Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124698
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.698, "Testa, Osvaldo Nazareno contra SMG ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 137/153).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 175/193 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por Osvaldo Nazareno Testa y condenó a SMG Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas por los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, con motivo de la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 12 de enero de 2013, y a las tareas que desarrolló como conductor de camiones de larga distancia (v. fs. 137/153).
En lo que interesa, tuvo por acreditado -a partir de las conclusiones de la pericia médica producida en la causa- que el actor padece limitación funcional de columna lumbar, de tobillo y muñeca derechos, que le ocasionan una minusvalía del 8% (siendo atribuible a las tareas prestadas para su empleador un 6,4% y el resto a factores propios). Con tales elementos de juicio, y los factores de ponderación del decreto 659/96, fijó la incapacidad parcial, permanente y definitiva en el orden del 22,19% de la total obrera (v. vered., séptima cuestión, fs. 140 vta. y 141, y sent., fs. 148 in fine y vta. y 149 vta.).
Desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y rechazó la aplicación al caso del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) contemplado en la ley 26.773 (v. fs. 146 vta./148).
Teniendo en cuenta la edad del trabajador a la fecha de la primera manifestación invalidante (treinta y tres años), el valor mensual del ingreso base determinado en la novena cuestión del veredicto ($6.392,52) y el porcentaje de incapacidad (8,46% por la minusvalía derivada de la afección en la columna lumbar y 13,76% por la vinculada a las dolencias del tobillo y muñeca derechos), cuantificó el importe de las prestaciones dinerarias que correspondía percibir a Testa, a las que adicionó el importe de la compensación del art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 148/150 vta.).
Aplicó intereses sobre el capital de condena a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigentes en los distintos períodos de aplicación, en su "variante digital" (v. fs. 150 vta. y 151).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de los arts. 11, 12 y 14 de la ley 24.557 y 7, 8 y 9 de la ley 23.928, modificados por la ley 25.561.
II.1. Objeta que el tribunal no aplicara ningún mecanismo de actualización monetaria al momento de estimar las prestaciones dinerarias que fueran reconocidas en la sentencia.
Cuestiona el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557. Afirma que el juzgador desestimó su planteo con apoyo en doctrina legal de esta Corte y en la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional, sin analizar el grave perjuicio que ocasiona la literalidad de la norma.
Sostiene que el mecanismo utilizado pulveriza el derecho a una indemnización justa. Añade que la fórmula matemática-financiera se desentiende totalmente del resultado cuantitativo final y del modo en que gravita en la pérdida de ganancia futura -lucro cesante- respecto de la minusvalía que aquella padece en forma definitiva.
Indica que, si el ingreso base mensual es considerado una "deuda de valor" y se utiliza un salario actualizado, se arriba a un monto resarcitorio sumamente mayor.
Argumenta que la Ley de Riesgos del Trabajo, como cualquier otra norma que reglamenta el derecho a la integridad psicofísica del trabajador, merece un análisis guiado por la razonabilidad, debiendo descalificarse cuando no cumple con el mandato constitucional.
Aduce que el sistema indemnizatorio previsto en dicha norma provoca un enriquecimiento ilícito a favor de las aseguradoras de riesgos del trabajo, quienes cobran sus alícuotas en moneda actualizada y pagan las indemnizaciones depreciadas, situación que contradice las bases del derecho laboral.
Expresa que en autos se configura una situación de discriminación, ya que el actor -que transitó un largo proceso judicial- obtuvo un resultado irrisorio y recibió un trato dispar respecto de aquellos otros dependientes que, sin recurrir a juicio alguno, logran obtener un resarcimiento proporcional a sus ingresos reales.
Concluye que el régimen reparatorio especial de infortunios laborales, tal como fue diseñado, premia al incumplidor, pues produce una redistribución de ingresos inversa, que les otorga a los que más tienen y les quita a aquellos económicamente más débiles (esto es, a los trabajadores incapacitados, que se encuentran en mayor estado de indefensión).
En apoyo a su postura invoca distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que -a su criterio- avalan el pedido de reajustar las sumas reclamadas.
II.2. Peticiona que, en el caso, se disponga la actualización de los créditos reclamados, de acuerdo al índice de precios al consumidor, desde su exigibilidad hasta el día del efectivo pago.
Manifiesta que el tribunal no interpretó la citada norma en consonancia con el restante plexo normativo laboral.
Añade que, a fin de establecer el valor mensual del ingreso base deben considerarse salarios ajustados, ya que toda indemnización supone la ponderación del valor actual del desmedro patrimonial sufrido, pues de lo contrario se desnaturalizaría su función resarcitoria.
II.3. Por los argumentos expuestos, plantea también la invalidez constitucional de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928, texto según ley 25.561.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, considero necesario señalar que las cuestiones aquí debatidas guardan sustancial analogía con las que se verificaron en el precedente identificado como L. 124.700, "Insaurralde", sentencia de 29-VI-2021, por lo que, a los fines de fundar la respuesta adversa a la procedencia del recurso, reproduciré, en cuanto resulte pertinente, los argumentos esgrimidos por el doctor Genoud al emitir su voto en primer término, al cual adherí.
III.2. A tenor de lo expresado por la recurrente a fs. 178 vta. de la postulación bajo examen en lo atingente a la admisibilidad del medio de impugnación respecto del valor del litigio, observo que la cuantificación que efectúa -teniendo en cuenta la diferencia entre lo determinado en el fallo y la suma pretendida- supera el monto mínimo para recurrir vigente al momento de la interposición del embate (art. 278, CPCC, texto conf. ley 14.141).
Si bien es cierto que el monto indicado solamente halla respaldo en los dichos del interesado, no lo es menos que habiéndose introducido en el recurso agravios de naturaleza federal, destinados a cuestionar la invalidez constitucional de los arts. 12 de la ley 24.557 y 7, 8 y 9 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), la presente vía extraordinaria debe analizarse sin las restricciones impuestas por las normas procesales locales (arts. 55, ley 11.653; 278, cit.; causas L. 116.672, "Leuzzi", sent. de 21-V-2014; L. 118.847, "Díaz", sent. de 4-VIII-2016; L. 120.263, "Gómez", resol. de 19-X-2016 y L. 120.351, "Gamboa", resol. de 12-IV-2017; e.o.).
III.3.a. Sentado lo anterior, conforme fue relatado, el tribunal condenó a la aseguradora al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo sufrido por el actor el día 12 de enero de 2013 y de las dolencias contraídas durante el cumplimiento de las tareas prestadas como conductor de camiones de larga distancia.
En lo que interesa, por resultar materia de agravio, para arribar a tal definición y cuantificar el importe de la tarifa, el juzgador de origen abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Reprodujo el criterio volcado en otro precedente del mismo órgano, señalando que la consideración de los haberes devengados durante el año anterior a la manifestación invalidante como pauta estructural para la determinación del salario base no exhibe confrontación con ninguna norma constitucional, ni pulveriza el significado económico de la indemnización, más allá de que por variaciones salariales posteriores, producto de las distintas coyunturas históricas, las remuneraciones del actor se hayan visto incrementadas. Afirmó que esta última circunstancia no era causa en sí misma que justificara la modificación de todo un régimen indemnizatorio que tarifa los resarcimientos, cuando ni siquiera se probó que la cifra a la que se arriba por el procedimiento establecido en la norma especial no abastezca la reparación merecida por el trabajador (v. fs. 146 vta. y 147).
Explicitó el a quo que, habiendo la promotora del pleito accionado con sustento en la normativa especial de la ley 24.557, el cálculo del art. 12 de dicho régimen legal resultaba aplicable al caso, sin que se avizorara en los achaques vertidos por la interesada ninguna objeción constitucional respecto de su aplicación, único presupuesto que -en definitiva- hubiere obstado a su utilización como fórmula de cálculo de obtener favorable acogida su pretensión (v. fs. 147 in fine y vta.).
III.3.b. Tales motivaciones no han recibido un embate idóneo por la agraviada, pues su crítica -vinculada, en esencia, a la necesidad de recurrir a valores actuales al momento de utilizar la fórmula legalmente prevista- no ataca concretamente las definiciones sobre las que el órgano de grado estructuró este tramo del pronunciamiento, quedando así evidenciada una manifiesta deficiencia técnica en el desarrollo del embate (causas L. 119.057, "Flores", sent. de 19-X-2016 y L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
La ausencia de eficacia de la impugnación se exhibe nítida, ni bien se repara en que su argumentación contiene un enfoque distinto. En otras palabras: el desarrollo crítico del recurso se muestra como el fruto de una reflexión que innova el discurso blandido en la demanda -que el tribunal estimó inhábil a los fines pretendidos-, toda vez que este último -claramente entremezclado con el planteamiento de inconstitucionalidad del art. 14 de la ley 24.557 (v. fs. 35 vta. in fine /38)- dista -a todas luces- del expuesto ahora en esta instancia extraordinaria.
Conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación esgrimida por el interesado denota un discurso novedoso que altera la inicial postulación, trocando de ese modo el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 119.336, "Flores", sent. de 28-II-2018 y L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; e.o.).
En rigor, la recurrente pretende en el escrito bajo examen que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante; v. demanda, fs. 21 y vta.) por el que considera más adecuado a sus intereses (computar salarios actualizados).
III.4. Por último, sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal para la introducción del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928 (modif. por ley 25.561), corresponde señalar que es criterio de esta Corte que son constitucionalmente válidas tales normas en cuanto prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 118.241, "Tarelli", sent. de 15-VI-2016; L. 117.079, "Cuevas", sent. de 15-II-2017 y L. 119.112, "Pérez", sent. de 9-V-2018); sin que las razones vertidas en la impugnación ameriten la revisión de dicha postura.
III.5. Corolario de lo expuesto es que el fallo atacado no ha de modificarse, dada la insuficiencia técnica del embate orientado a cuestionar la conclusión que causa agravio a la impugnante y la reiterada doctrina legal que sobre el tópico tratado en el punto anterior ha forjado este Tribunal (arts. 279, CPCC; 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. No acierta el interesado en cuanto objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (conf. texto anterior a la sanción de la ley 27.348 -B.O. de 24-II-2017-), concretamente en cuanto establece para determinar el ingreso base mensual un módulo calculado sobre la base de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante.
En efecto, advierto, como apuntó mi colega, el doctor Torres, que el pedimento traído ante esta instancia casatoria -en cuanto persigue se calcule el citado módulo con arreglo al salario ajustado a valores actuales al momento de aplicar la fórmula legalmente prevista- difiere de los términos -confusos, por cierto- en que fue esgrimida la pretensión en el escrito de inicio (v. dem., fs. 21/24). El interesado introduce extemporáneamente un planteo que, además de alterar sustancialmente el alcance del esquema que conformó la pretensión inicial, se torna inatendible (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016 y L. 118.454, "E., N. G.", sent. de 21-VI-2018; e.o.), e impide determinar con nitidez la concreta dimensión patrimonial del reclamo.
En tales condiciones, la insuficiencia técnica de esta parcela del recurso define su rechazo.
I.3. En lo demás, también suscribo la propuesta del ponente.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 15:50:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2022 20:17:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:17:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2022 13:35:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2022 13:52:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/08/2022 14:18:57 hs. bajo el número RS-40-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia