Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 124690
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.690, "FATE S.A.I.C.I. contra Ottoboni, Víctor Octavio. Sumarísimo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
En cumplimiento de lo ordenado por esta Suprema Corte a fs. 555/565, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, dictó nuevo pronunciamiento en el que rechazó la acción de exclusión de tutela sindical promovida (v. fs. 693/715 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-VI-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado rechazó la demanda sumarísima promovida por FATE S.A.I.C.I. para obtener la exclusión de tutela sindical del señor Víctor Octavio Ottoboni, delegado de personal en representación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (v. fs. 693/715 vta.).
Luego de ponderar los hechos y las pruebas en el veredicto, ya en la sentencia, para así resolver, atendiendo a la nueva doctrina sentada en el caso por esta Suprema Corte, afirmó que persiguiendo la actora la exclusión de la tutela sindical del trabajador para proceder al despido con causa, correspondía valorar la adecuada proporción de las conductas injuriosas con la decisión que la patronal procuraba adoptar, ello, frente a una controversia donde se debate la cuestión vinculada con la imputación de más de un hecho con aplicación de una sanción disciplinaria única y la necesidad de probarlos en conjunto para fundar la resolución (v. fs. 709 vta. y 710).
Refirió que habiendo alegado FATE S.A.I.C.I. varias injurias para justificar la ruptura del contrato de trabajo, y siendo la sumatoria de todas las que habrían generado la imposibilidad de proseguir con el vínculo laboral, debía acreditar cada una de ellas, dejando de actuar las causales como autónomas para convertirse en una injuria compuesta, ello, remarcó, en tanto ninguno de tales supuestos alcance para configurar por sí solo un hecho de tal gravedad que justifique la decisión rupturista, pero, en tal caso -añadió-, así deberá ser expresado en la comunicación rescisoria, para evitar confusiones o, como acontece en la especie, en el escrito constitutivo del proceso (v. fs. 710 vta.).
Manifestó que no cabían dudas de que la parte actora pretendió configurar una "injuria multicausal" para proceder a la exclusión de la tutela sindical del señor Ottoboni y luego concretar el despido con causa, indicó que ello se desprendía del párrafo consignado a fs. 79 de la demanda, que transcribió (v. fs. 710 vta. in fine/711).
Siguiendo ese razonamiento, señaló el juzgador que del veredicto surgía que FATE S.A.I.C.I. no había logrado acreditar la totalidad de los hechos que conforman la injuria multicausal y, por consiguiente, carecían de eficacia aquellos que fueran probados para proceder a la exclusión de la tutela sindical (v. fs. 711).
Y si bien juzgó que ello solo bastaría para desestimar la acción, no obstante, analizó en forma particular los hechos conforme lo que había ponderado acreditado en el veredicto a la luz de las reglas previstas en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 711/714 vta. y sigs.), así, los sucesos con los que se emparentó al accionado acontecidos los días 13 de febrero de 2008 (paro en diferentes sectores de la Gerencia de Mantenimiento a instancias -entre otros- del señor Ottoboni); 5 de mayo de 2008 (cese productivo en la planta); 26 de mayo de 2008 (cuando aquel habría impedido que se efectuara la carga de material en los vehículos destinados a su transporte) y 28 de mayo (cuando habría ingresado sin autorización al depósito del establecimiento).
En cuanto a la primera causal, dijo que el modo en que estaba expresada en la demanda, a tenor de su falta de claridad y precisión, no cumplía con los requisitos exigidos por el citado art. 243 de la ley laboral. Al analizar la segunda, le restó aptitud injuriosa, toda vez que -señaló- no quedó acreditada la participación de Ottoboni en el hecho respectivo. En lo que hace a los últimos dos hechos arriba mencionados, el a quo sostuvo que ambos incumplimientos cometidos por el accionado -por más reprochables que resulten- no ameritaban adoptar la medida pretendida por la patronal, toda vez que lucía desproporcionado extinguir el vínculo como consecuencia de ellos cuando podría haberse intentado una sanción de menor gravedad, siendo que además, debía atenderse especialmente la condición de delegado sindical que revestía Ottoboni en los años 2007 y 2008 y la nota de conflicto que conlleva su función; con todo, agregó no existían antecedentes sancionatorios anteriores por conductas similares.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional; 62, 63, 84, 86, 87 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Alega que la absurda valoración de la prueba y de los escritos constitutivos del proceso condujo al tribunal a conclusiones desacertadas y al dictado de un pronunciamiento injusto y arbitrario.
Señala que en la demanda se hizo alusión a hechos que solo se referían a antecedentes inmediatos sobre incumplimientos del señor Ottoboni a las pautas de orden mínimo existentes en la empresa, para luego, en el capítulo 4 del escrito liminar, precisar aquellos otros que determinaron el despido por haber quebrado definitivamente la confianza de la empleadora, y que tornaban imposible la prosecución del vínculo laboral, los cuales no fueron negados y, por ende, resultaron reconocidos.
Sin embargo, continúa, el tribunal de grado omitió considerar esta última circunstancia, especialmente en relación a los hechos ocurridos los días 25, 26 y 28 de mayo de 2008, ya que de tales acontecimientos solamente hizo referencia al producido el 26 de mayo, tomando como acreditado lo sucedido ese día, pero estimó que no tenía entidad suficientemente injuriante. En definitiva, explica, al tomar ese hecho prácticamente aislado de los otros, realizó una valoración absurda de la prueba y constancias de la causa.
Manifiesta que el juzgador adjudicó erróneamente a la actora la carga de demostrar hechos que habían sido reconocidos por el accionado, alterando así las reglas del onus probandi. Sostiene que ello aconteció con los sucedidos el día 25 de mayo de 2008, puesto que el accionado no desconoció ni negó absolutamente nada, ni tampoco planteó siquiera una versión diferente, quedando por ende comprobado que Ottoboni ingresó en esa fecha a la planta clandestinamente, sin autorización, algo que -adiciona- resultó además corroborado con la prueba testimonial principalmente y fue motivo de la formación de un expediente penal.
Refiere que también se alteró la distribución de la carga probatoria respecto de los sucesos de los días 13 de febrero de 2008 y 20 y 23 de mayo de 2008, ya que no fueron controvertidos, no obstante lo cual el a quo sostuvo que no se halló demostrado el ingreso del demandado fuera de su turno y por ende sin autorización. Y respecto de lo acontecido el primero de los días mencionados consideró erróneamente que lo invocado era poco claro, genérico y vago, para así descalificarlo y restarle valor en la sentencia.
Luego, enumera los hechos que -a su entender- tampoco resultaron negados en forma expresa y categórica y que habrían quedado reconocidos, tales como la promoción de las reuniones de los días 26 de noviembre de 2007 y 15 de marzo de 2008 interrumpiendo la producción en la empresa; la detención indebida de ciertas máquinas el día 18 de abril de 2008; el ingreso indebido a la planta, fuera de su turno de trabajo, los días 20 y 23 de mayo de 2008; la existencia de pedidos de sanciones disciplinarias para el señor Ottoboni en fechas 3 de septiembre de 2007; 4 de enero de 2008 y 25 de mayo de 2008; haber amenazado el día 26 de mayo de 2008 junto a dos compañeros de trabajo al personal de la firma Vamuza S.R.L. para que cesaran en sus actividades, impidiendo personalmente el demandado la operación de carga de la mercadería; y haber ingresado sin autorización al depósito de la empresa el día 28 de mayo de 2008 por el sector destinado a las cubiertas ensayadas por bulto, poniendo en riesgo su propia integridad física y la de las personas que trabajan en la planta, así como los bienes de propiedad de FATE S.A.I.C.I.
Efectúa un análisis de la prueba (documental, telegráfica, fotográfica, testimonial y copias de la causa penal) cuya armónica valoración, dice, acredita lo afirmado por el actor en la demanda respecto de los hechos injuriantes.
Insiste en manifestar que el tribunal de trabajo incurrió en error cuando sostuvo que la injuria multicausal invocada por la actora abarcaba la totalidad de los hechos relatados en la demanda. Expone que ello no es así porque aquellos que fueron determinantes para quebrar definitivamente la confianza de la empleadora y tornaron imposible la prosecución del vínculo laboral son los consignados en el capítulo 4 de la demanda, y no los descriptos como antecedentes inmediatos de los incumplimientos del señor Ottoboni, los que podrían, o no, tomarse tan sólo como un elemento más a la hora de valorar la conducta general del accionado.
En consecuencia, concluye, los hechos sustanciales a ponderar eran los ocurridos los días 25, 26 y 28 de mayo de 2008, los que al no hallarse controvertidos debieron ser tenidos por probados. No obstante lo cual, agrega, en la sentencia solo uno fue consignado como "determinante" del despido, siendo dos restantes mencionados como meros antecedentes.
En definitiva, aduce que la sentencia no guarda congruencia con el veredicto, pues se sustentó en tres hechos de los cuales sólo uno (el protagonizado el día 26 de mayo de 2008) es considerado por la actora determinante del despido, decidiendo rechazar la demanda de exclusión de tutela sindical promovida incurriendo en absurda apreciación de los escritos introductorios y de las pruebas producidas en la litis.
Colige que, si el tribunal de grado consideró "absolutamente reprochables" los dos incumplimientos que refiere en la sentencia, aunque no configurativos de injuria suficiente para el despido del demandado, mucho más lo fue la conducta del señor Ottoboni al tenerse por acreditados los sucesos de los días 25 y 28 de mayo de 2008 como surge de las constancias de esta causa.
Señala que a ello incluso se pueden agregar, al menos, como antecedentes inmediatos los correspondientes a los días 13 de febrero de 2008 y 20 y 23 de mayo de 2008, que muestran la habitual inconducta asumida por el demandado.
En suma, afirma que la valoración de la injuria no ha sido realizada por el tribunal de grado con la prudencia del caso, toda vez que los hechos que quebrantaron la confianza del empleador han sido acreditados, conformando la justa causa que habilita el despido que se procura aplicar mediante la obtención de la exclusión de la tutela sindical.
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo cardinal, los agravios traídos a conocimiento de esta Corte remiten al análisis del contenido de los escritos constitutivos y de las pruebas de la causa, esto es, materias reservadas a los tribunales del trabajo y cuyo juicio es irrevisable en esta sede extraordinaria, salvo cabal demostración del absurdo (causas L. 102.289, "Quiroz", sent. de 6-IV-2011 y L. 101.689, "Soneyra", sent. de 18-V-2011). Tal excepcional vicio, puede adelantarse, no es evidenciado en el caso.
III.2.a. Liminarmente cabe aclarar, que tal como expresamente se precisa en el recurso (v. puntos III.a. y IV.7.) si bien hubo de reprochársele al señor Ottoboni la participación en varios hechos acontecidos desde fines del año 2007 hasta el mes de abril de 2008, lo cierto es que aquellos que a criterio de la patronal resultaron desencadenantes e impulsaron la promoción de la presente causa fueron los que se alegan ocurridos los días 25, 26 y 28 de mayo de 2008, tal como surge del capítulo 4 del escrito de la demanda (v. fs. 79) y fuese volcado en el alegato efectuado por la demandante (v. fs. 343 vta.).
III.2.b. Luego, y aun cuando hipotéticamente se compartiese lo argumentado por el impugnante frente a la primera definición del tribunal de grado lograda bajo la noción de "injuria multicausal", ello no apuntalaría la crítica traída, pues puede advertirse que sin perjuicio de aludir a aquella construcción conceptual, igualmente el a quo con posterioridad abordó bajo un prisma particularizado los hechos calificados por el empleador como injuriosos, aunque desde ya, bajo la plataforma fáctica que juzgó acreditada en el veredicto.
III.2.b.i. Así, al responder al interrogante planteado en la decimoprimera cuestión del veredicto, sostuvo inicialmente que no había resultado controvertido que el demandado hubo de ingresar el día 25 de mayo de 2008 a la planta de FATE S.A.I.C.I. (v. fs. 702 vta.). Luego, ponderó la prueba documental agregada, consistente en copias simples de la causa penal IPP n° 39.338 en trámite ante la UFI de San Fernando (cuyas copias certificadas lucen glosadas a fs. 299) y refirió que ninguno de los testigos que declararon en sede penal lo hicieron en la audiencia de vista de causa de autos, por lo cual expresó que "los dichos consignados en el expediente penal han de ser evaluados con los alcances referidos (art. 44 inc. d) de la ley 11.653)", a mayor abundamiento, destacó que de dichas actuaciones surgía que el señor Ottoboni había sido sobreseído por prescripción de la acción por el delito de violación de domicilio.
También ponderó la prueba oral recibida en estos autos y subrayó que la actora no había acompañado instrumento probatorio alguno que acreditara la prohibición de los trabajadores de acceder a la empresa un día feriado y, más aun, que el ingreso por la puerta "lateral-alternativa" estuviese vedado (v. fs. 702 vta./703 vta.).
En tal sentido, explicó que no había prestado declaración ningún empleado de seguridad de la fábrica que pudiera constatar dicha prohibición y aunque de las declaraciones testimoniales no había quedado "del todo claro" que el día 25 de mayo de 2008 la puerta de acceso lateral a la planta contara con personal de seguridad, sí había sido comprobado que no existía prohibición alguna que vedara el ingreso de los trabajadores (en general) y del señor Ottoboni (en particular). Adunó, que reforzaba tal premisa la circunstancia de que el acceso existía y que pese a tratarse de un día no laborable la empresa contaba con personal de mantenimiento de guardia y que los trabajadores podían utilizar parte del predio (club) para fines sociales (v. fs. 702 vta. in fine/703).
III.2.b.ii. En cambio, juzgó probado que el día 26 de mayo de 2008 el señor Ottoboni impidió que se efectuara la carga de material en los vehículos destinados a su transporte (v. vered., décimo segunda cuestión, fs. 703 vta. in fine/705).
También valoró demostrado que el día 28 de mayo de 2008 ingresó al depósito de la empresa sin tener la debida autorización, y que lo hizo por un sector automatizado de ingreso de mercaderías denominado "Mesa n° 88" (v. vered., décimo tercera cuestión, fs. 705 y vta.).
No obstante, en la sentencia, atendiendo a las pautas de proporcionalidad, razonabilidad y prudencia que, a partir del principio de conservación del contrato de trabajo y el deber de respeto mutuo, obliga a las partes a adecuar sus comportamientos recíprocos, el a quo consideró que estos dos últimos incumplimientos cometidos por el demandado -por más reprochables que resulten- no justificaban la medida pretendida por el empleador, toda vez que lucía desproporcionado extinguir el vínculo laboral (previa exclusión de la tutela sindical) cuando bien podría haberse intentado una sanción menor (v. fs. 713 vta.).
III.2.b.iii. Hasta aquí, resulta dirimente que -en definitiva- el órgano jurisdiccional de grado descartó la idoneidad de los tres hechos denunciados para adquirir la calificación de injuriantes y de ese modo habilitar el despido del señor Ottoboni, previa exclusión de la tutela sindical; el primero, por no hallarse probado y los dos restantes, por no ameritar ni justificar una medida tan extrema como la que la empleadora pretendía aplicar.
III.2.c. Ocupa ahora analizar los agravios que porta el recurso dirigidos a objetar las definiciones a las que arribó el tribunal de la instancia sobre los hechos determinantes en el criterio del empleador para disponer la cesantía del accionado.
III.2.c.i. Respecto del hecho situado el día 25 de mayo de 2008, descripto en la demanda bajo la referencia a un acceso ilícito del accionado a la planta de la empleadora, no aporta el interesado ningún elemento de peso para descalificar el contenido del fallo.
La crítica sustentada en la propia interpretación y conclusiones que extrae el recurrente de la causa penal, de las declaraciones testimoniales que indica e, inclusive, de los términos plasmados en los distintos escritos del proceso, deviene ineficaz para demostrar el vicio de absurdo invocado, pues lo que pretende es -en rigor- disputarle al juzgador el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación del material probatorio, técnica inhábil para evidenciar el vicio de absurdo (causas L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015; L. 121.642, "Ramírez", sent. de 9-VI-2020 y L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021). El discurso del recurrente, se diluye en apreciaciones que no van más allá de meros disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio únicamente discrepante que, como tal, no resulta idónea para acreditar el absurdo (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019 y L. 123.263, "Mendoza", sent. de 30-XII-2020; e.o.).
Y es por demás claramente infructuosa la argumentación por la que se afirma que el tribunal de grado omitió expedirse en la sentencia en relación a este hecho, pues tal como expresamente fue consignado en el pronunciamiento, el órgano jurisdiccional sólo hubo de referirse en esa parcela del pronunciamiento a aquellos que habían resultado probados en el veredicto (v. fs. 711), no revistiendo el evento aquí ventilado tal condición.
Como cierre a este punto, dable es agregar que parece soslayar el recurrente que al contestar la demanda -y haciéndose cargo de la conducta que le fuera endilgada por la contraria- el accionado expresamente negó haber incurrido en "violación de domicilio" (v. fs. 101).
III.2.c.ii. Similares deficiencias exhiben los planteos que el compareciente trae con los hechos correspondientes a los días 26 y 28 de mayo de 2008.
El compareciente, nuevamente exterioriza un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento, sin embargo, no se encarga de objetar idóneamente las consideraciones que brindó el tribunal al ponderar las circunstancias de la causa. Su discurso, afirmado esencialmente en que tales hechos no fueron negados por el demandado debiendo en consecuencia tenérselos por reconocidos, además -una vez más- de no resultar ajustado a lo acontecido en autos (v. contestación de demanda; fs. 101), sólo refleja su opinión contraria con lo resuelto, sin atacar siquiera aquellas argumentaciones que contiene la sentencia y que llevaron al tribunal a efectuar el juicio de proporcionalidad teniendo especialmente e
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