Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75771
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.771, "D. M., C. contra Hospital Interzonal General San Martín y otros. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocó el pronunciamiento atacado -que acogiera la pretensión indemnizatoria deducida por la actora a efectos de obtener una reparación por los daños y perjuicios que habría sufrido como consecuencia de una mala praxis médica ocurrida en el Hospital Interzonal de Agudos General San Martín-, y desestimó la demanda articulada, con costas en ambas instancias a la parte actora (v. fs. 372/378).
Disconforme con dicho pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 404/408 y vta.). La Cámara lo concedió e intimó al impugnante para que en el plazo de tres meses acredite la concesión definitiva del beneficio de litigar sin gastos (v. fs. 410/411). Elevado el expediente a este Tribunal sin haberse pronunciado sobre dicha intimación, esta Corte lo devolvió a fin de que la Cámara se expidiera al respecto.
Ante el vencimiento del término concedido y, considerando que no existían razones para extender su vigencia, la Cámara actuante hizo efectivo el apercibimiento dispuesto y declaró la deserción de la vía extraordinaria (v. fs. 417/418).
Impugnada tal decisión por la interesada, con fecha 26 de diciembre de 2019, esta Corte resolvió hacer lugar a la queja deducida y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, dictando la providencia de autos para resolver.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor juez de grado admitió la pretensión indemnizatoria promovida por C. D. M. contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagarle la suma de trescientos noventa y nueve mil pesos ($399.000), con más intereses, por los daños que alegó haber padecido producto de una mala praxis médica practicada en el Hospital Interzonal de Agudos General San Martín.
Estimó en los considerandos 2° y 3° de la sentencia, que no sería posible endilgar responsabilidad a la demandada con relación al parto en sí mismo, ya que si bien la actora sufrió un desgarro como consecuencia de aquel, siempre existe la posibilidad de que ello suceda y por lo tanto no habría razones para que el Estado tenga que responder.
Sin perjuicio de ello estimó distinta la situación en punto a los cuidados que recibió la paciente después del parto, pues una atención apropiada de la lesión producto de este hubiera merecido, estimó, un seguimiento distinto por parte del personal médico especializado en la materia (v. fs. 333 y vta.).
Meritó así configurado un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado, y ponderó los rubros indemnizatorios reclamados.
II. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata acogió el interpuesto por la Fiscalía de Estado y rechazó la pretensión articulada, con costas en ambas instancias a la parte actora.
Para así decidir, consideró no acreditada una deficiente atención médica pasible de configurar una "falta de servicio" atribuible a la conducta omisiva del equipo médico de ginecología y obstetricia del servicio del Hospital Interzonal de Agudos General San Martín, en la parcela apelada ante la Cámara, es decir, por la atención postparto, etapa a partir de la cual el señor juez de grado construyó la responsabilidad del Estado.
Señaló que descartada la responsabilidad de la demandada por mala praxis en la atención al momento del parto -cuestión que no llegó debatida al tribunal-, la actora no logró acreditar que las consecuencias que derivaron de aquel, hayan sido producto del obrar negligente de los médicos ni, por consiguiente, del hospital al cual reportaban como agentes, resultando de las pruebas colectadas en la causa que las consecuencias del desgarro grado III que se describen en la demanda, pueden producirse aun cuando la atención y tratamiento postparto haya sido el adecuado.
En este orden de ideas, estimó que las alegaciones sustanciales invocadas no permitían vincular los padecimientos que sufriera la señora D. con el suministro de un tratamiento inadecuado y que, por tal causa, se hayan ocasionado daños que deban ser reparados.
Concluyó así que los elementos probatorios acompañados, no permitían demostrar la impericia acusada en el obrar de los médicos que estuvieron a cargo del tratamiento que recibió la paciente con posterioridad al desgarro y su control, siendo contundente el dictamen pericial médico en ginecología y obstetricia.
Para ello destacó que la actora había recibido el alta hospitalaria con indicación precisa de pautas de alarma y con motivo de su consulta recibió una atención adecuada hasta que se determinó la necesidad de una intervención quirúrgica, resultando los tiempos de tal evaluación dentro de los parámetros normales para la lesión padecida, todo lo cual formó la convicción de la inexistencia de un obrar negligente por parte de los médicos intervinientes y con ello la improcedencia de la pretensión indemnizatoria intentada.
III. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Alega que la Cámara ha efectuado una absurda valoración de la prueba, al desatender el dictamen de la perito gineco-obstetra cuando señala: "No existe constancia en la historia clínica de la internación en sala de puerperio, respecto a la evolución del desgarro suturado. Además no consta alta médica, sino un alta firmada por una obstétrica. Tras una lesión perineal de 3° o 4° grado se debería realizar un seguimiento específico: al alta médica, explicar claramente a la paciente los síntomas y signos que pueda presentar, así como las complicaciones más frecuentes. Se puede entregar tríptico informativo. Citar a control puerperal de los 7 a 10 días, con médico de referencia habitual. Citar a las 6 semanas, final del puerperio tardío, al Hospital o en Unidad Sanitaria..." (fs. 225 vta.).
Agrega que la perito indica que tampoco hay constancia de un seguimiento del tratamiento antibiótico en la historia clínica de la Unidad Sanitaria y que ante el cuadro que presentaba la actora, probablemente una reinternación hubiera permitido evaluar con mejor precisión a la paciente y arribar más prontamente al diagnóstico de la complicación que estaba sufriendo.
Sostiene que las alegaciones invocadas, vinculan ampliamente los padecimientos sufridos con el inexistente o deficiente tratamiento postparto, ya que se desprende claramente de la pericia gineco-obstétrica que no hay constancias en la historia clínica sobre el seguimiento y control del desgarro producido, ni una información completa a la paciente sobre los riesgos y cuidados a mantener.
Entiende que la necesidad de intervención quirúrgica surgió a raíz de la complicación del cuadro de desgarro, como modo de intentar solucionar un actuar deficiente en la atención y cuidados posteriores al parto y no como se intenta hacer parecer, como un paso a seguir en el control evolutivo de la lesión, control que juzga inexistente.
Argumenta que la sentencia de la Cámara se desentiende por completo de la gravedad y magnitud del conflicto, que afectó la salud de la demandante en todas sus esferas, quedando comprometidos aspectos físicos y psicológicos de manera permanente.
Expone que la extensión de los daños producidos surge claramente de su relato, y estos se encuentran ampliamente probados por los distintos dictámenes periciales efectuados, afectándola tanto física -debieron realizársele dos intervenciones quirúrgicas por el daño físico sufrido-, como así también el padecimiento psicológico, por el trauma que implicó un postparto como el sucedido, que le hizo perder la chance de una correcta participación en los primeros meses de vida de su hija.
Resalta, por último, la absurda y arbitraria apreciación de las pruebas obrantes en los autos efectuada por el tribunal, desatendiéndose por completo, los padecimientos soportados por la señora D. M..
Formula reserva del caso federal.
IV. Preliminarmente he de advertir que resultan aplicables al caso las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340), por estar vigentes al momento en que se configuró el hecho que ocasionó los daños por los que reclama la parte actora su indemnización (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
V. El recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
V.1. En primer lugar, destaco que el argumento central esgrimido por el Tribunal de Alzada para rechazar la pretensión indemnizatoria intentada consistió en considerar que la actora no había logrado acreditar que las consecuencias que derivaron del postparto hubieran sido producto del obrar negligente de los médicos.
A contrario de lo resuelto por el juez de grado, entendió que la prueba colectada no permitía demostrar la impericia endilgada al obrar de los médicos que tuvieron a cargo el tratamiento con posterioridad al alumbramiento, ni la relación de causalidad entre ello y el daño, conforme las consideraciones médicas expuestas en el dictamen pericial (arts. 457 y 474, CPCC), ponderadas bajo las reglas de la sana crítica y de modo integral con la totalidad de los elementos de convicción aportados a la causa (art. 384, Cód. cit.).
Con referencia a ello cabe puntualizar que la cuestión de la supuesta mala praxis en la atención al momento del parto es un tema que no llega debatido a esta instancia, en tanto tampoco formó parte de la discusión ante el Tribunal de Alzada pues la actora en aquella oportunidad sólo apuntó al quantum indemnizatorio por considerarlo exiguo.
Efectuada la anterior aclaración y en punto a la responsabilidad por la atención posterior al parto, el Tribunal de Alzada, a fin de formar su convicción respecto la ausencia de una falta de servicio, detalló diversos elementos de prueba de los cuales surgía que la paciente recibió el alta hospitalaria -pero no médica- con indicación de pautas de alarma, las que manifestó comprender (historia clínica obrante a fs. 44 vta. y 219), y que al constatarse que los puntos se habían desprendido, se le suministró un control adecuado hasta que finalmente se determinó la necesidad de intervención quirúrgica, resultando los tiempos de tal evolución dentro de criterios médicos apropiados (cfr. pericia médica, respuestas 9 y 19; v. fs. 221/222 y 226).
V.2. De una detenida lectura de la pieza recursiva obrante a fs. 404/408 y vta. surge claro que la argumentación de la recurrente se dirige a cuestionar la valoración de la prueba pericial producida, realizando una interpretación parcializada y distinta a la efectuada por el Tribunal de Alzada pero sin que ese reproche demuestre un error palmario y fundamental, único supuesto en el que este Tribunal podría analizar cuestiones que, por regla, se encuentran exentas del control por vía del recurso extraordinario.
Al respecto cabe recordar que para que esta Corte pueda revisar las cuestiones de hecho y prueba no basta con denunciar absurdo y exponer -de manera paralela- la propia versión e interpretación de los hechos, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto de una apreciación absurda del cuadro fáctico. Por más respetable que pueda ser la opinión de la recurrente, ello no autoriza -por sí solo- para que esta instancia extraordinaria sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causa C. 123.265, sent. de 30-XII-2020).
Como así también que para la configuración del absurdo no es suficiente denunciarlo y exponer una interpretación o valoración propia, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resultó irrazonable y contradictorio (doctr. causas A. 70.187, "Núñez", sent. de 15-XII-2010; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; A. 74.056, "Zaracho", sent. de 10-IV-2019; e.o), partiendo siempre de que el error en la apreciación de la prueba debe ser palmario y grave, de modo que lleve a conclusiones contradictorias, inconciliables con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.263, "Yordan", sent. de 13-IX-2017; A. 73.396, "Collinet", sent. de 11-IV-2018; A. 73.402, "Agüero", sent. de 21-XI-2018; A. 74.341, "Mengio S.R.L.", sent. de 19-XII-2018 y A. 74.540, sent. de 13-XI-2019).
Sentado ello, se advierte que en el caso no se ha logrado demostrar el error grave que se denuncia sobre la interpretación del material probatorio, en tanto las argumentaciones vertidas -referidas a la falta de ponderación por parte del Tribunal de Alzada de alguna de las respuestas brindadas por la perito médica-, no alcanzan a desvirtuar las conclusiones a las que arribara la Cámara sobre la base de una lectura completa e integral tanto del dictamen pericial como de la totalidad de la prueba rendida en la causa.
Los argumentos utilizados no resultan eficaces a la revisión extraordinaria pretendida, pues, en el caso, no se ha logrado demostrar que la Cámara, al ponderar las conclusiones periciales, haya incurrido en un vicio lógico del razonamiento o en una grosera desinterpretación del material probatorio.
Así, en la sentencia, el tribunal, haciendo uso de las facultades que le son propias, encontró su respaldo en constancias (v. cons. IV), tales como: a) historia clínica, que da cuenta de que el 21 de diciembre de 2008 se realizó un parto vaginal sufriendo la paciente un desgarro en grado III; que el 24 del mismo mes fue dada de alta hospitalaria con pautas de alarma y continuidad de control del puerperio, firmando de conformidad y manifestando que comprendía lo explicado (v. fs. 41/44 vta.); que a los siete días aproximadamente (v. fs. 131) consulta en la salita del barrio de la localidad de Berisso, donde le informan que se le habían descosido los puntos y tenía infección, que luego de sucesivas consultas por puerperio el 29 de enero de 2009, y en febrero del mismo año por incontinencia fecal, el 18 de agosto de 2009 ingresa por reconstrucción de esfínter anal, practicada la cirugía con evolución favorable, recibe el alta hospitalaria el 26 de agosto de 2009 con cita para control posterior en 48 horas (v. fs. 142); b) pericia médica a cargo de la doctora Liliana Rosa Gómez de Antonini, médico en ginecología y obstetricia (v. fs. 217/218 y 245), que ilustra las circunstancias del caso, en particular, la respuesta 19 (v. fs. 226 y vta.), al referir que "la paciente es internada en el Servicio de Cirugía del HIGA San Martín para corrección de su incontinencia fecal con fecha 18 de agosto de 2009, que el tiempo transcurrido desde su parto puede parecer excesivo, pero debe tenerse en cuenta que diversos autores recomiendan que la reparación secundaria debe diferirse un mínimo de 4 a 6 meses, para restablecer adecuadamente el aporte vascular de los márgenes del defecto y optimizar la viabilidad de los tejidos perineales, teniendo en cuenta que la cirugía reconstructiva debe reponer la anulación anterior del canal anal mediante la plicatura de los músculos pubo-rectales y la reparación de los fascículos intermedio y superficial del esfínter externo"; y sobre esa base entendió que, pese a que cabe asignar vinculación al desgarro perineal sufrido por la señora D. M. con el parto, lo cierto fue que no se demostró en autos el nexo de causalidad entre la actuación médica y el daño invocado.
VI. En consecuencia, no habiéndose acreditado el absurdo denunciado (conf. art. 279, CPCC), corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas (arts. 68 y 289, Cód. cit.).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/02/2022 17:16:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/02/2022 18:06:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/02/2022 20:27:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/02/2022 10:58:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/02/2022 11:13:20 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/02/2022 11:25:13 hs. bajo el número RS-1-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia