Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123542
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.542, "Atalaya S.A. contra Toffani, Ricardo Jesús. Exclusión de tutela sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores rechazó la acción promovida, con costas a la actora (v. fs. 90/119).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 129/143).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen, por mayoría, rechazó la acción promovida por Atalaya S.A., por la cual reclamaba -con sustento en el art. 52 de la ley 23.551- la exclusión de la tutela sindical detentada por el señor Ricardo Jesús Toffani, en razón de su cargo de delegado gremial de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (v. fs. 90/119).
Para así resolver, entendió que existían claros elementos que permitían inferir que la intención de la empresa accionante no era sancionar la presunta inconducta del trabajador, sino que el propósito real resultaba -en rigor- contrario a la libertad sindical.
Sostuvo que, más allá de la credibilidad que merecieran los relatos de las dependientes Palazzo y Picone -testigos propuestas por la demandante y que habían manifestado haber sido acosadas por el accionado- la ausencia de otros extremos tendientes a corroborar sus dichos era manifiesta.
En este orden de ideas, aclaró que las modulaciones en materia probatoria previstas para este tipo de casos deben entenderse como un beneficio otorgado a las propias víctimas y en su exclusivo interés, pero que no podía utilizarse por terceros ajenos a los hechos, como -en el caso- la empresa accionante, para satisfacer un interés propio.
Por esos motivos, indicó que esta última tenía la exclusiva carga de demostrar fehacientemente que su intención de despedir a Toffani se encontraba razonablemente justificada y que no guardaba relación alguna con el cargo o función gremial desempeñado por aquel. Sobre esta base, remarcó que la accionante no cumplió con dicha incumbencia, pese a contar con medios suficientes para respaldar las denuncias de sus empleadas.
Entre estos mencionó: la posibilidad de citar a las personas nombradas como testigo presencial (el señor Pereyra Propatto) e inmediatamente circundante a la escena del hecho (el señor Italiano) en una de las notas elaboradas por las denunciantes, así como acompañar las constancias de la investigación que presuntamente había llevado a cabo la propia empleadora, u ofrecer un informe pericial psicológico para examinar a las supuestas víctimas y al demandado.
Expresó que la legitimada activa solamente ofreció el testimonio de las propias dependientes involucradas y de otra persona (señor Gilabert), poniendo de resalto que aquellas no hicieron más que ratificar los hechos denunciados en sus notas (adjuntadas a fs. 13 y 14), de modo que -entendió- dichas declaraciones carecían de eficacia probatoria en orden a acreditar la versión de la patronal.
En tal sentido, indicó que era esperable que la señora Palazzo enriqueciera su declaración aportando nuevos datos a los que brindó en su nota para sustentar la veracidad de sus dichos, lo cual -en opinión del juzgador-no aconteció (v. vered., fs. 98).
Asimismo, expuso que la actora omitió indicar el momento en que ocurrió el hecho denunciado por la señora Picone, ya que ese dato no surgía ni de la demanda ni del testimonio producido en la audiencia de vista de la causa, por lo que resultaba atendible lo alegado por el demandado al contestar la demanda en lo vinculado con la alegada infracción del derecho de defensa (conf. art. 18, Const. nac.; v. vered., fs. 99 vta. y 100).
Además de calificar su declaración como inverosímil, consideró sospechoso que dicha testigo hubiera sido ofrecida por la empresa accionante en numerosos expedientes que tramitaron en los Tribunales de Trabajo del Departamento Judicial de Dolores (v. vered., fs. 100/101 vta.).
Precisó que las denuncias abarcaban dos hechos distintos. Al respecto, puntualizó que cuando se invocan distintas causas de despido, basta con demostrar una de ellas con entidad para justificarlo. Sin embargo, aseveró que -tal como fue planteada la demanda- la declaración realizada por Picone resultaba inescindible de los dichos de Palazzo, por cuanto -dedujo- fue introducida con el objeto de robustecer esta última (v. vered., fs. 102 vta.).
En este sentido, señaló que la propia torpeza no puede beneficiar al litigante al cual incumbe la carga de demostrar lo alegado, y, asimismo, dijo que, ante la ausencia de prueba de carácter definitorio, la razón de la actora quedaba desvanecida.
Por otro lado, puesto a analizar el contexto que atravesaba la relación entre las partes, evaluó el intercambio telegráfico, del cual -indicó- surgía la existencia de reclamos entre los litigantes. Destacó que la demanda se interpuso catorce días después de la última intimación efectuada por el trabajador (esto es, el 7 de mayo de 2018; v. cargo de fs. 19). Asimismo, sostuvo que se podía apreciar que la empresa, en la carta documento de fecha 2 de noviembre de 2017, ya acusaba al señor Toffani de incurrir en "actos de rebeldía", amparándose en su tutela sindical, y de faltarles el respeto a sus superiores, en especial al señor Italiano (v. vered., fs. 102 vta./106 vta.).
Consideró que el trabajador demandado era "cumplidor", a partir de sus antecedentes, cantidad de años de servicios y ausencia de sanciones a lo largo de toda su relación laboral (v. vered., fs. 108).
Seguidamente, alegó que, en la especie, ante la acusación de un delito, resultaba necesario formular la denuncia penal, en cuyo ámbito se encontraba garantizado el derecho del acusado a poder prestar declaración ante un tribunal.
Al respecto, tras reconocer que la empresa no tenía la facultad de efectuar la denuncia -pues, por la naturaleza del delito, ello se encuentra reservado a las presuntas víctimas-, entendió que -de todos modos- pudo haberla exigido, así como lo hizo con la realización de las notas escritas adjuntadas en autos y sus posteriores declaraciones en la audiencia de vista de la causa (v. vered., fs. 109 vta.).
Señaló que el testimonio del señor Gilabert fue incongruente con el relato efectuado por la señora Palazzo, por lo que su declaración no resultaba "corroborativa" respecto a cómo sucedieron los hechos expresados por aquella en su nota (v. vered., fs. 110 vta. y 111).
Luego, con fundamento en el precedente de este Superior Tribunal registrado como L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010), y en la causa "Pellicori" de la Corte Suprema nacional (Fallos: 334:1387), precisó que -en el caso- existían indicios que lo llevaban a sospechar que la decisión de la empleadora estaba orientada a encubrir un acto de discriminación por razones gremiales (v. vered., fs. 111 vta. y 112).
Expresó que le resultaba llamativo que, habiendo instado una investigación para confirmar los hechos que motivaron el inicio de la presente acción, la empresa no hubiera solicitado -al menos- un descargo de parte del señor Toffani, tal como lo hizo con las trabajadoras Picone y Palazzo, al solicitarles que escribieran las exposiciones ya referidas (v. vered., fs. 114 vta.).
A partir de todo lo expuesto, concluyó que las declaraciones de estas últimas no habían logrado formar convicción sobre la existencia de acoso alguno ni de que los hechos hubiesen sucedido del modo en que fueron narrados en la demanda.
Por el contrario, la valoración integral de los elementos analizados llevó a la mayoría del tribunal a concluir que existía una muy significativa posibilidad de que el fin fuera atentar contra el derecho constitucional que amparaba al señor Toffani, y que los motivos para despedirlo no eran -en realidad- los que exteriorizó la empresa. Ello, en tanto -señaló- las razonables y fundadas dudas que presentaba el expediente no habían sido aclaradas (v. vered., fs. 114).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y arbitrariedad en la apreciación de las pruebas, y violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 48 y 52 de la ley 23.551; 456 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Refiere que el voto que hizo mayoría incurrió en absurdo en la interpretación de las constancias objetivas de la causa, arribando a una decisión arbitraria, fundamentada en meros indicios "...que no encuentra sustento más que en la imaginación y en la 'convicción'..." de los magistrados firmantes (v. fs. 139).
Recurre a lo expuesto por el juez que quedó en minoría, ya que estima que su posición se encuentra debidamente fundada en el relato de las supuestas víctimas, y también en el análisis -según su criterio- de toda la prueba producida en la causa "...de modo completo e interrelacionado..." (v. fs. 139 vta.).
Señala que los testimonios de las referidas trabajadoras son coincidentes con lo relatado en las notas presentadas por ellas, obrantes a fs. 13 y 14 de la presente causa. En ese sentido, agrega que la inexistencia de discrepancia sobre este extremo resulta más que suficiente para concluir que los hechos están probados, máxime tratándose de circunstancias de una gravedad tal como para conducir a la empresa accionada a plantear la pretensión contenida en la demanda.
II.2. Objeta el argumento por el cual se señala en el fallo la insuficiencia de actividad probatoria por parte de la ahora recurrente, ya que considera que esa afirmación no se compadece con las constancias obrantes en autos, que dan cuenta que la accionante obró con prudencia y diligencia ante la seria denuncia de una de sus dependientes, esto es, la señora Palazzo.
Manifiesta que ante la gravedad de los hechos ocurridos efectuó una mínima investigación con la finalidad de actuar en consecuencia, habiendo adjuntado a la causa la información reunida.
Postula que a la hora de juzgar casos de esta naturaleza, cobra especial preeminencia el testimonio de la propia víctima, y que aun cuando para darle veracidad a sus dichos puede acudirse a otras piezas probatorias, no corresponde que en esa tarea el juzgador reste eficacia a aquellos sobre la base de la mera sospecha o bien por calificarlos de "parciales" -como, según su parecer, hizo la mayoría del tribunal de grado en el presente caso-, pues la víctima no puede reputarse imparcial frente a la delicada situación padecida.
Concluye que resulta absurda la conclusión del fallo con arreglo a la cual se asevera que la demandada no cumplió con la carga de acreditar los hechos expuestos en el escrito de inicio por ausencia de otros medios probatorios corroborantes de la documental y testimonial aportadas.
Subraya que los elementos de juicio que equívocamente los jueces que integraron la mayoría del tribunal de grado consideraron insuficientes, no desplazan -desde el punto de vista cualitativo- a las denuncias y testimonios de las propias damnificadas como prueba idónea, cuya veracidad -resalta- quedó debidamente comprobada.
II.3. Se agravia de que los magistrados que concurrieron con la decisión mayoritaria hayan considerado que el hecho denunciado por la trabajadora Picone resultara inescindible de la declaración de la dependiente Palazzo, a punto tal de concluir que esta última dependía del primero. Refiere que es incorrecto que desde la lectura de la demanda pueda inferirse ese extremo, imputándole al órgano de grado una errónea interpretación de la postulación liminar.
Expresa que, como reconoció el propio juzgador, se trata de dos hechos diferentes. Así, en la hipótesis de probarse ambos, conforme entiende que sucedió, ello podría resultar indicativo -o indiciario- de que el señor Toffani pudo haber obrado del mismo modo en otras oportunidades.
Asimismo, controvierte la descalificación de la declaración de Picone por haberse evaluado que fue ofrecida como testigo en otras causas en las que intervino la empresa, circunstancia que condujo al voto mayoritario a sostener la hipótesis de que se trataría de una empleada de confianza de la empleadora, dispuesta a perjudicar a un compañero bajo la invención de una situación de extrema gravedad.
II.4. Señala que la conclusión de los jueces que formaron el voto de la mayoría respecto del supuesto hostigamiento sufrido por el trabajador Toffani de parte de la empresa, resulta arbitraria, absurda y carente de fundamento.
Explica que ninguno de los testigos ofrecidos por la demandada, en especial los señores Murias y Quiroga, refirieron que el demandado hubiera sido víctima de acosos, hostigamiento o extorsiones, lo que constituye una prueba clara y contundente sobre el tema, máxime teniendo en cuenta que ambos cumplían funciones en el seno del sindicato.
Manifiesta que los miembros del tribunal que llevaron la opinión mayoritaria, en su afán por contradecir la posición del colega que votó en minoría, plasmaron una forzada argumentación basada en sospechas, conjeturas y una serie de preguntas retóricas que distan de constituir motivaciones aptas para endilgar a la patronal un comportamiento antisindical o persecutorio respecto del trabajador cuyo fuero gremial pretendía se excluyera.
II.5. Por último, objeta el análisis efectuado en el pronunciamiento en lo vinculado a la omisa denuncia penal.
Señala que, en la mayoría de los casos, las mujeres que sufren situaciones de acoso o violencia no realizan la denuncia en esa sede.
Sostiene que la empresa, dada la naturaleza de los hechos, carece de facultades para proponerla. Por último, pone de manifiesto que tal potestad se halla reservada a las víctimas, desde que se trata de un delito de instancia privada.
Memora que, conforme lo relatado en la demanda, habiendo conversado con sus empleadas respecto de la posible formulación de la correspondiente denuncia penal, y, luego de esperar un tiempo prudencial ante su -entendible- inacción, decidió iniciar el presente juicio para asegurar un ambiente de trabajo salubre y seguro.
Argumenta que no resulta correcto valorar la inexistencia de denuncia penal como un indicio acerca de la falta de veracidad de lo sucedido a las testigos Palazzo y Picone.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Es sabido que tanto la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, y -por ende- no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 101.840, "Bacrewski", sent. de 13-IV-2011; L. 106.682, "Vilchez", sent. de 8-VIII-2012 y L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018); único supuesto este último en que esta Suprema Corte puede conocer y, eventualmente, revisar tales conclusiones del fallo.
En ese marco, no basta con denunciar dicho vicio invalidante y exponer de manera paralela la propia versión de los hechos y su interpretación. Es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto de una apreciación absurda de las circunstancias fácticas y pruebas arrimadas al proceso (causas L. 116.159, "Núñez", sent. de 24-IV-2013; L. 119.735, "O., E. R.", sent. de 15-VIII-2018 y L. 123.263, "Mendoza Díaz", sent. de 30-XII-2020).
III.1.b. Conforme tales premisas, las argumentaciones traídas por la impugnante, tendientes a cuestionar la apreciación y selección que efectuó, por mayoría, el tribunal de grado de las probanzas arrimadas a la causa, no llegan -como anticipé- a conmover lo resuelto.
Es ello así, toda vez que aquellas primeras críticas (reseñadas en los puntos II.1., II.2. y II.3.), dirigidas a atacar la valoración de la prueba efectuada en el voto mayoritario, carecen de la solvencia necesaria para evidenciar el evocado vicio invalidante, porque en la presentación bajo examen no se advierte un embate directo del análisis y fundamentos desarrollados en el pronunciamiento.
Contrariamente, los argumentos transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que el interesado considera que el sentenciante debió ponderar la prueba aportada a la causa, en particular, la testimonial; sin ocuparse de rebatir idóneamente el razonamiento trazado por aquel, lo que -conforme reiteradamente ha declarado esta Corte- constituye una técnica carente de idoneidad para evidenciar la existencia del vicio de absurdo (causas L. 106.493, "Florentín González", sent. de 22-VII-2012; L. 105.972, "R., M. G.", sent. de 3-X-2012 y L. 121.152, "Cupo", sent. de 21-XII-2020).
En efecto, conforme surge del relato de antecedentes, la mayoría del tribunal de grado destacó ciertas deficiencias que -a su parecer- restaban veracidad a los motivos fundantes de los dichos de la empleadora demandante.
Señaló que, si bien en casos como el presente la característica es la ausencia de prueba, más allá del testimonio de la víctima, su convicción lo conducía a concluir que, en la especie, la empresa había omitido producir y aportar elementos de juicio que se encontraban a su disposición y que hubieran sido conducentes para la resolución del litigio.
Entre ellos, como se dijo precedentemente, se detuvo a enumerar los siguientes: i) la declaración del gerente de la empresa, el señor Italiano; ii) la citación como testigo del señor Propatto, quien figuraba como una persona que presenció el hecho denunciado por Picone; iii) la presentación de la investigación que la propia empresa manifestó haber realizado y, iv) el pedido de un informe pericial psicológico respecto de la testigo Palazzo y del demandado Toffani, que -según apuntó- hubiese permitido evaluar aspectos relevantes de sus personalidades, la afectación emocional de las víctimas y la existencia de un daño psíquico. Expresó que la actora pretendió sustituir esta prueba con la testigo Picone, al exponer que resultaba útil "...para demostrar aspectos de la personalidad del demandado...".
También destacó que le resultaba llamativo que, habiendo instado una pesquisa para confirmar los hechos, la empresa en ningún momento hubiera solicitado -al menos- un descargo de parte del señor Toffani.
Por otro lado, además de enfatizar sobre la omisión de especificar la fecha en la que ocurrió el hecho denunciado por Picone, consideró que los testimonios no habían resultado veraces. Al respecto, argumentó que la declaración del señor Gilabert había sido incongruente con el relato efectuado por Palazzo, por lo que no resultaba corroborativa del modo en que habían sucedido los hechos expresados por esta última en su nota.
III.1.c. Sin que lo dicho implique abrir juicio sobre el acierto sustancial de lo resuelto por la mayoría del tribunal de origen, considero que aquí resulta de aplicación la doctrina de este Superior Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente la conclusión medular del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 118.167, "Dietz", sent. de 15-VII-2015; L. 118.310, "Moreyra", sent. de 24-II-2016 y L. 123.427, "Argañaraz ", sent. de 14-XII-2020).
Cabe recordar, además, que una apreciación opinable o discutible no conlleva el vicio de absurdo, ya que la verificación de este último requiere algo más: el error
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