Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75547
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.547, "Total Austral S.A. (suc. arg.) c/ Prov. de Bs. As. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Violini, Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata -en instancia originaria- hizo lugar a la pretensión anulatoria entablada; dejó sin efecto la resolución 2.840 de la Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación, en cuanto confirmó la disposición delegada 1.888/12; declaró la prescripción de la deuda determinada en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por el período fiscal 2005; e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 2.367/2.372).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-VIII-2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 2.376/2.377).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 2.379) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata -en instancia originaria- hizo lugar a la pretensión anulatoria entablada; dejó sin efecto la resolución 2.840 de la Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación, en cuanto confirmó la disposición delegada 1.888/12, dictada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA); declaró la prescripción de la deuda determinada en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, correspondiente al período fiscal 2005; e impuso las costas a la demandada vencida.
Para así decidir, adujo que el caso debía regirse por las disposiciones del Código Civil (ley 340), vigente a la época en que acaeció el nacimiento de la obligación tributaria reclamada, debido al principio de irretroactividad de las leyes y en virtud de no configurarse el supuesto previsto en el art. 2.537 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), sin perjuicio de la posterior entrada en vigencia de este último cuerpo normativo.
Recordó que según lo establecido por la Corte nacional en la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo dispuesto por los códigos de fondo.
Añadió que en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión de Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007, entre otras, esta Suprema Corte provincial adhirió a la doctrina de "Filcrosa", pronunciándose a favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria de cinco años establecido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340), por sobre lo dispuesto en cualquier otra norma de carácter provincial o municipal.
Razonó que, con arreglo al art. 3.956 del Código Civil, el término de prescripción quinquenal de obligaciones como las aquí controvertidas, que deben pagarse por años, comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al momento en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria.
De allí extrajo que el plazo atinente al período 2005 -discutido en autos- debe computarse desde el 1 de enero de 2006 y que feneció el 1 de enero de 2011, motivo por el cual consideró que, al momento de dictarse y notificarse la disposición delegada 1.888/12, las obligaciones fiscales controvertidas ya se encontraban prescriptas.
Interpretó que no obsta a lo expuesto lo normado por los arts. 159 y 161 inc. "c" del Código Fiscal, toda vez que -a tenor de la jurisprudencia reseñada precedentemente- las reglas allí contempladas importan una extensión indebida del plazo de prescripción contemplado por el Código Civil.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal; 5, 75 inc. 12, 121 y 123 de la Constitución nacional; 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
En primer lugar, postula la necesidad de abandonar la doctrina del caso "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), en virtud de los principios recogidos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), donde se sentó posición respecto del alcance de la competencia atribuida por la Constitución nacional, confirmando la facultad de las provincias de regular los plazos de prescripción de sus tributos.
Señala que el art. 2.532 de dicho cuerpo legal convalida expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos y que, respetando esa tesis, el art. 2.560 limita su aplicación a los supuestos no contemplados en las legislaciones locales.
Puntualiza que el nuevo Código unificado no innova -ni podría hacerlo- en la distribución de competencias prevista por los arts. 75 inc. 12, 121 y concordantes de la Constitución nacional. Evalúa que tampoco estamos en presencia de una delegación de atribuciones hacia las legislaturas provinciales, sino ante una necesaria precisión que las provincias, representadas en el Congreso por sus senadores, han introducido a las normas mal interpretadas en "Filcrosa" y "Casa Casmma", entre otros fallos.
Considera evidente que si bien el art. 2.532 del Código Civil y Comercial determina que las legislaciones locales podrán regular la prescripción en cuanto al plazo de tributos, con dicha expresión se abarcan todas las cuestiones atinentes a la prescripción, incluido el inicio del cómputo, la suspensión e interrupción, la dispensa, etcétera, no solo la extensión del plazo respectivo.
Más adelante, transcribe el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011). Estima que la solución allí prevista coordina ciertas cuestiones vinculadas al pago del impuesto sobre los ingresos brutos (naturaleza autodeclarada, existencia de anticipos, etc.) con el carácter anual del tributo y la cantidad de sujetos pasivos a quienes habrá que constreñir al cumplimiento de los deberes formales y materiales. Sostiene que ello justifica, con un grado de razonabilidad incuestionable, que se hayan fijado vencimientos generales para todos los contribuyentes, que resultan posteriores al cierre del ejercicio y la presentación de la declaración jurada anual. Destaca que el sistema coincide con el diseñado por el art. 57 de la ley 11.683, norma especial y nacional posterior al Código Civil.
Tras invocar lo establecido por el anteúltimo párrafo del art. 161 inc. "c" del Código Fiscal (t.o. 2011), asegura que el plazo de prescripción del período más antiguo discutido en autos (2005) comenzó a correr el 1 de enero de 2007 y que se vio válidamente suspendido por ciento veinte días hábiles a partir de la notificación de la disposición de inicio del procedimiento, acaecida el 29 de noviembre de 2011.
Añade que, de acuerdo con el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), la notificación de la disposición determinativa y sancionatoria 1.888/12 suspendió nuevamente dicho término desde el 13 de junio de 2012 hasta noventa días después de que la autoridad de aplicación recibió las actuaciones en las cuales el Tribunal Fiscal de Apelación resolvió el recurso administrativo presentado. Precisa que este organismo dictó "sentencia" el 18 de marzo de 2014, que dicho pronunciamiento fue notificado a la contribuyente ocho días después y que el expediente fue devuelto a ARBA el 25 de abril del mismo año.
Manifiesta que esta causal de suspensión fue establecida en interés del contribuyente, a quien se le permite ejercer su derecho de defensa ante el Tribunal Fiscal de Apelación, sin necesidad de abonar previamente el tributo reclamado y sin que el pago pueda ser exigido tampoco por medio de apremio. Se opone a que tal situación sea utilizada en contra del Estado, derivando un supuesto abandono del tiempo transcurrido mientras estaba imposibilitado de ejercer su acción.
Interpreta que, cuando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional atribuye al Congreso la facultad de dictar diferentes códigos, tan solo establece una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del derecho común, que debe respetar la regla de la autonomía de los gobiernos locales en la materia tributaria. Concretamente, afirma que esa norma no encomienda al Congreso la regulación exclusiva de la prescripción y sus plazos, sino que le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles, de derecho privado.
En abono de su tesis, cita las causas C. 99.854, "Haras San Pablo Club de Campo", sentenciada por esta Suprema Corte el 7-X-2009 y "Sociedad Italiana de Beneficencia" fallada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires el 17-XI-2003.
III. Considero que el recurso no puede prosperar.
Ello así, por cuanto en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XI-2019), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108; 332:2250; entre otros, haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en la especie -al igual que en autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal en la jurisprudencia señalada ut supra .
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado cuestiona la aplicación de las disposiciones sobre prescripción de la legislación de fondo, en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil (ley 340), hoy derogado.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Disiento con el criterio del colega que inicia el acuerdo, pues en mi opinión el recurso debe prosperar.
En la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia señalada deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí -con ciertas salvedades- y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.).
Con relación a este último precepto, baste simplemente añadir que las mismas razones que llevaron en la citada causa A. 71.388 a concluir que el Código Civil (ley 340) no regía el inicio del cómputo del plazo de prescripción de una deuda fiscal local, conducen a adoptar idéntica decisión respecto de la causal de suspensión alegada, por cuanto también esta constituye un aspecto complementario del término en cuestión (conf. mi voto en causas A. 73.347, "Fisco Prov. de Bs. As. c/ Acrílicos Atlas", sent. de 16-XII-2020; A. 71.949, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Andreani", sent. de 29-XII-2020; A. 73.474, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Necotrans", sent. de 25-II-2021 y A. 75.566, "Maycar", sent. de 28-V-2021).
II. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad interpuesto, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme a las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101- y 68 segundo párr., CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III. Consecuentemente, reiterando mi acompañamiento al voto de la colega, corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en los arts. 159, 161 y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción en relación a la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos a Total Austral S.A. para el período fiscal que es objeto de controversia (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Comparto la propuesta decisoria elaborada por el señor Juez doctor Torres sobre la base de los fundamentos que tuve oportunidad de desarrollar en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, sustancialmente análoga a la presente, a la que remito en razón de la brevedad.
Dichos señalamientos han sido sustentados en la doctrina de la causa "Filcrosa" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificada en fecha reciente por el Máximo Tribunal federal al decidir los autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (Fallos: 342:1903).
II. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Violini y Maidana , por l
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