Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77130
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.130, "S., A. sobre Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria , Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que rechazó la acción de amparo promovida por el señor C. A. S. contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) con el fin de obtener la cobertura integral de internación domiciliaria y prestaciones que detalla en la demanda, a través de la empresa JASF 24 SRL (v. sent. de fecha 13-IV-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 28 de abril de 2021 11:49:27 a.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 4-V-2021.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que rechazó la acción de amparo promovida por el señor A. S. contra IOMA. En consecuencia, ordenó al Instituto demandado que otorgue al actor, en el plazo de cinco días, la autorización de la prestación integral de internación domiciliaria, a cargo de la empresa JASF 24 SRL, con las siguientes prestaciones médicas: médico una visita semanal, enfermería dos veces por día, cuidador domiciliario 24 horas por día, rehabilitación motora y respiratoria al menos tres sesiones semanales, material ortopédico, equipamiento respiratorio, insumos y materiales descartables; conforme prescripción del médico tratante -doctor Jorge E. Pollini- (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 11, 20 inc. 2 y 36 inc. 8, Const. prov.; 5, 9, 16 inc. 2, 17, 17 bis, 25 y concs., ley 13.928). Con costas del proceso a la demandada en su calidad de vencida (cfr. arts. 19 y concs., ley 13.928 y 274, CPCC).
Para así decidir:
I.1. Destacó que no se encontraba controvertida en autos la delicada situación de salud que presenta el amparista, de setenta y cuatro años de edad, quien requiere necesariamente recibir determinadas prestaciones médicas, con riesgo de vida ante la discontinuidad de estas o su cumplimiento ineficiente. Ello, atento que presenta "...antecedentes patológicos de Adenocarcinoma de próstata tratado con radioterapia y actualmente tratamiento farmacológico. Tabaquista severo. Hipertensión arterial con daño de órgano blanco. Marcapasos definitivo por bradiarritmia severa. Aneurisma de aorta abdominal. Insuficiencia respiratoria secundaria EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Arteriopatía periférica de miembros inferiores que le ocasiona claudicación intermitente. Trastornos leves de conducta presumiblemente como manifestación inicial de demencia vascular asociado a paciente panvascular con deterioro cognitivo progresivo que dificulta la autonomía para actividades de la vida diaria, secundario o negativismo para realizarlas. Marcada atrofia muscular y severos dolores de origen isquémico a pocos metros recorridos. Insuficiencia ventilatoria por patología pulmonar crónica secundaria a hábito tabáquico e insuficiencia cardíaca clínicamente evidenciable secundaria a la misma, que requiere control y seguimiento estricto con medicación, asistencia kinésica y hábitos higiénico-dietéticos..." (v. resumen de historia clínica y solicitud de internación domiciliaria, suscripta por el médico tratante Jorge E. Pollini; adjunta en soporte digital en fecha 19 de noviembre de 2020; plan terapéutico y prescripción médica allí también incluido y expte. adm. EX 2020-26921731-GDEBA-DGIIOMA acompañado por la demandada en formato digital en fecha 27 de noviembre de 2020).
Ponderó que del material probatorio incorporado en estas actuaciones se desprendía que la grave situación de salud del actor, imponía adoptar un criterio favorable a su petición, frente a un requerimiento de continuidad de una prestación de internación domiciliaria que, por la patología documentada, no admitía interrupción y su discontinuidad colocaba en severo riesgo de salud al paciente (v. apdo. 2, informe pericial de fecha 27 de noviembre de 2020).
Sostuvo que dada la índole de los derechos involucrados y ante la premura en la obtención de la autorización de la internación domiciliaria, tal como fue prescripta por el médico tratante, sobre la base de un análisis integral que requiere la valoración de las probanzas agregadas en autos, se amerita adoptar una solución tuitiva de los derechos en juego (conf. doctr. arts. 384, CPCC; 25, ley 13.928, texto según ley 14.192).
En ese marco, recordó que el derecho a la salud representa uno de los corolarios del derecho a la vida, y su reconocimiento como prerrogativa personalísima posee expresa raigambre constitucional con la incorporación como Ley Suprema de los tratados internacionales que así lo receptan (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Con invocación de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que, en el caso, debe darse primacía efectiva al derecho a la vida y a la salud que se encuentran comprometidos.
I.2. Sentado ello, entendió que la defensa de la demandada referida a la necesidad de acudir a instancias administrativas e iniciar el trámite correspondiente para obtener la cobertura integral de la prestación y, de tal modo, asegurar su continuidad, deviene incongruente con la patología documentada -cuyo diagnóstico y prescripciones no han sido controvertidos-, visto el delicado estado de salud del amparista y su edad avanzada. Ello, sin perjuicio de las posibilidades que posee el IOMA de solicitar documentación médica actualizada y auditar, de estimarlo conveniente, las prestaciones cuya cobertura se encuentre a su cargo.
I.3. Con respecto a la empresa prestadora, estimó que si bien JASF 24 SRL no tenía convenio con IOMA, vistas las particulares circunstancias de la causa, demostrada la delicada situación de salud del actor, se imponía adoptar un criterio favorable a la cobertura peticionada, frente a un requerimiento de la prestación de internación domiciliaria integral que presta la mencionada firma -con las prestaciones médicamente prescriptas-, la cual, por la patología documentada, no admite interrupción.
Refirió al estado de situación actual y al hecho de que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia. Ponderó que esa coyuntura de una grave emergencia sanitaria nacional dificulta aún más una eventual situación de interrupción y/o modificación de la prestación del servicio, frente al grave estado de salud y los bienes jurídicos tutelados (la vida y la salud).
Todo ello sin perjuicio de las facultades de auditoría que posee el IOMA para fiscalizar la prestación de la actividad por parte de la empresa referida -aún tratándose de un prestador sin convenio- y exigirle el cumplimiento del protocolo médico que corresponda de acuerdo a las prestaciones que avalen los galenos tratantes, historia clínica completa y cualquier otra documentación pertinente actualizada, dado que por la propia patología que presenta el señor S., las prestaciones a suministrar deben ser ajustadas a la propia evolución del paciente.
I.4. Concluyó que en el caso cabe ponderar de modo preeminente el cuadro de salud del amparista y la urgencia de la cobertura médica pretendida, extremos no controvertidos en autos y emergentes asimismo de la documentación respaldatoria obrante en la causa. Ello, en debido resguardo de la atención que requiere el paciente y siempre que cuente con el aval del médico tratante, sin perjuicio de las auditorías y controles que la demandada instrumente sobre la prestadora en cuestión.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto la Fiscalía de Estado denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 75 incs. 19, 22, 23 y concordantes de la Constitución nacional; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 20 inc. 2, 36 incs. 5 y 8 de la Constitución provincial; 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina legal que emana de los fallos que cita. También acusa absurdo y arbitrariedad.
II.1. Señala que la sentencia impugnada carece de los elementos esenciales que permitan considerarla un acto judicial válido, que la decisión es arbitraria y que su falta de fundamentación viola el derecho de defensa de su parte y el debido proceso y vulnera, asimismo, lo dispuesto por los arts. 161 del Código Procesal Civil y Comercial y 171 de la Constitución provincial.
Aduce que la resolución en crisis solo contiene una fundamentación aparente, porque se apartó de los escritos constitutivos del proceso y no evaluó de modo adecuado las constancias documentales de la causa, apoyándose únicamente en afirmaciones de naturaleza dogmática o inferencias sin sostén jurídico o fáctico con el solo sustento de la voluntad de los jueces.
II.2. Desde esa perspectiva, denuncia los elementos que considera que han sido conculcados, mal evaluados o tratados y resueltos de manera arbitraria.
II.2.a. Resalta que el juez de primera instancia desestimó la acción impetrada en el correcto entendimiento de que no existió de parte del IOMA acto ilegítimo alguno atento a que el señor S. no peticionó a la obra social -previo al inicio de la acción judicial- el requerimiento de la internación domiciliaria, por lo que no hubo acción u omisión arbitraria y/o ilegal del Instituto mencionado.
Se agravia porque la Cámara, sin desconocer el referido hecho incontrovertido de la falta de petición ante el IOMA de la cobertura de la prestación de internación domiciliaria, decide hacer lugar a la apelación articulada por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, con el argumento del delicado estado de salud del amparista y sin haber verificado el actuar arbitrario y/o ilegal del IOMA, condenando a la obra social a que brinde cobertura de internación, a través de una empresa que no ha celebrado convenio con el organismo.
Aduce que el Tribunal de Alzada incurre en absurdo porque no se probó en la causa que se haya configurado el extremo exigido por la Constitución provincial y la ley de la materia para la procedencia de la acción, esto es, la arbitrariedad y/o ilegalidad manifiestas, ya que ha sido un hecho incontrovertido en este juicio que el afiliado no efectuó pedido de cobertura de la prestación de internación domiciliaria por ante el IOMA y que el organismo no desplegó un comportamiento pasible de ser tachado de arbitrario y/o ilegal. Sostiene que ello surge del propio escrito de demanda, de lo alegado en la audiencia llevada a cabo a tenor de lo dispuesto por el art. 11 de la ley 13.928 y de lo informado por la Dirección de Programas Específicos del Instituto.
Entiende que el actor recurrió a la instancia judicial con el objeto de soslayar el cumplimiento de los requisitos que deben observarse en sede administrativa, y que de ninguna manera pueden ser considerados arbitrarios, tales como el inicio de trámite acompañando prescripción médica, resumen de historia clínica, presupuestos de las prestaciones, etcétera.
Agrega que no existe manera alguna de que el IOMA sepa sobre la necesidad de sus afiliados de recibir prestaciones como las de internación domiciliaria si estos no lo solicitan, eligiendo una empresa que sea prestadora del organismo mencionado y adjuntando toda la documentación que le es necesaria para otorgarla. Ello forma parte de las funciones que hacen al debido cumplimiento de los deberes a su cargo y está pensado en resguardo de la vida y la salud de los afiliados, por encima de los intereses de las empresas.
Arguye que la sentencia en crisis no ha discurrido sobre el hipotético grave daño que le ocasionaría al señor S. cumplir con la normativa vigente (procedimiento administrativo) destinado al otorgamiento de las prestaciones por parte del IOMA, obviando -por el contrario- los trámites legales y alterando las jurisdicciones vigentes.
Resalta que la absurdidad de la sentencia en crisis se muestra sin tapujos, por cuanto la procedencia de la vía del amparo requiere la presencia de una arbitrariedad -que importaría desconocer o aplicar erróneamente la normativa vigente para el caso- y que, ante la ineficacia de procedimientos ordinarios, se origine un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente, circunstancias que en autos no han sido probadas.
Con base en ello, la recurrente denuncia que la Cámara vulneró la doctrina imperante en la materia sobre la admisibilidad del carril del amparo. Cita las causas B. 66.013, "Macias", sentencia de 27-VI-2012; B. 64.702, "Coto", sentencia de 6-X-2004 y B. 63.788, "LLusa", sentencia de 21-V-2003.
Concluye que, como bien ponderó el juez de primera instancia, corresponde desestimar la acción promovida porque el actor no acreditó la existencia de una petición concreta formalizada ante el órgano estatal que hubiera originado una actuación u omisión susceptible de ser calificada como manifiestamente arbitraria o ilegítima.
II.2.b. Sin perjuicio de los argumentos arriba expuestos, agrega otro vinculado con la empresa a través de la cual se ordenó la cobertura integral al IOMA, Grupo JASF 24 SRL.
Arguye que agrava el vicio de absurdo denunciado, el hecho de que la condena impuesta por la Cámara va más allá de lo que el IOMA reconoce por la prestación brindada con un universo de empresas que sí tienen convenio con ese organismo.
Sostiene que la firma JASF 24 se convierte en una privilegiada por sobre el resto de las empresas al facturar un importe excesivo en comparación con la prestación efectivamente brindada y con lo que facturan las empresas que cumplen la misma prestación. Por ello, denuncia que la Cámara viola el art. 16 de la Constitución nacional al convalidar una evidente desigualdad de trato y pago, lo que redunda además en la violación al derecho de propiedad de su parte (art. 17, Const. nac.).
Señala que el Tribunal de Alzada omitió considerar lo expresado durante todo el proceso por su parte en relación con la abultada suma que la empresa JASF 24 SRL percibe por el servicio que brinda, montos que exceden holgadamente las sumas aprobadas para el resto de las empresas que ofrecen servicios de idénticas características a los por ella brindados. En conclusión, no se puede condicionar a la Administración a que la cobertura se preste por una empresa que no se encuentra vinculada con el IOMA, salvo circunstancias especiales, las cuales claramente en el presente caso no concurren.
Destaca que la sentencia en crisis no fundamenta acerca de la necesidad o conveniencia de que el servicio requerido por el actor se practique exclusivamente a través de la referida empresa y tampoco surge de la prueba pericial médica producida en autos, en la cual se aconsejó la figura de cuidador domiciliario, prestación distinta a la ordenada por la Cámara.
Concluye que no se advierte cual es el fundamento real para excluir la posibilidad de otra empresa de similares características, decisión ésta solo beneficiosa para JASF 24 SRL -que no es parte del juicio- y disvaliosa para IOMA al escoger a una empresa que no ha celebrado convenio y es ajena al contralor de ese organismo.
En apoyo de su postura invoca lo resuelto por esta Corte en la causa A. 76.471, "Sanchez", sentencia de 31-III-2021.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. El agravio vinculado con la vía de amparo elegida por la parte actora y la consecuente cobertura de las prestaciones médicas a cargo del IOMA, es insuficiente (art. 279, CPCC).
III.1.a. La Cámara, al revocar -por mayoría- la sentencia de primera instancia señaló que resultaba procedente la vía del amparo dada la índole de los derechos comprometidos en el caso. Entendió que la defensa de la demandada relacionada con la necesidad de acudir a instancias administrativas e iniciar el trámite correspondiente para obtener la cobertura de la prestación -y de tal modo, asegurar su continuidad-, devenía incongruente -en el marco del presente trámite procesal- con la patología documentada, cuyo diagnóstico y prescripciones no habían sido controvertidos por la obra social demandada; visto el delicado estado de salud del amparista y su edad avanzada.
Consideró que, en el contexto de autos, el aludido requisito devenía incompatible con el debido y oportuno resguardo del derecho constitucional a la salud comprometido y la urgencia del caso. Ello, sin perjuicio de las posibilidades de la demandada de solicitar documentación médica actualizada y auditar, de estimarlo conveniente, las prestaciones cuya cobertura se encuentre a su cargo.
III.1.b. Como surge de los antecedentes reseñados no se encuentra discutida la situación de salud que presenta el actor, así como tampoco la necesidad de recibir las prestaciones médicas reclamadas, cuyo cumplimiento ordenó la Cámara en la sentencia puesta en crisis.
En esta parcela, el embate de la recurrente, se limita a reiterar el argumento de que no se encuentran configurados los requisitos de procedencia de la acción toda vez que el IOMA no incurrió en un obrar ilegítimo porque no tuvo oportunidad de analizar ni resolver la prestación del actor. Sostiene que este nunca inició los trámites correspondientes ante el organismo demandado, con anterioridad al inicio de la acción judicial, con lo cual no podría alegarse que la demandada ha incurrido en una denegatoria arbitraria.
III.1.c. Tales argumentos no van más allá de meros disentimientos personales con la solución dada por la Cámara a la contienda y, como tales, no logran demostrar que la sentencia, en este aspecto, no constituya una derivación razonada del derecho vigente.
La situación de urgencia y las posibles consecuencias negativas de la falta de cobertura de la modalidad prescripta por el médico tratante del señor S. que ponderó el Tribunal de Alzada para la admisibilidad de la acción de amparo, constituyen típicas situaciones de hecho no revisables, en principio, en la instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de la existencia de absurdo (conf. doctr. causas A. 70.655, "Acevedo", sent. de 20-II-2012; A. 73.133, "Valdez", sent. de 8-XI-2017; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019; e.o.), vicio que, si bien la recurrente ha denunciado, no ha logrado acreditarlo respecto a las circunstancias señaladas.
Es que para para tener por configurado ese defecto, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (arts. 279 y 384, CPCC; conf. doctr. causas A. 74.290, "Andrade", sent. de 6-XI-2019 y A. 75.103, "Paredes", sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
Las expresiones de la impugnante no constituyen base idónea de agravios ni configuran el absurdo que dé lugar al recurso extraord
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