Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123616
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad; con costas. Asimismo, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas a la recurrente vencida (arts. 68, 289 y 298 parte final, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.616, "Banco Mayo Coop. Ltda./su quiebra contra Lucas, María Laura y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul confirmó la decisión de fs. 451 y vta. que, a su turno, había declarado operada la caducidad de instancia respecto de la acción iniciada en las presentes actuaciones (v. fs. 475/479 vta.).
Se interpusieron, por el letrado apoderado de la actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 483/496).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Contra el pronunciamiento confirmatorio del fallo de primera instancia (v. fs. 475/479 vta.) se alza el letrado apoderado de la actora mediante el recurso extraordinario de nulidad de fs. 483/492 vta., en el cual denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Arguye que el Tribunal de Alzada no se ha abocado a las cuestiones esenciales de la causa, omitiendo tratar los argumentos vertidos en su expresión de agravios referidos a los presupuestos necesarios para la declaración de caducidad de instancia, el plazo que corresponde aplicar en autos en virtud del trámite dado a las presentes actuaciones, la existencia de prueba pendiente de producción y la presentación del perito martillero a fs. 454 (v. fs. 486 vta./490).
En rigor, sostiene que la Cámara se detuvo meramente en calificar de insuficiente la apelación aplicando los arts. 260 y 261, sin entrar en el análisis de la cuestión de fondo, incurriendo en un excesivo ritualismo formal (v. fs. 488 vta./490 vta.).
Alega que la caducidad de instancia es un instituto que debe ser interpretado restrictivamente y aplicado con prudencia, debiéndose descartar su procedencia en casos como el presente, donde existe una duda razonable (v. fs. 490 vta. y 491).
II. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 537/539 vta., entiendo que el recurso no puede prosperar.
II.1. Como es sabido, la vía prevista en el art. 161, inc. 3, apartado "b", de la Constitución provincial solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la falta de concurrencia de la mayoría de opiniones -arts. 168 y 171 de la Carta mencionada- (conf. doctr. causas C. 118.589, "Flandes", sent. de 21-VI-2018; C. 122.220, "Frisicale", sent. de 11-VIII-2020; e.o.).
En la especie, no se configura ninguno de los motivos que conducen a la viabilidad de la impugnación intentada toda vez que la crítica del recurrente se dirige a cuestionar, en rigor, el sentido y acierto de la decisión del Tribunal de Alzada.
Lo expuesto queda evidenciado al advertir que bajo la aducida violación del art. 168 de la Constitución provincial se enmascara su disconformidad con la solución a la que se arribó.
II.2. De la mera lectura del fallo criticado se desprende que las temáticas que se denuncian como omitidas -plazo aplicable, comienzo del cómputo, impulso de parte, actuaciones procesales, etcétera- han sido expresamente abordadas por el tribunal (v. fs. 477/478 vta.), aunque -claro está- en sentido adverso a sus intereses.
Ha dicho esta Corte que no existe violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires si la cuestión que se denuncia omitida fue expresamente tratada por el sentenciante, siendo ajeno al ámbito del recurso extraordinario de nulidad el acierto o mérito con que lo haya hecho (conf. causas Ac. 82.910, "AGFA Gevaert Argentina S.A.", sent. de 10-VIII-2005; C. 117.541, "Scaglia", sent. de 13-VII-2016; entre muchas), correspondiendo, en consecuencia, rechazar esta parcela de la impugnación (conf. art. 298, CPCC).
II.3. En cuanto a la endilgada falta de fundamentación legal, sabido es que en el recurso extraordinario de nulidad resulta ineficaz denunciar la infracción al art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires si no se esgrime agravio alguno que se vincule con el contenido normativo de dicho artículo (conf. causas Ac. 86.248, "Mainero", sent. de 10-VIII-2005 y C. 94.435, "Rapetti", sent. de 26-XI-2008), lo que produce la desestimación de lo expuesto por el quejoso.
III. No demostradas, entonces, las infracciones denunciadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (arts. 68, 296 y 298, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Los letrados apoderados del Banco Mayo Cooperativo Limitado (su quiebra) iniciaron la presente acción indemnizatoria en virtud de los perjuicios causados por la endilgada irregular actuación profesional de los accionados en el otorgamiento de la escritura pública n° 380 pasada al folio 1.578 por la escribana María Laura Lucas, adscripta del Registro n° 1 de Olavarría, de titularidad del notario Juan Alberto Lucas (v. demanda, fs. 37/45).
Relataron que la escribanía Lucas transfirió el dominio del inmueble Matrícula 27.925 sin efectuar el correspondiente estudio de títulos, omitiendo tener presente el acuerdo celebrado entre los señores Gustavo Eduardo Arouxet, Ricardo Enrique Arouxet, Araceli Raquel Arouxet (y sus herederos) y la referida entidad bancaria, por el cual los primeros se habían obligado a constituir hipoteca a favor del banco acreedor. En dicho sentido, expresaron que tal proceder los privó antijurídicamente de su derecho de hipoteca que daba suficiente garantía y respaldo al cobro de la refinanciación de la deuda acordada.
Corridos los pertinentes traslados y habiéndose presentado los accionados a fs. 85/104 vta. y 108/119 se dictó el auto de apertura a prueba (v. fs. 244 y vta.).
Con fecha 8 de marzo de 2018 los demandados solicitaron que se intime a la accionante a instar el curso de las presentes actuaciones bajo apercibimiento de que se decrete la caducidad de la instancia (v. fs. 432 y vta.).
A fs. 435 se presentó la parte actora manifestando su intención de continuar con el pleito y requiriendo que se designen los expertos para las pericias propuestas y dispuestas oportunamente.
A continuación, se desinsacularon los profesionales Georgina Pandolfo -contadora pública- y Eduardo Oscar Gordon -martillero-, quienes aceptaron el cargo a fs. 442 y 445.
El 20 de noviembre de 2018 los accionados solicitaron que se decrete la caducidad de instancia en virtud del tiempo transcurrido desde la última actuación procesal de la litis, el 17 de agosto de 2018 (v. fs. 449, 450 y vta.).
II. El magistrado de origen, con fecha 6 de diciembre de 2018, declaró operado este modo anormal de extinción del proceso (v. fs. 451 y vta.).
Para así decidir juzgó que, si bien la accionante había sido intimada a impulsar el procedimiento y se presentó a fs. 435 manifestando su voluntad de continuar con el juicio, había transcurrido un nuevo lapso sin desplegar actividad procesal útil, circunstancia que imponía decretar la caducidad de la instancia (conf. arts. 310, 311, modif. ley 12.357 y 319, CPCC).
III. Apelado dicho pronunciamiento por la actora, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul lo confirmó (v. fs. 475/479).
IV. Frente a este fallo, el letrado apoderado de la entidad bancaria interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la errónea aplicación y violación de los arts. 34 inc. 4, 163, 164, 260, 261, 266, 272, 310 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial; 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita. Alega el vicio de absurdo. Hace reserva del caso federal (v. fs. 492 vta./496).
Sostiene el recurrente que resultó inapropiada la sanción impuesta por el art. 261 del Código de rito, habida cuenta de que la apelación importó una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideraban equivocadas (v. fs. 493).
De otra parte, afirma que se aplicó erróneamente el art. 310 del referido cuerpo legal toda vez que no había acaecido el plazo legal -tres meses- desde el 17 de agosto de 2018 al 15 de noviembre de 2018, fecha en que -según dice- se notificó personalmente el perito martillero Gordon. A la par aduce que correspondía aplicar en autos el plazo de seis meses (art. 310, inc. 1, CPCC) en virtud de haberse "ordinarizado" el trámite del proceso, en razón de lo dispuesto a fs. 244 (v. fs. cit.).
Asimismo, expresa que los accionados en dos oportunidades solicitaron la caducidad de instancia, la segunda vez, aun antes de vencerse el plazo prescripto por la ley (v. fs. cit.).
Por fin, arguye que el pronunciamiento dictado es absurdo y vulnera el principio de congruencia en tanto se aparta de las constancias objetivas de la causa (v. fs. 493 vta. y 494).
V. El recurso no puede prosperar, dada su manifiesta insuficiencia (art. 279, CPCC).
V.1. El Tribunal de Alzada juzgó que correspondía confirmar la resolución apelada habida cuenta de que el quejoso no había refutado suficientemente el fundamento principal sobre el que se estructuró aquella (arts. 260 y 261, CPCC; v. fs. 477).
La Cámara explicitó que la insuficiencia recursiva residía en que la parte recurrente no había rebatido la categórica afirmación contenida en la resolución impugnada referida a que "con posterioridad a haber instado el curso del juicio a raíz de la intimación que se cursó (art. 315 del C.P.C.C.) dicha parte incurrió otra vez en inactividad por un plazo que supera con holgura el previsto en el 310 inc. 3 del Código Procesal" (fs. 477 vta.).
Sin perjuicio de ello, formuló una serie de consideraciones adicionales a fin de apuntalar lo decidido en primera instancia (v. fs. 477/478 vta.).
En tal sentido expresó que, en respuesta a la intimación cursada en los términos del art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial, la accionante manifestó su intención de continuar con el trámite y realizó diversas peticiones relacionadas con la producción de la prueba que fueron consideradas por el sentenciante como impulsorias del trámite (v. fs. 435 y vta.; 436 y sigs.). Sin embargo, con posterioridad la actora se desentendió nuevamente del proceso, el que se mantuvo en total inactividad desde el 17 de agosto de 2018 hasta el 20 de noviembre de 2018, cuando la demandada solicitó que se decretase la caducidad de la instancia con fundamento en lo normado por el último párrafo del art. 315 del Código de rito (v. fs. 449 y vta. y 477).
Al respecto destacó que surgía diáfano que entre la última actuación de impulso y el pedido de caducidad de la parte accionada habían transcurrido más de tres meses sin que se produjera en autos actividad procesal útil, situación que resultaba aprehendida por el último párrafo del artículo antes mencionado (v. fs. cit.).
A ello agregó que debía descartarse el argumento defensivo ensayado por la actora en cuanto afirmaba que el plazo de caducidad debía computarse desde la fecha en que devino firme la resolución que representó la última actividad útil de impulso (o sea, desde el 29 de agosto de 2018) pues el Código procesal prescribe lisa y llanamente que "los plazos señalados en el artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del Tribunal, que tuviese por efecto impulsar el procedimiento" (art. 311, parte pertinente), habiendo la doctrina en idéntico sentido expresado que "los plazos de caducidad corren desde el día siguiente al del último acto interruptivo, no desde su notificación, no requiriéndose que se trate de actuaciones firmes" (fs. 478).
Luego advirtió que tampoco podía prosperar el agravio esgrimido en virtud del cual se alegaba que el 15 de noviembre de 2018 el perito Gordon se había notificado personalmente de la resolución del 17 de agosto, concretando peticiones que tuvieron por efecto impulsar el trámite antes del transcurso del plazo de tres meses pues se advertía que según el cargo mecánico del juzgado dicha presentación había sido efectuada con fecha 18 de diciembre de 2018, esto es, cumplido con creces el plazo que prevé el art. 310 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 478 y vta.).
Por último, señaló que no era posible aplicar al caso de autos -como pretendía el apelante- el plazo de caducidad de seis meses que el Código adjetivo reservaba para los procesos ordinarios, con el argumento de que aquel se había "ordinarizado" a fs. 244 y de que a fs. 430 se indicó que era un proceso de conocimiento, pues no podía perderse de vista que desde su inicio la causa tramitó bajo las normas del juicio sumario (v. fs. 45 vta.), el cual a pesar de integrar junto al ordinario y al sumarísimo la categoría de los juicios de conocimiento poseía un plazo de caducidad diferente al que corresponde aplicar al juicio ordinario (conf. art. 310 incs. 1 y 3, CPCC; v. fs. 478 vta.).
Así las cosas, concluyó que la falta de un cuestionamiento eficaz contra la sentencia de la anterior instancia conducía inexorablemente a que se tuviera por configurado el supuesto de hecho previsto en el último párrafo del art. 315 del Código procesal y, de ese modo, por operada la caducidad de instancia (art. 260, CPCC; v. fs. 478 vta.).
V.2. Ahora bien, no obstante que en orden a la conclusión a la que llegó la Cámara en lo atinente a la insuficiencia de la expresión de agravios lo más apropiado hubiera sido declarar desierto el recurso conforme el art. 261 del Código Procesal Civil y Comercial, la sola circunstancia de que se hayan agregado algunas consideraciones para ratificar la solución adoptada por el juez de primer grado de ningún modo importa una rectificación de la categórica afirmación relativa a que el memorial de apelación no ha cumplido su función, otorgando firmeza e inmutabilidad a la resolución primigenia (conf. causas C. 90.049, "Monsalvo", sent. de 20-IX-2006; C. 92.915, "G., M.", sent. de 18-VI-2008; e.o.).
Siendo ello así, resulta aplicable al caso la reiterada doctrina de esta Suprema Corte que entiende que si el Tribunal de Alzada, en ejercicio de facultades que le son propias, hizo una valoración de la expresión de agravios llegando a la conclusión de que no reunía los requisitos del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra transgredida dicha norma argumentando que la conclusión del tribunal resulta absurda (conf. causas C. 109.310, "Tascón", sent. de 15-IV-2015; C. 99.296, "Fischer y Lowenbach", sent. de 7-II-2018; entre muchas).
V.3. En la especie, si bien el recurrente denuncia la infracción al art. 260 del ordenamiento procesal expresamente actuado por la Cámara, no logra demostrar la existencia del absurdo en que habría incurrido el tribunal al juzgar insuficiente su expresión de agravios (v. fs. 477/478 vta.).
Por un lado, se advierte que sus críticas giran en torno a supuestos errores del sentenciante vinculados al plazo aplicable y su cómputo, presentación efectuada por el perito martillero, etcétera, reeditando de tal modo los argumentos desplegados en el escrito de apelación (v. escrito electrónico de fecha 19 de diciembre de 2019), a los que el Tribunal de Alzada ha dado debida respuesta, conforme surge de la reseña antes efectuada, desoyendo las concretas razones allí brindadas.
Por el otro, deja sin réplica el fundamento esencial del fallo en torno a la insuficiencia del recurso de apelación, consistente en que la actora con posterioridad a haber instado el proceso a raíz de la intimación cursada (art. 315, CPCC) incurrió otra vez en inactividad por un plazo que superó al previsto en el art. 310 inc. 3 de dicho ordenamiento legal (v. fs. 477 vta.; conf. doctr. causas C. 109.310, "Tascón", sent. de 15-IV-2015; C. 121.534, "Zubillaga", sent. de 29-V-2019; e.o.).
Cabe recordar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que deja incólume un fundamento esencial que por sí solo resulta bastante para mantener el fallo y que únicamente trasunta una discrepancia de criterio y no demuestra cómo se habría producido la infracción legal o el absurdo que se alega (conf. doctr. causas C. 112.442, "Gallardo", sent. de 2-VII-2014; C. 116.630, "Transporte Atlántico del Sud S.R.L.", sent. de 8-IV-2015; e.o.).
Reiteradamente esta Corte ha expresado que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar que incurre en el vicio de absurdo, extremo que -reitero- no ha logrado acreditar el recurrente (conf. causas C. 116.844, "Don Damián S.A.", sent. de 26-III-2014; C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017; entre muchas) y sella adversamente la suerte del recurso extraordinario intentado.
VI. Por lo expuesto, si mi opinión resulta compartida, corresponderá rechazar también el presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad; con costas. Asimismo, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas a la recurrente vencida (arts. 68, 289 y 298 parte final, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2022 11:52:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2022 20:36:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/03/2022 00:25:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2022 09:16:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2022 14:22:00 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/03/2022 15:59:23 hs. bajo el número RS-4-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia