Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124189
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.189, "Bustos, Andrea Luján contra Mapfre Argentina ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, Carral, Natiello.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 175/183 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 199/210 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por la señora Andrea Luján Bustos contra Mapfre Argentina ART S.A. y condenó a esta última al pago de la prestación dineraria contemplada por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (conf. modif., dec. 1.694/09) y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 175/183 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que como consecuencia de las tareas que desempeñara para su empleadora, la promotora del juicio padece una limitación funcional de mano y de muñeca derecha, que le provoca una incapacidad -incluyendo los factores de ponderación- del 16,6% del índice de la total obrera, de carácter parcial y permanente (v. vered., fs. 175 vta./177).
En la sentencia, rechazó los planteos de inconstitucionalidad del decreto 659/96 y del art. 12 de la ley 24.557 formulados por la parte actora y declaró abstracto el tratamiento de aquel por el que pretendía la invalidez constitucional del tope establecido en el art. 6 del decreto 1.278/00 -modificatorio del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la precitada Ley de Riesgos del Trabajo- y del decreto 658/96 (v. sent., fs. 179 vta./181).
En ese escenario, cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir a la trabajadora de acuerdo con las pautas indicadas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, ello arrojó un importe que -señaló- superaba el piso establecido por la resolución 34/12 (sic., debió decir 34/13) de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación vigente al momento de la primera manifestación invalidante (el día 29 de noviembre de 2012). A ese resultado, le adicionó el 20% contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent., fs. 180).
Por otra parte, desestimó la aplicación al caso del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en esta última norma (v. sent., fs. 181/182).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de las normas y la doctrina legal que identifica (v. fs. 199/210 vta.).
En esencia, cuestiona el rechazo del planteo de inconstitucionalidad solicitado en el escrito de la demanda respecto del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con ello, sostiene que el importe indemnizatorio determinado en el fallo de grado resulta exiguo (v. fs. 200 y vta.).
Argumenta que la fórmula que emerge de la norma impugnada es inconstitucional, en tanto no repara el lucro cesante derivado de la minusvalía laboral que de modo permanente porta el trabajador (v. fs. 200 vta.). Cita en apoyo de su postura las directrices plasmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Aquino" y "Lucca de Hoz" (v. fs. 201/202 vta.).
Luego, explica los alcances que la jurisprudencia ha dado a la expresión "lucro cesante", refiriendo distintos métodos para calcular el monto de tal resarcimiento (v. fs. 202 vta./204).
Propone -a título ejemplificativo- un modo de cálculo para determinar el pertinente importe basado en la evolución del valor del salario mínimo vital y móvil hasta que el trabajador alcance los setenta y cinco años, teniendo en cuenta -además- la edad de la víctima a la fecha de la primera manifestación invalidante y el porcentaje de incapacidad, entre otros componentes (v. fs. 204/206).
Denuncia que la prestación que contempla en el mencionado régimen de reparación de infortunios laborales transgrede las garantías previstas por los arts. 14 bis, 16, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y tratados internacionales con igual jerarquía (v. fs. 206/208).
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo que aquí interesa, conforme se describió en el relato de antecedentes, surge de la sentencia impugnada que, contrariamente a lo alegado por el recurrente, el tribunal de grado no rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora acerca del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, puesto que sin adentrarse en su valoración constitucional, consideró abstracto el abordaje de la objeción que -interpretó- hubo de efectuarse en el escrito de demanda en relación con aquella norma. En ese sentido, textualmente expresó que "...en lo concerniente al tope indemnizatorio previsto por el art. 6 del decreto 1.278/00, también este planteo de inconstitucionalidad deviene abstracto, en razón de haber sido modificado por el decreto 1.694/09..." (fs. 180), conclusión que reiteró en la parte dispositiva del fallo al "...declarar abstracto el acometimiento del art. 14 inc. 2° aps. 'a' -en lo que respecta al tope indemnizatorio- y 'b' de la LRT..." (sent., fs. 183 vta.).
III.2. Siendo ello así, y resultando entonces evidente que el contenido del agravio parte de un supuesto que no tiene correlato en las motivaciones volcadas por el a quo en el pronunciamiento atacado, ha de quedar sellada de modo adversa la suerte del medio de impugnación.
Es que, circunscripta la competencia revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia, no corresponde abocarse al estudio de un asunto que no resultó fallado en la sentencia apelada, y ello, a partir de un razonamiento que no fue objeto de un frontal e idóneo ataque en el medio de impugnación, al cabo, ineficaz (art. 279, CPCC).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso no puede prosperar.
I.1. Debo decir que, aunque entiendo -como el colega ponente- que el recurso debe ser desestimado, tengo para ello distintos fundamentos.
Por las razones que seguidamente habré de exponer, considero que los argumentos que nutren al embate resultan inconducentes, pues lucen extraviados del contexto en el que fue decidido este aspecto del debate.
I.1.a. Surge de las actuaciones que, al iniciar la acción, la actora introdujo en su demanda -de manera conjunta- el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557 (v. punto XI.2., fs. 38/41).
Por otra parte, en el acápite XI.3. de su presentación, la accionante solicitó -por las razones que expuso- la declaración de invalidez constitucional del tope legal establecido en el apartado segundo del inc. "a" del art. 14 de la ley 24.557 (texto según art. 6, dec. 1.278/00; v. fs. 41/43).
En lo que aquí interesa, el tribunal de trabajo, por su parte, sostuvo en la sentencia que, en la presentación inicial la parte actora había planteado "la inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 (texto según art. 6 del decreto 1.278/99, en lo que refiere al tope indemnizatorio)" (sic., debió decir 1.278/00; sent., fs. 178 vta.).
En ese orden de ideas, tras expedirse acerca del cuestionamiento constitucional del mencionado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 180/181 y 183 vta.), juzgó que "en lo concerniente al tope indemnizatorio previsto por el art. 6 del decreto 1.278/00, también este planteo de inconstitucionalidad deviene abstracto, en razón de haber sido modificado por el decreto 1.694/09" (sent., fs. 180), conclusión que reiteró en el fallo, en el que dispuso "...declarar abstracto el acometimiento del art. 14 inc. 2° aps. 'a' -en lo que respecta al tope indemnizatorio- y 'b' de la LRT..." (sent., fs. 183 vta.). Por otra parte, se refirió el modo de aplicación del índice RIPTE, siguiendo la doctrina legal del precedente L. 118.532, "Godon", sentencia de 5-IV-2017 (v. sent., fs. 181 in fine /182).
I.1.b. En este contexto, he de advertir que el recurrente parte de una sesgada lectura del pronunciamiento, lo que queda evidenciado cuando alega que "para llegar a tal valor se rechaza el planteo de inconstitucionalidad de la fórmula tarifada" (rec., fs. 200, punto II.5.6.) y -seguidamente-, sustenta su agravio en la siguiente afirmación: "...no se ha hecho lugar a la declaración de inconstitucionalidad de la fórmula tarifada de la ley 24.557 (oportunamente solicitada en nuestra demanda, en el punto 2 del Título XI (véase voto de la Dra. Pérez Herrera, 2° y 3° párrafo, de la sentencia de marras)..." (rec., fs. 200 in fine y vta., punto II.6.2.).
Así lo afirmo, puesto que -en el supuesto-, no se constata que en la sentencia en crisis el órgano jurisdiccional de la instancia se haya pronunciado acerca de la validez o invalidez constitucional de la citada fórmula prevista en el art. 14 de la ley especial -tal como fue diseñado en la demanda- y -lógicamente- dispuesto su desestimación. Es que, conforme fue relevado en los antecedentes, únicamente brindó tratamiento al pretendido cuestionamiento respecto del tope previsto en el art. 6 del decreto 1.278/00 (modif. del art. 14, ley 24.557).
Entonces, la impugnación resulta manifiestamente insuficiente para modificar lo decidido en la instancia de origen, pues es sabido que para que el escrito mediante el cual se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulan deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran la sentencia (causas L. 115.497, "Palomo", sent. de 5-VII-2017 y L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
I.2. Tampoco se me escapa que el agraviado pretende rediseñar en casación un nuevo enfoque de su planteo, introduciendo alegaciones -fruto de una reflexión tardía- que nunca fueron puestas a consideración del sentenciante y, por ello, no resultan susceptibles de ser evaluadas ante la instancia extraordinaria (causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017 y L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
I.3. A mayor abundamiento, en la hipótesis de haberse advertido que el sentenciante omitió tratar el planteo de incongruencia constitucional del art. 14 de referencia, cabe memorar que la preterición de cuestiones litigiosas solamente puede ser canalizada por el carril del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 117.025, "Q., J. A.", sent. de 4-III-2015; L. 120.565, "Córdoba", sent. de 25-VIII-2020 y L. 121.634, "Armada", sent. de 2-XI-2020).
II. Así las cosas, sin que lo dicho implique abrir juicio respecto del grado de acierto o desacierto sustancial de la solución adoptada, queda en evidencia el patente desencuentro entre la línea argumental que anima el recurso y los fundamentos que estructuran el pronunciamiento de origen, el que -en consecuencia- ha de subsistir incólume.
III. En consecuencia, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Solo he de agregar que, una atenta lectura del pronunciamiento impugnado da cuenta de que el tribunal interviniente se expidió respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, del modo de aplicación del índice RIPTE y -en lo que aquí interesa destacar-, declaró abstracto el tratamiento de la pretendida incongruencia constitucional del tope establecido en el art. 6 del decreto 1.278/00 (modif. del art. 14 de la ley 24.557); sin que se advierta un pronunciamiento concreto en torno a la validez constitucional de la "fórmula" prevista en el citado art. 14 de la ley especial, tal y como fue planteada en el escrito de inicio (v. fs. 38/41).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Soria en su voto para desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido.
A todo evento, agrego que más allá del alcance y el acierto -o no- de lo decidido, el a quo no se pronunció acerca de la validez o invalidez constitucional del citado art. 14 (aunque, como se vio, no incurrió por ello en omisión de tratamiento de la cuestión) sino que, por las razones que expuso, consideró que su tratamiento era, en la especie, abstracto.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
El señor Juez doctor Natiello , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:16:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2022 09:06:54 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 30/05/2022 09:58:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2022 17:25:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2022 13:27:32 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 00:48:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 08:55:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/06/2022 15:06:40 hs. bajo el número RS-31-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia