Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65684
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.684, "Albezan S.R.L. y otros contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal Fiscal de Apelación). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres.
I. La señora Teresita Celina Conti de Zanetti y Alberto Alfredo Zanetti, ambos por su propio derecho y el segundo también en representación de Albezan S.R.L., promueven demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, a efectos de que se anule la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación dictada el 13 de marzo de 2003 en el expediente administrativo n° 2306-385.465/1998. En ella se confirmaron las diferencias en el impuesto sobre los ingresos brutos determinadas a la referida sociedad, por los ejercicios fiscales 1992, 1993 y 1994. Todo ello por un total de $166.512,28 con más los intereses del art. 75 del Código Fiscal (t.o. 1999), multa por defraudación fijada en el 50% del gravamen defraudado y estableciendo la responsabilidad solidaria de los coactores.
Piden que se declare la inconstitucionalidad de las normas que exigen, como requisito de la habilitación de la instancia judicial, el depósito previo del monto que arroja la determinación impugnada. Plantean la imposibilidad de cumplir con él.
Solicitan también que se les otorgue el beneficio de litigar sin gastos, ofrecen prueba y formulan reserva del caso federal.
II. A fs. 17/18 este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 inc. 2 de la ley 12.008 y modificatorias, intimó a los coactores a que cumplan con la exigencia del pago previo de las sumas que cuestionan en concepto de obligaciones tributarias, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión.
III. Por resolución de fecha 24 de agosto de 2005 esta Corte decidió admitir como hecho nuevo el juicio de apremio en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata, iniciado a efectos del cobro de la suma de dinero cuestionada en autos y denunciado a fs. 81/86. Asimismo, resolvió exceptuarlos del pago de la suma establecida en la resolución determinativa 359/99 (v. fs. 90/92).
IV. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y, con fundamento en la legitimidad de la resolución determinativa impugnada, solicita el rechazo de la acción.
V. Mediante resolución de 29 de diciembre de 2014 el Tribunal decidió denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por Albezan S.R.L. y los responsables solidarios (v. fs. 307/310).
VI. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 139), glosados el cuaderno de prueba actora -único formado; ver fs. 178/206- y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 316/320 -actora- y 321 -demandada-), denunciado el acuerdo celebrado el 28 de julio de 2020 y el pago de la deuda tributaria cuestionada en autos (v. presentación de fecha 17 de septiembre de 2021 a las 5:24:56 p.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Corresponde declarar abstracta la controversia?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los demandantes relatan que Albezan S.R.L. fue sometida a un procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta que culminó con la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 13 de marzo de 2003, a través de la cual se confirmó la deuda en concepto de diferencias en el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los ejercicios fiscales 1992, 1993 y 1994, los intereses contemplados en el art. 75 del Código Fiscal, la sanción por defraudación y la responsabilidad solidaria atribuida a los administradores de la sociedad.
Primeramente, conforme lo normado en el art. 4.027 del Código Civil, oponen la prescripción de la acción para exigir el pago de las aludidas diferencias impositivas. Sostienen que en materia de prescripción rige exclusivamente el Código Civil, desplazando enteramente el derecho tributario local en virtud de lo previsto en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional. En tal marco, piden que se declare la inconstitucionalidad de las normas contenidas en los arts. 119 y 120 del Código Fiscal (t.o. 1999).
Seguidamente, manifiestan que los actos impugnados son ilegítimos. Afirman que la determinación sobre base presunta tiene carácter subsidiario. En tal sentido, sostienen que el método indiciario debe ser desestimado porque la contabilidad no ha sido impugnada. Cuestionan los indicios utilizados por no ser razonables y responder a apreciaciones subjetivas del funcionario interviniente; en particular, impugnan el margen de ganancia determinado. Apuntan que no tiene sustento en derecho y que incurre en contradicciones.
Impugnan la tasa de interés aplicada de conformidad con lo dispuesto en el art. 75 del Código Fiscal (t.o. 1999). Cuestionan que se la establezca en forma acumulativa y hasta en un ciento por ciento de la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Afirman que los coeficientes aplicados son irrazonables y desnaturalizan el hecho imponible implicado. Sostienen que la norma atacada y su reglamentación vulneran garantías constitucionales, en especial, los principios de legalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, que integran el estatuto del contribuyente y que las provincias se han comprometido a garantizar (conf. arts. 5 y 123, Const. nac.).
De otro lado, se agravian al entender que los coeficientes establecidos por la autoridad fiscal importan una actualización encubierta prohibida por la ley 23.928 de convertibilidad y por la ley 25.561 de emergencia económica, financiera y cambiaria. Por ello, solicitan se declare la inconstitucionalidad de la tasa de interés aplicada en la especie.
También impugnan la multa por defraudación impuesta a Albezan S.R.L. En esta parcela, dicen que en razón de no haberse acreditado ningún hecho que permita inferir una conducta fraudulenta por parte del contribuyente, la sanción debe ser revocada.
Plantean la improcedencia de la extensión de la responsabilidad solidaria a la señora Teresita Celina Conti de Zanetti. Apuntan que ella no fue gerente de la sociedad durante los ejercicios 1992, 1993 y 1994.
En rigor, rechazan la solidaridad atribuida a los administradores societarios. Expresan que la Ley General de Sociedades n° 19.550 (conf. art. 59 y concs.) instituye un sistema de responsabilidad subjetiva basado en la prueba del dolo o la culpa, criterio que no es el que se sigue por aplicación del régimen de los arts. 17 y 20 del Código Fiscal (t.o. 1999), que la presume, tornándola en la práctica en una atribución de tipo objetiva que se aparta del principio de personalidad de la pena. Planten su inconstitucionalidad por desconocer normas de fondo de jerarquía superior (conf. arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.).
Finalmente, advierten que las normas que precedieron a dichos preceptos ( i.e., los arts. 15 y 38, Cód. Fiscal -ley 10.397 y modif.-), vigentes al momento de realizarse el hecho imponible, preveían el carácter subsidiario del obligado solidario.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado afirma primeramente que la prescripción de las acciones para determinar y exigir el pago de tributos, como asimismo el modo de contar los plazos respectivos, se encuentran regulados en el Código Fiscal.
Niega que ello pueda ser inconstitucional y, en tal sentido, sostiene que, conforme a la distribución de competencias consagrada en la Constitución nacional, la Provincia de Buenos Aires tiene la facultad de establecer plazos de prescripción diferentes a los regulados en el Código Civil respecto de cuestiones propias del derecho público local, tal como la materia tributaria.
Apunta que la ley 10.857 incorporó un régimen especial de prescripción de los gravámenes con plazo de diez años. Agrega que este estuvo vigente desde el 1 de enero de 1990 hasta la sanción de la ley 11.808 (B.O. de 10-VII-1996) que volvió a establecer plazo de prescripción quinquenal respecto a las obligaciones que se devengaran a partir del 1 de enero de 1996.
Explica que, con la finalidad de enmendar la distorsión generada por dicho cambio normativo en lo tocante a las obligaciones devengadas con anterioridad a esa fecha, la ley 11.808 estableció que las acciones nacidas durante los ejercicios fiscales 1992, 1993 y 1994 prescribirían el 1 de enero de 2000. De tal modo, concluye que al momento del dictado de la resolución determinativa de fecha 29 de diciembre de 1999, no había operado la prescripción de los períodos cuestionados en autos.
Aclara que conforme lo dispuesto en el art. 120 del Código Fiscal (t.o. 1999), aun en el hipotético caso de estimarse aplicable el plazo de prescripción quinquenal alegado por los accionantes, al momento de la determinación de oficio tampoco se encontraba cumplida la prescripción respecto a las obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal 1993, cuyo plazo comenzaba a correr a partir del 1 de enero de 1995.
Por otra parte, asevera que el acto determinativo sobre base presunta se ajustó al régimen jurídico aplicable. Detalla que, iniciada la verificación a la firma Albezan S.R.L., el inspector interviniente constató que la empresa no aportó la totalidad de elementos ciertos. Explica que ante esta situación y reunidos los recaudos establecidos en el art. 38 del Código Fiscal (t.o. 1999), se procedió de la manera señalada.
Pone de resalto que en las actuaciones administrativas existen constancias suficientes que tornan convincentes los indicios tomados en cuenta por la administración tributaria y que evidencian que el método utilizado guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados.
Respecto a los intereses contemplados en el art. 75 del Código Fiscal (t.o. 1999), manifiesta que la facultad del legislador provincial comprende no solo la de crear impuestos y diseñar su estructura y aplicación, sino también la de establecer recargos, intereses y multas que la omisión de pago de los tributos genera. Agrega que el propio Código Civil contempla la posibilidad de la existencia de intereses compensatorios legales capitalizables. Niega que constituyan una actualización encubierta. Apunta que los intereses aplicados por la autoridad fiscal poseen naturaleza compensatoria, pues tienden a restablecer el equilibrio perturbado y están destinados a reparar al Estado la imposibilidad de utilizar oportunamente los fondos no ingresados. Sostiene que la tasa de interés regulada por la Dirección Provincial de Rentas, tiene debido sustento en la expresa habilitación legal contenida en el art. 75 del Código Fiscal. Dice que no se ha acreditado que la Administración haya vulnerado los parámetros fijados por el legislador. Niega que tales intereses sean confiscatorios, al tiempo que destaca que para la procedencia de esta impugnación el interesado debe demostrar fehacientemente que la cuantía del gravamen y/o de los intereses en su aplicación le resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria.
Seguidamente, asevera que ningún reproche cabe formular a la multa por defraudación impuesta a la empresa actora, dado que de las constancias de las actuaciones administrativas surge acreditado el supuesto contemplado en el art. 53 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 1999 y concs. anteriores). En orden a la necesidad de acreditar el dolo, explica que las maniobras dolosas o ardidosas requeridas para configurar la infracción se encuentran probadas con las actuaciones administrativas, pues acota que la conducta asumida por la sociedad encuadra en las presunciones de defraudación contenidas en el art. 56 del Código Fiscal. Por ello, aduce que quien las impugna debe producir la prueba que las desvirtúe, circunstancia que -según afirma- no aconteció en autos.
Postula que el hecho de que la determinación de oficio haya sido realizada sobre base presuntiva no excluye la aplicación de la multa por defraudación. Puntualiza que esta limitación no surge de la ley. Con cita de doctrina de autores y de este Tribunal, niega que la defraudación fiscal constituya un ilícito de naturaleza penal.
Finalmente, argumenta que se ajusta a derecho la atribución de responsabilidad solidaria. Mantiene que las normas fiscales que regulan la cuestión no vulneran el principio de prelación normativa consagrado en el art. 31 de la Constitución nacional. Reitera que la legislación en materia de impuestos resulta comprendida entre los poderes no delegados por las provincias a la Nación. De tal modo -agrega- la sanción del régimen tributario en el ámbito provincial y, concretamente, la determinación de los sujetos obligados a responder por el cumplimiento de la obligación impositiva, no puede ser desplazada por las disposiciones del derecho civil. Subraya que los directivos pueden eximirse de responsabilidad demostrando que actuaron de conformidad a la ley fiscal, procurando su cumplimiento (conf. art. 20, segundo párr., Cód. Fiscal -t.o. 1999-). Concluye que, al no haberse producido tal prueba, debe confirmarse la extensión dispuesta.
III. De los elementos reunidos en autos, surgen las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la causa:
III.1. Expediente administrativo n° 2306-385.465/1998:
III.1.a. A fs. 1 consta el pedido de verificación y orden de inspección (formulario R-269) de fecha 25 de septiembre de 1998 a efectos de comprobar la regularidad de las declaraciones juradas correspondientes a los ejercicios fiscales 1992 a 1994 de la empresa Albezan S.R.L.
III.1.b. La autoridad fiscal procedió a liquidar el ajuste impositivo (formularios R-222 correspondiente a los ejercicios 1992, 1993 y 1994 -v. fs. 286/293-).
III.1.c. Por resolución A-253 de 6 de diciembre de 1999, el Gerente Regional de General Pueyrredón de la Dirección de Recaudación y Control de Cumplimiento Tributario de la Dirección Provincial de Rentas declaró la causa como de puro derecho y dispuso el cierre del procedimiento determinativo sumarial. Luego, con fecha 29 de diciembre de 1999, por resolución A-359 el mencionado funcionario resolvió: i) Determinar las obligaciones fiscales de acuerdo a lo establecido por el art. 89 del Código Fiscal entonces vigente y establecer las diferencias en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos derivadas del incumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de la firma Albezan S.R.L. en la suma de $166.512,28 con más los intereses contemplados en el art. 75 del Código Fiscal (t.o. 1999); ii) Aplicar a la firma Albezan S.R.L. una multa equivalente al 50% del gravamen defraudado al Fisco; iii) Establecer la responsabilidad solidaria con la firma, por el pago de gravámenes, multas, intereses y demás accesorios, del señor Alberto Alfredo Zanetti y la señora Teresita Celina Conti de Zanetti, en su calidad de socios gerentes (v. fs. 356/367).
III.1.d. Por resolución 159/03 del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 13 de marzo de 2003 se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por los interesados contra la resolución determinativa A-359/99 emanada de la Gerencia Regional Polo Turístico General Pueyrredón de la Dirección Provincial de Rentas y se dejó sin efecto la solidaridad del señor Alberto Alfredo Zanetti y la señora Teresita Celina Conti de Zanetti, pero únicamente respecto de la multa aplicada en el art. 3 de la resolución impugnada (v. fs. 438/445).
III.2. Fotocopias de la causa caratulada "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Albezan S.R.L. y otro s/ apremio" de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata (expte. n° 61.851 -agregada sin acumular en autos-), por la cual se instó el cobro del título ejecutivo n° 86.336 originado en la deuda por diferencias del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los períodos fiscales 1992, 1993 y 1994 que fuera determinada a Albezan S.R.L. en el expediente administrativo n° 2306-385.465/1998.
III.3. Copia del acuerdo de pago celebrado entre los actores y la demandada en el marco del juicio de apremio indicado en el apartado anterior; de la denuncia de acuerdo y del pedido de levantamiento de medidas cautelares efectuadas por el apoderado fiscal en la referida causa (v. documentación acompañada a la presentación realizada por la actora el 17 de septiembre de 2021, 5:24:56 p.m.).
IV. Conforme los antecedentes reseñados y las posiciones de las partes antes detalladas, la cuestión a decidir exige establecer previamente la incidencia en el caso del acuerdo de pago al que se arribara en la causa caratulada "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Albezan S.R.L. y otros s/ apremio", expediente n° 61.851, de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que fuera denunciado en autos por la actora.
En virtud de aquel se pide que se declare abstracta la contienda.
IV.1. Surge que con fecha 28 de julio de 2020, el señor Alberto Alfredo Zanetti celebró con el apoderado fiscal de la Provincia de Buenos Aires el acuerdo de pago acompañado a estos autos en la presentación electrónica efectuada el 17 de septiembre de 2021.
En la cláusula primera de dicho convenio, el mencionado reconoció adeudar al Fisco provincial la totalidad de lo reclamado en la causa "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Albezan S.R.L. y otro s/ apremio" respecto del título ejecutivo n° 86.336, por un monto de ciento sesenta y seis mil quinientos trece pesos -$166.513-. Seguidamente, se comprometió a cancelar dicha suma acogiéndose al plan de pago en cuotas a través del sitio web de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dentro de los cinco días de celebrado el acuerdo (v. cláusula tercera), aceptando la liquidación que efectúe ese organismo conforme la cláusula primera, última parte, del mencionado instrumento.
Advierto que ya en su presentación de fs. 81/85 la parte actora había denunciado como hecho nuevo el inicio del aludido juicio de apremio, afirmando que a través de aquel se intentaba ejecutar "la deuda que se impugna en esta demanda". Asimismo, individualizó el respectivo título bajo el número 86.336 y aseveró que se correspondía con la deuda determinada en el expediente administrativo n° 2306-385.465/1998 cuestionada en autos.
Lo dicho no deja dudas respecto a que el monto cancelado en el marco del acuerdo de pago concretado por el actor es el discutido a través de la presente demanda contencioso administrativa. Semejante cosa no puede ser sino reveladora del agotamiento del interés de impugnarla paralelamente por esta vía, pues voluntariamente se produjo el acogimiento al régimen de moratoria vigente al momento del pago y se cancelaron las sumas reclamadas por el Fisco.
IV.2. Por lo demás, obra agregada en autos copia de la presentación efectuada por el apoderado fiscal en el referido juicio de apremio denunciando el acuerdo de pago, declarando la cancelación total de la deuda y solicitando el levantamiento de las medidas cautelares, conforme la autorización otorgada por la ARBA (v. documentación adjunta a la presentación electrónica de fecha 19 de septiembre de 2021).
Se destaca que corrido traslado de la presentación realizada por la parte actora con fecha 19 de septiembre de 2021, la Fiscalía de Estado no planteó objeción ni observación alguna.
IV.3. En suma, independientemente del pedido concreto, las circunstancias reseñadas confirman la falta de interés de la parte actora en el dictado de la sentencia que decida la impugnación de la deuda determinada por la autoridad tributaria, que luego fuera confirmada por el Tribunal Fiscal de Apelación.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.