Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63741
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe acepta la excusación formulada por el señor Juez doctor Genoud (art. 30, CPCC) y por los fundamentos expuestos en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, reconociendo el derecho de los demandantes que no hayan suscripto convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos en los términos de la ley 13.437, al incremento del haber previsional con el adicional establecido en el decreto 1.014/97 y condenando a la accionada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04.
Sobre dichos importes se deberán adicionar intereses, los que deberán ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría, causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
La suma resultante de la liquidación que se practique, conforme las pautas indicadas, deberá ser abonada dentro de los sesenta días (art. 163, Const. prov.). …
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.741, "Barroso, Jorge O. y otros contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Pcia. de Bs. As. DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Violini.
I. Los actores promueven acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se dejen sin efecto los actos que desestimaron sus solicitudes de que sean reconocidos como remunerativos y computables en el haber básico sobre el que se calculan los beneficios previsionales de los que son titulares, los suplementos establecidos en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97.
Solicitan que se condene a la demandada al pago de las diferencias devengadas desde la vigencia de los mencionados decretos y de los intereses, calculados también desde que cada diferencia se devengó hasta la fecha del efectivo pago, con costas.
Los demandantes plantean que las sumas reconocidas a los activos en dichos decretos resultan de carácter remunerativo, regular, habitual y permanente y por ello solicitan su incorporación al haber previsional.
Concluyen que si se integraran de la manera pretendida se produciría un efecto cascada sobre los demás suplementos generales y particulares. Por ello, entienden que la no aplicación de los decretos mencionados implica una violación del principio de intangibilidad del salario y piden que se declare la inconstitucionalidad de las normas.
Citan jurisprudencia y plantean el caso federal.
II. Tras conferirse el traslado de ley, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y contesta la demanda, solicitando su rechazo en todos sus términos.
Sostiene que el análisis de las normas que regulan los suplementos pretendidos y de las contenidas en el régimen previsional aplicable, permite concluir que tales suplementos no revisten el carácter de remuneración a los fines previsionales.
Aduce que el decreto 1.014/97 estableció para la Policía Bonaerense y para el Servicio Penitenciario un suplemento especial, por tiempo limitado, no remunerativo y no bonificable.
Refiere que el carácter no remunerativo del suplemento establecido fue consagrado de modo exclusivo para el personal en actividad, pues tiende a compensar el mayor esfuerzo del personal responsable en la ejecución de funciones extraordinarias durante la vigencia del estado de emergencia policial declarado por la ley 11.880.
Añade que el decreto en cuestión estableció que dicho suplemento no estaría sujeto a los descuentos previstos en las leyes previsionales y asistenciales, ni serviría de base de cálculo para la determinación de cualquier otro tipo de adicional y/o descuento.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que considera aplicables al caso.
De igual manera argumenta que la compensación de gastos por vestimenta uniforme para el personal del escalafón Servicios de la Policía Bonaerense y del escalafón Profesional y Técnico Administrativo del Servicio Penitenciario creada por el decreto 1.015/97 carece de naturaleza remunerativa.
Manifiesta que constituye un reintegro de gastos que no puede conceptuarse como bonificación o adicional con carácter remunerativo, ya que tiene por objeto cubrir las erogaciones exigidas por el desempeño de los cargos, cuyo ejercicio obliga a llevar vestimenta acorde con las funciones cumplidas. Destaca que esa obligación es consecuencia lógica de la exigencia legal del uso de uniforme y equipo cuyo incumplimiento trae aparejadas sanciones (arts. 14 apdo. I incs. "a" y "b" y 52 inc. 1, dec. ley 9.550/80).
Aduce que la percepción de dicho rubro se halla supeditada a rendición de cuentas, al control de las autoridades respectivas y al efectivo desempeño de funciones por parte de los agentes policiales, circunstancias concluyentes para determinar el carácter de reintegro.
En relación con el resto de los decretos, en primer lugar rechaza la pretensión de la parte actora de que sean incorporados los adicionales generales en el salario básico y, consecuentemente, entiende que debe rechazarse el efecto cascada peticionado, así como las diferencias salariales indebidamente reclamadas y su materialización en el haber previsional.
Por otro lado, expresa que frente a la indiscriminada invocación normativa que se realiza en la demanda corresponde hacer unas aclaraciones en cuanto a la vigencia temporal de los decretos enumerados.
Así, señala que el decreto 35/97 provocó una reestructuración en la materia remunerativa policial, estableciendo a partir del día 1 de enero de 1997 una bonificación remunerativa no bonificable para el personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad y paralelamente se excluyeron y dejaron sin efecto los decretos 366/91, 518/93, 1.235/92, 3.483/92, 3.915/95 y 4.290/95.
En consecuencia, expresa que, sin perjuicio de la improcedencia sustancial de la pretensión, deviene inadmisible el planteo de la actora según el cual se le deben abonar, sin discriminación y acumuladamente, las bonificaciones establecidas en el decreto 35/97 y los decretos 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93, en tanto los últimos tuvieron vigencia hasta el día 1 de enero de 1997, fecha a la que debe reducirse la pretensión a su respecto.
Recuerda que el cambio de remuneración que importó el decreto 35/97 no aparejó una reducción remunerativa dado que las bonificaciones que se dejaron sin efecto fueron incorporadas como bonificaciones remunerativas no bonificables.
Eventualmente opone en subsidio la prescripción de dos años prevista en la legislación previsional (art. 58 párr. 3, ley 9.538/80) computando como fecha la de cada reclamo presentado ante la Caja. Y a todo evento plantea la prescripción quinquenal de las obligaciones por diferencias salariales. Plantea el caso federal.
III. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora, los alegatos de ambas partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Corresponde aceptar la excusación formulada por el señor Juez doctor Genoud?
2. ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En autos, el señor Juez doctor Genoud se excusó de intervenir con fundamento en graves motivos de decoro y delicadeza, por lo que corresponde admitir su apartamiento (art. 30, CPCC).
En consecuencia, a la primera cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Violini , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión planteada también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Con motivo de la sanción de la ley 13.437 -Plan de Saneamiento de deudas con el personal pasivo Policial y Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires-, se habilitó un mecanismo de solución equitativa respecto de los reclamos generados por la aplicación del decreto 1.014/97 mediante acuerdos transaccionales individuales, en la medida en que los demandantes no hayan suscripto el convenio ni se encuentren percibiendo sumas por si o a través de sus herederos, en los términos de la ley 13.437
Toda vez que las circunstancias del caso resultan sustancialmente análogas a las que fueron materia de debate y decisión en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, reiteradas en las causas B. 60.760, "García", sentencia de 19-XII-2018; B. 60.539, "Laiseca", sentencia de 29-V-2019; B. 67.429, "Messina", sentencia de 20-III-2019, entre otras, considero que, por razones de celeridad y economía procesal corresponde, por los fundamentos brindados en los citados precedentes que tengo aquí por reproducidos por razones de brevedad, reiterar el criterio y solución allí plasmados.
Con relación a la liquidación a practicarse, por derivación de lo aquí decidido se deberán adicionar intereses, los que deberán ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría, causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
II. En lo que respecta a la suma fija dispuesta por el decreto 1.015/97 como compensación de gastos para el escalafón Servicios de la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario, teniendo en consideración que el tema fue materia de debate y decisión en las causas B. 60.714, "Giralt", sentencia de 9-XI-2005; B. 61.514, "Cornejo", sentencia de 12-IV-2006; B. 62.212, "Lutz", sentencia de 29-IX-2011; A. 69.834, "Crisconio", sentencia de 9-X-2013; A. 71.359, "Cadenas", sentencia de 23-XII-2014; A. 70.822, "Bigi", sentencia de 25-II-2015 y A. 69.840, "Córdova", sentencia de 22-XII-2015, me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy por replicados aquí por razones de brevedad, por los que corresponde rechazar la demanda en esta parcela.
III. Respecto de los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93 y 35/97, teniendo en consideración que el tema fue materia de debate y decisión en las causas A. 69.464, "Naranjo", sentencia de 5-VIII-2010; A. 69.710, "Soto", sentencia de 21-IV-2010; A. 71.356, "Abramo", sentencia de 10-IX-2014; A. 71.334, "Gambaleri", sentencia de 29-X-2014; A. 73.322, "Corbalán" y A. 73.262, "Martínez", resoluciones de 28-VI-2017, entre otras, me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy por reproducidos para evitar reiteraciones innecesarias, lo que abastece suficientemente, también, el rechazo de esta pretensión.
Así lo voto .
Costas por su orden (arts. 17, CCA, ley 2.961 y 78 inc. 3, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Violini , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión planteada en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se acepta la excusación formulada por el señor Juez doctor Genoud (art. 30, CPCC) y por los fundamentos expuestos en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, reconociendo el derecho de los demandantes que no hayan suscripto convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos en los términos de la ley 13.437, al incremento del haber previsional con el adicional establecido en el decreto 1.014/97 y condenando a la accionada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04.
Sobre dichos importes se deberán adicionar intereses, los que deberán ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría, causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
La suma resultante de la liquidación que se practique, conforme las pautas indicadas, deberá ser abonada dentro de los sesenta días (art. 163, Const. prov.).
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51, dec. ley 8.904/77).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2022 19:31:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/04/2022 09:09:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2022 18:19:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2022 12:58:19 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2022 14:38:28 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/04/2022 14:38:47 hs. bajo el número RS-26-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia