Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75598
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 75.598, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Corijunio S.A. y ot. Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Violini, Borinsky .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata declaró la prescripción de la acción impulsada en lo que respecta al período 2007, confirmando en lo demás la sentencia de primera instancia que rechazó las defensas de la demandada y mandó llevar adelante la ejecución (v. fs. 103/111).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-V-2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 135/136).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 138), presentado el memorial de la demandada (v. fs. 139/144) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata -por mayoría- declaró la prescripción de la acción impulsada en lo que respecta al período 2007 (no así en lo atinente a 2008) y rechazó la excepción de inhabilidad de título deducida por el señor Antonio López da Silva.
I.1. Para así decidir, el doctor Spacarotel (con quien coincidió en este tramo la doctora Milanta) recordó el cambio jurisprudencial verificado a partir de la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, donde la Corte nacional se pronunció a favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria establecido en el entonces vigente Código Civil, por sobre lo dispuesto en cualquier otra norma de carácter provincial o municipal.
Añadió que ulteriores pronunciamientos enmarcados en esa línea supusieron un nuevo giro en la cuestión debatida, que no se limita a la extensión del plazo respectivo, sino que proyecta su exégesis a todo el sistema de prescripción, incluidos los supuestos de suspensión e interrupción.
Sostuvo que el término de prescripción quinquenal de obligaciones anuales como las aquí controvertidas comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieren los tributos omitidos.
Entendió injustificable tomar como momento de inicio del cómputo de dicho plazo la fecha de presentación de declaración jurada del impuesto sobre los ingresos brutos dispuesta por la Comisión Arbitral, más allá de la incidencia de esta medida en otros aspectos.
Advirtió que el contribuyente efectúa el pago de los anticipos a lo largo de un período anual, circunstancia que permite a la Administración conocer la tributación correspondiente.
Afirmó que un criterio distinto del adoptado importaría incorporar un recaudo que alongaría los plazos de prescripción en contraposición a la normativa de fondo (arts. 4.027 inc. 3 y 3.956, Cód. Civ. -ley 340-) y en detrimento del contribuyente, supliendo el déficit de la Administración en instrumentar las potestades con las que en todo momento cuenta, con independencia de la presentación o no de declaración jurada.
De lo anterior extrajo que el término quinquenal atinente al primero de los períodos discutidos en autos -2007- debe computarse desde el 1 de enero de 2008 y que ya había vencido al 20 de mayo de 2013, fecha de notificación de la disposición determinativa 1.158/13, motivo por el cual concluyó que dicha deuda se encontraba prescripta.
A distinta conclusión arribó con respecto al período 2008, por computar su término a partir del 1 de enero de 2009 y en razón de lo establecido por el art. 3.980 del Código Civil.
Sobre esta última cuestión, la doctora Milanta precisó más adelante que la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación fue notificada a la Fiscalía de Estado el 13 de mayo de 2016 y que la demanda que dio origen a estas actuaciones fue presentada el 15 de julio del mismo año, de modo que -a su entender- no se excedió el lapso otorgado por el precepto citado.
I.2. En cuanto a la excepción de inhabilidad de título, la mayoría del tribunal a quo (conformada en este caso por el doctor De Santis y la doctora Milanta) consideró que los agravios concernientes a la constitucionalidad de la responsabilidad solidaria exceden el marco propio del proceso de apremio.
No obstante ello, remitió a precedentes propios donde se descartó la falta de congruencia entre el sistema de responsabilidad solidaria de los directores de sociedades establecido por la ley 19.550 y el de los arts. 21 y 24 del Código Fiscal, como asimismo la pretendida inconstitucionalidad de estos últimos preceptos.
En disidencia, el doctor Spacarotel sostuvo que la limitación de la defensa de inhabilidad de título al análisis de sus formas extrínsecas no puede "sacralizarse" en desmedro de la posibilidad de atender planteos que versan sobre la inexistencia o inexigibilidad de la obligación, cuando ella resulta indubitable, manifiesta, de sencilla comprobación o puede esclarecerse en el cauce del proceso promovido.
Agregó que -en su visión- el carácter objetivo de la responsabilidad solidaria regulada por el art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2004) desborda las pautas derivadas de los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales y, por ende, viola el art. 31 de la Constitución nacional, lo cual abona el cuestionamiento de la idoneidad del título ejecutivo presentado en tal parcela.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal y -como consecuencia de ello- de los arts. 1, 5, 17, 18, 31 y concordantes de la Constitución nacional.
Advierte que los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial reconocen la competencia local para regular la prescripción tributaria a través de preceptos como los arts. 159 y 161 del Código Fiscal. Añade que, por resultar preexistentes, estos no suscitan un conflicto de leyes en el tiempo a resolverse mediante la aplicación de los arts. 7 y 2.537 de la nueva codificación.
Recuerda jurisprudencia de acuerdo con la cual, si bien la permanencia de la jurisprudencia es deseable, con fundamento en la preservación de la seguridad jurídica, no debe obstarse a su revisión cuando medien razones de justicia suficientes al efecto. Deduce que, frente a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la Cámara debió abandonar la jurisprudencia elaborada en torno al precedente "Filcrosa" de la Corte nacional.
Con cita de lo decidido en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-V-2006, plantea que la decisión atacada obstaculiza la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de las obligaciones discutidas e impidiendo que el Fisco provincial pueda contar con los recursos necesarios.
Cuestiona que no se hayan aplicado en el caso las disposiciones locales en materia de prescripción, pese a que ni siquiera se las declaró inconstitucionales, como entiende que en todo caso hubiera correspondido.
Indica que, con arreglo al art. 159 del Código Fiscal, el plazo de prescripción del período reclamado (2007) comenzó a correr el 1 de enero de 2009, es decir, con posterioridad a la presentación de la declaración jurada anual mediante la cual se determina el impuesto sobre los ingresos brutos.
Luego de transcribir el art. 161 del mismo cuerpo legal, sostiene que el pronunciamiento en crisis omitió considerar que los recursos de apelación deducidos los días 15 y 16 de octubre de 2002 contra la disposición delegada 1.158/13 provocaron la suspensión del término en cuestión.
Puntualiza que dicha suspensión se encuentra establecida en interés del contribuyente, sin que pueda utilizársela en contra del Estado que la concedió. Alega que el tiempo transcurrido entre la determinación de la obligación y el inicio del juicio de apremio no revela abandono de la acción, toda vez que el Fisco se hallaba imposibilitado de ejercerla por expreso imperativo legal.
Manifiesta que, por medio de la cláusula de los códigos, contenida en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, se le atribuye competencia al Congreso para legislar en materia de derecho común, pero puntualiza que esta pauta debe ser interpretada razonablemente, sin desconocer las facultades reservadas por las provincias en materia tributaria ni su autonomía financiera, entre otras.
En abono de la tesis autonomista a la que adscribe, cita las causas C. 99.854, "Haras San Pablo Club de Campo", sentenciada por esta Suprema Corte el 7 de octubre de 2009; "Sociedad Italiana de Beneficencia" y "Fornaguera Sempe", falladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires -respectivamente- los días 17 de noviembre de 2003 y 23 de octubre de 2015, entre otras.
Invoca también doctrina de la Corte nacional acerca de la interpretación restrictiva del instituto de la prescripción (CSJN Fallos: 312:2352 y 316:2325; e.o.).
III. Considero que el recurso no puede prosperar.
Ello así, por cuanto, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA c/ Provincia de Misiones Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XI-2019), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108 y 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en la especie -al igual que en autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires"; Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal en la jurisprudencia señalada ut supra .
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado cuestiona la aplicación de las disposiciones sobre prescripción de la legislación de fondo, en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil (ley 340), hoy derogado.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 25, ley 13.406; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Disiento con el criterio del colega que inicia el acuerdo, pues en mi opinión el recurso debe prosperar.
En la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia señalada deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí -con ciertas salvedades- y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.).
Con relación a este último precepto, baste simplemente añadir que las mismas razones que llevaron en la citada causa A. 71.388 a concluir que el Código Civil (ley 340) no regía el inicio del cómputo del plazo de prescripción de una deuda fiscal local, conducen a adoptar idéntica decisión respecto de la causal de suspensión alegada, por cuanto también esta constituye un aspecto complementario del término en cuestión, previsto y regulado actualmente en el art. 161 del Código Fiscal, que guarda similitud con el art. 65 de la ley nacional 11.683 (conf. mi voto en causas A. 73.347, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Acrílicos Atlas", sent. de 16-XII-2020; A. 71.949, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Andreani", sent. de 29-XII-2020 y A. 73.474, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Necotrans", sent. de 25-II-2021).
II. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad interpuesto, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68 segundo párr., CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. punto IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III. Consecuentemente, reiterando mi acompañamiento al voto de la ponente, corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en los arts. 159, 161 y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción en relación a la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos a la contribuyente para el período fiscal que es objeto de controversia (art. 289, CPCC).
IV. Sentado lo principal, no parece ocioso señalar que si bien en precedentes muy recientes me he pronunciado en contra de la constitucionalidad de la responsabilidad solidaria regulada por el Código Fiscal (v. por todos, mi voto en causa A. 72.295, "Yell Argentina S.A.", sent. de 23-II-2021), ello ha sido así en la medida en que semejante asunto había llegado -de una forma u otra- a la instancia extraordinaria del Tribunal. Tal cosa no acontece en la especie en tanto no se ha articulado remedio alguno contra la parcela del fallo del Tribunal de Alzada que -por mayoría- confirmó el rechazo de la excepción de inhabilidad de título o falta de legitimación pasiva, ni se verifican las condiciones que habilitan el uso del instituto de la apelación adhesiva, como tampoco el de la d
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