Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 123665
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.665, "Martinez, Carlos Ariel contra Electroingenieria S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 111/119).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-III-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Carlos Ariel Martinez contra Electroingeniería S.A., condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido; haberes adeudados; vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales; los resarcimientos previstos en el art. 53 ter de la ley 11.653 y 2 de la ley 25.323; y la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345; v. sent., fs. 111/119).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis y la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, juzgó que no se intimó debidamente a la accionada, conforme disponen las mencionadas normas y el decreto 146/01, reglamentario de la ley 25.345. Si bien hizo mención a la carta documento de fecha 15 de febrero de 2018, una vez valorados los informes del Correo Argentino obrantes a fs. 69 y 76, concluyó que la pieza postal carecía de datos vinculados a su recepción y entrega (v. vered., fs. 113 y vta.). Luego, y toda vez que entendió que ese recaudo no se encontraba verificado, desestimó las pretensiones (v. sent., fs. 116 y vta.).
Asimismo, tuvo por acreditado el incumplimiento del depósito de los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos por el empleador en los períodos diciembre de 2014; enero y febrero de 2015 (v. vered., tercera cuestión, fs. 113 y vta.), juzgando que, para hacerse acreedor de la sanción pretendida, la intimación debe cursarse -dada la interpretación que formuló del art. 1 del decreto 146/01- con indicación precisa de los conceptos y montos.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17, 19 y concordantes de la Constitución nacional; 1, 9 segundo párrafo, 57, 132 bis y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 del decreto 146/01; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
Se agravia del rechazo de las multas previstas en los citados arts. 80 y 132 bis de la referida Ley de Contrato de Trabajo, pues entiende que la solución adoptada por el tribunal de trabajo transgrede la doctrina legal que emerge de las causas L. 92.220, "Dupleich Villegas" (sent. de 19-X-2011) y L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013), respectivamente.
Alega que el órgano de grado realizó una absurda valoración del informe emitido por el Correo Argentino, que obra agregado a fs. 76.
Denuncia que allí -claramente- el mencionado organismo indicó que la misiva fechada el 15 de febrero de 2018 fue recibida por la demandada en el domicilio de la calle 25 de mayo n° 489, piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surgiendo el nombre "Nunes" como receptor de la misma.
Remarca que resulta ilógico concluir que el informe de fs. 76 carece de valor probatorio porque, contrariamente a lo sostenido por el juzgador, complementa el resto de los elementos de juicio.
También denuncia que deviene absurdo, contradictorio y violatorio del art. 9, segundo párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo, la apreciación del órgano de grado sobre los oficios del Correo, ya que en la hipótesis de haber abrigado alguna duda con relación a la apreciación de la prueba -y, específicamente, en lo atingente a la entrega del telegrama- debió arribar a la conclusión más favorable para el trabajador.
Luego, afirma que el juzgador infringió e interpretó erróneamente el alcance de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345), porque estableció que la intimación debió realizarse precisando los conceptos y montos de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados al organismo de destino, desde que tales requisitos no están previstos en el texto de la norma.
Por otro lado, alega que el órgano de grado también realizó una absurda valoración del resto de las constancias probatorias, a saber: del telegrama (v. fs. 6), los recibos de sueldo (v. fs. 8/25) y el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 99/107).
En lo atingente a este último instrumento, asegura que de su compulsa surge con toda claridad que en el período reclamado (diciembre de 2014 a febrero de 2015), la empleadora procedió a la retención de los aportes de la seguridad social, sin ingresarlos al sistema.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Corresponde efectuar, en primer lugar, una consideración respecto de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del remedio traído.
Es menester destacar que, en atención a que los cuestionamientos traídos por la recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020 y L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020). En cambio, la restante no supera el umbral para la admisibilidad del recurso vigente a la fecha de su interposición (art. 278, CPCC -texto según ley 14.141-).
Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011), L. 108.498, "C., B. D." (sent. de 22-V-2013) y L. 111.996, "Centurión" (sent. de 4-XII-2013), a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos.
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y especialmente procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación referida al rechazo de la pretensión de pago de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -ante la ya indicada insuficiencia de la cuantía- en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causa L. 122.013, cit.; e.o.).
Consecuentemente, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019).
III.2. Bajo tales premisas, y sin perjuicio de cualquier otra consideración que pudiera formularse, el agravio dirigido a objetar el rechazo de la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo debe declararse inadmisible, en tanto se vincula con típicas cuestiones de hecho y prueba, -que como tales- se hallan excluidas de la acotada vía de revisión por la que transita este aspecto del recurso (causas L. 98.131, "Izaguirre", sent. de 25-IV-2012; L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; L. 119.619, "Pastene", sent. de 15-VIII-2018 y L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019).
Cabe agregar, para mayor satisfacción del recurrente, que la única doctrina legal que cita en esta parcela ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los del caso bajo análisis (causas L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010; L. 101.587, "González", sent. de 18-XII-2013 y L. 118.268, "Peralta", sent. de 5-XII-2018).
III.3. Luego, corresponde abordar la crítica orientada a derribar la definición vinculada al rechazo de la sanción conminatoria que contempla el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sobre el particular, entiendo que corresponde rescindir el aspecto del fallo con arreglo al cual el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del decreto 146/01 no se encontraba cumplida en debida forma.
De la lectura de los informes emitidos por el Correo, incorporados a la causa a fs. 69, 76 y 79, se evidencia la configuración de absurdo en la apreciación efectuada por el tribunal de grado, tal y como agudamente plantea el interesado.
Me afirmo en esta conclusión porque de la simple lectura del informe del día 21 de agosto de 2018 (v. fs. 69) surge que el mencionado organismo, al referirse a la CD 761059777 (v. fs. 6), con fecha de imposición 15 de febrero de 2018, comunica que se "...continúa actuando en cuanto a los datos de envío y que oportunamente se volverá sobre el particular...". Luego, en el informe fechado el 23 de agosto de 2018 (v. fs. 76), hace saber que la mencionada carta documento fue entregada el día 19 de febrero de 2018 a las 12.00 hs., siendo recibida por una persona que suscribió como "Nunes".
De allí que no cabe sino concluir que el razonamiento plasmado por el tribunal de origen, en cuanto -como se apuntó más arriba- declaró que no se hallaba demostrado ese extremo incurrió en el señalado vicio, toda vez que las constancias obrantes en la causa contrastan con tal conclusión, la que -por ello- debe revocarse.
Recuérdese que la evocada anomalía sentencial se patentiza a partir de la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de los obrados (causas L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017; L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018 y L. 122.889, "De Zan", sent. de 26-V-2021).
III.4. Luego, también corresponde rescindir el aspecto del fallo con arreglo al cual el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador para abastecer los recaudos impuestos por las normas aplicables, debe incluir una "indicación precisa" de los conceptos y montos presuntamente retenidos.
En efecto, y no sin destacar que en el telegrama de fs. 6 se indicaron los períodos en que se denunció la infracción (que, adelanto, coincide en un tramo con las constancias de la causa) y los montos, se observa que el restante fundamento esgrimido por el juzgador para desestimar la sanción conminatoria mensual (v. sent., fs. 116 vta.) deriva de una errónea interpretación del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues esta norma no exige que en la intimación se individualicen los conceptos y montos retenidos (conf. en lo sustancial, causas L. 122.556, "Soto", sent. de 10-VIII-2020 y L. 122.423, "López,", sent. de 21-XII-2020; entre otras sentenciadas por el mismo tribunal interviniente). Tampoco lo hace -por cierto- su decreto reglamentario (art. 1, dec. 146/01).
III.5.a. Descartadas, entonces, las exigencias formales en las que el tribunal de grado fundó su decisión, corresponde analizar si se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual del citado art. 132 bis.
Ello así, pues si bien es cierto que el tribunal tuvo por probado que el empleador no depositó los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos en los períodos diciembre de 2014; enero y febrero de 2015 (v. vered., fs. 113 vta. y sent., fs. 116 y vta.), no lo es menos que la demandada no tuvo ocasión de recurrir esa decisión, toda vez que la sentencia le resultó favorable.
Desde esa óptica, se advierte que la legitimada pasiva sostuvo en oportunidad de contestar la demanda que correspondía el rechazo de la sanción, afirmando que había cumplido íntegramente con el depósito de las deducciones efectuadas (v. fs. 55 y vta.).
Luego, y por aplicación de la figura de la "apelación adhesiva", corresponde tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (causas L. 95.784, "Vicenzi", sent. de 21-XII-2011; L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 100.916, "Andrews", sent. de 5-IV-2013), pues, en caso contrario, se podría dejar sin razón a quien la tenía (causa Ac. 81.298, "Reboredo", sent. de 11-VI-2003).
En tal sentido, deviene necesario revisar el acierto de la conclusión fundada en la inexistencia de transferencia a los organismos correspondientes de los aportes retenidos.
III.5.b. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011; L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sent. de 5-VI-2013, cuya doctrina denuncia transgredida el recurrente; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.5.c. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis en los términos en que efectivamente fue solicitado por la actora.
En efecto, tal como lo sostiene el propio sentenciante, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 10/47 y el informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), es posible constatar que, como acertadamente denuncia el recurrente, en los meses de diciembre de 2014; enero y febrero de 2015, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y -al menos a la fecha del informe de la AFIP, esto es, octubre de 2018- no había dado cumplimiento con su deber de ingresarlos formalmente en su totalidad (v. fs. 113 y vta.).
Además, y conforme lo resuelto precedentemente respecto del telegrama glosado a fs. 6, en que el señor Carlos Ariel Martinez intimó a su empleadora (el día 15-II-2018) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
Ello basta, más allá de otras consideraciones que podrían formularse, para evidenciar en el caso el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso.
En consecuencia, y quedando a partir de lo dicho atendidos los argumentos traídos por la accionada, debe revocarse la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 25.345-, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
A excepción de lo manifestado en el punto III.1. párrafos tercero y cuarto, adhiero al voto emitido por la señora Jueza doctora Kogan.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de lo expuesto en el apartado III.1. en orden a su opinión brindada en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011); L. 108.498, "C., B. D." (sent. de 22-V-2013) y L. 111.996, "Centurión" (sent. de 4-XII-2013), habré de adherir al sufragio emitido por la ponente.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con idéntica salvedad a la formulada por los doctores Torres y Soria, adhiero al voto de la doctora Kogan.
Voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/03/2022 20:26:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/03/2022 12:35:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2022 19:39:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2022 09:24:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2022 10:48:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia