Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 124447
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.447, "Taulamet, Nora Josefina contra Experta ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, declaró procedente la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 998/1.017 vta.).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.032/1.042).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del día 13-VII-2020), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda deducida por Nora Josefina Taulamet y condenó a Experta ART S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4 y 15 apartado 2 de la ley 24.557 -por remisión del art. 18 del mismo dispositivo-, así como de la compensación adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, a raíz de la muerte del señor Andrés Alejandro Maldonado -conviviente de la actora- ocurrida el día 12 de diciembre de 2015 como consecuencia de las enfermedades profesionales contraídas durante el cumplimiento de las tareas prestadas a órdenes de su empleadora (v. fs. 998/1.017 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la legitimada pasiva mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.
En el primero de los remedios procesales citados, denuncia que el tribunal de grado omitió el tratamiento de las siguientes cuestiones esenciales, a saber: i) la correcta determinación de la primera manifestación invalidante de las enfermedades que portaba el trabajador; ii) la "temporalidad" en la aplicación de la ley, la doctrina y jurisprudencia, no estableciendo el fallo la adecuada aplicación de las normas específicas; iii) la arbitrariedad en materia de concurrencia de las aseguradoras de riesgos del trabajo, y lo expresamente establecido en el art. 47 apartado 2 de la ley 24.557; iv) el adecuado cálculo del ingreso base mensual consignado en la prueba pericial contable a la fecha de la primera manifestación invalidante, utilizando un coeficiente exagerado para acrecentar injustificadamente el monto indemnizatorio.
Para concluir, manifiesta que en la sentencia en crisis se han pasado absolutamente por alto las alegaciones y pruebas rendidas, así como la normativa aplicable al caso.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
Ello así, pues los tópicos que lo estructuran resultan ajenos a su ámbito de actuación, ya que si bien se denuncia la omisión de tratamiento de cuestiones que se consideran esenciales, los argumentos esgrimidos -en rigor- no encajan en el contenido normativo del art. 168 de la Constitución provincial, cláusula esta cuya eventual transgresión, para más, ni siquiera ha sido denunciada por el recurrente.
III.1.a. Sentado lo anterior, en primer lugar, como puede advertirse de la simple lectura del pronunciamiento, en la cuarta cuestión del veredicto, el juzgador indicó que al haber iniciado la actora la acción por muerte del trabajador Maldonado con sustento en el art. 18 de la ley 24.557, siendo ésta una única y definitiva contingencia de vida sucedida el día 12 de diciembre de 2015, dicha fecha implicaba la correspondiente a la primera manifestación invalidante de las enfermedades que portaba el causante (v. fs. 1.003 in fine/1.004).
Luego, de conformidad con lo que tiene reiteradamente dicho esta Corte, el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como preterida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error de juzgamiento es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020; e.o.).
III.1.b. En otro orden, el embate afincado en la alegada inadecuada aplicación de las normas específicas; así como el que se sustenta en la denunciada arbitrariedad de lo establecido en el art. 47 apartado 2 de la ley 24.557, tampoco han de tener favorable recepción.
Me afirmo en esta premisa por cuanto lo que se corrige mediante el recurso extraordinario de nulidad es la falta de fundamentación normativa, no configurándose infracción al art. 171 de la Constitución provincial -precepto que, por lo demás, tampoco ha sido invocado por el compareciente en su pieza recursiva- si la sentencia se encuentra, como en el caso, normativamente fundada, no correspondiendo examinar lo atinente a la incorrección, desacierto o deficiencia de su apoyatura legal, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco del recurso en tratamiento (causas L. 120.242, "Cantoni", sent. de 10-II-2020; L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; e.o.).
III.1.c. A lo dicho cabe agregar, que tampoco acierta el interesado cuando expone el cuestionamiento vinculado al correcto cálculo del ingreso base mensual establecido en la prueba pericial contable a la fecha de la primera manifestación invalidante, pues luce evidente que tal crítica se encuentra orientada -nuevamente- a intentar atribuirle al tribunal de grado la eventual comisión de errores de juzgamiento, lo que -reitero- debe ser canalizado a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 120.553, "Maldonado", sent. de 24-VIII-2020; e.o.).
III.2. Resta indicar que la deficiente consideración de la prueba o la eventual ausencia de evaluación de alguna pieza probatoria, no conforman ningún supuesto de omisión de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución local (causas L. 117.549, "Spoerle", sent. de 6-IV-2016; L. 120.307, "Zucaro", sent. de 19-IX-2018; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo y la violación de los arts. 12 y 47 apartado 2 de la ley 24.557; 3, 8 y 17 de la ley 26.773; de la ley 24.432 y de la doctrina legal que cita.
I.1. Inicialmente, objeta la responsabilidad que se atribuye a la aseguradora y, en su caso, su extensión.
Sostiene que no se encuentra discutido en autos: i) el ingreso a trabajar del señor Maldonado para su empleadora en el mes de diciembre de 1982, extendiéndose sus labores por más de treinta años; ii) las primeras manifestaciones de las dolencias que sufrió, correspondientes a los años 2002, 2003 y 2010; iii) la celebración de un contrato de afiliación entre Experta ART S.A. y Laboratorios Químicos Prolac S.R.L. con vigencia desde el 1 de febrero de 2001 al 31 de octubre de 2011; iv) el fallecimiento del trabajador acontecido el 12 de diciembre de 2015 y; v) para esta última fecha, que la aseguradora de riesgos del trabajo contratada era Galeno ART S.A. (ex Mapfre ART).
A partir de esta plataforma fáctica, según la interesada, luce evidente que el tribunal de grado prescindió deliberadamente de aplicar en la especie las disposiciones del art. 47 apartado 2 de la ley 24.557, pues, a la fecha del deceso del causante, Experta ART S.A. carecía de contrato asegurativo, debiendo -en consecuencia- responder Galeno ART S.A., como última aseguradora contratada.
En este sentido, destaca que, durante la tramitación del proceso, en atención a lo dispuesto por el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial, solicitó la citación como tercero de dicha aseguradora, así como de Provincia ART S.A., siendo desestimados tales pedimentos por el tribunal de grado con el vago fundamento de que "el actor no puede ser obligado a litigar contra quien no quiere hacerlo".
Señala que resulta "irrisorio" desconocer la responsabilidad de Galeno ART S.A., ya que en el caso se reclama el pago de las prestaciones dinerarias por el fallecimiento de un trabajador ocurrido cuando dicha aseguradora tenía contrato de afiliación vigente con Laboratorios Químicos Prolac S.R.L., conforme -postula-surge comprobado mediante el historial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de la pericia contable.
Indica que la citación de Provincia ART S.A. se fundó en que, para el supuesto de considerarse que Experta ART S.A. debiera responder, y tratándose de un reclamo por el fallecimiento sucedido a consecuencia de enfermedades originadas muchos años antes, dicha aseguradora también hubo de otorgarle cobertura a Maldonado (durante el periodo del 1 de julio de 1996 al 31 de enero de 2001, esto es, durante casi cinco años), existiendo -por ende- concurrencia suficiente para que fuera traída al litigio.
Aduce que, según la postura que sostuvo la parte actora, el trabajador se habría encontrado expuesto durante toda la relación laboral a agentes de riesgo susceptibles de provocarle las dolencias que culminaron con su muerte, no debiendo -por lo tanto- Experta ART S.A. resultar la única responsable frente a la citación propuesta.
Expone que a esta última le asiste -en todo caso- el derecho de repetir de las restantes aseguradoras, por lo que debe hacerse lugar a la citación solicitada, ya que existen razones suficientes que avalan tal pedimento al haber dispuesto el tribunal de trabajo una condena injusta, desconociendo la normativa del art. 47 de la ley 24.557 y desatendiendo el principio de economía procesal.
I.2. En otro orden, reprocha la determinación de la fecha de la primera manifestación invalidante.
Refiere que el juzgador se valió de las pruebas y constancias que obran desde el año 2002 en adelante, utilizándolas para establecer y fundar la causalidad de las dolencias, pero arbitrariamente estableció como primera manifestación invalidante la fecha en que se produjo el deceso del trabajador (12 de diciembre de 2015), alegando que el fallecimiento es "un hecho constitutivo".
Expone que es criterio jurisprudencial que la fecha de la primera manifestación invalidante es el momento en que se determina que la dolencia discapacita o invalida al trabajador y le impide continuar con sus tareas laborales habituales, precisamente por su característica de invalidante. Es decir -explica- que es el momento en que se "exhibe" la "minusvalía" o "incapacidad" por primera vez.
Por tanto, concluye que la muerte del damnificado puede ser considerada consecuencia de la enfermedad, teniendo claramente dicha patología origen -al menos- en el año 2002. De allí que, el hecho constitutivo resulta la enfermedad y no el fallecimiento.
Manifiesta que en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 24.557 y sus reglamentaciones, aun teniendo en cuenta que la incapacidad fue determinada en el siniestro n° 634.710, Experta ART S.A. cumplió con informar al damnificado por carta documento -n° CD400728143AR- cómo proceder para seleccionar una Compañía de Seguros de Retiro, enviando -además- los formularios para abonar el importe correspondiente a la prestación dineraria por incapacidad permanente definitiva. De allí que, al no elegir el señor Maldonado compañía alguna, fue de imposible cumplimiento el pago referido.
Denuncia que el tribunal también aplicó erróneamente el art. 17 de la ley 26.773, pues teniendo en cuenta que a la fecha de la primera manifestación invalidante (2002/2003) dicha ley no se encontraba vigente, por lo que no resultaba de actuación para resolver el caso. Igual suerte -agrega- debe correr la compensación prevista en el art. 3 de dicho cuerpo legal y la actualización del pago único adicional.
Sostiene que debió hacerse lugar a la excepción de prescripción opuesta, toda vez que las denuncias fueron recibidas por la aseguradora de riesgos del trabajo en el año 2002 y 2003 y la propia inacción del señor Maldonado no justifica, ni evita, lo establecido por la legislación, siendo que se encontraba extinta la posibilidad de exigir judicialmente.
I.3. Controvierte, asimismo, el valor mensual del ingreso base determinado en la sentencia.
Sobre el tópico, señala que en la pericia contable se informó que el adecuado ingreso base mensual a 2002/2003 resulta de $1.293,22 y $1.352,19; razón por la cual califica de absurda la decisión del tribunal de apartarse de dichos valores sin declarar siquiera la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Expresa que tampoco correspondía citar y fundamentar este aspecto del pronunciamiento de grado en el art. 56 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que el monto de las remuneraciones no se encontraba controvertido y la prueba rendida fue suficiente.
Argumenta que el tribunal hizo caso omiso a lo informado por el perito contador, fijando un ingreso base mensual (correspondiente a la última remuneración percibida por el trabajador) que implica una indexación del capital de condena.
Dice que aun tomando como punto de partida la fecha de la primera manifestación invalidante fijada en el fallo (12 de diciembre de 2015), lo resuelto por el tribunal resulta absurdo e injustificado, ya que bien pudo dicho órgano jurisdiccional optar por distintas formas de zanjar la cuestión, es decir: tomar en consideración los últimos doce salarios registrados antes de la culminación del vínculo laboral (a saber: utilizar el promedio de remuneraciones básicas; calcular el promedio entre todos los datos informados por el perito contador; etc.).
I.4. Por último, se agravia de los honorarios determinados en la sentencia.
Refiere que por conducto de no aplicar al caso las disposiciones de la ley 24.432, los estipendios fueron regulados de manera irrazonable, transgrediendo de tal modo el derecho de propiedad amparado por la Constitución nacional.
II. El recuso no prospera.
II.1. Alterando -por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, estimo que resulta infructuosa la prédica que exhibe la queja vinculada a la errónea determinación de la fecha de la primera manifestación invalidante y, por su conducto, de la decisión en torno al rechazo de la defensa de prescripción deducida.
II.1.a. Sostuvo el tribunal de grado que la accionada había opuesto excepción de prescripción alegando que las denuncias fueron recibidas en los años 2002 y 2003. Explicó que con tal postura confundía dos criterios jurídicos referidos a distintos hechos: de un lado, la denuncia de una enfermedad, y, del otro, la toma de conocimiento de ser portador de una minusvalía en la capacidad laboral por una patología (lo que ocurría en este caso), resultando esta última trascendente a los fines del sistema establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 1.010 vta.).
Recordó que la ley indemniza la incapacidad física producto de la enfermedad -en relación con las tareas desempeñadas- y no a esta última, razón por la que saber que un trabajador está enfermo, no implica que deba ser indemnizado si no posee incapacidad, ya que podría curarse o producirse la regresión de la enfermedad siendo neutra la dolencia para producir un desmedro en la capacidad laboral (v. fs. 1.010 vta. in fine y 1.011).
Por tales motivos, el juzgador manifestó que las fechas pretendidas por la demandada -años 2002 y 2003, según su libelo a fs. 124 vta.- y lo que posteriormente acaeció en las Comisiones Médicas -en las cuales se asociaron las enfermedades que padeció el trabajador con las tareas que desempeñaba-, conducían a desestimar la posición planteada por la accionada (v. fs. 1.011).
Agregó que la fecha determinada en la instancia administrativa (2 de septiembre de 2013), así como la del dictamen de la Comisión Médica que se expidió respecto a la incapacidad laboral permanente total y definitiva (11 de noviembre de 2013), no podían ser consideradas ni hipotéticamente, dado que la demandada no realizó en tiempo y forma la notificación establecida en el art. 4 de la ley 26.773, dejando abierto el proceso hasta que se produjo el desenlace fatal del trabajador (v. últ. fs. cit.).
Sin perjuicio de lo expuesto, en atención a la naturaleza jurídica de la demanda incoada, sustentada en el art. 18 de la ley 24.557, juzgó que la acción nacía al fallecer el trabajador, esto es, el día 12 de diciembre de 2015 (v. fs. 1.011).
Trajo a colación, además, para sustentar el pronunciamiento a la opinión suscripta por el doctor Soria en la causa L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008), y concluyó que al ser la muerte un "hecho constitutivo" que se produjo el día 12 de diciembre de 2015, correspondía rechazar la defensa interpuesta referida a la denuncia de las enfermedades en los años 2002 y 2003, ya que es ajena a la cuestión fundante del derecho por el cual se litiga (v. fs. 1.011 vta.).
II.1.b. Como se relató, el recurrente cuestiona esta decisión reeditando, por una parte, la postura de que las denuncias de las enfermedades del trabajador fueron recibidas por la aseguradora de riesgos del trabajo en el año 2002 y 2003; y, por la otra, de que su muerte se produjo como consecuencia de las dolencias que padecía, debiendo ser consideradas estas últimas como el "hecho constitutivo" y no así al fallecimiento.
II.1.c.i. Al respecto, advierto que tales agravios remiten inequívocamente al análisis de circunstancias fácticas comprobadas en la causa y, por ende, a un terreno propio de la actividad privativa de los jueces de grado, no susceptible -como tal- de revisión en esta instancia casatoria, salvo efectiva demostración de absurdo, vicio que no advierto configurado.
En la especie, se exhibe nítidamente que la crítica que formula la interesada no se ocupa de rebatir -como es menester- todas y cada una de las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia.
Siendo así, queda expuesta la ausencia de suficiencia del agravio, pues, con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 117.348, "Jiménez", sent. de 11-II-2015; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017; L. 120.002, "Suvia", sent. de 27-VI-2018; e.o.).
II.1.c.ii. La falta de idoneidad de este tramo del remedio en examen también se verifica ante la omisa denuncia de transgresión de los preceptos normativos vinculados a la solución alcanzada en la instancia de grado.
Sabido es que una característica propia de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación y, en ese marco, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 119.828, "Puszko", sent. de 4-VII-2018; L. 121.443, "Rasgido", sent. de 31-VIII-2020; e.o.).
Ello implica que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe acatar -ante todo- el recaudo básico relativo a la indicación en términos claros y concretos de la ley o doctrina qu
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