Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75807
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.807, "Loginter S.A. contra Municipalidad de Avellaneda sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría de fundamentos, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la pretensión anulatoria deducida por Loginter S.A. contra la Municipalidad de Avellaneda -ver sentencia de fecha 16 de octubre de 2018-.
Disconforme con este pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 21 de noviembre de 2018, 13:59:09 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 14 de febrero de 2019.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda deducida por la empresa Loginter S.A. -dedicada a brindar servicios de carga, descarga y almacenamiento utilizados en operaciones de comercio marítimo internacional- contra la Municipalidad de Avellaneda y, en consecuencia, anuló el decreto 4.018/12 -emanado del Intendente de la referida comuna- que rechazó el recurso jerárquico interpuesto contra la resolución 29/12 de la Secretaría de Hacienda y Administración del municipio referido, por medio de los cuales se determinaron de oficio las obligaciones fiscales de la firma actora, con relación a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene de los períodos 01 a 12, ejercicios fiscales de los años 2007/2011, con más los intereses y una multa impuesta por omisión del treinta por ciento (30%) del gravamen presuntamente omitido. Asimismo, ordenó la devolución de la suma de dinero depositada en sede administrativa, en cumplimiento del requisito de admisibilidad normado en el art. 19 del Código Contencioso Administrativo e impuso las costas a la parte demandada en su calidad de vencida (conf. art. 51 inc. 1, CCA -ley 14.437-; v. sent. de 26-XII-2016).
Para así decidir, entendió que la Municipalidad de Avellaneda carecía de atribuciones para cobrar la tasa cuestionada y que la autoridad de aplicación en materia de seguridad e higiene es la Subsecretaría de Actividades Portuarias, Delegación del Puerto de Dock Sud -dependiente de la Provincia de Buenos Aires-, a la que la firma actora abona un canon previsto en el Reglamento de Permisos y Usos Portuarios 185/07, dentro del cual están incluidas la salubridad, seguridad, higiene, etcétera.
Agregó que, de optar por la procedencia de la tasa en cuestión, se violaría la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales. Ello, porque del régimen de dicha ley surge la obligación para cada provincia adherente (la de Buenos Aires, lo es), de no aplicar gravámenes análogos a los coparticipados por la ley en cuestión, abarcando tanto el nivel provincial como el municipal (conf. art. 9, ley cit.).
Destacó que del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento también se desprende que las provincias asumen el compromiso de no crear tributos análogos a los coparticipantes y también surge la prohibición de establecer tasas sin la correspondiente contraprestación de servicios.
Por último, señaló que en el caso no se advertía la efectiva prestación de un servicio público con relación a un bien o actividad determinados del contribuyente. Sostuvo que, en el supuesto particular de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, el servicio que constituye su objeto es la realización de inspecciones destinadas a constatar y preservar la seguridad, salubridad e higiene de locales, establecimientos u otras oficinas destinadas al ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios. Consideró que la circunstancia descripta no ocurrió en el caso de autos.
Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso de apelación (v. fs. 274/280).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría de fundamentos, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la pretensión anulatoria deducida por Loginter S.A. contra la Municipalidad de Avellaneda -ver sentencia de fecha 16 de octubre de 2018-.
II.1. Preliminarmente, consideró -por mayoría- que la actividad municipal de inspeccionar los espacios en que la firma actora desarrolla sus actividades de logística, vinculadas al comercio exterior, se enmarca en el art. 226 inc. 17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y que la competencia municipal para la percepción de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene no tiene reparo constitucional o legal (votos de los doctores De Santis y Spacarotel).
II.2. En otro orden, y en lo que al recurso extraordinario interesa, la Cámara -por mayoría- entendió, en consonancia con lo expresado por la señora jueza de grado en esta parcela, que no se encontraba cumplido por la Municipalidad de Avellaneda el extremo de la efectiva prestación, respecto de la contribuyente, del servicio asociado a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por el período implicado en autos (voto del doctor Spacarotel al cual adhirió la doctora Milanta).
II.2.a. Señaló que la tasa es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación de un servicio o la relación de una actividad de la Administración que afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo y que, en tanto expresión de poder del Estado, es impuesta por este en forma coactiva, lo cual la torna exigible administrativa o judicialmente, más allá de la voluntariedad o interés del sujeto pasivo en recibir la prestación.
Indicó que esta Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, desde antaño, ha afirmado que la tasa y el impuesto se diferencian en cuanto al presupuesto de hecho adoptado por la ley para poder exigirlos: en las tasas lo constituye la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado, con lo cual es suficiente, para que sea exigible el pago del tributo, la descripción del servicio y su ofrecimiento (causas B. 51.937, "Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Municipalidad de General San Martín" , sent. de 28-XI-1995; I. 1.541, "Bernal de Palacio c/ Municipalidad de Rauch", sent. de 29-XII-1998; e.o.).
Destacó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que para que se configure la posibilidad de exigir el pago de la tasa debe existir una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio público referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente.
Agregó que dicho tribunal también ha expresado que los municipios se encuentran habilitados a cobrar tasas, en tanto se verifique la existencia -o no- del desarrollo de una actividad estatal (organización de un servicio) que atañe al obligado y que los diferentes modos bajo los cuales los contribuyentes desempeñen sus actividades no causen mutación en la naturaleza jurídica del tributo (CSJN causa L.1303.XLII.RHE "Laboratorios Raffo c/ Municipalidad de Córdoba", sent. de 23-VI-2009, Fallos: 332:1503).
Puntualizó que debe existir el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general.
Entendió que la obligación tributaria participa de la naturaleza propia de una tasa si existe la justificada necesidad de llevar a cabo el servicio de control de las instalaciones habilitadas, con el objeto de asegurar el bienestar de la población (causa B. 66.819, "Telefónica Móviles Argentina S.A. c/ Municipalidad de Moreno", sent. de 15-VIII-2012).
Añadió que la efectiva prestación de un servicio individualizado en el contribuyente es un elemento esencial para justificar la validez de la imposición de una tasa, por lo cual es un punto que debe ser debidamente esclarecido para la adecuada decisión del pleito (CSJN in re Q.20.XLVII "Quilpe S.A.", sent. de 9-X-2012).
Bajo las señaladas pautas de ponderación, concluyó que en el caso -tal como lo expuso la señora jueza de grado- no luce cumplido por la Municipalidad de Avellaneda el extremo de la efectiva prestación, respecto de la contribuyente, del servicio asociado a la Tasa de Seguridad e Higiene en el período implicado en autos, lo que conlleva a que no pueda considerarse a la actora como sujeto pasivo de la tasa referida.
II.2.b. En igual sentido, la doctora Milanta, en adhesión al voto del doctor Spacarotel en esta parcela, destacó que según lo expresara la señora magistrada de primera instancia, el municipio no prestó servicio alguno (v. esp. cons. 5, fs. 267), cuestión que arribó firme al Tribunal de Alzada, pues no ha sido objeto de crítica por parte de la demandada apelante.
Recordó que la Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de pronunciarse en un antiguo precedente (CSJN causa "Municipalidad de Santa Fe c/ Marconetti Ltda. Ind. Y Com.", sent. de 25-IX-1964, Fallos: 259:413; doctrina que continúa vigente, cfr. causa "Quilpe S.A.", cit., Fallos: 335:1987) exigiendo, para el cobro de una tasa similar en zona portuaria, la efectiva prestación del servicio.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la parte demandada denuncia errónea aplicación de la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada del precedente A. 73.917, "Cooperativa Eléctrica de Consumo Saladillo Limitada", sentencia de 21-II-2018, en donde se ha considerado que el presupuesto de hecho adoptado por la ley para poder exigir la tasa consiste en la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecte al obligado.
Se agravia, en particular, de las consideraciones y fundamentaciones efectuadas en los votos del doctor Spacarotel y de la doctora Milanta, sosteniendo que son los que concretamente le causan perjuicios.
III.1. Denuncia que el señor magistrado nombrado en primer término, no obstante admitir que la Municipalidad de Avellaneda tiene potestad para el cobro de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, violó la doctrina legal emergente de la causa A. 73.917, citada, en tanto esta dice "...la tasa y el impuesto se diferencian en cuanto al presupuesto de hecho adoptado por la ley para poder exigirlos: la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado, en el caso de la tasa; el hallarse en una de las situaciones consideradas por la ley como hecho imponible, en el caso del impuesto" (el destacado figura en el original).
Sostiene que el hecho generador de la tasa es un servicio prestado directa o indirectamente por la Municipalidad, en forma cierta o potencial. Aclara que no resulta necesaria la prestación efectiva al obligado al pago, ya que como fundamento del gravamen lo que realmente deviene importante es la sola existencia de una organización administrativa y que esta se encuentre en condiciones de prestar el servicio que da origen a la imposición del tributo.
Aduce que, en el caso, la comuna demandada posee esa organización administrativa plenamente activa y funcional, lo que posibilita ejercer el control y la prestación de los servicios propios.
III.2. Cuestiona la conclusión del Tribunal de Alzada que advierte "...tal como lo expone la jueza de grado, no luce cumplido por la Comuna el extremo de la efectiva prestación, respecto del contribuyente, del servicio asociado a la tasa en cuestión en el período indicado (cfr. doctr. CSJN, 'Quilpe', op. cit.)".
Transcribe un párrafo que dice haber expuesto en su contestación de demanda donde expresa "...que constituidos los agentes en el domicilio fiscal de la firma Loginter S.A. [...] sito en Juan D. de Solís Nª 1935 [...] de esta localidad [...] siendo atendidos por Fernando Santoro, quien, en carácter de empleado de la firma, se identifica [...] agregando, al pie, que los elementos detallados deberán ser puestos a disposición de los actuantes el día 15-II-12, en el mismo domicilio fiscal".
Describe actuaciones posteriores de las que se desprende -según aduce la recurrente- que los agentes municipales pudieron acceder al predio de la actora sin problemas y que, al tiempo del recurso interpuesto, el argumento de la contraria no giraba acerca de la imposibilidad de acceder a las instalaciones, sino a la existencia de una supuesta doble imposición.
Sostiene que la autoridad portuaria no presta dentro del ámbito de la zona primaria ningún servicio que se asimile al que resulta de la tasa cuestionada, razón por la cual deviene incorrecto hablar de doble imposición. Aduce que si bien el informe acercado por la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires refiere que parte del canon que los concesionarios abonan (permiso de uso portuario) resultaría comprensivo de la inspección de higiene y seguridad dentro de las instalaciones portuarias en general, dicho control no colisiona con la prerrogativa municipal de perseguir el cobro de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene sobre cada uno de los establecimientos en particular que se hallen comprendidos dentro del partido de Avellaneda y, por lo tanto, también sobre el de propiedad de la actora.
Aduce que dicha diferencia resulta liminar para rebatir la equivocada aseveración de una doble imposición fiscal, argumento que resultó erróneamente interpretado y utilizado por la doctora Milanta al fundamentar su voto, el que en el presente cuestiona.
III.3. En otro orden, se agravia porque el doctor Spacarotel argumenta con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la efectiva prestación del servicio, los que no pueden ser atacados por el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (conf. art. 279, CPCC), pasando por alto la prueba del acceso del municipio a las instalaciones de la actora, lo que deviene en absurdo en la interpretación de los escritos presentados en la causa.
Puntualmente refiere que el aludido magistrado recogió el criterio adoptado por la Corte de Justicia de la Nación "...respecto a la carga de la prueba de la prestación del servicio, teniendo en cuenta las especiales circunstancias de la causa, ésta le atañe al Fisco. Ello así, por las siguientes razones: i) el principio de quien alega debe probarlo; ii) no sería razonable, bajo estas circunstancias, exigir al contribuyente la prueba de un hecho negativo y iii) el Municipio contaría, en el sub lite, con todos los elementos para acreditar estos extremos [...] Bajo tales pautas de ponderación, en el caso de marras, se advierte que, tal como lo expone la jueza de grado, no luce cumplido por la Comuna el extremo de la efectiva prestación, respecto del contribuyente, del servicio asociado a la tasa en cuestión en el período implicado (cfr. doctr. CSJN, 'Quilpe', op. cit)".
Se agravia de dicha conclusión aduciendo que la empresa actora ha tratado de impedir sistemáticamente el ingreso del municipio a sus instalaciones, lo que surge de sus propios dichos y argumentos.
Transcribe un párrafo que -supuestamente formuló la demandante, ya que la recurrente no aclara con precisión en que oportunidad lo hizo-, del que deriva el accionar obstructivo de parte de Loginter S.A. para "...poder dar fiel cumplimiento a la correcta inspección del establecimiento en el que desarrolla su actividad la empresa actora".
Recuerda que la doctrina tiene dicho que desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, este no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel o no quiera hacerlo, ya que tiene en miras el interés general.
Aduce que en el caso se configuró una resistencia efectiva a la prestación del servicio por parte de la Municipalidad de Avellaneda y quedó demostrada la violación de la doctrina legal de la causa A. 73.917, antes citada, en cuanto allí se afirma que la prestación del servicio, en el supuesto de la Tasa de Seguridad e Higiene, puede ser efectiva o potencial.
III.4. Luego cuestiona los argumentos de la doctora Milanta en cuanto consideró que "...se tuvo por acreditado que es la Provincia quien presta el servicio por seguridad e higiene a la actora y percibe -a su vez- una retribución por ello y, según lo expresó la magistrada de grado, el Municipio no presta servicio alguno (v. esp. fs. 267), cuestión que arriba firme a esta Alzada, pues no ha sido objeto de crítica por parte de la demandada recurrente (cfr. causa 14.071, 'Autoservicio La Amistad Cooperativa de Trabajo LTDA.', sent. de 13-IX- 2016) [...] Allí sostuvo que el caso no trataba sobre la falta de interés individual en el servicio, ni de la resistencia efectiva a su prestación, sino que, por el contrario, la inexistencia del servicio resulta, en la especie, de las constancias ya mencionadas, lo que hace improcedente el cobro de la tasa correspondiente".
Sostiene que carece de trascendencia que la Provincia manifieste prestar el servicio de seguridad e higiene en el ámbito portuario toda vez que el que brinda la comuna corresponde a tareas de control e inspección realizadas en cada establecimiento situado en dicho ámbito para protección e integridad de la salud física de cada uno de los trabajadores que se desempeñen en dichos locales o establecimientos cuya verificación resulta competencia exclusiva de la Municipalidad (art. 226 inc. 17, dec. ley 6.769/58), por ello no acontece un caso de doble imposición.
Agrega que se ha probado, en autos, que la Municipalidad de Avellaneda accedió efectivamente al predio de la actora, por lo que la comuna no rebatió argumentos que no tenía obligación de rebatir.
Señala que los municipios cuentan con facultades amplias e indefinidas en torno a las reglamentaciones derivadas del poder de policía en materia de Seguridad e Higiene y que solo corresponde al Concejo Deliberante sancionarlas, en atención a las necesidades particulares que se impongan en el cuidado de la comunidad.
Destaca que la empresa actora no demostró que se hayan realizado inspecciones en este sentido y solamente invocó un informe administrativo que la señora jueza de grado tomó como valedero y sobre el cual no se observó la efectiva prestación.
Aduce que si la supuesta imposición fue tomada como cierta por los dichos de un informe, mucho más debe considerarse la fiscalización realizada in situ , sobre la actividad que desarrolla la empresa Loginter S.A. en el partido de Avellaneda, en concordancia con lo expuesto por la Suprema Corte provincial que ha afirmado que la tasa y el impuesto se diferencian en cuanto al presupuesto de hecho adoptado por la ley para poder exigirlos; en las tasas lo constituye la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado, con lo cual es suficiente para que sea exigible el pago del tributo la descripción del servicio y su ofrecimiento (cfr. causas I. 1.270, sent. de 18-IV-1989, publicada en "Acuerdos y Sentencias" 1989-I-730; B. 51.937, "Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Municipalidad de General San Martín", sent. de 28
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.