Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75851
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.851, "Chester S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Recurso directo Tribunal de Apelación Fiscal. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a la pretensión de la parte actora y, en consecuencia, anuló el decisorio dictado por la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 31 de octubre de 2013, en el tramo que confirmara la disposición delegada 4.909/08 emitida por el Gerente de Operaciones Área Metropolitana de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). A través de ella se determinaron las obligaciones fiscales de Chester S.A. respecto de los períodos 2002 y 2003, por la actividad de "Venta de vehículos automotores usados n.c.p. excepto en comisión" en el impuesto sobre los ingresos brutos, ordenando la devolución del monto previamente abonado en tal concepto (v. fs. 188/194).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (presentación electrónica de 14 de marzo de 2019), siendo concedido a fs. 198/199.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 201) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La firma Chester S.A. promovió demanda directa por ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, con el objeto de que se declare la nulidad del acto dictado por la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación, de fecha 31 de octubre de 2013, en cuanto confirmó parcialmente la disposición delegada 4.909/08 emitida por la Gerencia de Operaciones Área Metropolitana de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Solicitó asimismo la devolución de las sumas abonadas a raíz de dichos actos, con más intereses y costas.
Dicho tribunal administrativo había hecho lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el contribuyente contra la disposición delegada, dejando sin efecto la multa aplicada, pero confirmando en lo remanente el impedimento para emplear la base imponible diferencial a los fines de establecer el monto del gravamen, declarando asimismo la responsabilidad solidaria de los directivos de la empresa.
II. La Cámara hizo lugar a la pretensión anulatoria promovida. Dejó sin efecto la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación en cuanto había confirmado la disposición delegada 4.909/08 y -en consecuencia- ordenó la devolución de los montos abonados por tal razón, con más intereses y costas.
Para así decidir, realizó una reseña de las sucesivas modificaciones operadas en el art. 171 del Código Fiscal (t.o. 2004) -actualmente art. 197 (t.o. 2011)- a los fines de brindar una adecuada interpretación del texto legal vigente para los períodos fiscales involucrados en la controversia.
De allí extrajo que en la redacción aplicable en la especie (texto según ley 12.397, B.O. de 3-I-2000), la Legislatura había suprimido de entre los requisitos para poder usar la base imponible diferencial en la actividad de comercialización de bienes usados registrables recibidos en parte de pago, el de "...realizar la inscripción definitiva en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios conforme a lo previsto en el Título III - Impuesto Automotores" (texto según ley 12.233, B.O. de 4-I-1999), sustituyéndolo por la necesidad de "perfeccionar" los contratos de compraventa "...por aplicación del artículo 237..." y siempre que "...cumplan con lo establecido en los artículos 193 y 194, al momento de devengar la base imponible" (fs. 191 y vta.).
Es decir, la Cámara concluyó que para los períodos verificados ya no era menester la inscripción de los automotores recibidos por ante el Registro nacional. Y siendo el texto claro, en especial cuando se lo contrastaba con la redacción anterior, dijo que no correspondía prescindir de él.
Añadió que el reemplazo del párrafo en cuestión por la mención al perfeccionamiento del contrato con reenvío a los arts. 237, 193 y 194 del Código Fiscal (t.o. 1999) no alteraba dicha solución, puesto que el primero se refería al impuesto de sellos donde la obligación tributaria -además- nacía independientemente de la registración; mientras que por los segundos, relativos al impuesto automotor, trataban en definitiva de obligaciones en cabeza de los adquirentes de vehículos, mas no de sujetos comerciantes como la actora.
A partir de tales consideraciones, la Cámara apreció que el ajuste respecto de la actividad por "Venta de vehículos automotores usados n.c.p. excepto comisión" (Código NAIIIB 501291) se fundó en la falta de certificados de inscripción a nombre del contribuyente en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor de las unidades recibidas en parte de pago. Y siendo que tal cosa -a su entender- no le era ya exigible, reputó que la fijación de la base imponible en la totalidad de los ingresos (y no la diferencia contemplada en el art. 171, Cód. Fiscal), no lucía ajustada a derecho.
Finalmente, en cuanto a la pretensión de devolución de la suma abonada por la empresa, hizo lugar a ella con pie en lo resuelto en su precedente de la causa n° 14.777, "HSBC Bank Argentina", sentencia de 27-VIII-2015, invocando lo dispuesto en los arts. 1.047, 1.052 y concordantes del Código Civil (ley 340) en materia de los efectos propios de la declaración de nulidad.
III. Dos son los agravios traídos por la Fiscalía de Estado en su recurso extraordinario de inaplicabilidad:
III.1. Por el primero, denuncia la violación del art. 171 del Código Fiscal (t.o. 2004) en cuanto regula la aplicación de la base diferencial para el cálculo del impuesto sobre los ingresos brutos en el caso de comercialización de vehículos usados, previamente adquiridos o recibidos como parte de pago, teniendo en cuenta para ello el texto normativo vigente al momento en que se desarrollaron los períodos fiscales 2002 y 2003. Concretamente, asegura que la Cámara se apartó del precepto referido al interpretarlo -equivocadamente- en función de sucesivas modificaciones operadas en su redacción.
Al analizar la evolución normativa del citado artículo, manifiesta que los períodos ajustados (2002 y 2003) debieron estudiarse a la luz de la ley 12.397, y no de otra. Recuerda que ésta condicionaba el empleo de la base imponible diferencial a la previsión de que se "...perfeccionen los contratos de compraventa por aplicación del artículo 237".
Argumenta que la lectura que de ello hizo la Cámara se limitó a aplicar con carácter retroactivo los términos de la posterior ley 13.297 (B.O. de 26-I-2005) -que suprimió toda cualificación- al supuesto contemplado por la ley 12.397, sin dar acabados motivos ni explicar el alcance del llamado "perfeccionamiento del contrato de compraventa" establecido por el legislador como presupuesto para aplicar en el caso la base imponible diferencial.
De tal manera, concluye que a través de su sentencia el a quo se ha desentendido de que el contrato de compraventa se perfecciona únicamente con la inscripción en el registro respectivo a nombre del adquirente del bien, la cual -a la vez- resulta una exigencia de la ley de fondo de la que no están exceptuados los comerciantes que realicen ventas de vehículos con carácter habitual (conf. art. 9, dec. ley 6.582/58, t.o. 1997).
A ello añade inobservancia de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 11 y 15 de su par provincial y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto habría decidido la cuestión interpretando la norma sobre la base de la letra de otra ley posterior, omitiendo aplicar aquella que regulaba el asunto.
III.2. Segundo, la recurrente se queja de que la Cámara ordenase la devolución del importe abonado "en concepto de solve et repete " (aun cuando, en rigor, se habría ingresado anteriormente mediante un plan de pagos y no a los fines de la admisibilidad de la acción judicial), incurriendo en una clara violación no solo de las normas del Código Fiscal (arts. 133 al 141) que prescriben la obligación de instar un procedimiento de repetición en el supuesto de que se pretenda la devolución de sumas de dinero abonadas sin causa aparente, sino también de la ley 13.766 (arts. 1 a 3) que otorga a ARBA la competencia exclusiva y obligatoria para intervenir en el trámite administrativo señalado.
Asegura en este punto, para el hipotético supuesto de que se entendiera viable la repetición en la instancia judicial, que el Tribunal de Alzada debió abrir una incidencia donde se le permitiera al Fisco comprobar que el monto liquidado no se encuentra sujeto a compensación por otras deudas exigibles, máxime cuando -a su modo de verlo- el órgano que la dispuso carece de atribución legal para "...verificar la exactitud de los pagos ingresados al Fisco Provincial u otras circunstancias relacionadas" y nada de ello fue objeto de petición, prueba o discusión.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. De modo liminar, se impone puntualizar que los argumentos mediante los cuales se pretende impugnar el fallo no son más que la reiteración de aquellos ya analizados y rechazados por la Cámara con fundamentos que no han recibido adecuado rebate por parte de la recurrente, lo que los torna insuficientes a los fines de la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (doctr. causas A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; e.o.).
Ocurre que se insiste en la interpretación que deberían haber hecho los jueces de lo dispuesto en el art. 171 del Código Fiscal (t.o. 2004) en su texto para los años 2002 y 2003 (conf. art. 157, t.o. 1999), entendiendo que aun cuando no se encontrara ya explicitada la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, tal cosa se encontraríaínsita en la expresión "perfeccionamiento del contrato" allí contenida.
Este aspecto ha sido abordado por el Tribunal de Alzada, cuando luego de realizar un exhaustivo detalle de las sucesivas modificaciones ocurridas sobre el texto del art. 171 concluyó que, para los períodos involucrados, el requisito de la inscripción ya no era indispensable para poder liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos con la base diferencial entre el precio de venta y el monto que se le hubiera atribuido al vehículo en oportunidad de su recepción como parte de pago.
Para ello le bastó con seguir las normas de reenvío (arts. 237, 193 y 194, Cód. Fiscal, t.o. 1999), concluyendo que de ellas jamás podía extraerse la reviviscencia del recaudo de inscripción registral, ya sea porque remitían a un impuesto como el de sellos que no necesitaba que se cumpliera tal extremo a los fines de generar el hecho imponible, o se trataba de circunstancias que en el impuesto automotor aludían al adquirente definitivo de la unidad.
Y a pesar de que la reforma operada sobre el art. 171 por la ley 13.297 (B.O. de 26-I-2005) eliminó directamente el segundo párrafo de la norma (y, con ello, cualquier recaudo adicional), cabe reparar en que -contrariamente a lo denunciado por la Fiscalía de Estado como un impermisible supuesto de aplicación "retroactiva" de las leyes- el a quo no se valió de ese dato o argumento para disponer de la controversia.
Así las cosas, el cuestionamiento que se hace de la sentencia no logra erosionar el razonamiento elaborado por la Cámara en cuanto a la interpretación y alcance de la normativa en la que se encuentran subsumidos los hechos del caso, la cual ciertamente halla sostén en el arraigado principio de legalidad tributaria y la taxatividad que le es inherente (CSJN Fallos: 316:2329 y 326:3168; doctr. causa B. 64.313, "Compañía Financiera Argentina", sent. de 9-V-2012 y sus citas). Tal circunstancia, importante sin dudas, no es debidamente tenida en cuenta en la apelación extraordinaria.
En tales condiciones, el planteo no logra superar la valla de la suficiencia y debe ser desestimado (art. 279 in fine , CPCC).
IV.2. En lo que hace al segundo de los agravios, éste no es apto para ser atendido.
Como lo sostiene la Cámara y contrariamente a lo afirmado por la recurrente, la actora peticionó en la demanda la devolución de los importes abonados por la obligación tributaria objeto de autos realizada a través de la incorporación a un régimen de facilidades de pago. La pretensión no recibió oposición en la contestación, ya que en esa pieza procesal el Fisco se circunscribió a defender la legitimidad de la resolución determinativa sin realizar consideraciones respecto al tema, ni argumentó como lo hace ahora en cuanto a la necesidad de promover un trámite de repetición en los términos de los arts. 133 al 141 del Código Fiscal (t.o. 2011).
Pues bien, esta Corte tiene dicho que los argumentos novedosos, que al no haber sido oportunamente planteados no han podido ser objeto de debate ni de juzgamiento en las instancias anteriores, son inabordables en esta instancia extraordinaria toda vez que resultan ser el fruto de una reflexión tardía e inhábil para la apertura de la revisión casatoria (doctr. causas C. 117.127, "Courouniotis", sent. de 22-IV-2015; C. 118.333, "Salamone", sent. de 15-VII-2015; C. 120.499, "Bide", sent. de 21-XII-2016; A. 75.649, "Vasirani", sent. de 28-VIII-2021; e.o.).
Sin perjuicio de ello, lo afirmado por el tribunal apelado con relación a la pertinencia de la devolución de la suma abonada por la contribuyente como una consecuencia jurídica inherente a la declaración de nulidad de un acto jurídico en los términos de los arts. 1.047, 1.052 y concordantes del Código Civil (ley 340), tampoco ha sido apropiadamente controvertido por la Fiscalía de Estado, quien pone el foco en normas que no tienen un correlato directo con las actuadas en el caso y sin que haya traído al frente un vicio de absurdo en función de conclusiones eventualmente contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causa A. 74.105, "Compañía Radiocomunicaciones Móviles S.A.", sent. de 27-VI-2018).
IV.3. Por último, es del caso señalar que la invocación del quebrantamiento de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales, no acreditada en el caso (doctr. causas L. 100.690, "Fernández", sent. de 17-VIII-2011; L. 105.571, "Bettiolo", sent. de 5-XI-2014; e.o.).
V. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2022 13:42:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/03/2022 20:23:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2022 01:56:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2022 08:30:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2022 07:51:03 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/03/2022 07:51:41 hs. bajo el número RS-22-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia