Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 123751
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.751, "Giménez, Simeón contra Almafuerte Empresa de Transporte S.A.C.I. e I. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza declaró su competencia para entender en autos (v. fs. 123/125).
Se interpuso, por Experta ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 10-XII-2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 (este último conforme la modificación introducida por el art. 14 de la ley 27.348) y su competencia para entender en las presentes actuaciones. Asimismo, dispuso diferir para la sentencia definitiva los restantes planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora en su escrito inicial (v. fs. 123/125).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 4 de la ley 26.773; 94, 161, 163 y 354 del Código Procesal Civil y Comercial; 25 y 29 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Alega que la acción fue iniciada en plena vigencia de la ley 26.773, por lo que, planteada en el escrito de responde la aplicación al caso de las disposiciones previstas en su art. 4, resultaba menester disponer la citación al pleito de la aseguradora de riesgos del trabajo. Ello así, por cuanto en el supuesto de quedar firme el pronunciamiento que se impugna, aquella se incorporará al juicio después de una etapa precluida, sin participar de la controversia vinculada al régimen legal aplicable.
En ese sentido, explica que su parte citó a dicha entidad para que se expida en relación al art. 4 de la ley 26.773, ya que las partes habían celebrado un acuerdo conciliatorio en sede administrativa (SECLO) mediante el cual el trabajador percibió $270.000, imputándose dicho importe a las prestaciones del sistema especial, siendo homologado el convenio en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Manifiesta que la percepción de dicha suma de dinero por parte del trabajador implicó el ejercicio de la opción prevista en la norma aplicable (art. 4 tercer párrafo de la ley 26.773), por lo que se imponía integrar la litis con la aseguradora de riesgos del trabajo a fin de que también se expidiera acerca del pago de prestaciones efectuado en forma directa por parte del empleador.
Aduce que la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 devino abstracta, resultando además absurda la decisión de diferir el tratamiento de las demás cuestiones para una etapa todavía indefinida del proceso. Pues, continúa, si en rigor se buscaba perfeccionar la competencia del órgano de grado, la falta de citación al pleito del tercero para que participe en el debate no aparece en modo alguno justificada.
Insiste en sostener que, además de no mediar en autos una integración completa de la litis, resta definir la suerte de la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta, que guarda estrecha relación con el rechazo de la demanda al sostenerse que el actor ya ha ejercido la opción prevista en el art. 4 de la ley 26.773.
Señala que, en la especie, la cuestión a dilucidar radica en demostrar que el paso por las comisiones médicas causó agravios constitucionales ciertos al trabajador y que deben resolverse mediante una declaración expresa del tribunal sentenciante, por lo que dicho órgano jurisdiccional debió en primer término -y no lo hizo- determinar si el convenio arribado entre las partes -y homologado- había adquirido autoridad de cosa juzgada, ya que ello tenía una evidente gravitación en todo el proceso.
Entiende que, al no resolverse previamente tal defensa, el supuesto agravio constitucional del trabajador se ha tornado evanescente, pues ha percibido sumas de dinero en virtud de una incapacidad reconocida y no se ha objetado constitucionalmente el ejercicio de la opción prevista en el párrafo tercero del art. 4 de la ley 26.773.
Por tal motivo, concluye que es absurdo el pronunciamiento del tribunal de grado en la medida en que se abocó a una cuestión intrascendente, dejando de lado aquellas que realmente resultaban previas, difiriendo otras para el dictado de la sentencia definitiva.
Agrega que, si bien mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no puede revisarse el proceso, tal principio debe ceder cuando se advierte, como en el caso, que se ha modificado parcialmente la litis para luego decidir sobre un tema sobre el cual -en rigor- no existía controversia alguna, cual es, la aplicación del art. 2 de la ley 11.653.
III. El recurso no prospera.
III.1. Esta Corte ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficazmente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)", sent. de 8-II-2021 y L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; e. o.).
Con sujeción a tales premisas, y sin abrir juicio sobre el acierto de la decisión, la crítica deviene improcedente.
Ello así, pues, sin atender los argumentos medulares de la definición de grado, la interesada no formula una réplica concreta sobre las motivaciones que condujeron al tribunal a descalificar la validez constitucional de las normas de los arts. 21, 22 y 46 (texto según art. 14 de la ley 27.348) de la ley 24.557 y, al cabo, a declarar su competencia para entender en la contienda, esgrimiendo tan solo una tangencial consideración sobre lo abstracto que, a su entender, resulta el dictado de dicho pronunciamiento.
En suma, la compareciente se limita a contraponer su disconformidad con lo resuelto, siguiendo una línea argumental que -en rigor- sólo traduce un apartamiento de los fundamentos expuestos por el juzgador, lo que pone en evidencia la ausencia de idoneidad del embate.
Circunscripta entonces la facultad revisora de esta Corte al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017; L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019 y L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; e. o.), la insuficiencia de la crítica impide revisar el acierto de lo decidido.
III.2. En dicho contexto, resta indicar que los planteos que -en lo sustancial- definen el contenido de la queja -vinculados con la falta de citación al pleito de la aseguradora de riesgos del trabajo y al tratamiento como de previo y especial pronunciamiento de la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta-, dados los argumentos expuestos, no pueden ser abordados en esta sede casatoria, debiendo formularse por la vía y/o en la etapa procesal que correspondan.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2022 15:54:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/02/2022 09:28:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2022 09:44:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2022 19:26:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2022 08:28:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia