Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 123405
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.405, "D'Ascenzo, Paula Andrea contra YPF S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 304/332).
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 345/377 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 389/390 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad deducido?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Paula Andrea D'Ascenzo y condenó a YPF S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de haberes adeudados, vacaciones, integración del mes de despido, indemnización por antigüedad y sustitutiva del preaviso -con más el sueldo anual complementario sobre todos los rubros mencionados- y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (según art. 45, ley 25.345), junto con la entrega del certificado de servicios contemplado en esta última norma. En cambio, rechazó, el reclamo con sustento en el art. 213 de la ley 20.744 y la reparación por daño moral (v. fs. 304/332).
Para así decidir, ponderó los escritos constitutivos, la prueba producida (testimonial, documental, informativa y pericial contable). Consideró la falta de exhibición de los libros de sueldo y jornales de YPF S.A. y el juramento prestado conforme el art. 39 de la ley 11.653. Con ello, juzgó que la actora desempeñó sus tareas para la demandada recurrente desde el día 1 de marzo de 2000, haciéndolo a través de la contratación de diversas empresas, en principio mediante SER PRO SERVICIOS PROFESIONALES EN RECURSOS HUMANOS S.R.L. y luego de COTECSUD COMPAÑÍA TÉCNICA SUDAMERICANA SASE, hasta el día 30 de agosto de 2004 y en forma directa para la accionada a partir del día 1 de septiembre de este último año (v. vered., primera cuestión, fs. 304/306 vta.).
Tuvo por no controvertido que la ruptura de la relación laboral se produjo por despido directo sin invocación de causa, el día 15 de agosto de 2013 y, que la accionante percibió la suma de $133.091,80, en concepto de liquidación final (v. vered., segunda cuestión, fs. 306 vta./310). Juzgó no acreditado por la actora el encontrarse con licencia médica por enfermedad al momento del distracto, ni que hubiera sufrido acoso, maltrato, discriminación y/o mobbing durante el tiempo que laboró para la empresa accionada (v. vered., tercera cuestión, fs. 310/314).
En la sentencia, destacó que la contratación de trabajadores por parte de las empresas de servicios eventuales posee requisitos formales cuyos incumplimientos derivan "en el reconocimiento de la contratación como por tiempo indeterminado" (sent., fs. 316).
Puntualizó que la prestación de tareas efectuada por la señora D'Ascenzo para YPF S.A. mediante la utilización de las citadas empresas de servicios eventuales, vulneró el plazo máximo de duración establecido en el art. 72 de la ley 24.013 para este tipo de contratos especiales. Precisó que -ante ese incumplimiento- la actora debía considerarse empleada directa de la demandada, por ser quien utilizó su prestación laboral, verificándose el supuesto previsto en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 316 y vta.).
En consecuencia, condenó a abonar los rubros e importes que específicamente determinó, debiendo descontarse la suma ya percibida (v. sent., fs. 316 vta./317 vta.).
Adicionó intereses desde que cada crédito se devengó y hasta la fecha de notificación de la demanda (2-VIII-2015) a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (opción plazo fijo tradicional, CAT), los que luego debían ser acumulados al capital de condena (art. 770, inc. "b", Cód. Civ. y Com.) y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta que quede firme la sentencia. Para el supuesto de falta de pago de la liquidación judicial en el plazo de diez días, estableció que los intereses moratorios allí liquidados se acumularían al capital (art. 770, inc. "c", Cód. cit.; v. sent., fs. 319 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada deduce recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia vulnerados los arts. 168 y 171 de la Constitución local (v. fs. 349 vta./351 vta.).
En cuanto al primer artículo, refiere que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia al incluir en la sentencia la acumulación de los intereses al capital de condena desde la fecha de notificación de la demanda (con sustento en el art. 770, incs. "b" y "c", Cód. Civ. y Com.), a pesar de no haberse planteado en esta última y -por ende- no integrar la litis (v. fs. 349 vta. y 350).
Con relación al segundo, asegura que al aplicar la citada normativa del Código Civil y Comercial, el fallo recurrido no se encuentra fundado en el texto de la ley aplicable al caso (leyes 20.744 y -eventualmente- 11.653), en tanto -aduce- estas últimas no prevén la capitalización de los intereses, conteniendo una fundamentación solo aparente (v. fs. 350/351 vta.).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 389/390 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020 y L. 124.430, "Puentes de integración", sent. de 23-II-2021; e.o.).
III.2. En el caso, no advierto la configuración de ninguna de las causales señaladas.
III.2.a. Se observa que el desarrollo formulado por el interesado en su crítica no se corresponde con los presupuestos formales a los que el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires le atribuye virtualidad para anular un fallo judicial. Su agravio objeta el modo en el que el sentenciante abordó y resolvió las cuestiones al definir el pleito, ello, atribuyéndole al tribunal de grado la eventual comisión de errores de juzgamiento que son propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ajenos al de nulidad (causas L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; L. 120.553, "Maldonado", sent. de 24-VIII-2020; L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020 y L. 121.633, "Barbieri", sent. de 13-X-2020; e.o.).
Sentado lo anterior, debo recordar que los reproches relacionados con la violación del principio de congruencia resultan extraños al presente medio de impugnación cuando no conciernen al vicio de omisión de cuestiones esenciales sino a la imputación de una decisión extra petita, así como el presunto quebranto de normas procesales o garantías consagradas en la Constitución nacional (causas L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013; L. 118.182, "Posteraro", sent. de 21-X-2015 y L. 120.553, "Maldonado", cit.; e.o.).
III.2.b. Por otra parte, en el caso el recurrente no solo incumple con su deber de brindar argumentos que avalen la falta de fundamentación que atribuye al pronunciamiento, sino que no logra demostrar la pretendida violación del citado art. 171, desde que dicho precepto solo se infringe cuando el fallo carece de toda fundamentación jurídica faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 122.117, "Gigliotti", sent. de 10-VIII-2020; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020 y L. 124.430, "Puentes de integración S.R.L.", sent. de 23-II-2021; e.o.). Esa hipótesis no ocurre en la sentencia atacada, en tanto -tal como lo señaló el interesado- el fallo cuenta con la cita legal expresa del art. 770 incs. "b" y "c" del Código Civil y Comercial y -con ello-, abastece la exigencia constitucional señalada, sin que corresponda examinar por esta vía si su fundamentación normativa es -o no- acertada (causas L. 98.144, "Cejas", sent. de 2-III-2011 y L. 121.578, "Bertocchi", sent. de 2-XI-2020).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 770, 963 y 1.709 del Código Civil y Comercial; 23, 29, 80 y 213 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 y 2 de la ley 25.323; 39, 44, 47 y 48 de la ley 11.653; 161 inc. 1, 163 inc. 5, 164 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 351 vta./377 vta.). En lo sustancial se agravia de:
I.1. Que el sentenciante aplicó erróneamente los arts. 23 y 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 353/356).
Controvierte la conclusión de que la actora desempeñó sus funciones de modo ininterrumpido para su mandante.
Critica el modo en que fueron ponderadas las pruebas y los hechos aportados (v. fs. 353) y objeta la entidad otorgada a las declaraciones de los testigos deponentes en la audiencia de vista de la causa (v. fs. 353 y vta.).
Sostiene que -contrariamente a lo resuelto- su parte logró demostrar acabadamente las defensas articuladas en su responde (v. fs. 353 vta.).
Probada la existencia de una empresa de servicios eventuales habilitada para actuar como tal -contratada por su parte cumpliendo con las exigencias legales-, señala que el juzgador incurrió en una interpretación arbitraria respecto a la relación habida entre las partes (v. fs. cit.).
Explica que las empresas SER PRO SERVICIOS PROFESIONALES EN RECURSOS HUMANOS S.R.L. y COTECSUD COMPAÑÍA TÉCNICA SUDAMERICANA SASE eran las reales empleadoras de la actora, le abonaban sus salarios, le impartían órdenes y otorgaban tareas. Por tal razón, aduce que no le cabe ninguna responsabilidad por el período comprendido entre marzo del año 2000 a septiembre del año 2004 (v. fs. cit.).
Rechaza la existencia de fraude en la contratación de la trabajadora, o que se menoscabaren sus derechos laborales (v. fs. cit.).
Por todo ello, denuncia que el supuesto de autos no se encuentra comprendido en lo normado en los arts. 23 y 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 354).
En sustento de su postura, cita distintos fallos emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y diversos pronunciamientos de esta Corte (v. fs. 354 y vta.).
Postula que si bien la valoración de los hechos y las pruebas de la causa son cuestiones ajenas al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ello cede cuando las sentencias adolecen de arbitrariedad, de manera tal que afectan el derecho de defensa de las partes litigantes y el debido proceso legal, constituyendo una denegación de justicia (v. fs. 354 vta./356).
I.2. Para el caso que se considere aplicable el art. 29 de la ley 20.744, refuta la aplicación de la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323 y su modo de cálculo (v. fs. 356/359).
Explica que, a fin de determinar si existe -o no- registración deficiente en los términos de esta última norma, "debe tenerse en cuenta que, a fin de que prospere la referida multa debe mediar ocultamiento registral de los pagos, es decir, algo que imposibilite el contralor de los trabajadores y de los organismos recaudadores". Individualiza jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo y doctrina autoral al respecto (v. fs. 356/358).
Asevera que del referido art. 1, surge que la sanción se dirige al empleador que, al momento del distracto, no registró la relación laboral o, en su caso, lo hizo deficientemente; situaciones que -afirma- no sucedieron en el supuesto de autos (v. fs. 358 vta.).
Considera que el cálculo al que arribó el juzgador al determinar la multa resulta arbitrario y desajustado a derecho, todo lo cual -afirma- lesiona su derecho de propiedad. Postula que la misma -en todo caso- debió estimarse teniendo en cuenta la suma ya abonada a la accionante en concepto de indemnización por antigüedad (v. fs. 358 vta. y 359).
I.3. El mismo error lo invoca cuando se sanciona con la multa del art. 2 de la ley 25.323, cuya improcedencia postula.
Destaca que la arbitrariedad de la sentencia radica en que, constatado que la trabajadora recibió de su parte el pago "casi en forma total" de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, se condene por los mismos rubros y conceptos ya abonados, provocando una duplicación sin sustento legal alguno (v. fs. 359/361 vta.).
Subsidiariamente, solicita la aplicación de lo normado en el art. 2 segundo párrafo de la ley 25.323, en cuanto a la posibilidad de los jueces de reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago, de existir causas que justifiquen la conducta del empleador (v. fs. 363 vta.).
I.4. Impugna la condena al pago de la multa y a la entrega de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 363 vta./367).
Alega que lo resuelto se contradice con las probanzas aportadas en la causa. Argumenta que mediante el informe proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se tuvo por acreditado que las empresas empleadoras de la trabajadora efectuaron los aportes correspondientes en los períodos en los cuales se desempeñó para cada una de ellas (para SER PRO SERVICIOS PROFESIONALES EN RECURSOS HUMANOS S.R.L. -períodos 04/2000 a 08/2000-, COTECSUD COMPAÑÍA TÉCNICA SUDAMERICANA SASE -09/2000 a 08/2004- y para YPF S.A. -09/2004 a 08/2013-; v. fs. 363 vta. y 364).
Postula que la actora se encontraba debidamente registrada, con los beneficios emergentes de esa situación. Manifiesta que -en todo caso- "la irregularidad sólo consistió en que los deberes legales por el período 04/2000 al 08/2004 fueron cumplidos por una empresa distinta a la de mi representada"; razón por la cual no debería aplicarse una "doble imposición" de su entrega (v. fs. 364).
Añade que -incluso- la actora acompañó en su demanda copia de los certificados de trabajo entregados conforme la normativa del art. 80 de la ley 20.744 (v. fs. cit.).
Denuncia que lo resuelto vulnera la doctrina legal de esta Corte y otros tribunales que cita (v. fs. 364 vta./366).
Entiende que la obligación contenida en la norma resulta de imposible cumplimiento (v. fs. 365).
Seguidamente, objeta la condena al pago de la multa del art. 80, ya que la trabajadora incumplió su obligación de cursar la intimación previa, en el plazo y forma dispuestos legalmente en el art. 3 del decreto 146/01 (v. fs. 366/367).
I.5. Ataca lo resuelto en materia de intereses por considerarlo una errónea aplicación de lo normado por el art. 770 incs. "b" y "c" del Código Civil y Comercial (v. fs. 367/376).
Refiere que el órgano de grado incorporó a la sentencia la capitalización de intereses prevista en la citada norma, violentando el principio de congruencia procesal y el derecho de defensa de las partes (v. fs. 367).
Manifiesta que contrariamente a la opinión personal de los jueces del tribunal respecto a la ley 14.399, esta resulta inconstitucional por vulnerar los arts. 31, 75 inc. 12, 126 y demás normas concordantes de la Constitución nacional, al desconocer las facultades delegadas por las provincias a la Nación para el dictado de la legislación de fondo. En tal sentido, entiende que el tribunal omitió considerar la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013; v. fs. 367 vta./368 vta.).
Destaca que el Código Civil y Comercial ratificó como regla general la prohibición del anatocismo, salvo determinadas excepciones establecidas en su art. 770 (v. fs. 369).
Indica que su aplicación al caso produce un enriquecimiento sin causa y la consecuente afectación al derecho de propiedad de su representada (v. fs. 370 vta.).
Asimismo, expone que la posibilidad de capitalizar los intereses a partir de la notificación de la demanda judicial (art. 770, inc. "b") afecta los derechos de propiedad y defensa en juicio, avalándose un injustificado despojo al patrimonio de la demandada y un enriquecimiento sin causa a favor de la actora. Aduce que la misma resulta contraria a la prohibición de toda forma de actualización monetaria de deudas, cuestión que asegura resuelta por el Máximo Tribunal de la Nación en reiteradas oportunidades (v. fs. 372/373 vta.).
Concluye que la norma "es inconstitucional o, al menos, su aplicación debe ser sumamente restrictiva" (fs. 373 vta.).
En otro orden, entiende que la aplicación efectuada (desde la notificación de la demanda) resulta arbitraria. Explica que desde ese momento la deuda consiste en un valor patrimonial indefinido y no así, en una suma de dinero exacta, según los conceptos establecidos en el Código Civil y Comercial (v. fs. 375).
I.6. Controvierte la imposición de las costas (v. fs. 376). Manifiesta que, de admitirse los agravios expuestos en este medio extraordinario, "será otro el porcentaje de 'rubros concedidos y rechazados', por lo que la imposición en costas deberá adecuarse al nuevo fallo, a fin de no causar gravamen a mi mandante", por lo cual solicita la redistribución de las mismas y la imposición en un mayor porcentaje a la parte actora (v. fs. 376).
II. El recurso no prospera.
II.1. Contrariamente a lo manifestado por el interesado (v. rec., pto. II.3., fs. 345 vta.), el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141; B.O. de 15-VII-2010 y Ac. 3918/18), razón por la que la admisibilidad del remedio procesal deducido, con las salvedades que más adelante habré de formular sobre el agravio vinculado con la entrega del certificado previsto en el segundo párrafo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), se aborda en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
La función revisora de la Corte se limita a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, lo que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.