Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123361
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.361, "Bermúdez, Máximo Jonatan contra Centro de Rehabilitación Sur Florencio Varela S.R.L y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Carral .
El Tribunal del Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, acogió parcialmente la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 161/174 vta.).
Se interpuso, por la parte codemandada Centro de Rehabilitación Sur Florencio Varela S.R.L., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 28-III-2019).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 235) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente -en lo que reviste interés por ser materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por Máximo Jonatan Bermúdez y condenó a la coaccionada Centro de Rehabilitación Sur Florencio Varela S.R.L. al pago de la suma que indicó en concepto de haberes adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración de mes de despido, y las penalidades previstas en los arts. 8 de la ley 24.013, 2 de la ley 25.323 y 80 de la ley 20.744 (texto según art. 45, ley 25.345).
Señaló que de la contestación de demanda surgía el desconocimiento de la relación laboral invocada por el actor.
Con las declaraciones brindadas por los testigos Muñoz, Noguera, Artaza, Saldivia, Romero y Fin en la audiencia de vista de causa, tuvo por acreditado que el accionante prestaba servicios para el mencionado Centro, circunstancia que -juzgó- tornó operativa la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, "...sin que el accionado haya demostrado lo contrario, como exige la última parte del primer párrafo..." (v. fs. 167 vta.). Agregó que dicha presunción, no podía ceder por la utilización de las figuras no laborales a las que se refirió el testigo Fin (v. fs. cit.).
Destacó que "...fue expresamente admitida por los accionados la prestación de servicios y no fue probado que tal prestación obedeciera a una relación distinta a la laboral, por lo que opera en el caso la presunción emanada del artículo 23 de la LCT (t.o.), que permite presumir la existencia de un contrato de trabajo..." (fs. 168).
Con la prueba rendida y la inactividad de la demandada para desvirtuar la presunción arribada, formó convicción de que el actor prestó servicios para el mencionado Centro de rehabilitación que se beneficiaba con sus tareas a cambio de una retribución dineraria y encuadró tal situación como una relación laboral subordinada (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la citada codemandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 21, 22, 23, 80, 232, 233, 245, de la ley 20.744; 8 y 11 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 incs. "d" y "e" de la ley 11.653. Asimismo, invoca infracción a la doctrina legal que identifica.
Recuerda que, al contestar la demanda, su parte negó expresamente la existencia de un vínculo laboral con el promotor del juicio. Alegó que solo requería, en ocasiones puntuales, los servicios de agencias de taxi o remis de la zona para el traslado de algún paciente, mas no solicitaba personas determinadas para su realización.
II.1. En lo esencial, denuncia transgredido el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto se declaró acreditado -con apoyo en los testimonios rendidos- que el actor prestaba servicios para su parte y consideró que dicha circunstancia resultaba apta para activar la citada presunción.
Niega que resultara demostrado tal extremo y denuncia absurdo. Agrega que -aun partiendo de esa falsa base fáctica- el fallo infringe la doctrina legal establecida, entre otras, en la causa L. 73.204, "Rodríguez" (sent. de 16-V-2001), en la que se declaró que para que juegue la presunción del citado art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, se requiere la acreditación en juicio de que los servicios prestados lo fueron en relación de dependencia.
Precisa que no basta la mera prestación de servicios a tal fin, sino que debe demostrarse la nota de subordinación, extremo que -según resalta- no se ha verificado en el caso.
II.2. Reputa violado el principio de congruencia e infringidas las reglas que reculan la carga de la prueba.
Afirma que la utilización de figuras no laborales -a que refirió el tribunal- no formó parte del litigio, pues el actor jamás dijo que facturara sus servicios o que el demandado se lo exigiera, ni -menos aún- que se tratara de ocultar una relación laboral.
Postula que su parte no alegó que el reclamante se desempeñara como autónomo, sino que negó en todo momento -antes y durante el juicio- cualquier vinculación de linaje laboral o de cualquier otra naturaleza.
Controvierte el pronunciamiento por absurdo y arbitrario, al colocar a su cargo la prueba en contrario de lo reclamado, como si al contestar la acción hubiese innovado en la postura del accionante, reconociendo la prestación de servicios subordinados, pero enmascarándola mediante otra figura.
Denuncia un error grosero y palmario, en la aplicación -aunque sin citarla- de la doctrina legal de esta Corte elaborada respecto del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto dispone que: si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza, a ella incumbía la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y no habiéndolo hecho, rige la presunción que los trabajos se efectuaron en relación de dependencia.
Explica que dichas directrices no son aplicables al caso porque su parte jamás reconoció ni calificó en forma alguna la supuesta relación con el actor, sino que simple y sencillamente negó la existencia de toda vinculación laborativa entre las partes, e -incluso- la alegada prestación del servicio de traslado de pacientes.
De este modo, reprocha al juzgador haberle adjudicado a su parte erróneamente la carga de la prueba de las afirmaciones formuladas, cuando -en rigor- correspondía al accionante demostrar sus afirmaciones.
II.3. Cuestiona, también por absurda, la valoración de los testimonios rendidos en la audiencia de vista de la causa por los señores Noguera, Saldivia, Romero y Fin, por considerar que no puede deducirse de un examen racional de las deposiciones, que Bermúdez prestó servicios para el Centro.
II.4. Por todo ello, peticiona que se revoque íntegramente el fallo en crisis, rechazando todas las condenaciones pronunciadas, con imposición de costas.
II.5. En forma subsidiaria, objeta la procedencia de las multas previstas en los arts. 8 de la ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345).
II.5.a. Con relación al primero de los mencionados rubros, alega que el actor no probó la autenticidad y recepción del telegrama enviado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por lo que omitió cumplir con el requisito establecido en el art. 11 inc. "b" de la primera de las leyes indicadas.
Invoca doctrina legal en apoyo de su postulación y expone que "...incurre en absurdo el tribunal del trabajo que hace mérito de una pieza telegráfica cuya autenticidad no fue acreditada..."; y que "...el incumplimiento a la intimación dirigida a la AFIP [...] torna improcedente el reclamo indemnizatorio asentado en el art. 8 de la misma ley..." (fs. 196 vta.).
II.5.b. Seguidamente, controvierte la condena vinculada al pago de la sanción y a la entrega de los certificados contemplados en el evocado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Manifiesta que el juzgador, pese a reconocer la inobservancia de las previsiones establecidas por el art. 3 del decreto 146/01 (que exige que la intimación debe cursarse una vez vencidos los treinta días de extinguido el vínculo laboral), admitió la referida penalidad con el argumento de que dicho término resulta irrelevante para quien lo ha desconocido totalmente.
Apunta que el tribunal se apartó indebidamente de esa normativa sin declarar su inconstitucionalidad, pese a que se encuentra vigente y no implica ningún exceso reglamentario.
III. El recurso prospera.
Asiste razón a la impugnante cuando denuncia que para arribar a la conclusión acerca de la existencia de vínculo laboral entre el actor y el Centro condenado, el tribunal incurrió en absurdo, atribuyó erróneamente la carga de la prueba y transgredió el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, apartándose -además- de la doctrina legal elaborada en torno a dicho precepto.
III.1.a. En el escrito inicial Bermúdez señaló que comenzó a trabajar bajo relación de dependencia de los demandados, "...desempeñándose como chofer con vehículo propio trasladando pacientes desde sus domicilios hasta el Centro de Rehabilitación Sur Florencio Varela SRL y luego reintegrándolos..." (fs. 23 vta.). Agregó que para la realización de las tareas asignadas ponía a disposición de la patronal un coche de su propiedad Chevrolet Classic, dominio KXK 270, que debía contar con las patentes al día y seguro correspondiente para el traslado de personas (v. fs. cit.).
En la contestación de la demanda, el agraviado negó "...que el actor haya laborado bajo relación de dependencia...", "...que lo haya hecho en el centro mencionado...", "...que laborara como chofer y con vehículo propio...", "...que trasladara pacientes..." y, en fin, "...que existiera relación laboral alguna..." entre el Centro y el reclamante (v. fs. 68 vta. y 80 vta.).
Luego, expresó que la sociedad coaccionada se dedica a la rehabilitación física de pacientes, atención ambulatoria, fisiatría y tratamiento de diferentes discapacidades, prestando servicios a la comunidad en general y principalmente a pacientes provenientes del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Explicó que en el ejercicio de dicha actividad y a fin de trasladar a estos desde sus domicilios particulares hasta el Centro y viceversa, requiere en ocasiones puntuales los servicios de agencias de taxi o remis, sin que se especifique a algún conductor o auto específico. Aclaró que tampoco contrataba servicios de choferes particulares (v. fs. 69 vta.)
Insistió en la negativa absoluta de cualquier vinculación laboral con el accionante, quien -según manifestó- bien pudo prestar servicios para alguna de dichas agencias destinadas a proveer el traslado (v. fs. cit.).
III.1.b. El juzgador de origen -tras examinar la posición asumida por las partes en los escritos constitutivos del proceso-, declaró que el Centro de Rehabilitación Sur Florencio Varela S.R.L., "...contestó la demandada, con su libelo glosado a fs. 68/74 vta., negando todos los extremos enunciados por el accionante, en particular que el actor haya trabajado en relación de dependencia de los accionados...", y dando su versión de los hechos, al indicar "...que para la realización de su actividad y a fin de trasladar a los pacientes desde sus domicilios particulares hasta el Centro y viceversa, se requieren en cada ocasión puntual los servicios de agencias de taxi o remis de la zona, sin que se especifique el servicio de algún chofer o auto en particular, como así tampoco se contratan servicios de choferes particulares..." (fs. 166 vta.).
Como fundamento de la decisión, señaló que "...fue expresamente admitida por los accionados la prestación de servicios y no fue probado que tal prestación obedeciera a una relación distinta a la laboral, por lo que opera en el caso la presunción emanada del artículo 23 de la LCT (t.o.), que permite presumir la existencia de un contrato de trabajo..." (fs. 168).
En este orden de ideas, prosiguió relatando que "...con la inactividad de la demandada para desvirtuar las presunciones arriba analizadas, hallo convicción suficiente para sustentar jurídicamente que el actor prestó servicios para el Centro de Rehabilitación Sur Florencio Varela SRL, quien se beneficiaba con los servicios que en forma personal aquel prestaba, a cambio de una retribución en dinero, encuadrando su situación en la de un trabajador subordinado..." (fs. cit.).
III.2. De lo reseñado surge, según adelanté, que la agraviada acierta al imputar error en el modo en que el tribunal resolvió la contienda.
Como se desprende del relato, la condenada negó la existencia de la relación laboral denunciada en el escrito de inicio y no alegó un vínculo de distinta naturaleza. A la par, brindó la versión respecto del modo en que se realizaba el traslado de pacientes que asistían al Centro mediante el contacto con agencias de taxi o remis convocadas a esos fines (v. fs. 69 vta.). Agregó, al respecto, que tampoco admitió prestación de servicios alguna.
De lo expuesto, y teniendo en cuenta los términos en que quedó planteado el litigio, se advierte que la doctrina legal de esta Corte aplicable al caso es la que establece que si la demandada negó toda prestación de tareas dependientes de la actora en su favor, no resulta aplicable la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, recayendo sobre quien alega la existencia del vínculo laboral la carga de su debida y suficiente acreditación (art. 375, CPCC; causas L. 108.373, "Núñez", sent. de 21-III-2012; L. 104.103, "Pontoriero", sent. de 30-V-2012 y L. 109.742, "Cassino", sent. de 5-XII-2012).
III.3. Luce patente el equívoco que estructura las motivaciones que dotan de sustento a la decisión.
El tribunal de la instancia de grado -al amparo del citado precepto- sostuvo que estaba a cargo del Centro acreditar que la prestación de servicios -que absurdamente reputó admitida- obedecía a una relación distinta a la laboral, y que, en ese orden, lo llevó a acoger la pretensión por considerar que ello no fue probado por la inactividad de la agraviada en desnaturalizar las presunciones analizadas (v. fs. 168).
Afirmo lo dicho, toda vez que -como puntualiza la quejosa-, no existió reconocimiento alguno en la contestación de la demanda respecto de la existencia de relación de subordinación laboral o bien prestación de servicios dependientes ni de otra naturaleza por parte del actor en beneficio del Centro.
De allí que concluyo que la decisión resulta absurda, pues la carga probatoria fue indebidamente asignada, tal y como se afirma en el recurso.
También es acertado que, conforme evidencia la interesada, la doctrina legal forjada en torno a la presunción iuris tantum que contempla el citado art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, no fue seguida por el sentenciante de grado a la luz de las constancias particulares de la causa.
En otras palabras, desconocida la existencia de relación de trabajo por parte de la sociedad codemandada, recaía sobre el actor, que sostuvo su configuración, probar sus alegaciones, por imperio de lo dispuesto en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial (causa L. 98.067, "Roldan", sent. de 9-XII-2009).
En definitiva, es conveniente resaltar que esta Corte ha declarado que constituye un principio procesal insoslayable que las partes deben demostrar las circunstancias fácticas de las normas que invocan como sustento de su pretensión, defensa o excepción (art. 375, CPCC y su doctr.). Por lo tanto, negada por la demandada la existencia del vínculo laboral, incumbe a la actora la obligación de acreditar sus afirmaciones, debiendo aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (causa L. 100.684, "Sánchez", sent. de 9-XII-2010).
III.4.a. En estas condiciones, en vista que los testimonios prestados en la audiencia de vista de la causa han sido transcriptos en el veredicto, entiendo que su análisis valorativo indica que también asiste la razón a la interesada en cuanto denuncia absurdo en su apreciación.
Ello es así, pues, a mi modo de ver, el contenido material de las referidas expresiones en modo alguno evidencian que el actor Bermúdez haya prestado servicios dependientes en favor del Centro.
III.4.b. En este punto, considero que es menester referirme, brevemente, a los dichos de los testigos plasmados en dicha pieza procesal.
El primer deponente, señor Muñoz, señaló que "...cubrió el puesto de Bermúdez, laborando para los codemandados, por la ausencia temporal del actor, durante enero o febrero del año 2018, repreguntado, confirmó el período que refirió...". El tribunal destacó la mendacidad de tales expresiones al recordar que "...el actor enunció en su demanda que el vínculo laboral había fenecido el día 29 de junio de 2017 (fs.24 vta.) y el Correo Argentino, confirmó la autenticidad de las comunicaciones postales datadas el 6/7/2017 y 8/6/2017, que en copias obrantes a fs. 144/145, enuncian que la relación ya se hallaba extinguida..." (fs. 162).
A continuación, la señora Noguera contó que "...en su calidad de acompañante de pacientes del PAMI, concurría con ellas (Teresa Dehartes y Margarita -no recordaba el apellido-) a la Clínica -Centro demandado-, los días martes y jueves para la primera nombrada y los lunes, miércoles y viernes, para la segunda. Que aproximadamente a la hora 7:00, los pasaba a buscar con su auto el actor, mandado por el Centro. Que esto fue durante los años 2013 y 2014, ya que ella dejó de hacer ese trabajo en el año 2015..." (fs. cit.).
Luego, el señor Artaza declaró que "...en oportunidad de acompañar a su madre al banco donde cobraba, pasaba por ante el domicilio del Centro y veía el automóvil Corsa de Bermúdez, sin saber porque ni conocer datos de la relación entre las partes..." (fs. cit.).
Por su lado, el señor Saldivia, según el sentenciante, "...brindó un testimonio sin ilación con los hechos ventilados en autos, preguntado al respecto, declaró que el actor tenía un vehículo 'Siena Bordó' -se acreditó, con los dichos de los testigos y el informe del Registro automotor de fs. 155/156 que tenía un Chevrolet Corsa, de color beige o champagne-, que la agencia de remises para la que trabajarían con el actor se llamaba 'ACyC' y que la encargada de ésta era Fabiana Acuña (las factura agregadas por la accionada de la remisería invocada muestran no se llama de dicha manera y si 'Fabian Acuña' [...] -fs. 65/66-)" (fs. 162 y vta.).
A su turno, la señora Romero manifestó que "...hace más de 20 años que conoce al demandado Artal y que trabaja para el Centro hace más de 13 años. Negó que Bermúdez hubiere trabajado para el Centro, ya que todos los innumerables viajes los pedía a la agencia de remises ella, en su calidad de recepcionista de la institución demandada; preguntada como se llamaba la remisería y cuál era su número de teléfono, dijo que no los recordaba, tampoco pudo dar precisiones respecto al trámite administrativo para concretar el transporte de los pacientes del Centro..." (fs. cit.).
Por último, el señor Fin relató "...su relación laboral actual con el Centro...". Al respecto "...refirió que, si bien originalmente la remisería de 'Fabián Acuña' prestaba por intermedio de él y su vehículo, el servicio al Centro, desde hace aproximadamente dos meses, su relación con el codemandado era directa sin intermediarios; que le hacían facturar como autónomo. En la relación con el Centro, este ponía los pacientes-clientes, dirigía su trabajo y le pagaba. Que aproximadamente percibía $25.000 por mes..." (fs. 162 vta.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.