Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 125849
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.849, "Saúl, Roxana Elvira contra Instituto Médico Constituyentes S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón rechazó la demanda promovida, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 347/355).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 379/405).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal rechazó la acción de la señora Roxana Elvira Saúl contra el Instituto Médico Constituyentes S.A. y el señor Mario Luis Piccinin, mediante la cual procuraba el cobro de los rubros salariales e indemnizatorios vinculados con el contrato de trabajo que -según alegó en su inicial postulación- habría mantenido con la sociedad demandada (v. fs. 347/355).
Para así decidir, resolvió que las partes se hallaban vinculadas mediante un contrato no regido por la legislación emergente del derecho del trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la errónea aplicación de los arts. 4, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 50, 55, 57, 58, 63, 74, 78, 79, 80, 103, 121, 123, 138, 155, 231, 232, 233, 241 y 245 de la ley 20.744; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 10, 57 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14 bis, 16, 17, 18 y 33 de la Constitución nacional; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los principios de primacía de la realidad, congruencia y defensa en juicio y de doctrina legal que cita (v. fs. 379/405).
En particular cuestiona:
II.1.a. La conclusión por la cual se juzgó no verificada la existencia de la relación laboral denunciada en el escrito de inicio entre la actora y el instituto médico demandado.
Alega debidamente acreditadas -a partir de la prueba documental, lo manifestado por las partes y lo informado en la pericia contable- las notas de subordinación técnica, jurídica y económica que tipifican al contrato de trabajo.
Sostiene que el tribunal debió aplicar la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto se demostró que el doctor Diego Hernán Barletta, en su carácter de Coordinador de Cirugía, era quien impartía las órdenes de trabajo tanto a la actora como al equipo de cirujanos.
Afirma que existió en la realidad de los hechos un auténtico contrato de trabajo, mediante el cual la actora, con sujeción a las estrictas órdenes impartidas por la accionada, se desempeñó en relación de dependencia.
Manifiesta que toda la prueba documental agregada por su parte fue reconocida expresamente por la accionada al contestar la demanda.
Denuncia que el juzgador no consideró que la inscripción de la actora en el Círculo Médico de la Provincia de Buenos Aires fue realizada a instancias de la accionada, a los fines de poder atender -en forma exclusiva- en su establecimiento a los pacientes provenientes de la obra social del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Agrega que esos pacientes no eran propios de la actora ni tampoco los derivaba para su atención en la clínica, sino que eran del instituto demandado, al que asistían para su atención médica, siendo facturados los servicios prestados.
Argumenta que, al analizar la prueba documental, no se consideró que la emisión de las facturas expedidas por la actora al Círculo Médico fue a partir del día 2 de noviembre de 2016, es decir, veinte meses después de que comenzara a prestar servicios para la clínica demandada.
II.1.b. Cuestiona la valoración de las declaraciones testimoniales y que se descartaran las pruebas que demuestran -a su entender- la ilegalidad manifiesta de la forma en que se encontraban vinculadas las partes, convalidándose -de ese modo- una relación de dependencia con el ropaje de la figura de la "locación de servicios" y su consecuente "evasión fiscal", por no encontrarse registrada la vinculación según lo normado en la ley 25.345.
Reclama que la accionada no presentó como prueba el contrato de locación de servicios que manifestó haber suscripto con la actora.
Reitera que habiéndose demostrado que la relación de trabajo fue en los términos de la ley 20.744 (t.o.), resulta indiferente la denominación que las partes le hubieren puesto, por cuanto -expresa- se evidenciaron en forma clara las notas típicas de dependencia económica, técnica y jurídica cubierto -en el caso- bajo el manto de "locación de servicios" y configurando fraude a la ley.
II.1.c. Asevera que, si bien en las declaraciones testimoniales se dijo que la modalidad de pago era en calidad de monotributista o no inscripto, y mediante facturas, ello no altera la naturaleza jurídica de la relación que medió entre las partes, ni permite concluir que se trataba de una locación de servicios, ya que sólo demuestra que ese era el accionar común impuesto por la accionada.
Manifiesta acreditado que la actora: (i) practicaba operaciones bajo la sujeción de órdenes expresas de sus superiores; (ii) atendía en consultorios; (iii) hacía guardias en la dependencia de la accionada; (iv) los horarios y días de trabajo eran impartidos por sus superiores jerárquicos -en particular el doctor Barletta- y (v) se encontraba inserta en una organización empresaria ajena que presta servicios acordes con el fin económico de la empresa, en el que la clínica demandada desarrolla un servicio necesario. De tal modo -reitera-, la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo se encuentra apoyada por la naturaleza de las tareas mencionadas y en el beneficio que de ellas recibía la clínica demandada, lo que de por sí excluye la existencia de un trabajo autónomo.
II.1.d. Objeta que el sentenciante haya puesto en cabeza de la actora la obligación de probar lo que le correspondía a la accionada. Opina que el razonamiento del fallo es erróneo, por decidir -con desvío de toda lógica- que su parte no acreditó el contrato de trabajo, lo cual -resalta- se contradice con las constancias de la causa, en tanto efectivamente aportó los elementos necesarios para comprobar su existencia.
II.2.a. Expone que el órgano jurisdiccional se equivocó al afirmar que no se pudo determinar la fecha de ingreso de la doctora Saúl, ya que, afirma, del análisis de las pruebas documental, informativa y contable surge que comenzó a laborar en relación de dependencia al servicio de la accionada en el mes de marzo del año 2015.
II.2.b. Objeta la conclusión de no tratar en el veredicto la cuestión de la fecha de egreso por resultarle abstracta y al mismo tiempo decidir que la misma no se había logrado determinar. Alega que, a partir de lo que surge del intercambio telegráfico, quedó consentida por ambas partes, en ausencia de toda controversia, que la fecha de distracto fue el 8 de marzo de 2017.
II.2.c. Afirma que tampoco correspondía a la actora la carga de probar el horario de entrada y salida, sino a la accionada, quien contaba con los correspondientes registros.
Asevera que, de todas maneras, ello surge con claridad del análisis de los documentos de fs. 10 y 11 y del telegrama de fecha 15 de marzo de 2017, prueba que -alega- fue consentida por la demanda.
Con apoyo en doctrina legal de esta Corte, explica el valor hora médica que debió cuantificar el tribunal conforme los decretos 5.413/58 y 6.732/87.
II.3. Censura la valoración del tribunal de grado al sostener que los colegas de la señora Saúl señalaron que también les pagaban por módulos.
Precisa que esa modalidad de pago no fue negada, sino que, por el contrario, fue denunciada en el escrito de inicio al manifestar que dicho "...método de pago simulando locación de servicios en lugar de verdadera relación de dependencia, constituye el 'modus operandi' con que la accionada retribuye a los médicos cirujanos compañeros de la actora...".
Plantea que el juzgador se apartó del principio de primacía de la realidad, reiterando que de los hechos comprobados se evidencia un auténtico vínculo laboral, hallándose configurado -además- el fraude a la ley, toda vez que bajo la caracterización de "locación de servicios" se ocultó la real relación de trabajo.
II.4. Controvierte que se considerara la circunstancia de que la trabajadora no efectuó reclamo alguno a la demandada durante el trascurso de la relación.
Alega que, conforme el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando el trabajador guardó silencio durante los años en que la relación de empleo se desenvolvió de modo irregular, no corresponde aplicar la doctrina de los actos propios a quien resulta ser titular de derechos que revisten la categoría de irrenunciables y de indisponibilidad relativa.
II.5. Se agravia en cuanto sostuvo que no se acreditaron pagos efectuados a través de otro profesional o en forma no registrada.
Indica que el informe del Banco de la Provincia de Buenos Aires da cuenta de las transferencias que le realizaba su jefe, el doctor Diego Hernán Barletta.
Añade que, con el informe del Círculo Médico de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, quedó comprobado que desde la fecha de inicio de la relación laboral -8 de marzo de 2015- y el día en que la señora Saúl suscribió el contrato de prestadora con dicha institución -esto es, 20 de julio de 2016- existieron pagos no registrados.
II.6. Finalmente, solicita que, como consecuencia de la revocación del fallo de grado y el dictado de un nuevo pronunciamiento, se deje sin efecto la distribución de las costas y honorarios de fs. 345/348 y se ordene que las costas sean soportadas por la parte demandada.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Tras analizar las manifestaciones de las partes en sus respectivos escritos constitutivos, el tribunal señaló -entre otras cosas- que la accionante afirmó haber prestado servicios como médica en especialidad de cirugía bajo las órdenes del Instituto Médico Constituyentes S.A., y que este último negó la existencia de un contrato de trabajo, alegando que la relación mantenida con la señora Saúl era una locación de servicios regida por el derecho civil (v. vered., fs. 347/348).
Puntualizó que, en el caso de los médicos, al igual que el de otros profesionales liberales, no corresponde partir de premisas fijas, sino considerar cada supuesto en forma particular. En tal sentido, expresó que se los debe analizar de acuerdo al examen de los hechos y de las relaciones existentes entre las partes, con el fin de determinar cuál es la figura jurídica que prevalecerá, y si se encuentran las notas típicas de un contrato de trabajo (v. vered., fs. 349 vta.).
En ese contexto, y luego de detallar las pruebas producidas, adelantó que no resultaba aplicable la presunción establecida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., última fs. cit.).
Con la evaluación de las declaraciones testimoniales, destacó que no se había logrado probar ninguno de los supuestos denunciados por la actora para justificar la existencia de un contrato de trabajo. En tal sentido, destacó el relato del señor Julián Ramallo quien dijo tener el mismo cargo que la señora Saúl, ser responsable inscripto -pero que podían ser monotributistas o no inscriptos-, que le pagaban por módulos, que él no atendía pacientes de IOMA, y que cuando uno de los cirujanos faltaba o se tomaba vacaciones, se arreglaban entre ellos para definir su reemplazo. Relató que los testigos Daniel Alberto Ilchschen y Karina Eleonora Cañas coincidieron en que los pacientes atendidos por IOMA se cobraban por el Círculo Médico, agregando esta última que los especialistas cobraban a través de factura (v. vered., fs. 350).
A partir de la pericia contable tuvo por acreditada la veracidad de las facturas presentadas por la demandada (v. vered., última fs. cit.).
Con el informe y constancias agregadas por el Círculo Médico de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, consideró probado que la actora suscribió un contrato de prestadora con esa institución con fecha 20 de julio de 2016 y que el día 3 de mayo de 2017 presentó su renuncia. Destacó que en el mismo se adjuntó una copia de un "Contrato prestador asistencial externo" (fs. 319/321), firmado por la señora Saúl, donde se establecía que "...el Prestador asistencial externo sólo tendrá derecho a percibir los aranceles que le abone el Círculo Médico de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, el que estará sujeto al pago que la financiadora que corresponde efectivice a tal fin" y que "El prestador asistencial externo se incorpora en tal carácter en un acto libre y voluntario" (vered., fs. 350 vta.).
Finalmente, expuso que la obligación de designar reemplazante para el caso de ausencias colisionaba con el carácter personal e infungible del objeto del contrato de trabajo (art. 37, LCT). Con ello, sostuvo que no podía juzgarse corroborada la nota de subordinación jurídica que tipifica la existencia de una relación laboral (v. vered., última fs. cit.).
III.1.b. Ya en sentencia, concluyó que la actora no acreditó la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, ni la subordinación jurídica, económica y técnica, conforme con las pautas señaladas en la demanda y conforme con su obligación de demostrarlas, atento lo establecido en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 353).
Por el contrario, con apoyo en un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinó que se trataba de una locación de servicios entre una profesional independiente y una empresa que presta servicios médicos (conf. art. 1.623, Cód. Civ. -actual art. 1.251, Cód. Civ. y Com.-).
Por todo ello, rechazó la demanda en todos sus términos, ordenando que las costas sean soportadas en el orden causado (v. sent., fs. 354).
III.2.a. Conviene recordar que es función privativa de los órganos de grado determinar si entre las partes medió -o no- un contrato de trabajo, conforme los elementos fácticos que en cada caso se verifiquen (causas L. 103.558, "Cecconi", sent. de 5-III-2014; L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015 y L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021), así como también definir la existencia de la relación de dependencia o subordinación laboral y la calificación del vínculo existente entre las partes (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 118.836, "Chiniellato", resol. de 21-VI-2017 y L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021); extremos no susceptibles de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre absurdo.
También es sabido que no cualquier crítica autoriza a tener por acreditado el mentado vicio. Su existencia supone la comprobación de circunstancias que bien pueden calificarse de extremas por exceder el marco del mero disentimiento o la discrepancia de criterio personal, porque se requiere algo más: el error grave, el desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación material de la prueba producida que conduzca a resultados inconciliables con las constancias que se desprenden de la causa (causas L. 104.172, "Meza", sent. de 7-III-2012; L. 105.324, "Volpe", sent. de 5-VI-2013 y L. 122.223, "Góngora", sent. de 22-XII-2020; e.o.).
Si bien la impugnante invoca dicha falencia invalidante, no logra evidenciarla, desde que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió ponderar la prueba aportada a la causa.
En efecto, los reproches destinados a controvertir las motivaciones que sirvieron de sustento a esta parcela de la decisión (reseñados en el pto. III.1.), solamente denotan el criterio discordante de la recurrente frente a la solución adoptada, método que reiteradamente se ha declarado ineficaz a los fines de satisfacer la carga que importa la acreditación del absurdo que se atribuye al fallo (causas L. 94.977, "B., J.", sent. de 6-V-2009; L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I.", sent. de 4-VI-2014 y L. 123.937, "Giangrande", sent. de 14-XII-2020; e.o.).
La quejosa se limita a resaltar algunas circunstancias que resultarían demostrativas de la relación laboral que invoca, pero sin ocuparse de impugnar la labor axiológica desplegada por el tribunal respecto de la prueba en su conjunto a partir de la cual pudo arribar a una conclusión contraria a sus pretensiones.
En particular, de la posibilidad de que la actora pudiera hacerse reemplazar por otro profesional médico puede inferirse -según se señala en el fallo- la ausencia de un elemento esencial en la configuración de una relación laboral: la prestación personal del trabajador (art. 37, LCT; causas L. 86.065, "Spada", sent. de 18-VII-2007; L. 94.308, "Pena", sent. de 15-IV-2009 y L. 115.756, "Guglielmone", sent. de 12-VI-2013). Esta medular conclusión no ha sido impugnada idóneamente, por lo que debe permanecer firme.
En estas condiciones, el embate únicamente evidencia la intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para determinar el mérito y habilidad de la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones. Tal modalidad impugnativa es inhábil para conmover el fundamento del pronunciamiento atacado (art. 279, CPCC; causas L. 100.260, "Cechetto", sent. de 13-IV-2011; L. 119.131, "Peredo", sent. de 6-XII-2017 y L. 120.532, "Espinosa", sent. de 17-VI-2020; e.o.).
Asimismo, se advierte que no repara la recurrente en que la selección y ponderación de la prueba es una facultad privativa de los jueces de mérito, quienes pueden preferir unos elementos de convicción a otros, sin que sea necesario que se refieran a todos los producidos, bastando que lo hagan respecto a los que consideren relevantes al cumplimiento de su labor axiológica (causas L. 108.694, "Barrera", sent. de 26-IX-2012; L. 118.700, "Leyes", sent. de 15-VI-2016 y L. 119.012, "Gutiérrez Rellan", sent. de 16-V-2018; e.o.).
III.2.b.i. Igualmente ineficaz resulta el agravio asentado en la pretendida errónea aplicación de los arts. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Esta Corte tiene dicho que queda desvirtuada la presunción iuris tantum que surge del primero de los artículos citados, si la prueba producida demuestra que las labores prestadas por el actor no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 104.398, "Cesareo", sent. de 29-II-2012; L. 118.951, "Arias", sent. de 26-X-2016 y L. 120.081, "Mercuri", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
Bajo tales directrices, el reproche no es de recibo. Aun cuando el tribunal endilgó a la actora no haber acreditado la relación laboral invocada, lo cierto es que -más allá de esa afirmación- los motivos que lo llevaron a rechazar la demanda se forjaron a partir de la valoración integral de las pruebas arrimadas a la causa, que dieron cuenta -a su juicio- que el vínculo habido entre aquellas careció de los elementos que lo tipifican (v. vered., fs. 349 vta./350 vta. y sent., fs. 353/354).
De suyo entonces, el sentenciante pudo formar convicción de que el material probatorio en su conjunto acreditó con mayor certeza lo sostenido por la accionada que lo pretendido por la actora.
III.2.b.ii. En este marco, no queda margen para ingresar en el análisis de la pretendida infracción del art. 375 del citado digesto adjetivo.
III.2.c. Agrego a lo dicho que deviene ineficaz la denuncia de violación de normas constitucionales, que sería la consecuencia de haberse -primero- infringido preceptos legales de la materia de que se trata, supuesto que no se verifica en la especie (causas L. 100
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.