Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76504
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto (art. 279, CPCC). Con costas al recurrente en su carácter de vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.504, "A., G. M. contra Hospital Municipal de General Pinto Dr. Alberto Luis Videla y otros. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había desestimado la demanda promovida (v. sentencia de fecha 19 de mayo de 2020).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito en soporte electrónico de fecha 2 de junio de 2020, 02:32:05 p.m., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos (v. proveído de fecha 19 de noviembre de 2020), agregado el memorial del codemandado (v. escrito en soporte electrónico de fecha 29 de julio de 2020, 03:09:10 p.m., en el sistema Augusta) y el de la citada en garantía, Seguros Médicos SA (v. escrito en soporte electrónico de fecha 4 de agosto de 2020, 11:07:22 a.m., en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El actor, por apoderado, promovió demanda de daños y perjuicios contra Pablo Walter Redolfi y el Hospital Municipal de General Pinto "Doctor Alberto Luis Videla", indicando que, con fecha 23 de febrero de 2011, se internó en dicho nosocomio para ser intervenido quirúrgicamente por una afección hemorroidal, en donde permaneció por tres días hasta obtener el alta médica.
Refirió que la noche anterior a su egreso del nosocomio, sufrió vómitos y fiebre alta y que, ya en su domicilio comenzó a sentir intensos dolores en la zona intervenida, por lo que se dirigió al domicilio del médico Pablo Walter Redolfi, quien le había efectuado la cirugía; y le manifestó que -en el Hospital- habían olvidado suministrarle analgésicos.
Señaló que al ingerirlos, la fiebre se elevaba y padecía un bloqueo para orinar o defecar; razón por lo cual volvió al Hospital de General Pinto, recibiendo la aplicación de una inyección ordenada vía telefónica por el doctor Redolfi; pero que, al no cesar el dolor y la elevada temperatura, al día siguiente concurre nuevamente al Hospital, asistiéndolo el médico de guardia de apellido Taboada y el cirujano Brentassi, quienes le diagnostican una infección denominada "peritonitis", y lo derivan al Hospital Interzonal de Agudos de la localidad de Junín, donde fue intervenido quirúrgicamente, extrayéndosele el recto, la vesícula y el intestino grueso.
Relató que, como consecuencia de la intervención, le realizaron una "colostomía terminal definitiva", que ello lo incapacita de por vida y lo limita para llevar una vida normal. Expresa que permaneció trece (13) días en terapia intensiva, con coma inducido y respirador artificial; y que -con fecha 9 de mayo de 2011- se presentó en sede penal, en calidad de particular damnificado, formulando la respectiva denuncia.
Endilgó responsabilidad por su obrar al doctor Pablo Walter Redolfi, al no haber establecido pautas de alarmas para el actor, decidiendo el alta sin controles post operatorios, que -según indicó- le ocasionaron una perforación, una derivación a un hospital de mayor complejidad y una retroperitonitis terciaria que llevó a una operación por gangrena peritoneal y colostomía definitiva; y, a la institución médica sanitaria, en función de la obligación tácita de seguridad, y los daños sufridos ante la deficiente prestación del servicio de salud.
II. Los codemandados Municipalidad de General Pinto como así también el doctor Pablo Walter Redolfi contestaron la demanda y a fs. 86/90 se presentó la citada en garantía. Luego, las actuaciones se abrieron a prueba y, una vez producida, se procedió al dictado de la sentencia.
El juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín rechazó la pretensión indemnizatoria promovida.
Para así decidir, descartó, a la luz de las pruebas aportadas a la causa, que el médico demandado hubiese incurrido en una conducta inadecuada a las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 512, Cód. Civ., entonces vigente).
Juzgó que en el supuesto de autos no hubo responsabilidad ni del profesional, ni del nosocomio municipal por los daños y perjuicios que alegó haber sufrido el actor a raíz de las intervenciones quirúrgicas a las que fuera sometido.
Para ello delimitó la cuestión a decidir en la omisión que el actor le imputa al doctor Redolfi en suministrarle las pautas de alarma necesarias con posterioridad a la primera intervención quirúrgica practicada, a partir del alta hospitalaria y de la falta de controles posteriores después del acto de externación del Hospital Municipal de General Pinto.
Recordó que, para atribuirle responsabilidad a la entidad asistencial, debe probarse la culpa del médico porque su prueba es la demostración de la violación del deber de seguridad, que como obligación tácita se halla comprendida en el contrato asistencial, cuya omisión genera la responsabilidad directa de la entidad contratante, además de la concerniente directa y personalmente al profesional.
Hizo referencia a la sentencia recaída en sede penal, de la cual, basándose en el beneficio de la duda, resultó absuelto el profesional demandado en virtud de la falta de certeza para emitir un juicio de condena sobre la configuración de un obrar imprudente o negligente.
Señaló, en ese aspecto, que dicho juicio fue circunscripto al ámbito penal.
En relación a la responsabilidad que se le atribuye al profesional médico demandado indicó que no fue objeto de reproche el acto quirúrgico practicado en el ámbito del Hospital Municipal de General Pinto; sino puntualmente una actuación posterior: la omisión, por parte del médico tratante, de suministrarle al paciente las pautas de alarma al momento de disponer el alta hospitalaria.
De acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 384, 474 y concs., CPCC por remisión del art. 77, CCA) ponderó la prueba pericial médica rendida en autos, de cuyo informe indicó que no surgía responsabilidad del profesional médico interviniente toda vez que la consecuencia infecciosa que se desencadenó horas más tarde de la operación y el cuadro clínico del señor A., remitían al propioálea de toda intervención quirúrgica y a las probabilidades del acto médico en concreto.
Sostuvo que, en la especie, el rápido diagnóstico, su derivación a un centro de mayor complejidad técnica y el oportuno tratamiento, lo persuadían acerca de la inexistencia de la culpa o negligencia en la función médica integral necesaria para engendrar la responsabilidad que se procura.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás confirmó esa decisión.
III.1. En primer lugar, el Tribunal de Alzada trató el pedido de los codemandados de declarar desierto el recurso interpuesto y consideró que la impugnación deducida contenía, en principio, una crítica concreta y razonada de la sentencia impugnada.
En consecuencia, decidió que la apelación interpuesta por la parte actora reunía los requisitos legales exigidos por el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial.
III.2. Sentado ello analizó los agravios expuestos por la parte actora y sostuvo que estos no alcanzaban para desvirtuar la decisión del juez que previno, en tanto la prueba producida en autos había sido valorada conforme las reglas de la sana crítica.
Expresó que los fundamentos del escrito recursivo se centraron en criticar el fallo impugnado respecto del modo en que el magistrado apreció la prueba, especialmente la pericia médica.
Afirmó que la apelación intentada consistió en una mera disconformidad con la tarea desplegada por el juez de grado, relatando argumentos sin identidad suficiente para contrarrestar el sentido de lo resuelto.
Señaló que el actor no había logrado acreditar ante la Alzada las circunstancias por él invocadas, ni que el daño sufrido fuera consecuencia de la mala praxis acusada.
Recordó que la valoración de la prueba es el acto mediante el cual el órgano judicial, en oportunidad de dictar sentencia, se pronuncia respecto de la eficacia o atendibilidad de aquella para formar su convicción, meritando las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.
Sentado ello, estimó que el magistrado de grado había valorado la conclusión del perito desinsaculado, en cuanto a que "la lesión fue oportunamente diagnosticada, derivada y tratada; que el dolor -que generó consultas- resulta sumamente subjetivo en el humano; que algunas personas -ante idénticas circunstancias- no lo toleran, y otros actúan de modo diferente, lo que trasunta una valoración de tipo subjetivo; a diferencia de lo objetivo, como la fiebre, el dolor localizado en el abdomen, el sangrado, etc. Y, que se resaltó que se le practicó tacto rectal, acorde según lo descripto a una cirugía de hemorroides; que, empero, ese tacto no hizo prever la magnitud de la evolución posterior" (v. presentación electrónica de fecha 4 de febrero de 2019).
Concluyó que los fundamentos esgrimidos por el juez de la instancia anterior basados en la pericia médica, así como las circunstancias de internación, prequirúrgicas y posinternación, y en el cumplimiento de las labores del galeno demandado de acuerdo a los protocolos médicos, no habían sido desvirtuados por el recurrente, quien había omitido probar debidamente las circunstancias por él invocadas, es decir, que el daño sufrido hubiera sido la consecuencia de una mala praxis médica.
IV. Disconforme con la decisión de la Cámara, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito en soporte electrónico de fecha 2 de junio de 2020, 02:32:05 p.m., en el sistema Augusta) en cuyo marco denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial; 17 y 18 de la Constitución nacional y 163 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
En primer término, acusa que la sentencia incurre en arbitrariedad, que se ha configurado el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba producida y pone de relieve que se ha omitido valorar prueba que estima relevante.
Sostiene que debió dársele prevalencia a la historia clínica y al dictamen del Cuerpo Médico Forense.
Señala que en virtud de la reconocida autoridad científica que posee el Cuerpo Médico Forense debe otorgarse primacía al informe de sus integrantes por sobre el de los peritos de oficio y que, ante dos dictámenes contrapuestos debe dársele preferencia al que emite dicho Cuerpo, por la significancia de esta prueba al ser emitida por un auxiliar de la justicia, cuyo asesoramiento pueden requerir los magistrados cuando las circunstancias particulares del caso así lo hagan necesario.
Alega que el Tribunal de Alzada se ha limitado a transcribir la sentencia de grado y que el fallo no se encuentra debidamente motivado, circunstancia que implica que no constituya una derivación razonada de lo alegado y probado en la causa (art. 18, Const. nac.).
Manifiesta que la sentencia impugnada no explica el por qué los argumentos que esgrimiera la recurrente en el remedio ordinario no alcanzan para desvirtuar la decisión de grado o por qué no revisten la entidad necesaria como para contrarrestar las conclusiones a las que arribó el juez de primera instancia, lo cual implica -a su juicio- que la sentencia carece de la motivación suficiente.
V. El recurso no prospera, en consideración a su manifiesta insuficiencia técnica (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V.1. Corresponde destacar que el Tribunal de Alzada puso de relieve que los agravios de la actora en su escrito de apelación se dirigieron a impugnar la forma en que el juez de primera instancia valoró la prueba producida en autos, en concreto la pericia médica, a través de la cual se descartó que el médico interviniente hubiere incurrido en una conducta inadecuada.
Recordó que esa valoración probatoria era el acto mediante el cual el órgano judicial se pronuncia sobre la eficacia o atendibilidad de aquella para formar su convicción, careciendo del deber de tratar todas y cada una de las argumentaciones de las partes.
Sobre esa base, consideró que los planteos vertidos en el recurso de apelación no lograban rebatir los fundamentos de la sentencia de primera instancia, aclarando que resultaban, más bien, una mera disconformidad con lo decidido.
V.2. Ahora bien, la parte actora en esta instancia extraordinaria, lejos de cuestionar adecuadamente el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, se limita nuevamente a manifestar dogmáticamente su disconformidad con la valoración de la prueba rendida en el proceso, sobre todo, respecto del dictamen de la doctora Mirta Mollo Sartelli. Con escuetos argumentos expone que dicho dictamen pericial no fue expresamente mencionado y lo hace desentendiéndose de los fundamentos que sí fueron utilizados por los sentenciantes de grado, formulando un mero disentimiento sin controvertir debidamente lo decidido en el pronunciamiento recurrido.
Agregó además que, el dictamen al que hace referencia el actor fue producido en la Investigación Penal Preparatoria 04-00-002904-11, y que fue evaluado también en sede represiva para concluir -entre otras pruebas- que no se había obtenido el grado de certeza requerido para condenar al médico codemandado respecto del ilícito por el cual fuere denunciado (lesiones culposas), motivo por el cual en dicho proceso el galeno resultó absuelto.
Que teniendo en cuenta que la responsabilidad penal y la civil no se confunden, en este caso nada obstó a que fuera analizado si existió este último tipo de responsabilidad -civil-, lo que fue descartado en ambas instancias ordinarias.
Sin embargo, el actor insiste en que hubo una errónea valoración probatoria, pero en modo alguno logra demostrar el vicio lógico que denuncia, sino que resume ante esta Corte similares argumentos a los vertidos al formular su apelación en relación a la ponderación de la prueba.
En este aspecto, cabe señalar que de conformidad con lo establecido por el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, los jueces no tienen el deber de expresar en la sentencia la apreciación de todas las pruebas producidas, sino únicamente de aquellas que fueran esenciales y decisivas para fallar la causa, siendo soberanos en la selección de las mismas, pudiendo preferir o dar preeminencia a unas y descartar otras y no constituye absurdo en sí mismo el ejercicio de esa facultad legal de los tribunales de las instancias de mérito (conf. doctr. causas Ac. 90.836, "G.LM.", sent. de 15-VI-2005; A. 72.844, "Estivariz", sent. de 17-VI-2015; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 72.297, "Paz", sent. de 29-III-2017; e.o.).
La valoración del material probatorio, así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, y las conclusiones que al efecto formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo, supuesto que para que se lo tenga por configurado no basta con presentar la propia versión sobre su mérito sin asumir el juicio crítico de los razonamientos realizados por el sentenciante, demostrando cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (doctr. causas A. 74.577, "Suarez", sent. de 11-IX-2019 y A. 75.103, "Paredes", sent. de 27-VIII-2020).
Además, la denuncia de arbitrariedad de la sentencia carece de entidad suficiente en tanto se basa en afirmaciones genéricas técnicamente insuficientes para lograr la revisión pretendida (conf. causa C. 108.184, "Peralta", sent. de 22-XII-2010; e.o.).
Al respecto cabe señalar que el argumento a partir de la doctrina de la arbitrariedad que intenta la actora es improcedente dado que la invalidación de una sentencia sobre tales bases es de carácter excepcional, y su articulación no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas, ni corregir en ulteriores instancias fallos equivocados o que se reputen tales en orden a temas no federales. Su invocación solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no puedan adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos: 329:3761; 329:2206; 330:133; 717 y 339:1066; doctr. causas A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020; A. 72.295, "Yell", sent. de 23-II-2021; e.o.), lo que en autos no puede tenerse por configurado.
V.3. Tampoco es de recibo la genéricamente invocada violación de ciertos preceptos legales que menciona la recurrente, por cuanto una alegación así formulada no satisface la carga técnica que impone el art. 279 del Código ritual. En este aspecto, se destaca que el recurrente omite indicar con la precisión que exige esta instancia extraordinaria, en términos claros y concretos, en qué consiste la violación o el error.
Sabido es que el cumplimiento de los requisitos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el impugnante indique con claridad la ley o la doctrina legal que se repute violada o aplicada erróneamente, indicando igualmente en qué consiste la violación o el error (doctr. causas A. 68.138, "Domínguez", sent. de 23-XI-2005; L. 83.599, "Abbatí", sent. de 8-XI-2006; L. 89.656, "Stiep", sent. de 31-X-2007; A. 68.934, "Llanos Choque", sent. de 3-XI-2008 y A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016), recaudos que no fueron cumplidos en el caso.
En la especie, la cita de los dispositivos legales que se reputan infringidos viene desprovista de cualquier explicación tendiente a demostrar la transgresión contra la que se alza la recurrente o el motivo por el cual los considera erróneamente aplicados, de allí que el agravio en cuestión sea ineficaz a los fines pretendidos.
VI. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto (art. 279, CPCC). Con costas al recurrente en su carácter de vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto (art. 279, CPCC). Con costas al recurrente en su carácter de vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2022 13:54:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2022 18:55:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2022 18:57:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 10:57:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 14:20:02 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.