Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 122881
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.881, "Maños, César Adrián contra Expreso Villa Galicia San José S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores: Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la demanda, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 464/470 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 481/489).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente.
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó la demanda deducida por César Adrián Maños contra Expreso Villa Galicia San José S.A., por la que se reclamó el pago de las indemnizaciones derivadas del despido; las contempladas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345); diferencias de: salarios por enfermedad, sueldo anual complementario sobre vacaciones y haberes de los meses de junio y julio del año 2016 y la entrega del certificado de trabajo previsto en la última disposición citada (v. fs. 464/470 vta.).
Para así decidir, en el veredicto declaró no controvertida la existencia del contrato de trabajo, su extensión temporal, la categoría laboral del trabajador -chofer de corta distancia-, su incapacidad física, así como la fecha y motivación de la decisión rupturista adoptada por el dependiente (v. fs. 464 vta. y 465).
Determinó que la mejor remuneración percibida por el señor Maños era la del dictamen pericial contable de fs. 396, del cual no encontró razones para apartarse (v. fs. cit.).
Con las piezas postales acompañadas y transcriptas en el escrito de demanda -reconocidas por la contraparte- acreditó que el actor intimó al empleador -una vez vencido el plazo de licencia paga por enfermedad inculpable y ante la obtención del alta médica con indicación de actividades que no implicaran conducir vehículos-, el otorgamiento de tareas administrativas o de inspección. Tuvo por probada la negativa patronal de suministrar tales quehaceres, y, a la par, el ofrecimiento alternativo de labores de limpieza de taller (v. fs. cit.).
Declaró que el trabajador no probó la ejecución de trabajos en horas extraordinarias ni que se le hubiera asignado el aseo de baños (v. fs. 465).
Sobre el supuesto ingreso de personal en el período comprendido entre octubre de 2015 a diciembre de 2016, declaró que mediante el dictamen contable de fs. 396, quedó demostrada la ausencia de incorporaciones en las categorías administrativas o de inspección (v. fs. 465).
Enfatizó la ausencia de prueba del reclamante respecto a la asignación de dichas labores en casos análogos al presente. Aseguró que ninguno de los testigos que depusieron en la audiencia de vista de la causa, refirió la existencia de otros casos de cambios de tareas por razones de salud (v. fs. cit.).
En la etapa de sentencia, el tribunal resaltó que el tema central giraba en torno al carácter injuriante -o no- de la negativa patronal respecto de las tareas reclamadas por el señor Maños (administrativas o de inspección) y el ofrecimiento de otro tipo de labores por parte del empleador consistentes en la limpieza del taller. En concreto, puso de relieve que lo definitorio, era establecer si ese proceder de la accionada constituyó una conducta de tal gravedad que imposibilitara la continuidad del contrato de trabajo (v. fs. 467 vta.).
En este punto, observó que el rechazo de las labores ofrecidas no obedeció a razones de salud o la imposibilidad material de su ejecución, sino a que -según el reclamante- aquéllas afectaban su dignidad (v. fs. 468). Destacó que la asignación de una u otra tarea no tenía implicancias sobre la ecuación económica del contrato de trabajo (v. fs. cit.). Luego, reiteró la ausencia de acreditación de incorporación de otros obreros en las tareas reclamadas por el trabajador contemporáneamente a su pedido, ni la asignación de dichas labores a otros dependientes con posterioridad al vencimiento de periodos de reserva de puesto por enfermedad (v. fs. cit.).
Juzgó no demostrado por el actor de qué manera la negativa de las tareas por él requeridas y el ofrecimiento de otra alternativa por la patronal, se erigieron en un obstáculo insalvable que impidió la continuación del vínculo laboral. Tampoco consiguió evidenciar que la respuesta del empleador hubiera implicado un trato diferente o no razonable respecto del dispensado al resto de los trabajadores de la empresa portadores de una capacidad laborativa disminuida (v. fs. 468 y vta.).
Concluyó que el despido indirecto en que se colocó el dependiente resultó injustificado, por lo que dispuso rechazar las indemnizaciones derivadas del despido (v. fs. cit.).
También desestimó el reclamo por diferencias en concepto de salarios por enfermedad, de sueldo anual complementario sobre vacaciones y de haberes de los meses de junio y julio del año 2016, con fundamento en no haberse demostrado que el actor hubiese laborado en exceso de jornada legal y por haberlas requerido de manera global (arts. 375, CPCC y 726, Cód. Civ. y Com.; causa L. 78.029, "Sosa", sent. de 1-IV-2004; v. fs. 468 vta. y 469).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 10 y 212 de la ley 20.744 (t.o.); 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44, 47, 65 y concordantes del decreto ley 7.718/71; 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y de la resolución 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil.
II.1. Se agravia de la definición que juzgó que el despido indirecto del trabajador no se fundó en justa causa.
II.1.a. Alega que el sentenciante interpretó erróneamente el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto dispone -en su tercer párrafo- que, dentro del plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y este no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. Luego, establece que, si estando en condiciones de hacerlo no le asignare labores compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el art. 245 de la citada ley.
Observa el recurrente que la indicada disposición no libra al arbitrio patronal la posibilidad de otorgar cualquier tipo de tareas y que su verdadero alcance debe conjugarse con lo normado en los arts. 37, 62, 63, 66 y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 483/484).
Alega que, toda vez que el señor Maños no podía continuar con la ejecución de sus labores habituales, la empresa debió asignarle otras que tuvieran en cuenta sus antecedentes laborales y su escalafón profesional (v. fs. 484).
Enfatiza la diferencia significativa entre desempeñarse como chofer de corta distancia -categoría detentada por el actor antes de su licencia médica- y realizar la limpieza del taller -labor ofrecida por la empresa al momento de su reincorporación-.
Afirma que, por el defectuoso razonamiento, el tribunal juzgó cumplida la obligación patronal, aun cuando las ofrecidas le irrogasen una afectación moral, fueran ajenas a su calificación profesional y se ubicaran en una "escala inferior" respecto de otros dependientes (v. fs. 485).
II.1.b. Postula la inaplicabilidad al caso del art. 10 de la ya referida Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto recepta el principio de conservación del contrato.
Argumenta que el trabajador no estaba obligado a aceptar las labores asignadas por la empleadora, toda vez que implicaban un trato abusivo, emparentado con la mala fe y resultaban discriminatorias e injuriantes (v. fs. 485 vta. y 486).
II.1.c. Refuta el modo en que el juzgador distribuyó las incumbencias probatorias (v. fs. 486/487) y se interroga acerca de "...si la prueba de las tareas solicitadas por el actor, quien afirma y no resulta controvertido, no fueron asignadas, era al cargo del mismo o de la demandada..." (fs. 486).
Expone violentado por la demandada el principio de la carga dinámica de la prueba al haber desistido en la audiencia de vista de la causa de la testimonial por ella ofrecida, a pesar de resultar -a su criterio- un medio esencial para resolver el caso en juzgamiento (v. fs. 485/486).
Cuestiona que el tribunal prescindiera de la declaración del testigo Jorge Gustavo Abalo, quien manifestó que la limpieza del establecimiento era realizada por una compañía tercerizada y que se tomaron inspectores durante el periodo 2015/2016 (v. fs. 486 vta.).
Agrega que no se puede exigir a su parte la producción de una prueba diabólica (v. fs. 486 vta.).
Sostiene que el actor demostró la no asignación de tareas requeridas y posibles, argumentando que en autos se concreta la violación, por parte de la demandada, de no contribuir en la producción de la prueba (v. fs. 487).
II.2. Sobre la imputación de absurdo en la apreciación de la pericial contable, se agravia del rechazo del reclamo por diferencias salariales (v. fs. 487).
Destaca que el tribunal no consideró que la accionada no exhibió al experto las libretas de trabajo, instrumento que -a criterio del recurrente- resultaba fundamental para acreditar la jornada laboral del accionante, ni valoró la falta de presentación de la planilla horaria exigida por ley, pues solo se le suministraron meros registros informáticos "sin la firma de conformidad del empleado", dejándose expresa constancia en el dictamen -según asegura- de la existencia de inconsistencias en el libro Diario General n° 7, y de que, con fecha 1 de octubre de 2015, ingresaron tres inspectores, y el 2 del mismo mes y año, otro más (v. fs. 487 vta.).
Observa que, si bien del informe en cuestión se desprende la percepción de horas extras por parte del señor Maños, no se informan las efectivamente laboradas, las que resultaron demostradas -según sostiene el recurrente- a tenor de las indicadas libretas que la accionada omitió agregar maliciosamente al expediente (v. fs. 488).
Con base en lo antedicho y, toda vez que -apunta- los libros laborales no eran llevados en legal forma, debió aplicarse en el fallo la presunción consagrada en el art. 39 de la ley 11.653 (v. fs. 488).
III. El recurso no prospera.
III.1. El embate por conducto del cual el compareciente denuncia errónea interpretación del tercer párrafo del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo y, en ese marco, la violación de los arts. 10, 37, 62, 63, 66 y 68 de dicho plexo legal, no es atendible atento su marcada insuficiencia.
III.1.a. Denuncia que el juzgador se apartó de lo preceptuado en la primera de las disposiciones citadas en el tramo en que establece textualmente que: "...si estando en condiciones de hacerlo [el empleador] no le asignare [al trabajador] tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el art. 245 de esta ley...".
III.1.b. El recurrente no demuestra que el sentenciante incurriera en una errónea aplicación o interpretación del referido pasaje del precepto transcripto, ni de las demás normas mencionadas precedentemente cuya infracción aduce.
III.1.b.i. El órgano de origen expresó que el ofrecimiento de una labor alternativa no importó, como ninguna otra tarea, un ataque o menoscabo a la dignidad del dependiente. Con sustento en el art. 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, señaló que cualquier trabajo como actividad productiva y creadora del hombre resulta dignificante. Formó su convicción de que las labores ofrecidas no importaron un comportamiento de parte del empleador que tornara imposible la continuación del vínculo laboral (art. 10, ley cit.). Justificó su decisión explicando que la tarea de limpieza de taller no fue rechazada por el actor por razones de salud o imposibilidad material en su ejecución, sino que la no aceptación obedeció a un pretendido "ataque a su dignidad". Enfatizó la ausencia de prueba respecto de supuestas incorporaciones de personal en esas labores en época contemporánea al reclamo del demandante, ni con relación a casos anteriores en los que la empresa hubiera asignado puestos de administración o de inspección a trabajadores al vencimiento del período de reserva de puesto.
Sostuvo la inexistencia de motivación fundada por parte de Maños para negarse a realizar las tareas alternativas ofrecidas. Tampoco tuvo por demostrado un trato diferente al dispensado a otros dependientes con capacidad laborativa menguada.
III.1.b.ii. Los agravios traídos por el impugnante se desentienden de la línea reflexiva y la apreciación probatoria que llevó a los magistrados a la solución adoptada, en tanto solamente se limita a cuestionar -a través de meros comentarios y disentimientos personales- la forma en que se resolvió la controversia, fundando su argumentación en el modo en que considera debió interpretarse o aplicarse el citado art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, en conjunto con otras disposiciones de la ley laboral de fondo.
El planteo resulta ineficaz a los fines de desvirtuar la definición central arribada por el tribunal de grado, desde que no logra el interesado acreditar el quebranto de la principal norma que estructura al pronunciamiento ni -menos aun- de los demás preceptos que vincula con el asunto dirimido (art. 279, CPCC).
III.1.b.iii. La valoración fáctica de los elementos de juicio, da cuenta que el tribunal entendió que al trabajador se le ofrecieron tareas "acordes" con la disminución de su capacidad laborativa, sin que surgiera de la causa extremo alguno que condujera a sostener la conclusión contraria. De modo que, a criterio del sentenciante, estando el empleador en condiciones de otorgar tareas compatibles con la aptitud psicofísica del trabajador, así lo hizo. Juzgó, a la vez, que el dependiente rechazó sin justificación razonable, las nuevas labores asignadas.
La alegada ausencia de dignidad de los quehaceres de limpieza del taller fue objeto de una particular evaluación por parte del sentenciante con sustento en lo dispuesto en el art. 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, norma esta cuya violación ni siquiera se denuncia en la crítica bajo estudio (art. 279, CPCC).
En estas condiciones, la réplica no resulta idónea para demostrar la violación de las normas que invoca el interesado en este tramo. Corresponde recordar que quien denuncia la violación de un precepto legal, anticipa una premisa que debe comprobar y para ello es indispensable demostrar concretamente la transgresión atribuida a la sentencia (causas L. 103.928, "Deluca", sent. de 14-IX-2011 y L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015).
III.2. También resulta inútil para derribar la conclusión objetada, el cuestionamiento por el cual se controvierte la aplicabilidad -en el caso- del principio de conservación de contrato receptado en el art. 10 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En el acotado desarrollo argumental, el recurrente se limita a exhibir una mera apreciación subjetiva en torno a las sólidas motivaciones brindadas por el tribunal de la causa para justificar el por qué la decisión rupturista del trabajador desatendió ese principio fundamental del derecho del trabajo, sin conseguir derribarlas con eficacia.
Señalo que no es apto para habilitar la instancia extraordinaria el cuestionamiento que no supera el registro de una simple opinión personal del recurrente respecto de lo decidido en la sede inferior en grado (causas L. 118.294, "Cambarere", sent. de 31-V-2017; L. 117.653, "G., M. S.", sent. de 14-II-2018 y L. 121.953, "Federación de Educadores Bonaerenses y otro", sent. de 29-VI-2020).
III.3.a. No corre mejor suerte el reproche sobre la distribución de las cargas probatorias.
Recuerdo que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial solamente se vulnera cuando el juzgador impone a una parte la incumbencia de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 16-VI-2013; L. 116.490, "Álvarez", sent. de 27-XI-2013 y L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020).
De la confusa formulación del agravio no surge que el interesado cumpla con la demostración del quebranto de la citada norma, lo que se logra mediante la explicación de cómo o de qué manera se habría producido el error que atribuye al órgano de origen (art. 279, CPCC).
III.3.b. Los cuestionamientos respecto de la prueba oral no son atendibles, toda vez que atento las características del proceso laboral no pueden ser revisadas por la esta Corte, quedando su valoración reservada a los jueces de la causa que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 95.560, "Peralta", sent. de 26-XI-2008; L. 92.839, "Amarilla", sent. de 5-XI-2008; L. 84.810, "Piazza", sent. de 9-VIII-2006 y L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021).
III.4. Tampoco resulta hábil el embate por el que refuta el rechazo de la pretensión tendiente al pago diferencias salariales.
Para resolver del modo en que lo hizo, el tribunal de grado ancló su decisión sobre dos pilares: de un lado, sostuvo que la parte actora no logró demostrar haber laborado en exceso de la jornada legal; por el otro indicó que el reclamo en cuestión fue efectuado por el accionante de manera global, en abierta violación a la doctrina legal de esta Corte que cita (causa L. 78.029, "Sosa", sent. de 1-IV-2004; v. fs. 468 vta. y 469).
De la simple lectura de los términos del reproche en tratamiento -que me he ocupado reseñar más arriba- surge evidente que el compareciente omite en su réplica controvertir uno de los fundamentos referenciados en el párrafo anterior; esto es, aquel vinculado a la liquidación global del reclamo. Sabido es que tal déficit sella la suerte adversa de la postulación, pues no es suficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se desentiende de los argumentos que vertebran la sentencia recurrida, y soslaya la crítica frontal, razonada y seria de todas sus motivaciones (causas L. 99.075, "Melanowicz", sent. de 3-VII-2015; L. 118.019, "Milani", sent. 28-IX-2016 y L. 122.209, "Grill", sent. de 15-III-2021).
La deficiencia técnica apuntada me exime de abordar las diversas manifestaciones que -en torno a la objeción en tratamiento- esboza el compareciente en su escrito recursivo.
III.5. Corolario de todo lo dicho es que la falta de idoneidad de la réplica conduce a dejar firmes las centrales conclusiones de la decisión de grado (arts. 279, CPCC y 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653).
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
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