Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124361
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.361, "Bonaudi, Federico contra Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda. y otro/a. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 284/298 y aclaratorias de fecha 28 de mayo de 2019 y de fs. 319 y vta.).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 300/318), habiendo sido concedido únicamente este último (v. fs. 320/322 vta.).
Asimismo, la accionante dedujo un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 323/327 vta.) contra la sentencia aclaratoria obrante a fs. 319 y vta., siendo concedido por el tribunal de grado (v. fs. 328 y vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Tribunal de Trabajo declaró procedente la acción deducida por el señor Federico Bonaudi contra la Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Limitada en concepto de diferencias de haberes por el período comprendido entre los meses de mayo de 2013 a marzo de 2015, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, penalidades previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba el pago del resarcimiento por daño moral provocado por el carácter de discriminatorio que atribuye al despido, el incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323, el rubro contemplado en el art. 208 de la ley 20.744 y la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de esta última ley (v. fs. 284/298 y aclaratorias de fecha 28 de mayo de 2019 y de fs. 319 y vta.).
II. Contra el pronunciamiento de origen y su aclaratoria, la parte actora deduce sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
II.1. Cabe señalar, en forma liminar, que los agravios que se introducen en la postulación recursiva de fs. 300/318 deben ser analizados conjuntamente con el remedio impugnatorio deducido por la misma parte a fs. 323/327 vta. contra la aclaratoria de fs. 319 y vta., en el cual cuestiona -exclusivamente- el rechazo de la indemnización prevista por el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ello así, pues, resultando que la aclaratoria de la sentencia de grado integra la misma y forma con ella un todo orgánico y lógico que debe computarse como una pieza única (causas L. 107.585, "Devicenzi", sent. de 5-VI-2013; L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014 y L. 105.939, "Verdie", sent. de 15-VII-2015; e.o.), corresponde analizar conjuntamente los recursos extraordinarios deducidos por la interesada contra la sentencia definitiva y la resolución aclaratoria (causa L. 89.745, "Fernández", sent. de 14-IX-2011).
II.2. La compareciente denuncia la violación de su derecho de propiedad amparado por la Constitución nacional; la errónea interpretación y transgresión de los arts. 1 de la ley 25.323; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; 6 inc. "c" de la ley 11.544; 474 y 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial; 1 del decreto 146/01; 39 y 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
II.2.a. Controvierte, en primer término, la tasa de interés (pasiva "digital") a la que fueron calculados los intereses sobre el capital de condena.
En este sentido, refiere que el tribunal de grado decidió fijar los accesorios sin que la accionada se opusiera a la aplicación de la tasa activa prevista por el art. 48 de la ley 11.653 solicitada en el escrito de promoción de la demanda, ni se pronunciara dicho órgano jurisdiccional sobre la validez constitucional del citado precepto, omitiendo así aplicar la ley.
II.2.b. Cuestiona, además, el rechazo de la sanción conminatoria mensual prevista por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Alega que de las conclusiones plasmadas en la pericia contable surge que la demandada incurrió en graves irregularidades en la retención de cuotas sindicales.
Indica que el señor Bonaudi nunca estuvo afiliado a gremio alguno, y que, de haber sido ello así, igualmente la retención de aportes sindicales fue realizada por sumas superiores a las que hubiesen correspondido.
Agrega que la intimación, en los términos que dispone el art. 1 del decreto 146/01, deviene -en el caso- impracticable, por cuanto al trabajador le fueron retenidas abultadas sumas en concepto de aportes sindicales que no correspondían ser depositadas a la entidad gremial, por lo que mal podía cursarse una intimación en esos términos.
Denuncia vulnerada la doctrina legal emanada del precedente L. 117.289, "Ucha Soto", sentencia de 29-VIII-2018.
Indica que el sentenciante de grado adicionó, como requisitos a la intimación prevista en la citada norma, los de precisar concreta y específicamente los meses en que se efectuaron retenciones no ingresadas, como así también los importes de las mismas. Tal carga -explica- no surge de aquella, y -además- resulta prácticamente imposible de cumplir, por cuanto la mayoría de las veces se desconocen los importes exactos de las retenciones no ingresadas y los meses de su ocurrencia y, en otras oportunidades, lo extenso de la intimación a la que se arribaría tornaría harto dificultosa su exposición.
Añade que, en casos como el de autos, en los cuales lo retenido son aportes gremiales, el acceso a la información no es público, lo que impide al trabajador poder constatar cuáles sumas fueron ingresados y cuáles no.
II.2.c. También critica la decisión de grado con arreglo a la cual se juzgó no configurado el despido discriminatorio invocado en la demanda.
Señala que el tribunal incurrió en el vicio de absurdo al valorar la prueba, ya que, sin brindar mayores explicaciones, concluyó que no había quedado debidamente demostrado que el actor hubiera comunicado a su empleadora la licencia médica otorgada por su médico particular antes que le fuera notificado el distracto.
Alega que a este único indicio se le confirió un poder de plena prueba que -a su criterio- claramente no posee. Inclusive -agrega- ni siquiera explicó el juzgador porqué consideró que el despido fue decidido con anterioridad a la comunicación de la enfermedad.
Manifiesta que en el veredicto se omitió considerar que el certificado médico acompañado por el actor cuenta con la firma del funcionario Di Rocco, persona ofrecida por la propia demandada para absolver posiciones, de lo que se colige el conocimiento por parte de la empleadora, estando vigente todavía la relación laboral.
Afirma que esta última antedató en el texto del telegrama en la que comunicó la extinción del vínculo, la fecha en la cual el distracto había ocurrido, intentando ocultar la naturaleza discriminatoria de la decisión rescisoria.
Añade que, de conformidad con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las directrices que emanan del fallo "Pellicori" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, correspondía en la especie, según lo peticionado en demanda, invertir la carga probatoria, debiendo la accionada demostrar que el despido tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.
II.2.d. Se opone a la decisión de grado por conducto de la cual se desestimó la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323.
Expresa que en el responde la empleadora reconoció expresamente las fechas de ingreso y de finalización de la relación laboral. Inclusive, agrega, el propio tribunal al responder al interrogante planteado en la primera cuestión del veredicto hizo alusión a dicha circunstancia, por lo que resulta absurda la conclusión de la sentencia que tuvo por no demostrado que el actor ingresara a trabajar para la Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Limitada en la fecha denunciada en la demanda.
Argumenta que la indemnización de la citada norma también resulta procedente desde que, al tiempo de operarse el despido, la relación estaba registrada como "a tiempo parcial", cuando se demostró en autos que lo era "a tiempo completo".
Afirma que no solo la registración al momento del distracto resultó deficiente por tardía (extremo que se encuentra acreditado por el expreso reconocimiento efectuado por la demandada), sino que -también- lo es por haberse consignado que era a tiempo parcial.
En tales condiciones, manifiesta que el tribunal de grado interpretó erróneamente las disposiciones contenidas en el art. 1 de la ley 25.323 al considerar que no corresponde su aplicación por no haberse probado la fecha de ingreso denunciada, ya que la deficiente registración abarca también otros supuestos, como lo son la jornada y categoría laboral.
II.2.e. Se agravia de la omisa consideración por parte del juzgador de la jornada horaria cumplida en exceso en tiempos de cosecha y de su incidencia en la mejor remuneración mensual normal y habitual determinada.
Sobre el particular, refiere que en el intercambio telegráfico y en el escrito de demanda el actor denunció detalladamente que, en época de cosecha, la jornada laboral era de 08:00 a 21:00 hs., de lunes a domingos, sin francos compensatorios y, fuera de ese período, de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 hs. y sábados de 08:00 a 12:00 hs.
Explica que en la contestación de la demanda la cooperativa negó tales circunstancias, pero refirió expresamente que había épocas en que la tarea se acelera e incrementa, esto es, durante las cosechas. Por lo que asegura que forzoso es concluir que la propia empleadora reconoció expresamente que existían dos jornadas horarias bien diferenciadas a lo largo del año.
Ahora bien, continúa, en el veredicto el tribunal ha omitido pronunciarse con relación al horario cumplido por el actor durante el tiempo de cosecha denunciado, resolviendo la cuestión como si todo el año la jornada laboral fuera la misma, apartándose así de las constancias objetivas de la causa y de la doctrina legal que fluye de las causas L. 113.518, "Capris" (sent. de 29-X-2014) y L. 99.688, "López" (sent. de 22-II-2012).
Por ende, aduce, no ha tenido en cuenta el juzgador que la propia accionada reconoció que en época de cosecha los trabajadores cumplían mayor cantidad de horas que en el resto del año y que, a los efectos de la base de cálculo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, debió tomar el mes con mayor cantidad de horas trabajadas en exceso de la jornada legal; máxime cuando ha quedado comprobado que la empleadora no ha cumplido con la carga de llevar registros de dicha prolongación.
Señala que no resulta un dato menor, en cuanto al valor de la declaración jurada brindada por el accionante al momento de promover demanda, y que refuerza la aplicación del art. 39 de la ley 11.653, que la jornada laboral denunciada fuera de la época de cosecha se acreditó con los dichos de todos los testigos que declararon en la audiencia de vista de la causa, siendo luego verificada por el tribunal en su pronunciamiento.
En suma, solicita se case la sentencia en este respecto, se tenga por acreditada la jornada horaria invocada en la demanda y, como consecuencia, se rectifique la cuantía de los diferentes rubros por los que prosperó la acción.
II.2.f. Censura el rechazo de la indemnización prevista por el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sostiene que se encuentra acreditada la recepción por parte de la Cooperativa accionada del certificado médico fechado el día 1 de abril de 2015, que prescribía treinta días de licencia por enfermedad, así como también que el despido fue perfeccionado el día 7 de abril de 2015, atento el carácter recepticio de las comunicaciones.
En tales condiciones, afirma que el tribunal de grado arribó a la conclusión de tener por probado que la demandada no se encontraba notificada de la licencia médica otorgada al actor con anterioridad al envío del telegrama de despido al tomar equívocamente como parámetro para resolver este aspecto la fecha de remisión de dicha pieza telegráfica (1 de abril de 2015) y no la de su recepción (7 de abril de 2015), apartándose así de la doctrina legal de la Suprema Corte vinculada al carácter recepticio de las comunicaciones laborales.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Por razones de método habré de comenzar dando tratamiento al agravio vinculado con el rechazo de la pretensión por despido discriminatorio.
III.1.a. Al responder al interrogante planteado en la cuarta cuestión del veredicto, el tribunal de origen, luego de analizar en conciencia las manifestaciones vertidas por las partes en los escritos constitutivos del proceso y la prueba incorporada a la causa -en particular, el oficio diligenciado a la empresa Correo Oficial de la República Argentina y el telegrama colacionado obrante a fs. 58-, sostuvo que no quedó comprobado que el actor hubiera comunicado a su empleadora la licencia otorgada por su médica tratante antes de ser notificado del despido.
A tal fin, tuvo especialmente en cuenta que en la contestación de la demanda se negó expresamente que el certificado médico se hubiera presentado con antelación a la comunicación de la extinción del vínculo (v. fs. 286 vta., parte final).
Con sustento en tal premisa, en la sentencia juzgó que correspondía desestimar el reclamo formulado (v. fs. 293).
III.1.b. Al censurar esta definición, el recurrente ensaya una primera línea argumental centrada en describir la importancia que en la organización empresarial tendría la persona que habría recibido en nombre de la demandada el mentado certificado.
Sobre esa base, especula que no resulta razonable concluir que el documento hubiera sido entregado luego del fin de la relación laboral, concluyendo que la contraparte antedató en el texto del telegrama de despido la fecha en la cual este habría ocurrido, intentando no dejar al descubierto su carácter discriminatorio (v. rec., fs. 310/311).
III.1.c. Estas argumentaciones resultan insuficientes para modificar las esenciales definiciones que condujeron al Tribunal de Trabajo a resolver este tramo de la controversia, referidas -como se relató- a que el actor no acreditó que la comunicación a su empleador de la licencia médica se efectuó con antelación a la notificación del distracto (v. vered., fs. 486 vta.).
Es que, como se desprende de lo antes expuesto, las alegaciones que porta esta parcela del recurso constituyen conjeturas extraídas del mero hecho de que un dependiente del empleador haya recibido el aludido certificado médico, pero que en modo alguno alcanzan para demostrar en forma concluyente que dicha entrega se haya producido -como se sostiene- en la misma fecha en que el galeno expidió el documento.
De tal modo, las críticas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva, pretendiendo descalificar la labor axiológica llevada a cabo por los señores jueces de grado, sin otro aporte que el de exhibir una versión diferenciada respecto de los hechos y de cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del vicio de absurdo (causas L. 117.384, "Rosas", sent. de 8-VII-2014; L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015 y L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; e.o.).
III.1.d. En ese marco, igualmente inatendible se exhibe lo expuesto por el recurrente cuando -en otro orden de ideas- alega que de conformidad con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y las directrices emanadas del fallo "Pellicori" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, correspondía invertir la carga de la prueba, debiendo la accionada acreditar que el despido tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.
Al respecto, me permito recordar que en la causa L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010), he sostenido que ante la controversia generada por la denuncia de un despido discriminatorio la definición de la incumbencia de la carga probatoria ha de ser tamizada con resguardos imprescindibles, y en ese marco adquiere fundamental importancia una visión desde el dinamismo que, en definitiva, importa adjudicar a quien se encuentra en mejor situación la necesidad de aportar, en beneficio de su interés, los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva. Asimismo, hube de expresar que la mera invocación de un tratamiento discriminatorio no provoca la inversión de la carga de la prueba, pues resulta necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad. Solo a partir de la constatación de dichas circunstancias que tornen verosímil la imputación, el empleador deberá destruir la presunción probando que existe causa justificada suficiente.
Ahora bien, en la especie, el accionante parte de la premisa de que existen suficientes indicios que acreditan la alegada discriminación patronal como factor determinante de la cesantía (v.gr. las manifestaciones vertidas en la demanda respecto de la existencia de la enfermedad, conocimiento de la misma por parte del empleador, despido decidido inmediatamente después de conocida la enfermedad; v. fs. 66). Sin embargo, el órgano de origen juzgó no verificadas tales circunstancias, en una conclusión que -según se desprende de lo antes dicho- permanece firme.
En este contexto, más allá de que la solución adoptada pueda resultar opinable o discutible, lo expuesto por el interesado no alcanza para evidenciar el vicio de absurdo, pues lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento; antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 109.927, "Banegas", sent. de 11-III-2015; L. 120.669, "Fruto", sent. de 24-IV-2019 y L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; e.o.), los que -como se dijo- no demuestra en la especie.
III.2. Las definiciones vertidas en el apartado anterior se extienden para desestimar la crítica opuesta en relación con la negativa del juzgador de reconocer el pago del salario correspondiente al período de la licencia prevista en el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al respecto, es dable recordar que la argumentación central del quejoso -apoyada en las consecuencias que se derivan del carácter recepticio de la comunicación de despido efectuada en diversos precedentes de esta Corte- no resulta conducente para la resolución del asunto.
Ello en tanto en el entendimiento del Tribunal -al momento de fallar sobre los hechos controvertidos- no ha quedado acreditado que "...el actor le hubiera comunicado a su empleadora la licencia médica otorgada por su médica tratante antes que le fuera notificado su despido" (cuarta cuestión del veredicto, a la cual, si bien con alguna ambigüedad, tanto la sentencia de fs. 291/298 como la aclaratoria de fs. 319 remiten), en una conclusión que ha quedado firme a la luz de lo expuesto precedentemente en este voto.
III.3. En cambio, es de recibo la réplica dirigida contra el rechazo de la sanción prevista por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al respecto, el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la sanción por conducto de exigir al actor el cumplimiento de dos requisitos en la intimación que cursó con base en lo pr
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