Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 123921
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.921, "Cimalando, Gerardo M. contra Algodonera Aconcagua S.A. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
En cumplimiento de lo ordenado por esta Suprema Corte a fs. 3.869/3.921 vta., el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata dictó el pronunciamiento de fs. 3.931/3.942 vta.
Se interpusieron, por la doctora Marcovecchio -por sí y en representación de sus hijos menores de edad- y por los demandados Algodonera Aconcagua S.A. y el señor Carlos Alberto Pilla, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 3.974/3.980 vta. y 4.078/4.084 vta., respectivamente).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fs. 4.128/4.131 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los demandados a fs. 4.078/4.084 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido a fs. 3.974/3.980 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Gerardo Cimalando contra Algodonera Aconcagua S.A. y Carlos Alberto Pilla (este último en su carácter de presidente de la persona jurídica referida), en cuanto procuraba la percepción de diferentes rubros salariales e indemnizatorios derivados del despido (v. fs. 3.659/3.679).
Esta Suprema Corte, en oportunidad de resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor a fs. 3.682/3.710, revocó la sentencia de origen en cuanto: i) a la determinación de la remuneración del trabajador; ii) al reclamo fundado en el art. 10 de la ley 24.013; iii) al cómputo de la indemnización prevista en el art. 14 de la ley 14.546 y agravamiento del art. 16 de la ley 25.561 y; iv) a la estimación de los haberes adeudados correspondientes al mes de septiembre del año 2004 (v. fs. 3.869/3.921 vta.).
Asimismo, en razón del concreto planteo de inconstitucionalidad formulado por el promotor del pleito en relación al tope previsto por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 153, ley 24.013), expuso los alcances de la jurisprudencia que sobre el tópico tiene sentada la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente "Vizzotti", así como de la doctrina legal delineada por este Superior Tribunal al fallar las causas L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006); L. 87.782, "Leoni" y L. 81.795, "Bononi" (sents. de 8-XI-2006); L. 84.179, "Larralde" (sent. de 22-XI-2006) y L. 80.233, "Elizalde" (sent. de 11-IV-2007; v. fs. 3.886 vta. in fine/3.887 vta.).
Luego, dispuso el reenvío de las actuaciones a la instancia ordinaria para que el tribunal de grado -con diferente integración- practique a partir de una nueva conformación de la remuneración del trabajador una liquidación de los rubros pertinentes, teniendo en consideración, en su caso, respecto al resarcimiento contemplado en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 24.013), los lineamientos antes expuestos (v. fs. 3.887 vta. y 3.920/3.921 vta.).
En observancia de ese requerimiento, el tribunal de trabajo dictó el nuevo fallo (v. fs. 3.931/3.942 vta.), en el que -por mayoría- cuantificó la indemnización por despido sin aplicar la limitación prevista en el aludido precepto. Resolvió de ese modo por entender que las demandadas no solicitaron la aplicación de tope indemnizatorio alguno, no individualizaron el respectivo convenio colectivo ni -tampoco- postularon la existencia de la correspondiente resolución ministerial (v. fs. 3.933 vta./3.934 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia que el tribunal de grado incurrió en absurdo al cuantificar la indemnización por despido injustificado que le corresponde percibir al actor, toda vez que no aplicó tope alguno a la base salarial prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24.013).
En este orden, sostiene que dicho órgano jurisdiccional transgredió el principio de congruencia por haber excedido los límites que le impusiera esta Suprema Corte mediante la sentencia emitida en fecha 16-VIII-2017.
Refiere que el juez cuyo voto resultó minoritario (doctor Escobares) cumplió con el cometido asignado por el Máximo Tribunal provincial "...al considerar el tope más cercano en el tiempo publicado en el documento referido, que no es otro que el establecido para el CCT 308/75 (Viajantes) por la suma de $ 4.200 vigente a partir del 1/09/2006 que fuera aprobado por la Resolución 909/2006...".
Por el contrario, continúa, los magistrados que concitaron la mayoría de opiniones (doctores Orsini y Catani) a partir de una confusa, contradictoria y arbitraria interpretación de las cuestiones jurídicas y fácticas sometidas a debate, arribaron a una solución diametralmente opuesta, ponderando circunstancias ajenas a la pretensión ventilada en autos.
Aduce que el pronunciamiento en crisis incumplió con lo ordenado en el pronunciamiento de referencia, desde que debió practicar -a partir de una nueva conformación de la remuneración del trabajador- la liquidación del resarcimiento contemplado en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo con ajuste a los lineamientos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Vizzotti" (sent. de 14-IX-2004) y por ese Tribunal -entre muchos otros- en el precedente L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006).
Alega que es deber de los magistrados observar lo indicado por este Tribunal Superior, en tanto este último resulta ser el guardián supremo del orden de prelación.
Manifiesta que esta Suprema Corte ordenó aplicar al caso las directrices que emanan del mentado fallo "Vizzotti", sin que se desprenda de sus motivaciones que el tribunal de trabajo tuviera que realizar una "valoración del tope", ya que -por el contrario- dispuso expresamente que debía ajustarse el nuevo fallo a la referida doctrina.
Expone que también debe tenerse en consideración lo expresado por el juez de la minoría en cuanto tuvo presente la doctrina legal del Superior Tribunal provincial que establece que "...de conformidad a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ('Nine, Héctor Aldo c/ Automóvil Club Argentino', sent. de 7-II-2006), la circunstancia de que el Ministerio de Trabajo no hubiera fijado el tope a la base salarial correspondiente al convenio colectivo aplicable al trabajador despedido, en los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, no constituye un óbice que impida preservar el propósito legislativo de establecer un límite a las indemnizaciones en concepto de despido (SCBA, L. 96.278, 11/03/2013)..." (fs. 4.082 vta. in fine y 4.083).
En suma, peticiona que se haga lugar al recurso interpuesto y se revoque la sentencia atacada en cuanto allí se resolvió que no correspondía aplicar la limitación salarial prevista en los párrafos segundo y tercero del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo solo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable.
III. El recurso no prospera.
III.1. El planteo que porta la crítica no cumple la carga de una adecuada fundamentación (art. 279, CPCC), desde que -se advierte- el compareciente no logra el cometido de desvirtuar las esenciales definiciones del fallo.
III.2. Como fuera puesto de manifiesto en el relato de antecedentes, esta Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, revocando -en lo que interesa- el fallo de grado en cuanto a la mejor remuneración mensual normal y habitual allí determinada para calcular las indemnizaciones que le correspondían percibir al trabajador como consecuencia de la extinción de la relación contractual. Declaró, asimismo, la inconstitucionalidad del tope previsto por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo con los alcances de la jurisprudencia que, sobre el tópico, ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y este Alto Tribunal.
Devueltas las actuaciones a la instancia de origen, el tribunal de trabajo -observando el requerimiento- dictó el nuevo pronunciamiento (v. fs. 3.931/3.942 vta.) en el que cuantificó la indemnización por despido sin aplicar la limitación prevista en el aludido precepto.
En ese sentido, explicó que de acuerdo al formato regulado a partir de la sanción de la ley 24.013, el tope en cuestión, lejos de formar parte del orden público laboral, constituye un beneficio para el empleador que solo puede ser aplicado por los jueces en la medida en que haya sido oportunamente requerida su actuación en la etapa procesal oportuna (mediante la debida individualización del convenio colectivo y el tope que a él corresponda), por quien pretenda su aplicación (v. fs. 3.933 vta.).
Agregó, que de la lectura de los respectivos escritos de responde se desprendía que ninguno de los coaccionados requirió la aplicación de tope alguno, ni identificó el convenio colectivo, ni el límite que debía ser aplicado (antes bien, ocurrió lo contrario: ambos desconocieron la aplicación al caso de la normativa convencional postulada por el actor, v. fs. 3.033 y 3.093), no defendiendo siquiera la validez constitucional de la norma, impugnada en la demanda (v. últ. fs. cit.).
Siendo ello así, concluyó que los hechos y la posición procesal asumida por la parte demandada en el presente litigio tornaban aplicable al caso la doctrina legal de la Suprema Corte que indica que si la parte interesada en la aplicación del tope indemnizatorio previsto por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 153, ley 24.013) no circunscribió la situación del trabajador a alguno de los supuestos previstos en los apartados segundo o tercero de dicha norma, ni indicó -consecuentemente- cuál sería el convenio colectivo del caso y el tope establecido por la resolución del Ministerio de Trabajo que fija el monto correspondiente, no es atendible que -en ausencia de todas esas definiciones, configurada por la desidia o negligencia de aquella- se intente limitar, por aplicación de un tope, el importe de la indemnización por antigüedad (arts. 8, 245 y 246, LCT; SCBA, causas L. 95.307, "Textil La Rosalía S.A. contra Katovsky, Angel Marcos. Consignación de haberes", sent. de 15-VII-2009 y L. 104.565, "Florido, Juan Eduardo contra Amarradores del Puerto de Bahía Blanca S.C. Despido, etc.", sent. de 5-XI-2014; v. fs. 3.934).
Aclaró, por último, que no enervaba lo expuesto lo señalado en la sentencia dictada por la Suprema Corte en la presente causa, toda vez que, al resolver el agravio planteado por la parte actora en lo relativo a la validez constitucional del tope del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, el Alto Tribunal se limitó a señalar que, teniendo en cuenta que debía revocarse el fallo para determinar la nueva base salarial, correspondía -una vez determinada la nueva remuneración y previa renovación de los actos procesales pertinentes- "en su caso" aplicar la doctrina legal relativa a los alcances con los que cabe declarar la inconstitucionalidad de ese límite (esto es, que debe tomarse como base el 67% de la mejor remuneración normal, mensual y habitual, ver apartado II.2.e. del voto del señor Juez doctor Soria a la segunda cuestión, v. fs. 3.887 vta.), (v. fs. 3.934 vta.).
En tales condiciones, y tras analizar los escritos constitutivos del proceso, precisó que, al no mediar individualización de convenio ni tope alguno por parte de la demandada, devenía -en el caso- inaplicable dicho límite en virtud de la doctrina establecida por la Corte en los precedentes citados en el párrafo anterior (v. fs. 3.934 vta.).
Con todo, en la sentencia dispuso calcular la indemnización por despido injustificado, sin que la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, que asciende, con la adición del sueldo anual complementario, a la suma de $127.862,23 ($118.026,68 + $9.835,55), resulte limitada por tope convencional alguno (conforme lo resuelto por mayoría en el punto 5 del veredicto; v. fs. 3.937 vta.).
III.3. Apoyada esencialmente en la alegada transgresión del principio de congruencia y en la opinión del juez del tribunal de grado cuyo voto resultó minoritario, el recurrente se aparta y deja sin réplica estas concretas motivaciones que definieron el contenido del pronunciamiento.
Así, el distinto enfoque del recurso se desentiende del razonamiento seguido por el tribunal de grado, según el cual, analizando los escritos constitutivos del proceso y la "desidia" evidenciada por las demandadas -al no identificar el convenio colectivo, requerir la aplicación de tope alguno, consignar el que debía ser utilizado o postular la inexistencia de la resolución ministerial que lo fija-, cuantificó la indemnización por despido sin la limitación prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y ello, con expresa aclaración de que la decisión -por los fundamentos que expuso- no se oponía al mandato de esta Corte.
Luego, el embate no se muestra idóneo para desvirtuar lo decidido en el fallo de grado; por el contrario, se limita a contraponer su disconformidad con lo resuelto, siguiendo una línea argumental que -en rigor- se exhibe apartada de los cardinales fundamentos allí expuestos.
Es dable aquí recordar que esta Corte ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016).
En definitiva, las motivaciones de la interesada transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido por el juzgador y no constituyen una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. Resulta de aplicación la doctrina que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
Cabe recordar que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 107.351, "Baute", sent. de 23-XII-2013; L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017), extremos que -conforme lo expuesto- no se lograron acreditar.
Circunscripta entonces la facultad revisora de esta Corte al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada, lo declarado en torno al déficit técnico de la postulación recursiva resulta suficiente para sellar su suerte adversa, sin que corresponda ingresar en consideraciones de otra índole.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Como quedó expuesto en la cuestión que antecede, el órgano judicial -ante el requerimiento formulado por esta Corte a fin de que practique, a partir de la nueva conformación de la remuneración del trabajador, una nueva liquidación de los rubros pertinentes- dictó el fallo obrante a fs. 3.931/3.942 vta. Y, en lo que aquí interesa, practicó una nueva regulación de honorarios, dejando sin efecto aquella que fuera realizada en el punto IV de la segunda cuestión de la primigenia sentencia (v. fs. 3.941/3.942 vta.).
II. Contra este aspecto del pronunciamiento se alza la doctora Elba Lorena Marcovecchio -apoderada del actor- por derecho propio, así como en representación de sus hijos menores de edad, en su condición de herederos de quien en vida fuera su cónyuge y padre, respectivamente, doctor Alejandro Esteban Mazzeo, con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la errónea aplicación de los arts. 1, 2, 15, 16, 21, 43 y 47 del decreto ley 8.904/77 y la transgresión de la doctrina legal que identifica (v. fs. 3.974/3.980 vta.).
Refiere que lo decidido por el juzgador resulta incongruente con la sentencia emitida en fecha 7-X-2010, la que -entiende- había quedado firme y consentida en cuanto a la pauta porcentual (19,50%) allí establecida en relación a los honorarios profesionales regulados.
Explica que si bien se imponía -ante lo ordenado por la Suprema Corte- un nuevo cálculo de los estipendios, tal estimación debía reflejar toda la actuación profesional ponderada en la originaria sentencia del tribunal de grado, pues -a su juicio- la congruencia con los actos firmes y consentidos implica que se debían ajustar a la nueva liquidación de condena con el mismo porcentual.
Señala que si bien el juzgador estimó los honorarios fundando su pronunciamiento en las normas de los arts. 21 y 43 del decreto ley 8.904/77 -aunque sin mencionar pautas-, omitió regular estipendios por los trámites vinculados al incidente de nulidad y a la excepción de incompetencia (art. 47, dec. ley cit.). Advierte, además, que de los cálculos matemáticos que expone no surge que hubiera procedido a su estimación.
A mayor abundamiento, indica que al dejar sin efecto la regulación ya practicada sin fundamento alguno, el tribunal de grado transgredió las disposiciones de los arts. 47 del decreto ley 8.904/77 y 171 de la Constitución provincial y de la doctrina legal emanada de los precedentes que cita.
En suma, sostiene que al establecerse prácticamente el mínimo de la escala legal se ha interpretado absurdamente la importante labor que a lo largo de trece años han desarrollado los doctores Marcovecchio y Mazzeo, quienes han resultado vencedores en cada una de las incidencias planteadas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Esta Suprema Corte ha sentado el criterio que en materia de honorarios rige el principio de irrecurribilidad, salvo excepcionalísimos supuestos en donde están en juego determinadas garantías, como el derecho del profesional a la regulación, o en los casos de regulaciones confiscatorias, o cuando la decisión aparece derivada del mero arbitrio del juzgador, o cuando se han aplicado normas arancelarias inadecuadas (causas L. 95.512, "Zabala", sent. de 21-XII-2011; L. 108.500, "Seggiaro", sent. de 19-IX-2012; L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018; e.o.).
III.2. En dicho contexto, estimo que los argumentos que se exponen en la crítica resultan infructuosos para obtener la modificación de lo decidido en este aspecto del fallo de grado.
III.2.a. En lo medular de la impugnación la recurrente alega que si bien ante lo ordenado por la Suprema Corte en el pronunciamiento de fecha 16-VIII-2017, el tribunal de origen debía practicar una nueva liquidación, adecuándose -por ende- los honorarios a los nuevos montos de condena, ello no autorizaba a re
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