes afecciones (trastorno por stress postraumático, neurosis fóbica grado IV y parálisis facial periférica unilateral) que le provocan una incapacidad permanente y definitiva del 85,18% del índice de la total obrera (v. fs. 1.121/1.123 vta.).
En la sentencia, teniendo en cuenta que las partes fijaron -de modo prejudicial, pacífico y espontáneo- en la sede de las comisiones médicas que la primera manifestación invalidante del accionante ocurrió el día 10 de septiembre de 2008, con sustento en la doctrina de los propios actos el a quo localizó en esa fecha el punto de partida del plazo bienal de prescripción liberatoria (v. fs. 1.130 vta. y 1.131). Ponderó además que, simultáneamente, el propio Estado provincial le retiró el arma reglamentaria, evidenciando que, hasta entonces y a juicio del empleador, aquel pudo prestar sus labores policíacas, normal y ordinariamente, como cualquier agente del orden (v. fs. cit.).
Asimismo, señaló que las previas manifestaciones psicosomáticas ocurridas en el año 2004, no han sido más que el comienzo de la exteriorización de un proceso patológico que comprometió severamente la salud del actor, momento aquel que lejos está de poder considerarse como de efectiva producción del daño, máxime cuando se ha probado que con posterioridad al punto de partida señalado por la excepcionante (año 2004) prosiguió prestando servicios (v. fs. cit.).
Concluyó el juzgador que, si la acreencia del señor Gusmerotti se hizo exigible en el tiempo el día 10 de septiembre de 2008 y éste interpuso la demanda judicial el día 10 de diciembre de 2009, es decir antes de transcurrido el plazo bienal fijado por los arts. 4.037 del Código Civil y 44 de la ley 24.557, la excepción de prescripción opuesta por la provincia accionada debía rechazarse (v. fs. cit.).
Luego, con apoyo en la doctrina legal que esta Corte estableciera en la causa L. 72.336, "Iommi" (sent. de 14-IV-2004), juzgó que las tareas cumplidas por el actor como perito en investigaciones penales al exponerlo continuamente a escenas de distintos y variados crímenes resultaron, para la salud psíquica de cualquiera en general y del señor Gusmerotti en particular, riesgosas y debían encuadrarse en el marco del art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 1.132 vta. y 1.133). Así, declaró que se encontraban configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil objetiva a la Provincia de Buenos Aires (v. fs. cit.).
Por otro lado, consideró concurrentemente responsable a Provincia ART S.A., en los términos de los arts. 512, 901, 902, 903, 904, 1.068, 1.109 y 1.074 del mismo cuerpo legal, al verificar que incumplió con el deber de adoptar medidas de prevención de riesgos de trabajo, fijado a su cargo por disposiciones tales como los arts. 4 y 31 de la Ley de Riesgos del Trabajo y 18 y 19 del decreto reglamentario 170/96 (v. fs. 1.134 vta./1.136 vta.).
Luego, estimó el resarcimiento que obtendría el accionante por aplicación de las normas del derecho común; a su vez, calculó las prestaciones pertinentes previstas en la ley 24.557 (v. fs. 1.140).
Tras cotejar el importe total de la reparación integral proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil con la cuantía de la reparación brindada por la Ley de Riesgos del Trabajo, el órgano judicial de grado destacó que esta última implica una pérdida o quebranto para el damnificado actor equivalente al 94,428% respecto de la indemnización sin tope. En ese orden, juzgó que la tarifa derivada de la ley laboral resulta confiscatoria in peius del patrimonio del trabajador, por superar holgadamente el 33% constitucionalmente tolerable (v. fs. 1.140 vta./1.142). A partir de estas conclusiones se pronunció -en el caso- por la inconstitucionalidad de la eximición de responsabilidad consagrada en el mentado art. 39 (v. fs. cit.).
II. Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de nulidad conjuntamente con el de inaplicabilidad de ley. Denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 168 de la Constitución provincial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código procesal Civil y Comercial; del decreto 3.858/07; de los arts. 23 y 26 de la ley 24.557 y 118 de la ley 17.418 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 1.180/1.210).
Señala que el tribunal de grado omitió la defensa de autoseguro de la Provincia de Buenos Aires y las disposiciones que establecen la rescisión del contrato de afiliación n° 46.864 celebrado con ésta, transgrediendo así, además de las normas legales citadas, el principio de congruencia.
Alega que el juzgador se equivoca al exigirle el cumplimiento de obligaciones que correspondían al Estado empleador y establecer el monto de la reparación integral partiendo de una base indemnizatoria falsa, actualizada por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la ley 27.348.
III. El recurso no prospera.
La irregularidad de los medios de impugnación traídos, fundados en forma promiscua -como lo destaca el señor Procurador General (v. dictamen, fs. 1.272 vta.)-, confiere razón suficiente para su rechazo (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Sabido es que la nota característica de esta instancia extraordinaria es la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (causas L. 115.885, "Ríos", sent. de 26-VI-2013; L. 119.828, "Puszko", sent. de 4-VII-2018 y L. 121.648, "Aguirre", sent. de 31-VIII-2020), labor que no ha sido cumplida por la recurrente.
Surge de la lectura de la pieza en examen que los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos y presentados en forma conjunta, contienen los mismos argumentos y no es posible deslindar aquellos referidos a uno u otro medio de impugnación.
En la especie, la parte interesada ha hecho caso omiso del principio de especialidad de las vías recursivas y de la doctrina de esta Corte que sostiene que, por ser distintas las fuentes de impugnación a que se refieren los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, la pretensión de fundar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad de manera conjunta, con los mismos argumentos o entrelazándolos, incumpliendo de tal manera con la exigencia legal de deducirlos en términos claros y concretos, resulta improcedente, salvo supuestos excepcionales que, en la especie, no encuentro configurados (causas L. 115.885, "Ríos", sent. de 26-VI-2013; L. 116.543, "Pederzoli", sent. de 5-III-2014; L. 121.027, "Sánchez", sent. de 17-VI-2020 y L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; e.o.).
Siendo ello así, corresponde el rechazo de los embates cuya promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro (causas L. 106.794, "Buceta", sent. de 9-XI-2011; L. 100.648, "Del Moro", sent. de 23-XII-2013 y L. 122.044, "López", sent. de 9-II-2021; e.o.). Tal actividad, en definitiva, es una carga propia del recurrente que no puede ser suplida por esta Corte.
IV. En virtud de lo expuesto, cabe desestimar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Atento a los fundamentos de la respuesta dada a la primera cuestión planteada, corresponde -por iguales motivos- rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 1.180/1.210, en tanto se ha fundado promiscuamente con el de nulidad (conf. art. 279, CPCC), con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la Constitución provincial; 44 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 165 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial y 3, 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; del decreto 472/14; de las leyes 23.928 y 25.551 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 1.212/1.219 vta.).
I.1. Cuestiona la sentencia de grado en cuanto rechazó la defensa de prescripción, por considerar que incurrió en una absurda valoración de la prueba al declarar que la primera manifestación invalidante del actor acaeció el día 10 de septiembre de 2008.
En ese sentido, señala que de acuerdo a lo que surge del informe neurológico incorporado al dictamen de la Comisión Médica, el actor Gusmerotti tuvo otras afecciones (parálisis faciales, migrañas y parestesias en mano izquierda) cinco años antes de la fecha indicada (v. fs. 1.214). También, que su legajo revela licencias médicas durante el mes de septiembre de 2006, con diagnóstico de síntomas y signos que involucran el estado emocional.
Aduce que ese comienzo de la exteriorización de las dolencias coincide con el conocimiento por parte del accionante de la disminución de su capacidad de trabajo, independientemente del grado o porcentaje. Así, afirma que el tribunal soslayó circunstancias fácticas anteriores que dan cuenta de que el dependiente ya tenía conocimiento de la merma de su aptitud laborativa.
I.2. Por otro lado, señala que la controversia debió resolverse conforme a las normas vigentes de la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.278/00, pero no a tenor de las disposiciones de la ley 26.773, que -en su interpretación- fueron erróneamente aplicadas.
Explica que, a la luz de lo establecido en el art. 17 apartados 5 y 6 de esta última ley y la jurisprudencia que cita, la nueva legislación referida se aplica a las contingencias en las que aquella manifestación se produce con posterioridad a su entrada en vigencia.
Agrega que el juzgador, además, utilizó el índice RIPTE de manera equivocada porque actualizó directamente la formula prevista en el art. 15 de la ley 24.557, cuando la correcta exégesis de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 impone que únicamente deben incrementarse las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos indemnizables.
II. El recurso no prospera.
II.1. Las críticas referidas a lo juzgado en relación con la fecha de la primera manifestación invalidante y a la defensa de prescripción, lucen insuficientes.
II.1.a. Es sabido que determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión por regla reservada a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 103.553, "Leguizamón", sent. de 21-XII-2011; L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012 y L. 120.189, "Saucedo", sent. de 9-XI-2020). Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 103.502, "Peñalva", sent. de 10-VIII-2011; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-X-2020).
II.1.b. En el caso, lejos de evidenciar tan excepcional vicio, el recurrente se limita a reiterar ante esta sede extraordinaria argumentos ya esbozados en la instancia de origen, que a la par de ser reflejo de su mera discrepancia subjetiva, deja sin adecuado embate el minucioso análisis de la prueba documental que realizó el a quo y que lo condujo a juzgar -con fundamento en la doctrina de los propios actos- que el controvertido hito aconteció el día 9 de septiembre de 2008, cuando las partes lo fijaron de "...modo prejudicial, pacífico y espontáneo, en la sede de las comisiones médicas..." (fs. 1.130 vta. y 1.131).
Tampoco procura refutar eficazmente las demás motivaciones que expuso el juzgador para sostener esa conclusión esencial, en cuanto expresó que el proceder del Estado provincial, en relación con el momento en que le retiró el arma reglamentaria al accionante, acreditaba que hasta entonces y a juicio del empleador, aquel pudo prestar sus labores policíacas, normal y ordinariamente; agregando -para desestimar la tesis contenida en la contestación de la demanda y replicada aquí- que las previas manifestaciones psicosomáticas del agente, ocurridas en el año 2004, no fueron más que el comienzo de la exteriorización de un proceso patológico que comprometió severamente su salud, momento aquel que -sostuvo- lejos estaba de poder considerarse como de efectiva producción del daño, máxime cuando se probó que, posteriormente al punto de partida señalado por la excepcionante, el señor Gusmerotti prosiguió prestando servicios (v. fs. cit.).
Caben aplicar los señalamientos que emanan de esta Corte, en cuanto a la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a reiterar los argumentos expuestos en la instancia ordinaria sin concretar una réplica adecuada y eficaz de los fundamentos en que sustenta la decisión cuestionada (causas L. 118.067, "Fernández", sent. de 4-XI-2015 y L. 118.437, "Rouco", sent. de 9-XII-2015).
II.2. No son atendibles los planteos orientados a impugnar el monto final de condena porque, además de carecer de la denuncia de errónea aplicación de las normas actuadas en el fallo, parten de una premisa errónea.
Ello, toda vez que el tribunal al determinar aquel importe no aplicó las leyes 24.557 y 26.773 -como aduce el interesado-, sino que al momento de calcular el resarcimiento integral al que accedería el actor aplicando el régimen de responsabilidad del Código Civil, y en particular, refiriéndose a los rubros "daño material emergente, lucro cesante, daño biológico y psicológico", invocando "...razones de uniformidad, practicidad y sentido común", expresó la necesidad de utilizar "...como punto de partida los valores mínimos a los que habría de reconocérsele -hoy- a un accidentado de trabajo según el sistema tarifario de la ley 24.557, reformado por la ley 27.348, de rigor a la fecha en que pasaron los autos al acuerdo" (fs. 1.138). Y si bien bajo ese razonamiento arribó a determinada suma, ponderando a continuación ciertas circunstancias que rodeaban al actor (la profesionalidad, la singularidad de sus funciones, la gravedad de sus enfermedades, la extensión total de su incapacidad definitiva, la edad en la que sufriera el accidente de trabajo y su status familiar) se apartó de dicho monto y fijó otro que juzgó "prudente y razonable" (fs. 1.138 vta.), ello, considerando los valores actuales al momento de la sentencia.
En tales condiciones es menester recordar que esta Corte ha señalado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado, y deviene ineficaz para cumplimentar la carga de indicar la violación o el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal de esta Corte (causas L. 89.358, "León", sent. de 22-X-2008; L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015 y L. 117.489, "Carracedo", sent. de 1-IV-2015).
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la tercera cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/12/2021 15:58:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/12/2021 08:28:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2021 13:15:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2021 11:27:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2021 11:29:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia