Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73431
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 73.431, "Provincia de Buenos Aires contra Mattera, Juan Francisco y Mattera, Salvador Jorge S.H. y ot. Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres , Violini, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 133 y 135 incs. "a" y "b" del Código Fiscal (t.o. 2004), hizo lugar a la excepción de prescripción deducida y rechazó la ejecución intentada (v. fs. 74/89).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 93/113), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 114/115).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 122) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 133, 134 y 135 incs. "a" y "b" del Código Fiscal (t.o. 2004) y -como corolario de ello- de los arts. 3.956, 3.965, 3.980 y 3.986 segundo párrafo del Código Civil y 121 de la Constitución nacional. Alega asimismo violación del principio de congruencia, con sustento en lo normado por los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 266, 272, 324 (sic) y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial. Agrega que -en su visión- la sentencia atacada violó los derechos de propiedad e igualdad, reconocidos por los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional.
Concretamente, critica la declaración oficiosa de inconstitucionalidad de los arts. 133 y 135 incs. "a" y "b" del Código Fiscal, practicada por la Cámara interviniente. Asegura que las partes no habían planteado esta cuestión y que de hecho solicitaron la aplicación del cuerpo legal citado al deducir la excepción de prescripción. Por ello considera que el tratamiento de su validez constitucional afectó el principio de congruencia. Sostiene que una declaración de ese tipo solo debe quedar reservada para supuestos excepcionales relacionados con derechos indisponibles e irrenunciables, lo que no se verifica en autos. En abono de sus dichos, cita lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Mansilla, Carlos Eugenio c/ Fortbenton Co. Laboratorios S.A. y otros s/ Despido", sentencia de 6-III-2014. Invoca asimismo lo dispuesto por el art. 3.965 del entonces vigente Código Civil. Con cita de lo resuelto por esta Corte en las causas L. 116.946, "De la Torre", sentencia de 5-III-2014 y C. 93.745, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Obra Social del Personal Marítimo", sentencia de 3-X-2012, cuestiona la aplicación al caso del principio iura novit curia .
Sin perjuicio de lo anterior, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 133 del Código Fiscal por considerarla errada. Interpreta que dicho pronunciamiento no tuvo en cuenta el carácter de ejercicio del impuesto sobre los ingresos brutos, en virtud del cual el tributo propiamente dicho se debe una vez determinado mediante la declaración jurada anual (más allá de la obligación de pagar anticipos). Sostiene que este hecho jurídico torna exigible el impuesto y que el cómputo del plazo prescriptivo siempre está dado por el inicio del ejercicio siguiente a ese momento. Puntualiza que es necesario que la ley fije parámetros uniformes para determinar el comienzo del término referido por tratarse de "obligaciones de masa". Añade que -en su criterio- no hay colisión entre la forma en que el Código Fiscal regula el inicio del cómputo del plazo de prescripción y el art. 3.956 del Código Civil. Argumenta asimismo que el art. 57 de la ley nacional 11.683 regula el tópico de manera coincidente.
Más adelante puntualiza que -a su entender- tampoco el art. 135 del Código Fiscal resulta contrario a la normativa nacional. Observa que tanto este como el art. 3.986 del Código Civil consagran una causal de suspensión por el plazo de un año, derivada de la intimación de pago o constitución en mora. Advierte que la norma local establece que dicho lapso se prolonga hasta noventa días después de la fecha de devolución de las actuaciones administrativas al organismo recaudador, luego de notificada la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación, pero entiende que ello concuerda con lo previsto por el art. 3.980 del citado Código Civil. Señala que, en el caso, la imposibilidad de instar el cobro cesó el 21 de mayo de 2010 (conf. fs. 580, expte. adm. 2.306-386.201/01) y que desde entonces a la fecha de promoción de este apremio no transcurrieron los tres meses mentados por la norma de fondo ni los noventa días establecidos por la de carácter local.
Si bien afirma no desconocer los precedentes jurisprudenciales en sentido inverso, reivindica las potestades legislativas de la Provincia de Buenos Aires para reglar lo atinente al plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, en razón de tratarse -a su entender- de una parcela del derecho público no delegado al Estado nacional. En su apoyo, cita lo resuelto por esta Corte en las causas Ac. 81.520, "El Rincón de Torres", sentencia de 5-XI-2003 y C. 99.854, "Fisco c/ Haras San Pablo Club de Campo", sentencia de 7-X-2009 y por el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en "Sociedad Italiana de Beneficencia", sentencia de 17-XI-2003.
Reprocha asimismo que la sentencia atacada declare prescriptas las multas reclamadas. Relata que estas fueron impuestas con el dictado de la resolución 127/06, de fecha 11 de septiembre de 2006 y que el apremio fue promovido el 6 de agosto de 2010; de allí extrae que -en su opinión- el plazo quinquenal aplicable no transcurrió íntegramente. Además, plantea que la decisión en cuestión viola el principio de congruencia y resulta absurda, porque -a su entender- los ejecutados opusieron excepción de prescripción exclusivamente con respecto al impuesto sobre los ingresos brutos reclamado, no en lo tocante a las multas. Concluye que el fallo en crisis se expidió sobre un tema ajeno a la forma en que quedó trabada la litis y que ello viola el equilibrio procesal, favoreciendo a una de las partes y vulnerando la igualdad en el proceso y la bilateralidad.
Por último, cuestiona que la Cámara haya negado efectos interruptivos del curso de la prescripción a la medida cautelar autónoma o anticipada deducida, en los términos del art. 13 bis (sic) del Código Fiscal, para resguardar el crédito tributario establecido mediante la resolución determinativa 747/07. Alega que el argumento según el cual dicho proceso no perseguiría el fin de obtener el cobro de lo adeudado, tal como lo exige el art. 134 del Código Fiscal, contradice jurisprudencia de la Corte nacional y de otros tribunales. Afirma que la medida en cuestión no es un mero resguardo, sino el ejercicio de la acción necesaria para evitar que el derecho se torne ilusorio y que con ella queda demostrada la intención de cobro.
II. Adelanto que el recurso prospera parcialmente.
II.1.a. Este Tribunal ha advertido que el principio iuria novit curia tiene aplicación en materia de prescripción, siempre que dicha defensa haya sido oportunamente argüida por las partes (doctr. art. 3.964, Cód. Civ.), desde que es el sentenciante quien tiene el poder-deber y a quien le incumbe determinar la norma que rige en el caso (conf. arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC) aun cuando difiera de la alegada por las partes. Ello no implica, de modo alguno, suplir oficiosamente la prescripción, lo que está vedado por el citado art. 3.964 del Código Civil, sino, por el contrario, establecer el plazo atingente en razón del deber irrenunciable de calificar jurídicamente las pretensiones deducidas en el proceso "según correspondiere por ley" (conf. art. 163 inc. 6, CPCC; causa C. 96.165, "Pascual", sent. de 17-VI-2009).
Asimismo, en uno de los casos invocados aquí por la propia recurrente, donde la Cámara interviniente había entendido (a partir de los fundamentos de orden constitucional vertidos por la Corte nacional en "Filcrosa") que las provincias carecen de competencia para regular la prescripción de sus obligaciones locales, encuadrando la controversia en el art. 4.027 inc. 3 del entonces vigente Código Civil (no así en el art. 119 del Código Fiscal invocado por la demandada), esta Corte sostuvo que la aplicación oficiosa del plazo quinquenal establecido por la citada norma de fondo no alteraba las bases fácticas de la controversia, la causa de la pretensión ni el concreto petitum (objeto) de la defensa de prescripción interpuesta (conf. causa C. 93.745, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Obra Social del Personal Marítimo", sent. de 3-X-2012).
Tales conceptos resultan aplicables al presente litigio, donde la demandada opuso excepción de prescripción con invocación de lo normado por el Código Fiscal y el tribunal a quo , previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 133 y 135 incs. "a" y "b" de dicho cuerpo legal, hizo lugar a la defensa interpuesta sobre la base de lo dispuesto por el Código Civil (cuerpo legal en el que encuadró la discusión en virtud de lo decidido por la Corte nacional en "Filcrosa"). La recurrente, pues, denuncia violación del principio de congruencia, pero no brinda argumentos que autoricen a apartarse de la doctrina precedentemente indicada.
II.1.b. Tampoco puede acogerse de manera favorable la denunciada violación del principio de congruencia en lo concerniente a la decisión de declarar prescriptas las multas reclamadas en autos.
Tiene dicho este Tribunal que los agravios relativos a la violación del mentado principio, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de una adecuada demostración del absurdo (conf. causas C. 118.170, "Nasif", sent. de 7-V-2014; C. 101.790, "Alegre", sent. de 29-IV-2009 y A. 71.594, "Silva Ruiz", sent. de 9-IX-2015).
A su vez, esta Suprema Corte ha definido a dicho vicio como el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal e insostenible en la discriminación axiológica (conf. causas A. 71.845, "Gesualdo", sent. de 22-VI-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018; e.o.).
Pues bien, en la especie el absurdo no puede tenerse por configurado con tal alcance, máxime por cuanto la ejecutada ha interpuesto "...excepción de prescripción contra la acción incoada por el Fisco de la Provincia [...] toda vez que se encuentran cumplidos en exceso los plazos de prescripción que establece el Código Fiscal para reclamar el pago de los pretensos créditos fiscales...", sin precisar si de esa manera aludía únicamente al impuesto sobre los ingresos brutos determinado o también a las multas exigidas. Más aún, a continuación, la demandada transcribió el art. 157 del Código Fiscal tanto en lo relativo a "...las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar y exigir el pago de las obligaciones regidas por este Código..." como en lo atinente a "...aplicar y hacer efectivas las sanciones en él previstas..." (fs. 27 vta. y 28). Frente a dichas circunstancias, la interpretación practicada por la Cámara, en tanto abordó la defensa referida respecto del impuesto y de las multas, no resulta irrazonable.
II.2.a. Sentado lo anterior, he de recordar que, en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, concluyó que el inicio del cómputo correspondiente se regía por el art. 3.956 del Código Civil -norma de fondo aplicable a la materia durante los períodos discutidos- y no por el art. 133 del Código Fiscal local (t.o. 2004).
Sobre la base de lo decidido en dicho precedente, sustancialmente análogo al presente, corresponde rechazar el agravio de la Fiscalía de Estado contra la declaración de inconstitucionalidad del precepto citado en último término, toda vez que este se aparta de las previsiones de la norma de fondo previamente indicada al establecer el comienzo del cómputo del plazo de prescripción del impuesto sobre los ingresos brutos.
Como consecuencia de lo expuesto y de los restantes argumentos del Tribunal de Alzada sobre el punto (v. fs. 85), que no han sido debidamente desvirtuados por la impugnante, el tributo correspondiente a los períodos 1/2000 a 7/2001 debe reputarse prescripto.
II.2.b. Tampoco en lo relativo a las multas exigidas pueden prosperar las críticas enderezadas contra el inicio del cómputo del plazo de prescripción correspondiente.
Nótese que, al respecto, la Fiscalía de Estado solo ha señalado que las sanciones en cuestión fueron dispuestas el 11 de septiembre de 2006, mediante el dictado de la resolución 127/06, mientras que el apremio fue promovido el 6 de agosto de 2010, de suerte tal que el plazo quinquenal aplicable no habría transcurrido íntegramente antes de ese último momento.
Estas escuetas afirmaciones se muestran insuficientes para conmover las conclusiones vertidas por la Cámara a fs. 80/81, donde, por los fundamentos allí brindados, se aplicó en esta materia, en un determinado sentido, lo preceptuado por los arts. 133 -segundo párrafo- y 134 del Código Fiscal (t.o. 2004).
Cabe recordar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que solo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan. De allí que su insuficiencia sea insalvable cuando no se alega la transgresión de norma legal alguna, pues la Corte no puede suplir, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse, ni menos aún declarar oficiosamente la violación de algún precepto legal no invocado (conf. causas A. 70.211, "G., M. A.", sent. de 18-V-2011; A. 70.702, "Ponce", sent. de 29-II-2012; A. 71.710, "M., E. M.", sent. de 11-V-2016; e.o.).
II.3. Ahora bien, en lo atinente a la existencia de una causal de interrupción de la prescripción, dada por la articulación de una medida cautelar autónoma o anticipada en resguardo del crédito tributario perseguido en autos, estimo que le asiste razón a la recurrente. En efecto, ya sea que la cuestión se encuadre en el art. 3.986 del por entonces vigente Código Civil o en el art. 134 inc. 3 del Código Fiscal (t.o. 2004), la solución a adoptar no varía.
En su primer párrafo, la primera norma citada establece: "La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio".
La doctrina en torno a dicho precepto tiene un alcance amplio, puesto que de ella se extrae que para interrumpir el curso de la prescripción basta una manifestación de voluntad suficiente que desvirtúe la presunción de abandono del derecho por parte del interesado y esta última puede exteriorizarse tanto mediante una demanda como por cualquier otro acto que demuestre en forma auténtica que no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder (conf. e.o., causa C. 92.457, "Frid, Elías c/ Multicanal", sent. de 22-VIII-2007, donde de hecho se discutían los efectos interruptivos de la prescripción de ciertas medidas cautelares).
De allí que lo exigido, a fin de que se produzca la interrupción, es evidenciar una actividad o diligencia judicial encaminada a la defensa del derecho, ya que más que la forma, se toma en cuenta la esencia de la manifestación de voluntad del titular de ese derecho cuando concreta su propósito de ejercerlo mediante una petición judicial (conf. causas Ac. 52.196, "Belagarde", sent. de 26-VII-1994; C. 94.324, "Robert, Hugo y ots. c/ 'Laguna La Tosca'", sent. de 27-II-2008; e.o.).
A la luz de estos conceptos, la capacidad de la medida cautelar invocada para interrumpir la prescripción no cumplida previamente en la especie, resulta innegable.
Conforme se adelantara, y pese a lo argumentado en sentido contrario por el Tribunal de Alzada, a la misma conclusión conduce el art. 134 inc. 3 del Código Fiscal (t.o. 2004), norma aplicada en la sentencia atacada por los fundamentos allí brindados (pese al encuadre de otros aspectos complementarios de los plazos prescriptivos discutidos en lo previsto por el entonces vigente Código Civil).
En efecto, en su parte pertinente, el mentado precepto local dispone que "[l]a prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumpirá: [...] c) Por el inicio del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable en los únicos casos de tratarse de impuestos determinados en una sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación debidamente notificada, o en una intimación o resolución administrativa debidamente notificada y no recurrida por el contribuyente o, en casos de otra índole, por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado" (el destacado me pertenece).
De lo expuesto se desprende que, en la controversia de autos, el proceso cautelar instado por el Fisco antes de agotada la vía administrativa, con el objeto de resguardar el crédito en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos y multas perseguido, para evitar que el cumplimiento se torne ilusorio y poder cobrar en su momento lo adeudado, constituye una eficaz causal de interrupción de la prescripción no cumplida con anterioridad, en los términos de la disposición transcripta, por encuadrar en su última parte.
No alteran lo señalado las consideraciones en el sentido de que dicha medida cautelar autónoma o anticipada no perseguiría "...el estricto fin de obtener el 'cobro' de lo adeudado...", sino "...efectos de mero resguardo..." (v. pronunciamiento impugnado, a fs. 83; el destacado figura en el original), pues, en definitiva, aquella se dirige a hacer posible el cobro mentado. En el tratamiento de esta temática tampoco puede perderse de vista que la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva y en consecuencia ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho (conf. causas Ac. 75.702, "Mehres", sent. de 25-X-2000; Ac. 79.932, "Nieto", sent. de 3-X-2001; Ac. 79.698, "Nova Cosméticas", sent. de 23-IV-2003 y C. 94.324, cit.).
A tenor de lo manifestado, el proceso cautelar iniciado por la Fiscalía de Estado, en los términos del art. 13 del Código Fiscal, el 6 de marzo de 2007 (v. fs. 82), interrumpió la prescripción del impuesto sobre los ingresos brutos reclamado con relación a los períodos 8/2001 a 3/2002 y la de las multas exigidas, créditos todos que, conforme lo decidido por la sentencia de Cámara, que en este aspecto propongo confirmar (v.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.