Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122208
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.208, "León, Marcelo Alejandro contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 227/235 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-VIII-2018).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 253/254 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Marcelo Alejandro León y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva, en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 227/235 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que el día 29 de octubre de 2013 el actor sufrió un accidente de trabajo que le provocó fractura y luxación de húmero izquierdo (v. vered., fs. 227 vta.). Asimismo, que por esa dolencia la Comisión Médica Jurisdiccional que intervino fijó una minusvalía del 26% y, que el día 28 de marzo de 2014 se le confirió el alta médica que determinó el cese de su incapacidad temporaria. A su vez, consideró probado que la aseguradora demandada le abonó al accionante la suma de $123.922,50 (el día 4 de junio de 2014), en concepto de la incapacidad laboral -permanente y definitiva- reconocida en sede administrativa (v. vered., fs. 227 vta. y 228).
A partir de las conclusiones plasmadas en la pericia médica producida en la causa (no cuestionada por las partes), consideró demostrado que a raíz del mencionado infortunio, el trabajador padece una fractura de húmero proximal con imposibilidad de osteosíntesis, con complicaciones de rigidez muscular y pseudoartrosis (frecuente en fracturas desplazadas en dos o más segmentos), resultando la consolidación en mala posición y con osificación heteróptica; todo lo cual le ocasiona una incapacidad de carácter definitiva del 31,9% del índice de la total obrera, precisó: "patología que se encuentra consolidada con el cese de la ILT de fecha 28/3/2014" (vered., fs. 228 vta.).
En otro orden, desestimó las conclusiones plasmadas por la perita psicóloga en su dictamen en cuanto apreció que el accionante presentaba una invalidez del 20% debida a un estado de estrés postraumático, por reacción vivencial neurótica grado III. Al respecto, consideró que el informe pericial carecía de fundamento científico y que la licenciada no tenía incumbencia para diagnosticar patologías psiquiátricas, labor que le correspondía a los psiquiatras certificados (conf. ley 17.132; v. vered., fs. 229).
Luego, ya en la sentencia, al examinar el reclamo por diferencias en la indemnización que debía percibir el actor, declaró aplicable la ley 26.773. Sobre tal base, desestimó la pretendida aplicación del índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) a la reparación obtenida a partir del uso de la ecuación polinómica prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, ello, en tanto sostuvo que a través del decreto 1.694/09 y resoluciones posteriores "...no se dispone la actualización de las obligaciones indemnizatorias que surgen de la fórmula, sino de los importes explicitados en las normas...", criterio que, puntualizó, fue clarificado con el decreto 472/14 (v. sent., fs. 232 y vta.).
En ese contexto, determinó que -conforme la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13-, la indemnización por la incapacidad determinada en autos, no podía ser inferior a la suma que resulte de multiplicar $476.649 por el porcentaje de incapacidad (v. sent., fs. cit.). En consecuencia, resolvió que el piso a considerar -de $152.051,03- resultaba inferior al resultado de la fórmula, por lo cual la demanda debía prosperar por el monto arrojado por esta última, cuantificando la condena en $28.128,53 (resultante de la diferencia entre aquel importe y las prestaciones ya percibidas). Complementó la suma computada, con la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773 de $30.410,20 (v. sent., fs. 233).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Refiriéndose al apartamiento que explicitó el tribunal de grado de las conclusiones de la experta psicóloga, afirma que el sentenciante fundó parte de su decisión en el articulado de una norma que a la fecha del pronunciamiento no se encontraba vigente, en tanto resultó derogada y reemplazada por una nueva ley. Argumenta que la alegada infracción tuvo una incidencia relevante en el resultado indemnizatorio determinado a su favor.
Sostiene que la conclusión a la que se arribó se sustentó en previsiones que -contrariamente a lo determinado en el fallo- no surgían específicamente en la ley 17.132. Entiende que la interpretación realizada por el a quo respecto al ejercicio profesional de la psicología se correspondería con lo normado en el art. 91 de la citada ley, sancionada en el año 1967 y reglamentada mediante el decreto ley 6.216/67; los cuales -expone- fueron derogados en el año 1985, por la ley 23.277 y su nuevo decreto reglamentario.
En ese orden de ideas, aduce que el pronunciamiento infringe los arts. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial provincial, en cuanto imponen a los jueces la obligación de fundar sus sentencias en el texto expreso y vigente de la ley, razón por la cual peticiona la anulación y el dictado de un nuevo pronunciamiento, conforme los lineamientos establecidos en el art. 298 del mencionado Código Procesal de rito.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente, ocupa recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 124.430, "Puentes de integración", sent. de 23-II-2021; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior, se advierte que los argumentos traídos, si bien se encuentran acompañados con la denuncia de transgresión del art. 171 de la Constitución local, resultan ajenos al ámbito propio del medio de impugnación deducido, toda vez que dicho precepto constitucional solo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de las normas legales pertinentes, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 120.620, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.117, "Gigliotti", sent. de 10-VIII-2020; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-X-2020; e.o.); hipótesis que no concurre en el fallo atacado, donde la normativa actuada por el a quo abastece la referida exigencia constitucional, resultando extraña al recurso intentado la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica del fallo (causas L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020; L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020; L. 120.816, "Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.", sent. de 30-III-2021; e.o.).
De suyo que entonces no resultan atendibles las manifestaciones que trae el recurrente vinculadas al presunto quebranto de normas procesales y garantías de raigambre constitucional, en tanto se inscriben en críticas que reflejan la imputación de eventuales errores marginados del recurso extraordinario de nulidad y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013 y L. 117.924, "Caballero", resol. de 16-VII-2014).
IV. Por dichos motivos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia violación de los arts. 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 11, 14 y 15 de la ley 24.557; 2 del decreto 472/14; 8 de la ley 26.773; la ley 23.277 -y su decreto reglamentario-; 163 incs. 5 y 6 y 164 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 37 y 47 de la ley 11.653; 2 inc. "c" de la ley 10.306 y de la doctrina legal que cita.
I.1. Alega que el sentenciante de grado incurrió en absurdo en la valoración de la prueba y aplicó erróneamente la ley 17.132, al apartarse de las conclusiones volcadas por la perita psicóloga en su informe por entender que se había excedido en su competencia.
Así, denuncia que las afirmaciones vertidas al responder al interrogante planteado en la tercera cuestión del veredicto, no solo se contradicen con la real tarea y desarrollo profesional de los psicólogos en general, sino también -como en el caso de autos- con su función como auxiliares de la justicia en particular, al ser designados como peritos.
Puntualiza que de modo alguno el referido dictamen carece de fundamento científico, por cuanto -dice- deriva de la realización de múltiples tests, entrevistas y sus conclusiones se encuentran debidamente fundadas en el informe de autos.
Indica que el cuestionamiento del fallo se dirigió a controvertir la incumbencia de la profesional para diagnosticar patologías psiquiátricas, más aun, -expone- cuando se reconoció que, en el hipotético supuesto en el que se hubiera solicitado la reparación sistémica, se podría haber hecho lugar al reclamo de tratamiento psicológico. Manifiesta que: "mal podría el Juez vocal hacer lugar a un eventual resarcimiento de gastos de tratamiento psicológico, y a la vez rechazar las conclusiones a las que arribó la profesional, o su capacidad técnica para la realización de la pericia".
Argumenta que el ejercicio profesional de los psicólogos de la Provincia de Buenos Aires se encuentra regulado en la ley 10.306 y que en su art. 2 queda claro que se encuentran habilitados para ser auxiliares de la justicia en la determinación y diagnóstico de los trastornos de la psiquis humana.
Añade que, en todo caso, debió el tribunal interviniente utilizar sus facultades instructorias -conferidas por los arts. 12 y 31 de la ley 11.653- y rechazar la realización de la pericia psicológica solicitada en la ampliación de la demanda, siendo que los puntos de la misma se encontraban plasmados allí y "eventualmente reencausarla hacia una pericia psiquiátrica, cosa que no hizo".
Manifiesta además que dicho informe no mereció reproche alguno por parte de la demandada.
Postula que en el supuesto de autos logró demostrarse que la afección psicológica sufrida por el accionante se relacionaba causalmente con el infortunio de trabajo padecido, resultando que antes de aquel era una persona vital, con plenas capacidades físicas y psíquicas.
Señala que la postura adoptada por el a quo respecto a la desestimación de esta experticia no solo es contraria a las pruebas de la causa, sino también a la doctrina de esta Suprema Corte, por cuanto esta no veda la posibilidad de que un profesional licenciado en psicología realice informes periciales y diagnostique este tipo de enfermedades; en sustento de su postura cita la causa L. 82.918, "M., P." (sent. de 19-IV-2006).
Afirma que no consta jurisprudencia en la que los magistrados de grado se aparten de los dictámenes de este tipo fundándose en la ley 17.132 (del año 1967), puesto que ello -aduce- implica desconocer a las leyes posteriores y específicas del ejercicio legal de la psicología y praxis judicial generalizada; máxime -denuncia- teniendo en cuenta que, en lo referente a las atribuciones y facultades de los psicólogos, a la fecha de la sentencia, dicha parcela se encontraba derogada.
Objeta que se considere el rol de los psicólogos como colaboradores del médico especializado en psiquiatría, en tanto -indica- el capítulo X de la mencionada ley, al referirse a los "auxiliares" de esta especialidad, no cita a estos expertos, es más -destaca- "en ningún artículo de la ley referenciada se menciona a dichos profesionales". Argumenta que tampoco son nombrados en el art. 42 de aquella ley, el cual establece expresa y taxativamente la enumeración de los colaboradores.
Explica que la mentada ley 17.132 -reglamentada por el decreto 6.216/67- determinaba las incumbencias y el desarrollo profesional de la psicología bajo el régimen normativo del art. 91, el cual resultó derogado, como consecuencia de la sanción de la ley 23.277 (de aplicación en el ámbito nacional de "ejercicio profesional de la psicología").
Bajo tales directrices, precisa que las afirmaciones vertidas por el a quo reiteran casi textualmente lo enunciado en el antiguo art. 91, que fue sustituido por la mencionada ley nacional que sucedió a la anterior, la cual prescribe en su art. 2 el ámbito de aplicación del ejercicio de estos profesionales.
A mayor abundamiento, señala que la resolución 343/09 del Ministerio de Educación de la Nación, estableció las actividades profesionales reservadas a los psicólogos, entre las que se destaca la de "...Diagnosticar, realizar peritajes, asesorar y asistir psicológicamente, en el campo jurídico-forense, a personas en conflicto con la ley y víctimas de delitos...".
I.2. Desde otroángulo, manifiesta que la sentencia de grado omitió tratar la totalidad de los planteos formulados, pues ninguna consideración efectuó en el pronunciamiento sobre el pedido realizado por la parte actora -en oportunidad de expresar agravios- para que se aplicara a la indemnización reclamada el índice RIPTE.
Sostiene que conforme los arts. 11 y 14 apartado 2 inc. "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo debe aplicarse el piso (actualizado por el índice RIPTE) por el porcentaje de incapacidad y que superándose el 50% de incapacidad, debe agregarse una suma adicional de pago único de $697.718.
Postula que en el fallo de grado únicamente se hizo referencia al planteo realizado en su escrito de inicio. Explica que, como consecuencia de la jurisprudencia de esta Corte y del Máximo Tribunal nacional, modificó la solicitud inicial y requirió la aplicación del RIPTE a los pisos de la fórmula y a las sumas de pago único. Ello así, en tanto estimó que considerando la redacción de la normativa aplicable en los autos -anterior a la ley 27.348-, dichos montos debían ser actualizados a la fecha del dictado de la sentencia.
Entiende que -por el contrario-, el tribunal de trabajo "procede de oficio a realizar el cálculo sobre los montos de piso indemnizatorio vigente para el período 1 de septiembre de 2013 y 28 de febrero de 2014, lo cual es desde ya rechazado por esta parte". Explica que, a la fecha tomada por el juzgador, el piso indemnizatorio arrojaba la suma de $476.649, mientras que -alega- a la fecha del presente, ascendía a $814.759.
Siguiendo ese razonamiento, argumenta que el cálculo efectuado no solo no fue requerido por la parte demandada, sino que vulnera el derecho de propiedad del trabajador.
II. El recurso no prospera.
II.1. Las objeciones que trae el recurrente carecen de aptitud para desbaratar la valoración del dictamen pericial psicológico llevada a cabo por los magistrados de la instancia.
II.1.a. Al abordar el tercer interrogante planteado en el veredicto, el tribunal de grado se apartó de las conclusiones expuestas por la experta psicóloga en su informe pericial que daban cuenta que el actor era portador de una incapacidad del 20% en razón de "un estado de estrés post traumático, por reacción vivencial neurótica grado III". Destacó que el dictamen carecía de fundamento científico, cuando a su vez, la perita no poseía incumbencia para diagnosticar patologías psiquiátricas, algo propio de un psiquiatra certificado, como -a su juicio- lo aclara la ley 17.132.
II.1.b. Inicialmente, habré de referirme a las expresiones blandidas por el impugnante con el objeto de desvirtuar lo expuesto por el a quo en orden a la competencia de la perita psicóloga.
Al respecto, puede advertirse que a pesar de sus esfuerzos no logra el quejoso neutralizar el juicio empleado por el tribunal del trabajo. Es que en modo alguno trae una explicación idónea que convenza acerca de que la patología antes referida no fuera de orden psiquiátrico, dato que prima facie obviamente permite divisar que lo exigido por el juzgador -lejos de ser fruto de su mero arbitrio- guarda una estructura coherente, que a falta de un eficaz embate, no se evidencia alejado del marco de facultades propias del ejercicio de la medicina al que alude el art. 2 inc. "a" de la ley 17.132 (legislación que regula "el arte de curar").
Lo expuesto le resta vigor al argumento fincado en la derogación por la ley 23.277 (que se ocupa del ejercicio profesional de la psicología) del originario art. 91 de la citada ley 17.132, norma que situaba a los psicólogos como "colaboradores del médico especializado en siquiatría" y a la que indudablemente hubo de referirse el sentenciante a la hora de reforzar la estructura de su decisión.
Y en este contexto, tampoco lo dicho por el interesado con sustento en los arts. 2 de la ley 23.277 y su par provincial 10.306 amerita una modificación de lo resuelto en el caso. En lo fundamental, surge de estas disposiciones legales que el diagnóstico "de la personalidad" se inscribe dentro del ejercicio profesional de la psicología, pero ello por sí solo -sin otro sostén argumental atendible- no es indicativo de un yerro en la conclusión cuya revisión se pretende, vinculada con la concreta patología y el supuesto grado de incapacidad al que hizo mención en la especie la psicóloga interviniente. Desconectada con las circunstancias del caso, nada agrega la sucinta referencia a la resolución 343/09 del Ministerio de Educación de la Nación, que entre las actividades reservadas a los "títulos de licenciado en psicología y psicólogo" preveía en el punto 7 de su anexo V -hoy sustituido por la resolución 1.254/18 de la misma cartera- la de "Diagnosticar, realizar peritajes, asesorar y asistir psicológicamente, en el campo jurídico-forense, a personas en conflicto con la ley y víctimas de delitos, a sus respectivos familiares, e intervenir en los aspectos psicológicos de las problemáticas de minoridad".
Por cierto, no apuntala la tesitura del recurrente lo afirmado con sostén en lo juzgado por esta Corte en la causa L. 82.918, "M., P." (sent. de 19-IV-2006), de ingredientes disímiles a los que aquí se presentan.
Finalmente, ya que a ello también se hace alusión en el recurso, ha de indicarse que la ausencia de
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