Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66372
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del abogado apoderado de la parte actora, doctor Carlos Alfredo Botassi, en la suma de pesos cuarenta y dos mil quinientos -$42.500- (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. b, 51 y 54 del dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modificatorias) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 66.372, "Vigliarolo, Héctor Oscar y otro contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Pcia. de Bs. As. DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Mancini.
I. Héctor Oscar Vigliarolo y Miguel Ángel López, por apoderado, promueven acción contencioso administrativa contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se dejen sin efecto los actos que desestimaron sus solicitudes de reconocimiento de las sumas establecidas en los decretos 86/97, 1.014/97 y 1.015/97, como remunerativas y computables en el haber básico sobre el que se calcula el monto del beneficio previsional del que son titulares, correspondientes a la jerarquía con la que el haber se les liquida.
Solicitan que se condene al pago de las diferencias devengadas desde la vigencia de los mencionados decretos y de los intereses, calculados también desde que cada diferencia se devengó hasta la fecha del efectivo pago.
Señalan que son beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Manifiestan que se presentaron ante la Caja demandada, con el objeto de que se incluya en sus haberes el monto correspondiente al suplemento especial establecido en los decretos mencionados.
Aducen que los suplementos, otorgados en el año 1997, quedaron definitivamente incorporados al sueldo del personal en actividad.
Entienden que el beneficio previsto en el decreto 1.014/97 no se encuentra comprendido entre los adicionales no remunerativos y no bonificables a los que alude el art. 34 de la Ley 12.062 de Presupuesto para el año 1998.
Advierten que debe prescindirse de la denominación dogmática atribuida al suplemento y, en función de sus caracteres (habitualidad, periodicidad y generalidad), reconocerse su verdadera naturaleza remunerativa.
Estiman que la circunstancia de no realizarse aportes previsionales sobre las sumas que los activos perciben por este concepto no puede significar un obstáculo al derecho reclamado, toda vez que en el marco del régimen previsional del caso -decreto ley 9.538/80- resultan de aplicación insoslayable dos principios que lo informan: la movilidad de las prestaciones y la sujeción a aportes de toda retribución, cualquiera sea la designación que se le asigne.
Indican, respecto al art. 34 de la Ley de Presupuesto n° 12.062, que al tratarse el suplemento de un pago claramente remunerativo y como contraprestación al trabajo profesional de policía, no constituye una de las bonificaciones no remunerativas y no bonificables a las que alude esa norma, razón por la cual entiende que el suplemento sobre el que versa el presente no se encuentra alcanzado por aquella disposición.
Esgrimen similares argumentos en relación a la suma fija que, por "mantenimiento de uniformes y equipos", estableció el decreto 86/97, añadiendo que la imputación presupuestaria que se formule no puede afectar su real naturaleza jurídica, ya que este contiene un carácter netamente retributivo a los fines previsionales por sus notas de regularidad, habitualidad y permanencia.
Con respecto al adicional creado por el decreto 1.015/97, emplean idénticos argumentos, a los que agregan que el carácter de retributivo surge del mismo texto de la norma en tanto el pago de la compensación establecida fue dispuesto exclusivamente para el agrupamiento servicios, respecto del cual no existe previsión alguna que disponga la uniformidad de vestimenta.
Finalmente, afirman que la situación planteada importa la ruptura de garantías constitucionales y la alteración del orden jurídico, en tanto se contrarían disposiciones legales específicas con normas de menor rango: en el caso, el decreto dictado al limitar su aplicación al personal en actividad, violenta la legislación previsional aplicable (dec. ley 9.538/80; arts. 14 bis y 17, Const. nac.; 11, 31, 39, 40 y 57, Const. prov.).
Citan jurisprudencia y plantean el caso federal.
II. Tras conferirse el traslado de ley, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y contesta la demanda, solicitando su rechazo en todos sus términos.
En primer lugar, se opone al progreso de la demanda argumentando la falta de legitimación pasiva de la Caja demandada, en tanto es el Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus competencias atribuidas en materia salarial, quien ha dictado las normas en cuestión y por ello el pedido al ente previsional no es atendible.
Además, plantea que los demandantes carecen de legitimación procesal para reclamar en esta instancia judicial los suplementos dispuestos en los decretos 86/97 y 1.015/97, dado que el reclamo administrativo de los interesados se dirigió exclusivamente a obtener la liquidación y pago de la bonificación dispuesta en el decreto 1.014/97.
En lo que se refiere al fondo, sostiene que el análisis de las normas que regulan los adicionales pretendidos y de las contenidas en el régimen previsional aplicable, permite concluir que aquellos no revisten el carácter de remuneración a los fines previsionales.
Aduce que el decreto 1.014/97 estableció para la Policía Bonaerense y para el Servicio Penitenciario un suplemento especial, por tiempo limitado, no remunerativo y no bonificable.
Refiere que el carácter no remunerativo del suplemento establecido fue consagrado de modo exclusivo para el personal en actividad, pues tiende a compensar el mayor esfuerzo del personal responsable en la ejecución de funciones extraordinarias durante la vigencia del estado de emergencia policial declarado por la ley 11.880.
Añade que el decreto en cuestión estableció que dicho suplemento no estaría sujeto a los descuentos previstos en las leyes previsionales y asistenciales, ni serviría de base de cálculo para la determinación de cualquier otro tipo de adicional y/o descuento.
Cita jurisprudencia de este Tribunal que considera aplicable al caso.
En lo atinente al decreto 86/97, por el cual se otorgó al personal del grupo comando en actividad de la Policía Bonaerense una suma fija en concepto de compensación de gastos por "mantenimiento de uniformes y equipos", aduce que ese suplemento tampoco reviste carácter remuneratorio.
Afirma que la compensación que se requiere es especial, no remunerativa, no bonificable y no permanente, respecto de la cual no se efectúan aportes previsionales.
Manifiesta que constituye un reintegro de gastos que no puede conceptuarse como bonificación o adicional con carácter remunerativo, ya que tiene por objeto cubrir las erogaciones exigidas por el desempeño de los cargos, cuyo ejercicio obliga a llevar vestimenta acorde con las funciones cumplidas. Destaca que esa obligación es consecuencia lógica de la exigencia legal del uso de uniforme y equipo, cuyo incumplimiento trae aparejadas sanciones (arts. 14, apdo. I, incs. "a" y "b" y 52 inc. 1, dec. ley 9.550/80).
Argumenta que la percepción de dicho rubro se halla supeditada a rendición de cuentas, al control de las autoridades respectivas y al efectivo desempeño de funciones por parte de los agentes policiales, circunstancias concluyentes para determinar el carácter de reintegro.
Los mismos argumentos aduce en cuanto al adicional dispuesto por decreto 1.015/97.
Plantea el caso federal.
III. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora, los alegatos de ambas partes (v. fs. 234/239), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Con motivo de la sanción de la ley 13.437 -Plan de Saneamiento de deudas con el personal pasivo Policial y del Servicio Penitenciario- los señores Vigliarolo y López suscribieron con la demandada acuerdos transaccionales de pago, en noviembre y diciembre de 2006 respectivamente, en relación a la bonificación dispuesta por el decreto 1.014/97, que han sido acompañados a los autos en diferentes fechas (v. fs. 256 y 274).
Mediante sentencia del 14 de noviembre de 2007, el Tribunal homologó el acuerdo del señor Vigliarolo (v. fs. 265/269). Con posterioridad fue acompañado por la Caja el acuerdo de igual tenor suscripto por el señor López, dándose traslado a las partes, quienes guardaron silencio, reanudándose el llamamiento de autos para sentencia (v. fs. 282).
II. Atento el alcance de los acuerdos, corresponde expedirse sobre las pretensiones vinculadas a los decretos 86/97 y 1.015/97.
En lo que atañe a la pretensión de cobro del adicional establecido por el decreto 1.015/97 -a cuyo progreso formal se opone la demandada con sustento en la ausencia de reclamo administrativo en tal sentido-, resulta oportuno señalar que los aquí actores no se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del referido decreto.
Ello así, toda vez que la suma establecida en esa norma alcanza al personal que reviste en la categoría de Oficial Principal e inferiores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los actores accedieron al beneficio previsional en el cargo de comisario de esa fuerza de seguridad, según consta en los recibos de haberes previsionales acompañados, como también surge de las resoluciones denegatorias de la Caja demandada (v. fs. 8/13). Extremo que, por sí solo, obsta el resultado favorable del reclamo (causa B. 60.688, "Anghinetti", sent. de 29-XII-2014).
III. En lo que se refiere a la compensación de gastos por "mantenimiento de uniformes y equipos" otorgada por el decreto 86/97 al personal en actividad del agrupamiento comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en relación a los dos demandantes, dado que esta cuestión fue sometida a debate y decisión en las causas B. 61.422, "Punazzo", sentencia de 12-VII-2006; B. 61.876, "Genua", sentencia de 7-III-2007; B. 62.300, "Maire", sentencia de 26-IX-2007; B. 62.301, "Weigandt" y B. 60.687, "Suarez Acosta", sentencias de 29-XII-2009, entre otras, resulta conveniente, por razones de celeridad y economía procesal, tener aquí por reproducidos los fundamentos allí brindados y por lo tanto, reiterar el criterio y solución plasmados en tales oportunidades.
Por las razones expuestas, voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.001-).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Mancini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del abogado apoderado de la parte actora, doctor Carlos Alfredo Botassi, en la suma de pesos cuarenta y dos mil quinientos -$42.500- (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. b, 51 y 54 del dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modificatorias) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/02/2022 11:07:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/02/2022 14:15:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/02/2022 09:53:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2022 13:48:07 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2022 08:06:28 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/02/2022 08:07:08 hs. bajo el número RS-17-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia