Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125065
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.065, "C., O. E. contra Galeno ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 559/580).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30-VIII-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal interviniente hizo lugar a la acción promovida por O. E. C. contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en cuanto procuraba el cobro de diferencias por las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente, total y definitiva, previstas en los arts. 11, apartado 4 inc. "b" y 15, apartado 2 de la ley 24.557 (texto según dec. 1.694/09).
Para así resolver, tuvo por acreditado que el día 3 diciembre de 2009 el actor sufrió un accidente in itinere mientras regresaba a su domicilio particular en "moto vehículo"; y, que ese evento le provocó fractura de tibia con complicaciones múltiples, que derivaron, posteriormente, en la amputación de su miembro inferior izquierdo (muslo 1/3 proximal) en el mes de noviembre de 2014 (v. fs. 559 vta./562).
Seguidamente, juzgó probado -por conducto de los dictámenes periciales médico y psiquiátrico (v. fs. 410/416 y 426/431 vta., respectivamente)- que, a raíz del referido hecho, el señor C. padece una incapacidad permanente del 60% por amputación de muslo 1/3 izquierdo proximal, factores de ponderación 7%, más un 20% por reacción vivencial anormal neurótica depresiva severa grado III, totalizando una minusvalía del 87% del índice de la total obrera (v. fs. 562/564).
En cambio, consideró no demostrados los presupuestos configurativos de gran invalidez establecidos en el art. 10 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 564 y vta.).
Asimismo, estableció que el actor percibió por parte de la aseguradora la suma de $197.920,03 conforme la minusvalía del 65% del índice de la total obrera reconocida por la Comisión Médica jurisdiccional, rectificada luego -aunque con idéntico resultado final- por la Comisión Médica Central (v. fs. 565/566 vta.).
Mediante los recibos de sueldo acompañados por el empleador (v. fs. 473), tuvo por demostrados los haberes devengados por el dependiente durante los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante, que ubicó en la fecha de ocurrencia del siniestro (3-XII-2009). Paralelamente, con el informe remitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP; v. fs. 548/551), determinó probadas las remuneraciones declaradas por Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., ascendiendo el último importe a $12.180,57 (v. fs. 567).
En la etapa de sentencia, señaló el juzgador, con cita de doctrina legal y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la asignación de competencia a organismos nacionales y a la justicia federal establecidas en los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 (texto según dec. 1.694/09) resultaba inconstitucional (v. fs. 572).
Luego, tras recordar las conclusiones vertidas en el fallo de los hechos en orden a la incapacidad total acreditada en autos, precisó que -atento la fecha del infortunio- resultaban de aplicación al caso las disposiciones de la ley 24.557, con las modificaciones del referido decreto 1.694/09 (v. sent., fs. 572 y vta.).
A continuación, con fundamento en la doctrina legal emanada de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y, con cita del precedente "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazó la pretensión de la parte actora por la que procuraba la aplicación al caso de las prescripciones de la ley 26.773. Siguiendo ese razonamiento, desestimó el pedido de actuar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones mediante el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). En este orden, juzgó que dicha normativa no se hallaba vigente al momento del evento dañoso sufrido por el dependiente.
Por los mismos argumentos, entendió inadmisible la pretensión fundada en el art. 3 de la última ley citada, a lo que añadió -a mayor abundamiento- lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018; v. fs. 572 vta./574 vta.).
Aclaró, asimismo, que el pedido de aplicación de la ley 27.348 (B.O., 24-II-2017), resultó introducido de manera extemporánea por la parte actora al momento de alegar por escrito (v. sent., fs. 572 vta.).
Desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo formulado por la accionante porque consideró que se hallaba fundado de modo insuficiente (v. sent., fs. 574 vta. y 575). Decretó -en cambio- la invalidez constitucional del art. 15, apartado 2 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo en lo relativo a la modalidad de pago en forma de renta de la prestación allí contemplada.
Con todo, puesto a determinar el importe indemnizatorio debido al dependiente señaló que la fórmula establecida en el art. 15, apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo (53 x 1.476,92 x 65/66) arrojaba la suma de $76.711,22. Empero, consideró que por aplicación del "piso" indemnizatorio establecido por el decreto 1.694/09, dicha prestación no podía ser inferior a $180.000, cifra que -indicó- se complementaba con la prestación prevista en el art. 11, apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557, cuya cuantía estableció en $100.000. Finalmente, a la sumatoria de ambos conceptos ($280.000), le descontó $197.920,03 percibidos por el trabajador en el mes de enero de 2016. De este modo, arribó a un saldo de condena a favor del actor de $82.079,97 (v. fs. 576/577).
Determinó que dicho capital devengaría los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, tasa pasiva en su variante denominada "digital", vigente desde que se tornó exigible hasta la fecha de la sentencia (v. fs. 579), los que cuantificó en $78.095,19 (v. fs. 577 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 y 17 de la Constitución nacional; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3 y 7 del Código Civil y Comercial; de la ley 27.348 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, objeta los dispositivos legales que el juzgador declaró aplicables al caso.
Aduce que al momento del dictado de la sentencia definitiva (8-VIII-2019), el tribunal debió efectuar un análisis pormenorizado de la normativa vigente -cita expresamente las leyes 26.773 (B.O., 26-X-2012) y 27.348 (B.O., 24-II-2017)- porque en dicha etapa procesal se concreta el reconocimiento del derecho a percibir la indemnización debida al dependiente.
Afirma que en virtud de los principios de progresividad y protectorio, en conjugación directa con el postulado iura novit curia , el sentenciante debió aplicar aquellas disposiciones legales que aseguran la solución más justa de los intereses en conflicto.
Transcribe, con relación al punto, parte del voto en minoría de la causa registrada como L. 118.391, "Manfredini" (sent. de 21-XI-2018). Cita, también, precedentes de la Corte federal (CSJN, causas G.1999.XL "Gobet, Jorge Aníbal c/ Telefónica Argentina Entel Estado Nacional s/ accidente de trabajo" y M.136.XXXIII "Mendoza Reyes Rigoberto Eduardo c/ Rest Services S.R.L. s/ accidente ley", sents. de 5-II-1998).
Específicamente, en lo atinente a la ley 27.348, aduce que el juzgador incurrió en omisión de cuestión esencial porque no abordó el planteo tendiente a su aplicación que formuló al alegar sobre el mérito de la prueba (v. escrito electrónico de 11-VI-2019). Hace hincapié en que el art. 11 de dicha ley sustituyó el texto del art. 12 de la Ley de Riegos del Trabajo (v. pág. 3, escrito recursivo electrónico).
II.2. Cuestiona el ingreso base mensual que resultó aplicado en autos para formular el cálculo de las prestaciones asistenciales especiales que le correspondían al trabajador.
En tal sentido, objeta el fallo en cuanto descartó el ingreso base mensual reconocido por la aseguradora demandada y que el propio juzgador declaró probado en la quinta cuestión del veredicto ($12.180,57 correspondiente al mes de diciembre de 2015), utilizando -en cambio- aquel otro contemporáneo al momento de ocurrido el accidente que -señala- ascendía a $1.476,92 (v. pág. cit., recurso electrónico).
II.3. Refuta, asimismo, el cálculo de los intereses efectuado en la sentencia.
Aduce que, si bien el tribunal de grado resolvió aplicar la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, al cuantificarlos arribó a la suma de $78.095,19, cuando debió consignar $162.506,56.
Afirma que el fallo no explicita cómo se llegó a dicha cuantía, lo que atribuye a un error involuntario (v. págs. 2 vta. y 6 vta., escrito electrónico).
II.4. Finalmente, denuncia violación de los principios de la sana crítica, de la lógica formal y la configuración de absurdo.
Alega que no puede considerarse que se hace justicia si se indemniza al trabajador conforme la normativa vigente al momento del hecho, cuando con posterioridad se han dictado normas más favorables, y esos beneficios fueron reconocidos por las aseguradoras mediante -por ejemplo- el aumento sucesivo de los montos de ingreso base mensual.
Cita doctrina legal sobre el vicio del absurdo y precedentes de la Corte nacional relativos a la arbitrariedad, entre otros (v. presentación recursiva electrónica, págs. 6 vta./9).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. El agravio dirigido a impugnar la no aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no puede prosperar.
A efectos de brindar respuesta al embate, habré de seguir la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria, de la que participé- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Como se señaló en dicha causa, la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio, situación que no se verifica en la especie, atento los términos de la sentencia de grado que arriban firmes a esta instancia extraordinaria.
En ese escenario cobraron virtualidad los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte zanjó los debates relativos al ámbito de aplicación temporal de los decretos 1.278/00 y 1.694/09, antecesores de la ley que aquí es motivo de análisis.
En tal sentido, este Tribunal descartó que las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto 1.278/00 puedan regir respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mentado reglamento (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.119, "F., C. V.", sent. de 4-XI-2009; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "Aguirre", sent. de 12-VI-2013).
A idéntica solución arribó, dada la similitud de los contextos normativos (arts. 19, dec. 1.278/00 y 16, dec. 1.694/09), en ocasión de dirimir la vigencia temporal del decreto 1.694/09 (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014 y L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015).
Finalmente, el criterio expuesto encuentra respaldo en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente Ley Especial" (sent. de 7-VI-2016), en el cual el Alto Tribunal, pronunciándose una vez más acerca de los conflictos intertemporales que suscitaron las sucesivas reformas legales del régimen especial de reparación de los accidentes y enfermedades del trabajo, fijó la vigencia temporal de la ley 26.773 para el resarcimiento de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor en lo relativo a las prestaciones dinerarias allí contempladas (conf. cons. 8° del voto de los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda).
III.1.b. Luego, y teniendo en cuenta que a la fecha en que se produjo el accidente de trabajo del actor (esto es, el día 3-XII-2009; v. fs. 560 vta. y 561), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, no asiste razón al recurrente en cuanto postula su aplicación al caso.
III.2. Tampoco es atendible el agravio por conducto del cual el compareciente denuncia la supuesta omisión en que habría incurrido el tribunal de trabajo respecto del pedido formulado por el actor en oportunidad de alegar por escrito, a fin de que se aplique al caso la ley 27.348 (B.O., 24-II-2017), específicamente su art. 11 en cuanto modifica el art. 12 de la ley 24.557.
III.2.a. Sin que ello implique aquí abrir juicio respecto del momento procesal de su planteo, lo cierto es que -contrariamente a lo manifestado por el quejoso- el tribunal de grado abordó el tópico en cuestión, indicando que su introducción fue plasmada extemporáneamente en el alegato (v. sent., fs. 572), infiriéndose de esa definición su rechazo.
III.2.b. Tal razonamiento del órgano de grado, al tiempo de revelar la inexistencia de la preterición que se le atribuye -que, en su caso, constituye materia propia de impugnación del recurso extraordinario de nulidad, no deducido en autos (causas L. 120.152, "Montenegro", sent. de 10-X-2018; L. 119.338, "Nieva", sent. de 13-III-2019; L. 121.226, "Rodríguez", sent. de 30-XII-2020; e.o.)-, no ha merecido un cuestionamiento idóneo por el recurrente, déficit que marca la insuficiencia del embate en tratamiento.
Cobra virtualidad aquí la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite exhibir una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado (causas L. 104.557, "Fernández", sent. de 13-VI-2012; L. 114.540, "Calendano", sent. de 12-VI-2013; L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014; L. 119.908, "Asociación", sent. de 25-VIII-2020 y L. 122.768, "Piangatelli", sent. de 7-III-2022).
III.3. El reproche dirigido a impugnar el ingreso base mensual utilizado por el tribunal de grado para calcular el importe indemnizatorio establecido en la sentencia tampoco es de recibo.
Es menester recordar que determinar el valor de ese concepto para calcular la cuantía de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 y, en general, la base remuneratoria a tener en cuenta para cuantificar las indemnizaciones, constituye una tarea reservada a los tribunales de trabajo que, al remitir al análisis de una típica cuestión de hecho, queda detraída del ámbito de la casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 72.119, "Dure", sent. de 19-II-2002; L. 119.706, "Azcona", sent. de 6-II-2019 y L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020), vicio que -anticipo- no logra acreditar el compareciente.
Ello así, toda vez que no explicita -ni mucho menos acredita- en qué consistiría el error en que habría incurrido el órgano de grado en la determinación del ingreso base mensual que juzgó demostrado en el fallo ($1.476,92; v. fs. 575), y que -según surge de la quinta cuestión del veredicto- encuentra sustento en los recibos de sueldo del actor correspondientes al año previo al infortunio.
Tampoco argumenta de manera idónea por qué debió el juzgador tomar aquel otro que propone en su pieza recursiva ($12.180,57), limitándose en su réplica a afirmar que debió considerar el correspondiente al mes de diciembre de 2012 (en rigor, se refiere al año 2015), el que -para más- no se compadece con el módulo mensual que había denunciado en su escrito liminar ($9.637.04, conforme recibo de pago del mes de mayo de 2015; v. fs. 307).
A esta altura cabe recordar que el concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. Al recurrente que pretenda articular este excepcional mecanismo no le ha de alcanzar con sostener que el hecho pudo ocurrir de otra manera, o que la prueba debió ser apreciada de una forma distinta, más probable o aceptable. En cambio, es indispensable dejar claramente demostrado que, de la manera en que se valoró en la sentencia, no pudo ser (causas L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017; L. 118.557, "Sánchez", sent. de 17-V-2017; L. 119.303, "Pagliaretto", sent. de 21-XI-2018 y L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020), carga que -como anticipé- no es satisfecha por el interesado.
Así las cosas, circunscripta la facultad revisora de esta Corte al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada, la insuficiencia aquí expuesta -y sin que implique abrir juicio respecto del acierto sustancial de la decisión-sella su suerte adversa, sin que corresponda ingresar en consideraciones de otra índole.
III.4. Tampoco merece recepción el cuestionamiento dirigido a intentar poner en evidencia el error de cálculo imputado al tribunal en el cómputo de los intereses ordenados en el fallo sobre el capital de condena.
La objeción formulada, desprovista -por cierto- de toda explicación tendiente a demostrar en qué radicaría el error atribuido al fallo en el cálculo de los acrecidos, así como de la concreta denuncia de absurdo, no cumple los recaudos exigidos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Huelga recordar que una de las características específicas de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito en casación (causas L. 105.814, "Monte", sent. de 5-IX-2012; L. 115.885, "Ríos", sent. de 26-VI-2013 y L. 117.999, "Fernández", sent. de 15-VII-2015).
III.5. Por último, los agravios relativos al absurdo y a la violación de las reglas de la sana crítica y de la lógica formal deben ser desestimados sin más, pues resultan -por su generalidad y su falta de vinculación con las concretas circunstancias de la causa- palmariamente insuficientes en su formulación (art. 279 cit.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvas
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.