Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 123643
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.643, "Slutzky, Silvia Marcela contra SWISS Medical ART S.A. y otro/a. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 234/249).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 23 de noviembre de 2018 y 30 de noviembre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción deducida por Silvia Marcela Slutzky contra SWISS Medical ART S.A. y condenó a esta última al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 (v. fs. 234/249).
Para así decidir, con fundamento en el informe pericial psicológico, certificados médicos y las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa, juzgó probado que, a raíz de las presiones y malos tratos sufridos en el ámbito laboral, la actora padece de "síndrome de Burnout", que le provoca una incapacidad del 13,2% del índice de la total obrera (v. fs. 235/237). Sostuvo que al estar la dolencia relacionada con el trabajo debe ser resarcida como enfermedad no listada a través de una interpretación amplia del decreto 1.278/00 (v. fs. 236 vta.).
Estableció como fecha de la primera manifestación invalidante el día 31 de marzo de 2014 (v. fs. 237).
Luego, teniendo en consideración que la trabajadora había ingresado a prestar tareas para su empleadora sin afección alguna, y que la enfermedad profesional que contrajo fue producto de los padecimientos sufridos en el derrotero de su función y por los hechos descriptos, al no hallarse tal dolencia listada, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 6 segundo párrafo de la ley 24.557 y 2 inc. "b" del decreto 1.278/00 (v. fs. 240 y vta.).
Por otra parte, también descalificó la validez constitucional del art. 12 primer párrafo de la ley 24.557, como la de las resoluciones 30/13 y 266/13 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), toda vez que -dijo- de aplicarse los topes allí previstos, se afectaría gravemente el derecho de propiedad de la trabajadora amparado por el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 240 vta./241 vta.).
Con sustento en tales premisas, condenó a la accionada a abonarle a la promotora del pleito la suma que determinó en concepto de las prestaciones dinerarias inicialmente mencionadas (v. fs. 242 vta.).
Dispuso adicionar a dicho monto, desde que cada suma fue debida y hasta la fecha de notificación de la demanda inclusive -si estuviere vigente el Código Civil y Comercial- o en su defecto hasta el día 1 de agosto de 2015, los intereses moratorios con arreglo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Con fundamento en el art. 770 de dicho Código, seguidamente expresó que, capitalizados los intereses a esas fechas, luego y hasta la sentencia, los intereses moratorios debían liquidarse a la tasa señalada. Agregó, que se dispondría una nueva capitalización desde que se ordene pagar en la sentencia la suma resultante, en el caso que el deudor sea moroso en hacerlo (v. fs. 246).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. Sostiene que la condena impuesta excede la cobertura otorgada al empleador en los términos del contrato de afiliación suscripto, por cuanto la patología que porta la actora no se encuentra incluida en el art. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ni en el listado de enfermedades profesionales aprobado por el decreto 658/96.
Argumenta que las aseguradoras de riesgos del trabajo únicamente deben responder "en los límites del nuevo sistema" o "hasta el valor garantizado por el régimen de la ley 24.557".
Insiste, en que Swiss Medical ART S.A., como parte integrante de un subsistema de la seguridad social, tiene funciones específicas asignadas por la ley 24.557 que la limitan estrictamente en su objeto y, en consecuencia, sólo puede ser responsable por las prestaciones en especie y dinerarias que otorga dicha normativa, pero de ningún modo puede ser condenada a reparar una minusvalía derivada de una enfermedad no incluida en el listado que prevé el art. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Expresa que se descalificó constitucionalmente a dicho precepto sin exponerse de manera precisa en qué radica el perjuicio de la actora, ni cuáles fueron los derechos vulnerados. Indica que el pronunciamiento no contiene fundamentos suficientes para arribar a semejante declaración. Sin perjuicio de ello, luego, defiende la validez constitucional del art. 6 de la ley 24.557.
Refiere que el órgano jurisdiccional de grado aplicó erróneamente el decreto 659/96, toda vez que dicha normativa impide resarcir patologías como la configurada en el caso que no tengan como causa un accidente laboral.
II.2. Por otro lado, controvierte la decisión del tribunal de origen en cuanto rechazó la aplicación de los topes previsionales previstos en las resoluciones 30/13 y 266/13 de la ANSES y calculó el valor mensual del ingreso base siguiendo las directrices del caso "Vizzotti" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Señala que a pesar de las deficiencias que se reconocieron respecto del planteo formulado por la parte actora, el tribunal decretó igualmente la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Argumenta que el a quo soslayó que la Corte de la Nación en el precedente "Berti" indicó -entre otras consideraciones- que, de conformidad con la norma mencionada, para determinar las prestaciones dinerarias, se deberá tener en cuenta las remuneraciones sujetas a cotización, y que los aportes y contribuciones se calcularán conforme a los límites mínimos y máximos fijados en el art. 9 de la ley 24.241.
Finalmente, alega la ausencia de declaración de inconstitucionalidad en la parte resolutiva del fallo.
II.3. Objeta la aplicación de los intereses moratorios, alegando en tal sentido que su parte no se encontraba en mora al momento de la notificación de la demanda, ya que la actora no denunció la enfermedad en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que no pueden computarse tales accesorios desde la fecha en que supuestamente la señora Slutzky tomó conocimiento de su patología.
Entiende que en el caso deben calcularse los intereses desde que la pericia médica quedó firme, ya que es ésta la única oportunidad donde un experto vinculó la dolencia con la actividad.
Sin perjuicio de lo expuesto, manifiesta que la Suprema Corte desestimó la aplicación del anatocismo contemplado en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación en el precedente B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016).
II.4. Por último, censura la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1.278/00 y de los arts. 21 y 22 de la ley 24.557.
Aduce que tales normas no afectan ningún derecho o garantía amparados por la Constitución nacional y que, para generar responsabilidad alguna en cabeza de las aseguradoras de riesgos del trabajo debe sometérselas a aquellos organismos establecidos por la ley 24.557, que no son otros que las comisiones médicas. Agrega que en dicho plexo normativo no se hace referencia a los tribunales de trabajo, los que resultan ser incompetentes para tratar cuestiones relacionadas con la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad.
III. El recurso no prospera.
III.1. No son de recibo los variados argumentos que trae el recurrente para repeler la responsabilidad que en el fallo de grado se le ha endilgado a la firma aseguradora.
III.1.a. Como previo señalamiento, dable es destacar que lo argumentado acerca de la competencia del tribunal de grado en su vinculación con los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 (en su diseño anterior), colisiona con los fundamentos que conforman la doctrina de las causas L. 81.399, "Sparnochia" (sent. de 14-X-2003); L. 82.871, "Chavez" (sent. de 1-IV-2004); L. 82.688, "Fedczuk" (sent. de 14-IV-2004) y L. 75.708, "Quiroga" (sent. de 23-IV-2003); en razonamiento concordante con lo juzgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente "Castillo" (sent. de 7-IX-2004).
Luego, ocupa agregar que, si bien el recurrente argumenta que la enfermedad que porta la promotora del pleito no se encuentra incluida en el listado de enfermedades resarcibles contemplado en el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, este Tribunal ha sostenido que corresponde hacer extensiva la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 al art. 6 apartado 2 inc. "b" (modif. por dec. 1.278/00) de esta misma legislación, en cuanto, ampliando las facultades que poseen las comisiones médicas para determinar el carácter laboral del accidente o el profesional de la enfermedad, como así también, para establecer el carácter y grado de incapacidad y su revisión, habilita a la comisión médica central a considerar como profesionales a aquellas dolencias que, en cada caso concreto, dicho ente administrativo determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución de las tareas, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al obrero o ajenos al trabajo (causas L. 95.508, "López", sent. de 30-V-2007; L. 94.821, "Villalba", sent. de 19-IX-2007; L. 102.937, "Gómez", sent. de 22-XII-2010 y L. 104.210, "Zarate", sent. de 14-IX-2011). Y junto a ello, puede apuntarse que -adversamente a lo sostenido por el quejoso- sí se vislumbran las motivaciones que llevaron al a quo a juzgar la invalidez constitucional del mentado art. 6 de la ley 24.557.
A la par, todavía se ha sostenido que no es posible soslayar que el decreto 1.278/00 admite que las afecciones no contempladas en el referido listado -sus incapacidades- puedan ser indemnizadas con arreglo a la ley 24.557 cuando, como ocurrió en el caso, se demuestre que han sido provocadas por causa del trabajo, y ello, sin que sea necesario recurrir a las comisiones médicas para obtener esa declaración, ya que es atribución de la justicia provincial dilucidar si la dolencia que afecta al trabajador y cuyo resarcimiento persigue con fundamento en el citado régimen especial, ha sido consecuencia del trabajo y debe ser indemnizada, decisión que -como bien lo resolvió el a quo- se adecua plenamente al criterio de este Tribunal en la materia (causas L. 102.937, "Gómez", sent. de 22-XII-2010; L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-IX-2014; L. 116.955, "Enríquez", sent. de 29-III-2017; e.o.).
III.1.b. Entonces, incluida por el juzgador de grado la dolencia del caso (según se dijo en el fallo: "síndrome de Burnout") en el listado de enfermedades del sistema conforme un razonamiento que no ha sido desvirtuado y en el que se inscribe la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 apartado 2 de la ley 24.557, no queda margen a su vez para atender a las expresiones del impugnante que buscan evidenciar una errónea aplicación de las disposiciones del decreto 659/96.
III.2. No luce de recibo la objeción por la que se rebate la estimación del valor mensual del ingreso base.
III.2.a. Para su determinación, el juzgador de la instancia ponderó las expresiones plasmadas en el escrito de demanda en cuanto se lo había cuantificado en la suma de $75.000 y lo señalado en la pericia contable que lo había establecido en $85.941,53; también lo alegado por la accionada en su responde a fs. 52 donde solicitó la aplicación de los topes previstos por las resoluciones 30/13 y 266/13 de la ANSES, y lo manifestado por el experto contable al responder a dicha petición y cuantificarlo -con sujeción a la limitación requerida- en $31.769,98 (v. fs. 234 vta.).
En ese contexto, ponderando los montos informados, el a quo aplicó los lineamientos plasmados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Vizzotti" y declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, así como de las mencionadas resoluciones de la ANSES, por resultar -en el caso- violatorios de las garantías consagradas por los arts. 14, 17 y 19 de la Constitución nacional, y fijó el valor mensual del ingreso base en la suma de $57.580,82 (67% de $85.941,53); ello considerando que no podía soslayar el desmedro que sufriría la trabajadora en caso de aplicar rigurosamente lo peticionado por la parte demandada (v. fs. 234 vta. y 235).
III.2.b. La crítica que trae el interesado no luce apta para revocar el tramo de la decisión antes narrado.
En la apertura de su discurso cuestiona que el tribunal haya descalificado constitucionalmente al art. 12 de la ley 24.557, a pesar de haber señalado que el planteo llevado por la parte actora sobre el punto era "deficiente". No obstante, ninguna infracción atendible por medio de esta vía recursiva es denunciada en este pasaje del medio de impugnación.
Ya yendo a la sustancia del asunto, el embate pretende encontrar sustento en lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Berti, Alfredo c/ Asociación Civil Club Boca Junior" (sent. de 23-X-2003); sin embargo, más allá de otras consideraciones, lo dicho en ese precedente no tuvo conexión con examen constitucional alguno referido al art. 12 de la ley 24.557 como aconteció en el caso. Ello revela la ineficacia del cuestionamiento.
Finalmente, y sin perjuicio de que al respecto -una vez más- no se denuncia infracción normativa ni tampoco la eventual violación de doctrina legal, no se advierte el agravio que se sugiere cuando se alega la ausencia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en la parte resolutiva del fallo, toda vez que -lógicamente- ha sido el propio impugnante quien en su recurso, objetándola, ha tenido en consideración a dicha decisión, al cabo, adoptada en el pronunciamiento con el voto concurrente de los tres magistrados.
III.3. En otro orden, deviene improcedente el agravio tocante a la consideración del punto de partida para el cálculo de intereses.
Al postular que los accesorios se liquiden desde la fecha en que adquirió firmeza la pericia médica por ser ésta la única oportunidad en la que un experto vinculó la patología con la actividad, la impugnación solo evidencia una discrepante opinión personal carente de sustento normativo y que no revela la existencia de un error in iudicando en la decisión atacada.
Es menester recordar que el reconocimiento de la suficiencia de la postulación que estructura el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dependerá de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida (causas L. 105.833, "Becerra", sent. de 29-V-2013; L. 116.936, "Scarpa", sent. de 24-IX-2014; L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015; e.o.).
En la especie dicha carga ha quedado insatisfecha, porque el recurrente no evidencia que el tribunal se haya apartado de la directriz que indica que la "fecha de exigibilidad del crédito determina el punto de partida del cómputo de los intereses" (causa L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-IX-2014; e.o.), que en el caso fue fijada al momento del infortunio, el día 31 de marzo de 2014, conforme surge del veredicto y de la liquidación practicada.
III.4. Asimismo, debe desestimarse el restante agravio conectado con la capitalización de los intereses dispuesta en la sentencia de origen.
El embate se asienta en la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina que emanaría de la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016), en la que, según entiende el recurrente, esta Corte habría desestimado el anatocismo contenido en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación.
Pero tal aseveración no estuvo presente en lo juzgado por este Tribunal en el referido precedente. Así, la improcedencia de la impugnación es manifiesta, pues en rigor, lo juzgado en la causa que -bajo una errada lectura- indica el quejoso, no guarda correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que constituyeron factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la sentencia de grado también se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
I.1. Objeta que el tribunal haya cuantificado el valor mensual del ingreso base aplicando un tope indemnizatorio ajeno a la cuestión que se ventila en autos, esto es, el que se utiliza en la órbita de la indemnización por despido prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En ese sentido, sostiene que el pronunciamiento se aparta de las directrices sentadas por esta Corte en la causa L. 114.454, "Arriola" (sent. de 3-VII-2013), así como del criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Ascua" (sent. de 10-VIII-2010).
I.2. Controvierte, además, la tasa de interés aplicada por el tribunal de la instancia. A su juicio, correspondía emplear aquella contemplada en la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
II. El recurso no prospera.
II.1. Inicialmente se impone destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera la suma mínima para recurrir establecida por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por ello, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -tal como fuera concedido (v. fs. 259 y vta.)- debe examinarse en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En tales condiciones, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 122.596, "Felioga", resol. de 8-V-2019; L. 123.066, "Nuñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021), hipótesis que se configura cuando se ha establecido un criterio mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 119.599, "Silveira", sent. de 11-IV-2018; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; e.o.).
II.2.a. En ese limitado marco de revisión, el embate por el que se cues
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