Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122645
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.645, "Asociación de Profesionales del Hospital Ramón Santamarina y su acumulado contra Municipalidad de Tandil. Amparo Sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la acción impetrada en los presentes autos (que llevan el n° 15.547), y rechazó -en cambio- la interpuesta en el expediente acumulado caratulado "Municipalidad de Tandil contra Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires y otro. Materia a categorizar", expediente n° 15.594 (v. sent., fs. 571/587 vta.).
Se interpuso, por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil -en su carácter de tercero-, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fs. 589/599 vta.), el que, denegado en la instancia de origen (v. proveído de 30-XI-2018), fue concedido por esta Suprema Corte a fs. 672 y vta., previa deducción de la queja respectiva (v. fs. 646/652 vta.; art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En las actuaciones principales, el tribunal de trabajo hizo lugar a la acción de amparo sindical iniciada por la Asociación de Profesionales del Hospital Ramón Santamarina contra la Municipalidad de Tandil y condenó a esta a dar cumplimiento a la conformación de la paritaria prevista en el art. 58, segundo párrafo del decreto municipal 1.306/04. A su vez, rechazó las excepciones de falta de legitimación activa interpuestas por la comuna demandada y por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, tercero citado en el proceso por petición de esta última.
Ya en la causa acumulada, desestimó la pretensión meramente declarativa deducida por la Municipalidad de Tandil contra la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Profesionales del Hospital Ramón Santamarina, tendiente a que se hiciera cesar el estado de incertidumbre respecto a si dichas organizaciones gremiales poseen -o no- representación ante el mencionado municipio con relación a los profesionales del sistema integrado de salud pública (v. fs. 571/587 vta.).
Para así resolver, analizó y resolvió las peticiones deducidas en la presente causa y su acumulada.
I.1. Ocupa decir que, en estas actuaciones principales, la Asociación de Profesionales del Hospital Ramón Santamarina inició acción de amparo sindical contra el referido municipio para lograr el cese de los comportamientos que -señaló- le impedían el ejercicio regular de la libertad sindical, en el caso, el derecho de representar los intereses de los trabajadores profesionales de la salud de la comuna a fines de convenir modalidades de trabajo y remuneraciones. Planteó la inconstitucionalidad del art. 31 inc. "a" de la ley 23.551. En lo esencial, peticionó que se dispusiera la conformación de la paritaria prevista en el art. 58, segundo párrafo del decreto municipal 1.306/04 (v. fs. 77/88 vta.).
Al resolver el litigio, el tribunal de origen encontró justificada la legitimación activa invocada por la referida entidad gremial (v. fs. 578 y vta.). Fincó su decisión en que el amparo sindical fue iniciado por la Presidenta y Secretaria General de la Comisión Directiva de la citada institución sindical, a la que alude el art. 58 del decreto municipal 1.306/04 (v. fs. 578). Puntualizó que la agrupación actora era seccional de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), y que gozaba -conforme surge del art. 68 del estatuto de esta última- de autonomía administrativa y gremial (v. fs. cit.).
Indicó que no obstante carecer la CICOP de personería gremial para actuar dentro del ámbito local, era una asociación simplemente inscripta (conforme resol. 60 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de fecha 7-II-2020), cuyos ámbitos personal y territorial comprenden a la aquí accionante y a la Provincia de Buenos Aires, respectivamente (v. fs. 578).
Con base en lo antedicho y en los lineamientos fijados en materia de libertad sindical por la Corte nacional en los fallos que individualizó como "ATE 1", "Rossi" y "ATE 2", dispuso rechazar las excepciones de falta de legitimación activa opuestas por el municipio demandado y el tercero citado (v. fs. 578 vta.).
Luego, juzgó que lo peticionado por la accionante dirigido en orden a la conformación de la paritaria prevista en art. 58, segundo párrafo del decreto municipal 1.306/04, resultaba procedente (v. fs. 578 vta./584 vta.).
Para arribar a esa conclusión, puntualizó que la cuestión a resolver radicaba en determinar si la comisión respectiva se encontraba -o no- impedida de reunirse, y si resulta compatible con las leyes 14.656 y 23.551 (v. fs. 578 vta.).
Señaló que el decreto municipal antes citado -que regula la carrera para profesionales que prestan servicios en los establecimientos asistenciales y los centros de atención primaria de la salud- fue dictado durante la vigencia de la ley 11.757, derogada por la ley 14.656 (v. fs. 579).
Apuntó que esta última normativa dispone en su art. 1 que los mayores derechos adquiridos por los dependientes a la fecha de su sanción no pueden ser modificados en su perjuicio; y que al regular lo referente a la negociación colectiva -no obstante disponer que intervendrán sin excepción aquellas entidades gremiales con personería gremial e inscripción vigente- establece que a los fines de determinar los grados de representatividad deberá observarse la proporcionalidad entre la cantidad de afiliados cotizantes y el universo de trabajadores que se intente representar en ese ámbito (art. 52, ley cit.). Meritó, también, que su art. 62 estatuye que sus disposiciones deben interpretarse conforme las normas constitucionales, lo preceptuado en los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los principios y recomendaciones emanados de sus órganos de control, las leyes nacionales, la Constitución provincial, leyes provinciales y los principios de derecho administrativo aplicables al empleo público, en la medida que no colisionen con los principios de derecho del trabajo (v. fs. 579 y vta.).
Puntualizó el juzgador que tanto la Corte nacional en los fallos que refirió anteriormente -"ATE 1", "Rossi" y "ATE 2"- como este Tribunal en las causas L. 79.331, "Ferulano" (sent. de 5-X-2011) e I. 1.963, "Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y otros contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad art. 51 ley 11.757" (sent. de 25-II-2015), se han ocupado de desarrollar el principio de libertad sindical (v. fs. 579 vta./583 vta.).
En base a lo expuesto, el tribunal de grado precisó que el decreto municipal 1.306/04 se encontraba vigente; que la accionante era la entidad a la que hace referencia el art. 58 de la citada norma reglamentaria; que dicha asociación reviste el carácter de seccional de una asociación sindical simplemente inscripta (calidad esta última -aclaró- no se pierde al obtener la personería gremial sobre un ámbito personal y geográfico menor); y que posee autonomía gremial para actuar localmente, con un grado de representatividad superior al del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil; además, valorando la prueba documental, precisó que la representación que ostenta este último pareciera no corresponderse con la realidad (v. fs. 583 vta. y 584).
Destacando la significancia de los principios de libertad y autonomía sindical (v. fs. 584 vta.), juzgó que lo peticionado por la promotora del pleito en orden a la conformación de la paritaria prevista en el decreto municipal debía prosperar, no obstante, la sanción posterior de la ley 14.656 (v. fs. 584 vta.). Aclaró que no obstaba a ello que la parte actora fuera una seccional de una asociación simplemente inscripta -y no lo fuera ella de manera directa- y que el Sindicato de Trabajadores Municipales tuviera la personería gremial. Fundó esta declaración en que el precepto constitucional que garantiza la "organización sindical y libre y democrática", resultaba anterior a su inscripción y tenía existencia jurídica a partir de su fundación, no alterando la inscripción su naturaleza de asociación sindical de trabajadores (v. fs. 584 vta.).
I.2. En relación con el expediente acumulado, fue iniciado por la Municipalidad de Tandil con la pretensión de obtener una declaración de certeza para hacer cesar -según dijo- el estado de incertidumbre existente acerca de si la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Profesionales del Hospital Ramón Santamarina poseían -o no- ámbito personal de representación ante el municipio respecto de los profesionales del Sistema Integrado de Salud Pública Ente Centralizado.
Señaló el tribunal de grado que atento la conexidad existente entre los temas debatidos en ambos expedientes, la decisión a la que se arribó en el principal resolvía al mismo tiempo la petición ventilada en el acumulado, por lo que dispuso que su tratamiento resultaba inoficioso. Sin perjuicio de ello, apuntó que la acción intentada no respondía a los requisitos legales para dotarla de viabilidad (v. fs. 584 vta./586 vta.).
II. El Sindicato de Trabajadores de Tandil deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 52 de la ley 14.656; 28, cuarto párrafo y 43, inc. "c" de la ley 23.551, y de la doctrina legal que cita.
II.1. Denuncia que a partir de una absurda valoración de la prueba y errónea aplicación de los alcances del art. 28, cuarto párrafo de la ley 23.551, el tribunal de grado arribó a la equivocada conclusión acerca de que la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires -CICOP- no vio reducida su capacidad representativa en los ámbitos territorial y personal con que había sido inicialmente inscripta, al obtener la personería gremial con una competencia más reducida (v. fs. 592 vta.).
Afirma que dicha definición denota un yerro en la interpretación de la disposición citada en el párrafo anterior, desde que allí se prevé la continuidad de la inscripción por pérdida de la personería gremial ante una institución de mayor representatividad, situación que -asegura- no es la que se verifica en la especie (v. fs. 593).
II.2. Cuestiona que el juzgador no haya otorgado trascendencia jurídica a la presentación formal realizada por el Consejo Directivo Provincial de la CICOP en el expediente en el cual tramitó la solicitud de personería gremial, en el que expresamente -asegura- peticionó se excluyera a los profesionales de la salud de los hospitales municipales (v. fs. 593 y vta.).
II.3. Invoca violación del principio de autonomía sindical, toda vez que considera que mediante el fallo en crisis el tribunal de grado interviene en la vida interna de la CICOP, obligándola a realizar actividades sindicales en el partido de Tandil sin que hubiese sido requerido por su Consejo Directivo. Entiende que la falta de participación en autos del órgano máximo de dirección y administración de dicha entidad gremial evidencia su vocación de mantener restringido su ámbito de actuación territorial y personal a los profesionales que se desenvuelven en los nosocomios provinciales y nacionales con asiento en la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 594).
Añade que contrariamente a lo resuelto por el a quo , del estatuto de la CICOP no surge que las reparticiones del interior gocen de autonomía legal y jurídica que las habilite a estar en juicio. Aduce que, si bien tienen amplias facultades para representar a sus afiliados ante la empleadora, la representación legal corresponde exclusivamente al Consejo Directivo Provincial y al presidente de la CICOP. Manifiesta que actuaciones como la instada, para su reconocimiento como entidad sindical en las paritarias municipales, excede las prerrogativas que le concede la norma estatuaria (v. fs. 595).
II.4. Aduce que el fallo impugnado promueve la anarquía institucional, desde que la apropiación de tales atribuciones por parte del demandante no fue ratificada por el presidente de la CICOP (v. fs. 595 vta.).
II.5. Afirma que la figura de las seccionales creadas por el estatuto de referencia es equiparable a las representaciones que describe el art. 40 de la ley 23.551. Señala que al haberse arrogado potestades que no le son propias, sin que hubiere mediado un acto de delegación o ratificación alguna por parte de los organismos competentes de la CICOP, la seccional del Hospital Ramón Santamarina actuó como un grupo informal de trabajadores (v. fs. 596 vta.).
II.6. Indica el quejoso que la anomalía descripta en orden a la personería de la seccional reclamante no puede ser enmendada, tal como resolvió el juzgador, volviendo sobre el decreto municipal 1.306/04 (v. fs. cit.).
Argumenta que la equiparación que ensaya el tribunal de grado entre el art. 51 de la ley 11.757 -que reconocía a una sola Federación sindical, y a las organizaciones a ella adheridas, como únicos representantes de los trabajadores municipales bonaerenses- y el actual art. 52 de la ley 14.656 -que admite específicamente a las entidades gremiales con personería gremial e inscripción vigente a negociar en la paritaria municipal- resulta antojadiza (v. fs. 597).
Puntualiza que mientras la norma derogada, es decir, el citado art. 51 de la ley 11.757 se refería a una persona jurídica en particular, la actual, esto es, el mencionado art. 52 de la ley 14.656 se asienta en las prescripciones de la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales e incluye en la negociación colectiva a todo el universo de entidades que haya obtenido personería gremial (v. fs. 597 y vta.).
II.7. Sostiene que el a quo efectuó una interpretación errónea de la doctrina legal de esta Corte, cuyos alcances fueron determinados en el precedente I. 73.699, "Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires contra Provincia de Bs. As. s/ inconstit. Ley 14.656" (sent. de 22-XII-2015), del cual transcribe un fragmento (v. fs. 597 vta.).
II.8. Asegura que también conculcó el criterio sentado por esta Suprema Corte cuando resolvió otorgar intervención en la negociación paritaria a una entidad que -como la actora- no cumple con lo previsto en el art. 52 de la ley 14.656, disposición cuya plena vigencia fue reconocida -en concordancia con los antecedentes de la Corte Suprema, "ATE" y "Rossi"- en la causa que individualiza como I. 74.316, "Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) contra Provincia de Buenos Aire s/ inconst. decreto 784/2016" (sent. de 27-VI-2018), cuyo contenido reproduce parcialmente (v. fs. 598 y vta.).
II.9. Finalmente, con apoyo en opinión autoral, explica que el sistema adoptado por la legislación argentina es el de la representación sindical y no el de la representación de los trabajadores, aunque sean estos quienes eligen a sus delegados gremiales (v. fs. 598 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, a mérito de su insuficiencia, corresponde rechazar la crítica dirigida a cuestionar la decisión de grado en cuanto se expidió en favor de la legitimación activa de la promotora del amparo sindical (v. fs. 571/587 vta.).
III.1.a. El tribunal de origen sustentó este tramo del pronunciamiento afirmando que la referida acción fue iniciada por la Presidenta y la Secretaria General de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales del Hospital Ramón Santamarina de Tandil, entidad que -destacó- es una Seccional de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y que goza en virtud del art. 68 del estatuto de esta última, de autonomía administrativa y gremial en la ejecución de sus actividades (v. fs. 573 y 584).
Juzgó que no obstante carecer la CICOP de personería gremial para actuar dentro del ámbito municipal, resulta ser una asociación simplemente inscripta con un ámbito personal que comprende a la accionante y cuyo ámbito geográfico abarca la Provincia de Buenos Aires (conf. resolución 60 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de fecha 7-II-2020; v. fs. 227/229; 572 vta./573 vta. y 583 vta.).
En base a lo antedicho y con fundamento en los lineamientos fijados en materia de libertad sindical por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes que individualizó como "ATE I"; "Rossi" y "ATE II", rechazó las excepciones de falta de legitimación activa opuestas por la demandada y el tercero citado (v. fs. 141/158 vta.; 190/199 y 578 vta.).
III.1.b. Estas motivaciones no han sido objeto de una crítica idónea.
Lo argumentado sobre el tópico por el recurrente solo es reflejo de una mera reedición de las manifestaciones efectuadas al intervenir en las actuaciones en respuesta a su citación (v. fs. 190/199), alegaciones que fueron analizadas y desestimadas por el juzgador, y contra las cuales no se han traído críticas que evidencien las transgresiones denunciadas.
Muestra de ello es, por ejemplo, la ausencia de todo reproche idóneo tendiente a desbaratar el razonamiento que empleó el a quo con fundamento en el art. 68 del estatuto de la CICOP, eslabón esencial dentro del hilo argumental de este segmento del fallo. O bien, la reiteración en el medio de impugnación de aquella alegación fundada en los "propios actos" que, en suma, evidenciaría que la CICOP al tramitar la obtención de su personería gremial excluyó de su órbita de representación a los profesionales que se desempeñan bajo la ley 10.430, dato que fue recogido por el tribunal de trabajo en el propio veredicto (v. tratamiento a la octava cuestión allí planteada) y que en modo alguno abona la postura recursiva.
En este sentido, cabe recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, mediante la reiteración de argumentos expuestos en la instancia anterior que fueron motivo de especial análisis por el juzgador de origen, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido (causas L. 117.071, "García", sent. de 9-IV-2014; L. 121.335, "Parodi", sent. de 12-VI-2019 y L. 122.152, "Romero", sent. de 9-III-2021).
III.2. Los restantes fundamentos, ya emparentados con la pretensión que rodea a la conformación de la paritaria prevista en el decreto municipal 1.306/04, tampoco logran ser conmovidos.
III.2.a. El a quo construyó su cardinal razonamiento a partir del examen de las distintas normas que interrelacionó, así, ponderó lo prescripto en los arts. 54 y 58 del decreto municipal citado y en los arts. 1, 52, 56 y 62 de la ley 14.656, y ello, a la luz de las directrices de la OIT en materia de libertad sindical y de la jurisprudencia que en la materia emana de la Corte nacional, e -incluso- de este Tribunal (recordemos que, entre otras, refirió la causa L. 79.331, "Ferulano", sent. de 5-X-2011). A la par, aludió al grado de "representatividad real" que poseen las asociaciones sindicales en conflicto; aspecto del fallo -puede ya anticiparse- que no fue objeto de embate hábil.
III.2.b.i. Por su lado, el impugnante plantea que en la sentencia se ha realizado una equiparación totalmente antojadiza entre el art. 51 de la derogada ley 11.757 y el actual art. 52 de la ley 14.656.
Sin embargo, tal aseveración deja entrever únicamente una particular y personal lectura del pronunciamiento, pues parte de una premisa -aquella supuesta equiparación- que no se verifica en las motivaciones de la decisión
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