Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124751
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 124.751 "RODRIGUEZ DANIELA SUSANA C/ R 1 BAHIA BLANCA S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en lo que importa destacar, confirmó el fallo de origen que -a su turno- hiciera parcialmente lugar a la acción de cumplimiento contractual incoada por Daniela Susana Rodriguez contra la firma R1 Bahía Blanca, al encontrar reunidos los extremos para su progreso (v. sentencias de fecha 27-XII-2019 y 1-XII-2020).
II. Frente a ello, la accionante -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 1, 2, 3, 4, 10 bis, 17, 52 bis, 65 y concs. de la ley 24.240; 3, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1098, 1100 y concs. del Código Civil y Comercial y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 42 de la Constitución nacional y 38 de su par local (v. escrito electrónico de fecha 22-XII-2020).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 1 de diciembre de 2020 -a la luz de las alegaciones vertidas en el escrito de inicio- para desestimar el pedido de entrega de una unidad automóvil cero kilómetro sostuvo que "Lo pretendido, obviamente no se sostiene, porque no se trata de cosas fungibles, ni siquiera de una obligación de género en los términos del artículo 762 del Código Civil y Comercial, sino, en todo caso, de las que fueron denominadas como obligaciones de género limitado ... en las que el género se limita por algunos datos que caracterizan a un sector de sus integrantes y se exige que el cumplimiento de la obligación se efectúe con ejemplares de esa reducida porción del género." (v. pág. 14)
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del fallo atacado, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 2/7 del embate, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la ponderación del escrito de demanda, la pretensión inicial, la normativa aplicable y el carácter de la cosa reclamada) se desentienden de lo expuesto por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar el intento impugnativo y permite, a su vez, descartar las infracciones normativas indicadas en la pág. 2 del escrito electrónico (arts. 279 y 289, CPCC).
III.1. Tampoco puede ser atendido el agravio vinculado con los montos por los cuales se admitiera la demanda (v. págs. 7/24 de la presentación), por cuanto tanto la determinación de los distintos rubros que integran la condena, como su procedencia, constituyen típicas cuestiones de hecho ajenas por ello al conocimiento de la Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. doctr. causas C. 116.620, "Intermedicas S.A.", sent. de 3-XII-2014; C. 117.926, "Almirón", sent. de 11-II-2015 y C. 119.953, "Morinico", resol. de 2-IX-2015), yerro valorativo que no logra demostrarse en este segmento de la protesta, en tanto se exterioriza un punto de vista diferente al de los sentenciantes, lo que no alcanza para lograr la modificación requerida (conf. doctr. causas C. 110.599, "B., G.", sent. de 15-X-2014; C. 116.620, cit. y C. 110.319, "S. d. M., M. G.", sent. de 15-IV-2015) y conlleva -sin más- a la desestimación de esta porción impugnativa (conf. art. 279, CPCC).
III.2. Finalmente, no puede atenderse la aducida transgresión a la garantía constitucional que se expresa en la referida pág. 2 de la pieza en estudio, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/07/2021 14:48:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/07/2021 18:43:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/07/2021 14:42:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2021 19:20:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/02/2022 12:17:20 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/02/2022 12:51:23 hs. bajo el número RR-7-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia