Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122636
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.636, "Romero, Patricia del Valle contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Salud - Hospital Zonal Gral. de Agudos Dr. R. Carrillo. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Carral .
El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida, imponiéndole las costas del modo que especificó (v. fs. 345/356 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 359/373 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda de Patricia del Valle Romero contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía el pago de una reparación integral de daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que protagonizó el día 4 de febrero de 2014, mientras prestaba tareas como auxiliar de enfermería en el Hospital Descentralizado Interzonal General de Agudos Profesor Ramón Carrillo de Ciudadela. La rechazó, en cambio, con relación al infortunio que sufrió el día 13 de marzo del 2015.
Tuvo por acreditado que la actora, en la primera fecha indicada, sintió un fuerte tirón en la zona lumbar al higienizar a un paciente, y en la segunda, se golpeó en la rodilla derecha con la manija de una cama. También consideró probado que por el siniestro padece diferentes afecciones (lumbociatalgia con sacroileitis crónica, sintomatología neurológica deficitaria en territorio L5 bilateral, edema óseo foal a nivel del cóndilo femoral interno, menisco interno degeneral hialina grado II del cuerno posterior con probable desgarro de su cara interior y reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva grado II) que le producen una incapacidad parcial y permanente del 17%, 12% y 10,15% del índice de la total obrera, respectivamente (v. fs. 346/347 vta.).
A partir del análisis de la demanda, estableció que la accionante sustentó sus pretensiones en el Código Civil y Comercial de la Nación, que por haber entrado en vigencia el 1 de agosto de 2015, es decir, con posterioridad a los hechos mencionados, no resultaba aplicable al caso (arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. cit.). Agregó que, al fundamentar la responsabilidad de la accionada, la reclamante citó una serie de fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo referidos a los presupuestos de responsabilidad previstos en el anterior Código Civil y, subsidiariamente, solicitó prestaciones de la ley 24.557 (v. fs. 350 vta.).
A la vista de la fecha de los accidentes y lo establecido en el art. 4 de la ley 26.773 (que determina que el inicio de una acción judicial según uno u otro sistema implica que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso), consideró que la actora había optado por la reparación de su contingencia mediante el régimen de responsabilidad civil, por lo que correspondía analizar si se habían corroborado -o no- tales presupuestos (v. fs. cit.).
En este orden, juzgó que las tareas específicas de la trabajadora cuando ocurrió el infortunio laboral del 4 de febrero de 2014 debían incluirse en las previsiones del art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 351 y vta.). Añadió que la obligación de la demandada de reparar el daño resultaba también de los términos del art. 1.109 del mismo cuerpo legal (v. fs. cit.).
Seguidamente, determinó el resarcimiento del daño material al que accedería Romero -según dicho sistema de responsabilidad- exponiendo los datos y la fórmula que consideraba pertinente (v. fs. cit.). Estableció así el monto de $145.730,67, al que agregó -luego- un 20% más en concepto de perjuicio moral, para arribar a la suma total de $174.876,80 (v. fs. 352).
Sobre el siniestro del 13 de marzo de 2015, rechazó la reparación reclamada con sustento en las disposiciones del derecho común, por juzgar no corroborado que se hubiera producido por el riesgo o vicio de una cosa de propiedad o guarda de la demandada, cuya individualización concreta ni siquiera entendió verificada (v. fs. 353).
En este contexto, consideró que habiendo la actora solicitado de modo subsidiario el pago de las prestaciones previstas por la ley 24.557, correspondía el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, pues al reestablacer la opción excluyente entre la reparación tarifada sistémica y la integral del derecho común obstaría a su progreso (v. fs. cit.).
En esa tarea, entendió que los fundamentos por los cuales la accionante considera que la norma es inconstitucional resultan genéricos y abstractos, y asimismo, que no se corroboraron los presupuestos para justificar el pedido (v. fs. 353 vta.). Concluyó que tal orfandad argumental era un obstáculo para admitir las alegadas incongruencias constitucionales, toda vez que un pronunciamiento en ese sentido configuraba un acto de suma gravedad que debía ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (v. fs. cit.).
Desde esa perspectiva, declaró que la opción ejercida implicaba tanto la renuncia a los derechos eventualmente resultantes del ejercicio de la acción especial, como el abandono del régimen de las normas de derecho laboral, rechazando -de este modo- la demanda promovida con fundamento en la ley 24.557, con respecto al accidente de trabajo acaecido el 13 de marzo de 2015 (arts. 499, Cód. Civ. y 726, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 354).
II. La actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 33 de la Constitución nacional; 161 y 171 de la Constitución provincial; 11 de la ley 24.557 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, invoca infracción de la doctrina legal que identifica.
En concreto, formula los siguientes agravios.
II.1. Cuestiona la fórmula que utilizó el tribunal para calcular la reparación integral de los daños derivados del accidente de trabajo del 4 de febrero de 2014, con apoyo en conceptos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Aquino" y "Arostegui" (v. fs. 364/366).
Destaca que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, después del caso "Vuotto", estableció en la causa "Méndez" una nueva fórmula de cálculo en busca de un parámetro más justo (v. fs. cit.).
Agrega que la cuantificación realizada es absurda y arbitraria, en tanto es menor a la indemnización tarifada que establece la ley 24.557, conforme la ley 26.773 (v. fs. 366 y vta.).
Objeta la remuneración considerada para liquidar ese resarcimiento, porque -sostiene- resulta anterior al hecho dañoso y, por ello, se encuentra depreciada (v. fs. cits., 367 y vta.).
II.2. Controvierte la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 formulado en el escrito de demanda.
Indica comprometido el principio de irrenunciabilidad receptado en el art. 11 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo y, en este sentido, aclara que nunca resignó derecho alguno, sino que -por el contrario- solicitó en forma subsidiaria el pago de las prestaciones previstas en dicha ley para el caso de que no prosperara la acción civil (v. fs. 368 y vta.).
Aduce que la norma objetada es irrazonable porque anula la voluntad de la víctima, imponiéndole la abnegación de sus derechos frente al acaecimiento del infortunio laboral (v. fs. 369).
Añade que la renuncia a la indemnización ante una incapacidad comprobada implica requerir al damnificado una actitud heroica que, por absurda, justifica la declaración de inconstitucionalidad planteada (v. fs. 369 vta.).
Enfatiza que el accidente de trabajo fue reconocido por la demandada cuando le otorgó el alta con incapacidad (v. fs. 369 vta. y 370).
Explica que impedirle el cobro de una justa indemnización altera la garantía de propiedad y los principios alterum non laedere , pro homine , pro accione , favor debilis , de indemnidad, de irrenunciabilidad y protectorio (v. fs. 370 vta. y 371).
Concluye que, en la hipótesis de juzgarse no verificadas las condiciones para declarar la procedencia de la acción civil, el sentenciante debió condenar a la demandada al pago de una reparación sistémica, aunque estuviera mal fundada, porque la inconstitucionalidad del referido art. 4 de la ley 26.773 puede ser declarada aún de oficio (v. fs. 371 vta.).
II.3. De confirmarse la sentencia apelada, solicita que se impongan las costas por su orden, pues sostiene la existencia de fundadas razones para que la actora considerara justificada su petición (v. fs. 372 y vta.).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. Corresponde efectuar, en primer lugar, una consideración con relación de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso.
Los cuestionamientos traídos versan sobre dos pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva). Siguiendo el criterio de esta Corte en la causa L. 90.653, "Valdebenito" (sent. de 26-VIII-2009), considero que el valor del litigio, a los fines recursivos, debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las pretensiones señaladas -no vinculadas entre sí por relación de continencia, accesoriedad o subsidiariedad- que merecieron un análisis diferenciado por el sentenciante, conforme los hechos invocados y acreditados durante la sustanciación del proceso (causas L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018; L. 119.112, "Pérez", sent. de 9-V-2018; L. 122.471, "Cuk", sent. 30-XII-2020; e.o.).
Me refiero, concretamente, a la existencia de dos reclamos de reparación motivados en dos infortunios laborales distintos, cuyo tratamiento fue objeto de un abordaje diverso por parte del tribunal.
III.1.b. La lectura del recurso, tanto en el punto II -titulado "requisitos de admisibilidad"- como en los demás capítulos, revela que la impugnante no hace referencia alguna al valor del litigio.
Sobre el siniestro del 4 de febrero de 2014, no refirió cual es la diferencia entre lo otorgado en concepto de resarcimiento y lo que pretende de conformidad con las pautas que entiende aplicables, lo que es indicativo, precisamente, del monto de lo cuestionado ante esta instancia casatoria sobre ese aspecto de la pretensión.
Con relación al reclamo reparatorio por el accidente de trabajo del 13 de marzo de 2015 tampoco cumplió dicha carga procesal. Efectuó en la demanda una liquidación global y omitió -a la par- calcular el monto de las prestaciones dinerarias reclamadas -de modo subsidiario- al amparo del régimen especial de reparación de infortunios laborales (v. demanda, fs. 52).
III.1.c. Lo expuesto evidencia que la impugnante no demuestra el cumplimiento del señalado requisito esencial (art. 278, CPCC). Tal falencia no puede ser salvada en esta sede, toda vez que esta Corte expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la carga de acreditar que el valor de lo cuestionado excede la cuantía mínima fijada por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causa L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018).
En consecuencia, el recurso debe ser analizado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2. En estas condiciones, corresponde señalar que las impugnaciones orientadas a cuestionar la suma indemnizatoria reconocida en concepto de daños derivados del accidente de trabajo del día 4 de febrero de 2014, así como el método y la base salarial utilizados por el tribunal (enunciadas en el punto II.1.), remiten al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria cuya definición es privativa de los tribunales de grado y -por ende- están excluidas del ámbito de la casación por la vía excepcional examinada.
En ese sentido, este Tribunal ha declarado reiteradamente que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción en tratamiento, pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba (causas L. 120.539, "Gauna", sent. de 6-XI-2019 y L. 121.213, "Roldan", sent. de 12-II-2020).
III.3. En cambio, el cuestionamiento sobre el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 involucra el análisis de una cuestión federal.
III.3.a. Al respecto, cabe recordar que aún, cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte -órgano máximo de la judicatura local-, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011; e.o.).
Por consiguiente, la crítica debe abordarse con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3.b. En estas condiciones, advierto que los argumentos que la animan no conmueven las motivaciones del órgano judicial de grado para desestimar el cuestionamiento constitucional referido.
Las razones brindadas para arribar a la conclusión sentada sobre la insuficiencia o falta de rigurosidad del planteo de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 estriban, en concreto, en la interpretación que realizó el tribunal de los términos de la demanda, en el marco de una tarea que le compete en forma privativa. De allí que solo puede ser revisada por esta Corte, ante la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo, carga que el agraviado no satisface.
III.3.c. A mayor abundamiento, más allá del acierto o desacierto de las consideraciones vertidas por el tribunal de origen, la crítica traída no se hace cargo de las esenciales motivaciones que condujeron al sentenciante a resolver este aspecto del reclamo.
Al respecto, sabido es que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no rebate las reales motivaciones del fallo (causas L. 122.015, "Rossi"; L. 121.689, "Olivares" y L. 121.234, "Iparraguirre", sents. de 21-X-2020).
III.4. Solo resta aclarar que lo dicho no me aparta de la posición que sostuve en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021) -en la que adherí al voto de la doctora Kogan-, atento las diferencias que surgen entre los argumentos que se desarrollaron en aquella y los que surgen de la presente.
III.5. Por último, no resulta atendible el lacónico planteo que porta el recurso en lo vinculado con la imposición o distribución de las costas (v. fs. 372 y vta.), toda vez que -sin perjuicio de cualquier otra consideración que pudiera formularse- la réplica en estudio prescinde de la indispensable denuncia de infracción de doctrina legal vinculada con el tópico (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020 y L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en cuanto señala que el recurso debe ser analizado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
No obsta a lo señalado que en el medio de la impugnación se cuestione el rechazo del planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora del art. 4 de la ley 26.773, pues dicha circunstancia no ha sido esgrimida por el impugnante para evidenciar eventualmente la presencia del algún supuesto que autorice a desplazar el recaudo relativo a la cuantía económica del asunto, aspecto -este último- enteramente silenciado por el interesado.
I.2.a. Sentado lo anterior, adhiero a lo expuesto por el ponente en los apartados III.2. y III.5. de su voto para desestimar el primer y tercer agravio que trae el recurrente.
I.2.b. En lo que respecta a lo decidido por el a quo en torno al planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, siempre en el acotado margen de revisión al que se hizo referencia en el primer punto del presente, entiendo que la objeción traída por el recurrente no ha de correr mejor suerte.
Sostengo ello, pues este tramo del recurso no cuenta con denuncia de violación de doctrina legal apta para su consideración, esto es: elaborada en un caso análogo.
Luego, dable es resaltar -como lo indica el doctor Torres- que lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021) no se identifica con la presente, en la cual el órgano de grado rechazó el planteo al considerar las deficiencias argumentales que le endilgó, algo que, en una mejor hipótesis para el recurrente, no ha sido objeto de embate idóneo.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
Adhiero al voto del doctor Torres.
Aun así, considero necesario introducir ciertas consideraciones en torno al examen de admisibilidad practicado en el voto inaugural.
Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011); L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) y L. 111.996, "Centurión" (sent. de 4-XII-2013) -y, más recientemente, al emitir mi voto en primer término en la causa L. 119.148, "Ferreira de Jesús" (sent. de 20-XII-2017)-, a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, precedentes a los cuales remito en honor a la brevedad.
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no solo mantener sino -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinió
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.