Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 124699
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.699, "Ayala, Mario Emanuel contra La Segunda ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria, Violini, Kohan, Carral.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la acción promovida e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 193/207 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 214/226 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado acogió la demanda que el señor Mario Emanuel Ayala promovió contra La Segunda ART S.A., y condenó a esta última al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral contemplada por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y de la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 193/207 vta.).
Para así decidir, declaró acreditado que el día 10 de noviembre de 2013 el actor sufrió un accidente de trabajo mientas prestaba tareas en relación de dependencia a las órdenes de Grupo Inversor Piazza Italia S.A., cumpliendo funciones de pizzero en el restaurante denominado "La Nueva Caleta" (v. fs. 193 vta. in fine, 194 y 195).
Con el reconocimiento formulado por la accionada al contestar la demanda y la pericia contable, juzgó acreditada la vinculación entre Grupo Inversor Piazza Italia S.A. y La Segunda Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. mediante el contrato de afiliación n° 157.862, por el que esta última se comprometió a dar cumplimiento a todas las obligaciones que impone la ley 24.557 y sus reglamentaciones (v. fs. 195 in fine y vta.).
Estableció el a quo que, como consecuencia del referido infortunio, el señor Ayala padece de amputación de extremo distal y limitación funcional de los dedos índice, medio y anular de la mano izquierda, que le provoca una incapacidad parcial y permanente -sumados los factores de ponderación- del 27% de la total obrera (v. fs. 196 y vta.).
Tuvo por comprobado que el ingreso base mensual del trabajador al momento del accidente ascendía a $3.159,58, y que tenía veintidós años de edad al 10 de noviembre de 2013 (v. fs. 197).
Indicó el juzgador de origen que no fue motivo de controversia que, como consecuencia de la incapacidad fijada por la Comisión Médica n° 07C de la ciudad de Rosario en el expediente administrativo n° 07C-L-00452/14, la aseguradora demandada abonó -en fecha 22 de mayo de 2014- al señor Ayala la suma de $77.174, imputada de la siguiente manera: $64.312 en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad parcial permanente y $12.862 en concepto de indemnización adicional de pago único dispuesto por el art. 3 de la ley 26.773 (v. últ. fs. cit.).
A partir de estas conclusiones, cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir al trabajador de acuerdo con las pautas indicadas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y declaró aplicable al caso el citado art. 3, sumando, en consecuencia, una indemnización adicional equivalente al 20% (v. fs. 203 vta. in fine y 204).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que cuestiona únicamente la conclusión del tribunal de grado que -según sostiene- rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la fórmula tarifada prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, oportunamente solicitado en el escrito de promoción de la demanda.
Postula que el órgano de origen ordenó abonar una exigua indemnización para resarcir los daños en la salud padecidos por el reclamante como consecuencia del accidente de trabajo.
Asevera que la fórmula que emerge de la norma impugnada es inconstitucional porque no repara el lucro cesante derivado de la minusvalía laboral que -de modo permanente- porta el trabajador. Cita en apoyo de su postura las directrices sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Aquino" y "Llosco". Con pie en este último, enfatiza se receptó allí la posibilidad de declarar la invalidez constitucional de la fórmula tarifada en el marco de una acción fundada en la ley especial de infortunios laborales.
Explica los alcances que la jurisprudencia otorgó a la expresión "lucro cesante", refiriendo distintos métodos para arribar al importe del resarcimiento.
Propone -a título ejemplificativo- un modo de cálculo para determinar el pertinente importe basado en la evolución del valor del salario mínimo vital y móvil hasta que el trabajador alcance los setenta y cinco años (teniendo en cuenta -además- la edad de la víctima a la fecha de la primera manifestación invalidante y el porcentaje de incapacidad, entre otros componentes), con el intento de demostrar que el resarcimiento tarifado previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo es insuficiente para el dependiente que ha sufrido un daño en su salud.
Indica que la prestación que contempla el mencionado régimen de reparación de accidentes y enfermedades laborales transgrede las garantías previstas en los arts. 14 bis, 16, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia entre la suma por la que prosperó la demanda y aquella otra que el impugnante reclama en su recurso extraordinario (v. fs. 224 vta.)- no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por esta razón, el remedio procesal deducido sólo puede examinarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, por lo que esta Suprema Corte debería limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina legal invocada por el recurrente.
III.2.a. Sin embargo, no puede soslayarse que la crítica dirigida a objetar el presunto rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la fórmula prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, involucra el análisis de una cuestión federal.
III.2.b. Al respecto, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, como órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, la impugnación habrá de ser abordada con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3.a. En estas condiciones, los argumentos que nutren al embate resultan inconducentes, pues lucen extraviados del contexto en el que fue decidido este aspecto del debate.
III.3.b. El actor introdujo en la demanda -de manera conjunta- el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557 (v. fs. 29/32 vta.), conforme fue -en efecto- relevado en el relato de antecedentes que contiene la sentencia puesta en crisis.
El fallo atacado revela la omisa consideración por parte del tribunal de grado de la supuesta descalificación constitucional de la fórmula prevista en la última de las normas citadas (v. fs. 199/207 vta.), pues lo que hubo de tratar -en lo que aquí interesa- fue la congruencia constitucional del referido art. 12 y el modo de aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), siguiendo la doctrina legal del precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
III.3.c. El recurrente parte de una sesgada lectura del pronunciamiento, lo que queda evidenciado cuando sustenta su agravio en la siguiente afirmación: "...no se ha hecho lugar a la declaración de inconstitucionalidad de la fórmula tarifada de la ley 24.557, oportunamente solicitada en nuestra demanda, en el punto V del Título 'Otro si digo' (véase párrafos 13 a 17 del punto III, del voto del Dr. Telechea, de la sentencia)" (rec., fs. 215 vta.).
Así lo afirmo porque, en el indicado fragmento del sufragio -que concitó la adhesión de los restantes integrantes del tribunal interviniente-, se brindó tratamiento solamente a la tacha de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (mas no del art. 14 de este último plexo legal), disponiéndose el rechazo de esa petición y la aplicación de la norma al caso bajo juzgamiento (v. fs. 202/203).
De suyo entonces, el cuestionamiento resulta manifiestamente insuficiente para modificar lo decidido en la instancia de origen, pues es sabido que para que el escrito mediante el cual se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulan deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran la sentencia (causas L. 115.497, "Palomo", sent. de 5-VII-2017; L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
III.3.d. Tampoco se me escapa que el agraviado pretende rediseñar en casación un nuevo enfoque de su planteo, introduciendo alegaciones -fruto de una reflexión tardía- que nunca fueron puestas a consideración del sentenciante, y, por ello, no resultan susceptibles de ser evaluadas ante la instancia extraordinaria (causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
III.3.e. A mayor abundamiento, en la hipótesis de haberse advertido que el sentenciante omitió tratar el planteo de incongruencia constitucional del art. 14 de referencia, cabe memorar que la preterición de cuestiones litigiosas solamente puede ser canalizada por el carril del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 117.025, "Q., J.A.", sent. de 4-III-2015; L. 120.565, "Córdoba", sent. de 25-VIII-2020 y L. 121.634, "Armada", sent. de 2-XI-2020).
III.4. Así las cosas, sin que lo dicho implique abrir juicio respecto del grado de acierto o desacierto sustancial de la solución adoptada, queda en evidencia el patente desencuentro entre la línea argumental que anima el recurso y los fundamentos que estructuran el pronunciamiento de origen, el que -en consecuencia- ha de subsistir incólume.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado acogió la demanda pues tuvo por demostrado con la prueba pericial médica realizada en sede judicial que el trabajador era portador de un 27% de incapacidad a consecuencia del accidente padecido, es decir, un 14% más de minusvalía que la reconocida por la Comisión Médica n° 07C de la ciudad de Rosario que diera lugar al pago de $77.174 en sede administrativa. Condenó por ello a la aseguradora de riesgos del trabajo demandada a pagar la diferencia en concepto de prestaciones del sistema especial derivada de aquella mayor incapacidad reconocida.
En el recurso bajo análisis la parte actora se agravia por el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo y pretende, por esa vía, el incremento del importe por el que prosperó el reclamo.
II. Debo decir que, aunque considero -como el colega ponente- que el recurso debe ser desestimado, tengo para ello distintos fundamentos.
II.1. El tribunal de origen no rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 de la ley 24.557 (como sí lo hizo respecto del art. 12 de la misma ley), sino que consideró abstracto su tratamiento. En ese sentido expresó: "...en atención a lo resuelto precedentemente, deviene abstracto su tratamiento, pues a la fecha del accidente ya se encontraba vigente el decreto 1694/09 y el porcentaje de incapacidad que presenta el actor no contempla la modalidad de pago controvertida por ser inferior al 50%" (sent., fs. 204), conclusión que reiteró en el punto 4 del fallo, en el que dispuso "Declarar abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 14 LRT..." (fs. 207 vta.).
Más allá del alcance y el acierto de lo decidido, el a quo no se pronunció acerca de la validez o invalidez constitucional del citado art. 14 (aunque, como se vio, no incurrió por ello en omisión de tratamiento de la cuestión) sino que, por las razones que expuso, consideró que su tratamiento era, en la especie, abstracto.
II.2. Luego, atento la insuficiencia del monto del agravio ante esta sede y dadas las restricciones que, como ya se dijo, impone la vía de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley procesal laboral, no es posible revisar aquellos motivos que condujeron al a quo a descartar el tratamiento de la cuestión constitucional, aspecto que, para más, no fue siquiera introducido por la recurrente, correspondiendo por ello desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, con costas (at. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Solo he de agregar que, una atenta lectura del pronunciamiento impugnado da cuenta que el tribunal interviniente se expidió respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, del modo de aplicación del índice RIPTE y, seguidamente, declaró abstracto el tratamiento de la pretendida incongruencia constitucional del tope establecido en el art. 6 del decreto 1.278/00 (modif. art. 14, ley 24.557); sin que se advierta un pronunciamiento concreto en torno a la validez constitucional de la "fórmula" prevista en el citado art. 14 de la ley especial, tal y como fue planteada en el escrito de inicio (v. fs. 26 vta. y 27).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en su voto para desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido y a su propuesta en materia de costas (art. 289, CPCC).
A todo evento, agrego que ningún argumento despliega el interesado en el medio de impugnación con el objeto de demostrar la configuración en el caso de un supuesto excepcional que -además del contemplado en la ley adjetiva laboral- autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica (art. 55, ley 11.653).
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
El señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
El señor Juez doctor Carral, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 20:04:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 09:50:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2022 11:49:28 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 22/04/2022 12:14:26 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:36:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2022 10:07:31 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2022 19:35:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:27:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia