Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76047
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.047, "Prisma Medios de Pago S.A. contra Municipalidad de Moreno. Proceso sumario de ilegitimidad. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el juez de primera instancia que, a su turno, había desestimado el planteo de inconstitucionalidad del art. 19 del Código Contencioso Administrativo y la medida cautelar solicitada por Prisma Medios de Pago S.A. (v. fs. 85/92).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de 30-IV-2019, 10:13:08 a.m. en el sistema Augusta), el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 104/107), dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La firma Prisma Medios de Pago SA promovió proceso sumario de ilegitimidad contra la Municipalidad de Moreno a fin de que se declare la nulidad del decreto 994/18 y los actos administrativos relacionados, mediante los cuales el Intendente del municipio demandado le reclamó el pago por derechos de publicidad y propaganda más intereses y multas correspondientes al periodo 2016.
Pidió en su escrito de inicio la declaración de inconstitucionalidad del art. 19 del Código Contencioso Administrativo, con fundamento en la alegada contradicción de dicho precepto con los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional, de jerarquía superior a las leyes, que garantizan el acceso irrestricto a la justicia.
Indicó que la exigencia del solve et repete vulnera el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, y el derecho de propiedad.
Por su parte, solicitó cautelarmente que se suspenda la ejecución de la intimación al pago, como así también que el municipio se abstenga de iniciar o promover acciones judiciales tendientes al cobro de las sumas reclamadas (v. pto. VI del escrito de inicio agregado a fs. 10/39).
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes rechazó el planteo constitucional y denegó la medida cautelar solicitada. Impuso las costas de la incidencia a la actora en su calidad de vencida.
II.1. Para así resolver, en relación al planteo constitucional y el principio solve et repete , recordó que conforme lo establece el art. 19 del Código Contencioso Administrativo, el "pago previo" constituye un requisito de admisibilidad formal de aquellas pretensiones anulatorias que se articulen contra actos administrativos que imponen o determinan obligaciones de naturaleza tributaria, cuyo cumplimiento el juez deberá verificar antes de proseguir con el proceso.
Destacó que el precepto aludido limita la exigencia del pago previo a la pretensión anulatoria contra un acto administrativo que imponga una obligación tributaria, excluyendo a las impugnaciones de actos administrativos que impongan otro tipo de cargas económicas.
Señaló que, incluso dentro de la materia tributaria quedan excluidas las multas y recargos accesorios de las obligaciones fiscales de que se trate.
Por otra parte, advirtió que el inc. 3 apartado "a" del art. 19 expresamente prevé que el pago previo no será exigible cuando su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia.
Sostuvo que la regulación del pago previo -cuya exigencia legal se encuentra fundada en la protección de las finanzas públicas- presenta límites que impiden la ruptura del equilibrio entre la finalidad que contiene el instituto y el derecho constitucional de acceso a la justicia, en tanto y en cuanto, comprobados los extremos del supuesto de excepción previsto en el art. 19 inc. 3 apartado "a", el peticionante podría sortear el valladar en cuestión.
Afirmó que la norma cuestionada no evidencia visos de arbitrariedad o irrazonabilidad que implique una transgresión a las normas constitucionales (arts. 15, Const. prov. y 18 y 28, Const. nac.); toda vez que se encuentra expresamente contemplada la dispensa para los supuestos en los cuales su cumplimiento lesione el derecho de acceso irrestricto a la justicia.
Destacó, por último, la falta de ofrecimiento de prueba que acredite que, en el caso de autos, existiese un supuesto de denegación de justicia que afecte los derechos constitucionales invocados por el peticionante.
II.2. Por otra parte, el juez que previno rechazó la medida cautelar por no encontrarse reunidos los requisitos que habilitan su procedencia.
Respecto a la verosimilitud del derecho explicó que, de las constancias de la causa y de un examen preliminar, no advertía que el acto administrativo impugnado adolezca prima facie de una invalidez que permitiese descalificarlo como tal.
Indicó, en este aspecto, que del acto cuestionado se desprende que ha sido dictado en una materia en la que la comuna demandada cuenta con facultades legales propias, las que le dan suficiente sustento normativo y las cuales parecen no haber sido ejercidas de manera irrazonable.
En otro orden, advirtió que los vicios que el actor aduce que el acto administrativo padece no se exhiben de una manera manifiesta y notoria, de tal forma que obligue al organismo jurisdiccional a restablecer cautelarmente la legalidad. En el caso, señaló, que para dilucidar la verosimilitud del derecho invocado se requiere un mayor debate y prueba que el marco provisorio e incidental de las medidas cautelares.
Resaltó que la pretensión cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, comprende la suspensión de los efectos propios del acto administrativo emitido por la autoridad administrativa comunal, como así también de las ordenanzas fiscales en las que se funda (art. 77 inc. "a", dec. ley 6.769/58, modif. por ley 13.101), situación que colisiona con la presunción de legitimidad de los actos públicos, circunstancia que exige al juzgador una mayor prudencia en el análisis de los requisitos legales que habilitan la procedencia de la medida solicitada (art. 22, CCA), en particular la apariencia de buen derecho o fumus bonis iuris .
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, a su turno, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 11-III-2019, 12:18:55 p.m. en el sistema Augusta) y confirmó el pronunciamiento de primera instancia.
Para así decidir, recordó que la validez constitucional de la exigencia del pago previo fue declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos precedentes, destacando que su exigencia no importa por sí misma una violación del art. 18 de la Constitución nacional. Asimismo, advirtió que dicho Tribunal ha morigerado su aplicación en aquellos casos en los que existe una desproporcionada magnitud entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta capacidad económica o su estado patrimonial, a fin de evitar que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional (cfr. Fallos: 247:181; 250:208; 285:302 y 322:332), extremo que no encontró verificado en autos.
Refirió también a la doctrina de esta Suprema Corte en virtud de la cual se requiere que se evalúe la situación patrimonial concreta de los obligados, puesto que solo de ese modo puede apreciarse si ese pago previo se traduce en un real menoscabo de la defensa en juicio; no bastando, por consiguiente, atender únicamente a la desproporción entre el importe exigido y el patrimonio sino más bien, a la posibilidad de que se torne ilusorio en función del desapoderamiento de bienes que podría significar (cfr. causas B. 65.684, "Albezan S.R.L. y otros", resol. de 24-VIII-2005; B. 64.768, "Aguas Argentinas S.A.", resol. de 27-IX-2006 y B. 65.727, "Kel Ediciones S.A.", resol. de 29-IX-2010).
En ese entendimiento señaló que no se configura en autos ninguno de los supuestos fácticos considerados por este Tribunal en las causas A. 71.493, "Gallo Llorente", sentencia de 9-V-2018 y A. 74.221, "Mastroianni", sentencia de 28-XI-2018.
IV.1. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 30-IV-2019, 10:13:08 a.m. en el sistema Augusta), en el que denuncia que la exigencia de pago previo resulta contraria a las normas constitucionales que garantizan a los ciudadanos el libre acceso a la jurisdicción.
Recuerda que a partir de la reforma del texto constitucional de 1994 y la jerarquía normativa del Pacto de San José de Costa Rica (art. 75 inc. 22, Const. nac.), toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de derechos u obligaciones de orden civil, laboral o fiscal o de cualquier otro carácter (art. 8, primer párrafo, CADH).
En esa línea argumental señala que la sentencia impugnada, al aplicar el art. 19 del Código Contencioso Administrativo, soslaya los derechos y garantías constitucionales y los tratados internacionales con jerarquía constitucional incorporados por el art. 75 inc. 22 de la norma fundamental.
Advierte que la primacía de estos frente a una norma interna que resulte contraria impone, en el caso, la aplicación del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, consecuentemente, la derogación de toda norma o interpretación restrictiva de la garantía de acceso a la justicia, específicamente del requisito del solve et repete .
Por otra parte, señala la recurrente que el pronunciamiento impugnado se limita a afirmar que no se han aportado pruebas relacionadas con la situación patrimonial y con la imposibilidad de afrontar el depósito previo, siendo que los argumentos en los cuales basó su postura son de índole constitucional, cuando es evidente la colisión del requisito del solve et repete con el libre acceso a la justicia.
Alude también a la doctrina autoral que considera que el principio del pago previo debería ser fulminado con la tacha de inconstitucionalidad, toda vez que afecta derechos fundamentales de rango constitucional y así debería declararlo la justicia.
Agrega que el art. 19 del Código Contencioso Administrativo no solo vulnera el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, sino que también quebranta las disposiciones de la Constitución provincial que garantizan el acceso irrestricto a la justicia, la tutela judicial continua y efectiva y un juicio previo a la condena (arts. 10 y 15, Const. prov.).
Advierte que la sentencia impugnada limitó su decisorio a que no se encontraría acreditada en el caso la denegación de acceso a la justicia, omitiendo bajo esa consideración el tratamiento y fundamentación de su planteo constitucional.
En ese entendimiento, señala que tampoco el Tribunal de Alzada analizó la constitucionalidad de las normas en las cuales el municipio demandado se basó para determinar el tributo, sobre todo por tratarse de derechos de publicidad y propaganda; obligándosele a cumplir el pago previo para cuestionar el gravamen en la instancia judicial.
Insiste que el a quo omitió expedirse acerca del núcleo de su pretensión relacionada con el principio de supremacía federal (art. 31, Const. nac.) ya que una norma de rango inferior (provincial) no puede prevalecer sobre los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional y que garantizan el acceso irrestricto a la jurisdicción.
Por último, reitera que corresponde la inmediata aplicación del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la derogación de toda norma o interpretación restrictiva del acceso a la justicia.
IV.2. Por otra parte, se agravia del rechazo de la medida cautelar solicitada por cuanto el Tribunal no encontró acreditado el requisito de la verosimilitud en el derecho, exigido para su procedencia.
Invoca que su derecho de propiedad se encuentra amenazado mediando arbitrariedad e ilegalidad manifiesta debido a la pretensión de cobro por parte del municipio (art. 17, Const. nac.).
Aduce que la circunstancia de no habérsele notificado de la resolución que diera origen a la determinación cuestionada, vulnera el derecho de defensa.
Reitera que el gravamen en concepto de derechos de publicidad y propaganda ha sido cuestionado, invalidándolo como tal, debido a la ausencia de un servicio concreto organizado por la comuna que le sirva de fundamento, circunstancia que permite afirmar, entre otras, la existencia de la verosimilitud en el derecho.
Alega que el rechazo de la inconstitucionalidad planteada en relación al pago previo torna necesaria la concesión de la medida cautelar solicitada, toda vez que el municipio podría perseguir el cobro del gravamen cuestionado de manera simultánea con la acción judicial incoada.
Justifica el requisito de peligro en la demora en el desembolso de una suma de dinero judicialmente controvertida.
V. Adelanto mi parecer contrario a la procedencia del recurso, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 104/107. Ello atento la insuficiencia técnica que porta.
Los argumentos brindados en el escrito impugnatorio no constituyen un cuestionamiento suficiente de las razones esgrimidas por la Cámara para resolver el caso en el sentido antes indicado.
V.1. Este Tribunal tiene dicho que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad establecido en los arts. 161, inc. 1 de la Constitución provincial y 299 del Código Procesal Civil y Comercial se abre en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local (conf. art. 161 inc. 1, Const. prov. y causas Q. 71.994, resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, resol. de 2-V-2013; e.o.).
El objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial, supuesto ausente cuando el caso constitucional se plantea respecto de cláusulas de la Constitución nacional y/o tratados internacionales (conf. causa A. 72.922, "Millers", sent. de 18-IV-2018).
También ha dicho este Tribunal que, en su desarrollo expositivo, el recurso de inconstitucionalidad debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (conf. causas Ac. 32.929, sent. de 30-XI-1984, DJBA, T. 128, pág. 330; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003; Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005; A. 72.054, sent. de 29-VIII-2018; A. 73.410, sent. de 8-VI-2020; e.o.).
En especial, además de la referencia a las normas constitucionales que se reputan vulneradas, quien alega la inconstitucionalidad de una norma tiene el deber de demostrar con argumentos sólidos de qué manera aquella contraría preceptos constitucionales, evidenciando su error jurídico (conf. causas Ac. 41.159, sent. de 12-XII-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-IV-554; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003; Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005; A. 74.274, sent. de 30-XII-2020; e.o.).
Entiendo que esta pauta no puede tenerse por cumplida en la especie. Como surge del relato de antecedentes, la recurrente se limitó a manifestar la contradicción del precepto impugnado con los tratados internacionales de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac.) sin explicar concretamente la manera en que el pago previo vulnera su acceso a la jurisdicción omitiendo, de ese modo, demostrar la alegada inconstitucionalidad de la norma en su aplicación al caso concreto.
Así, los agravios traídos ante esta instancia se agotan con el señalamiento de que los preceptos cuestionados transgreden diversos derechos y garantías reconocidos en la Constitución nacional y tratados internacionales, cuando debió efectuarse una exposición acabada del conflicto que en el caso bajo análisis se plantea entre la norma que se impugna y las cláusulas constitucionales provinciales que se consideran vulneradas.
En tales condiciones, no puede advertirse la incompatibilidad denunciada atento que el recurrente no ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico.
Para más, en el presente caso, la firma actora se agravia de que el pronunciamiento impugnado se sustentó en la falta de pruebas relacionadas con la situación patrimonial y con la imposibilidad de afrontar el depósito previo, cuando -a su entender- los argumentos en los cuales basó su impugnación son de índole constitucional, siendo -por tanto- evidente la colisión del requisito del solve et repete con el libre acceso a la justicia.
Como surge de lo expuesto, se omite desvirtuar de manera eficaz y adecuada los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada -que discurrieron en torno a la genérica e imprecisa argumentación respecto de la infracción de principios invocados, sin acreditar el perjuicio aducido- para sostener la constitucionalidad de la norma impugnada.
La articulación ante este Tribunal patentiza que el actor, tras denunciar ausencias en el tratamiento de agravios, discurre en generalidades, limitándose a mencionar las normas presuntamente transgredidas sin demostrar cómo el precepto impugnado produciría el menoscabo de garantías consagradas en la Constitución provincial que invoca.
No obstante lo señalado, cabe advertir que el planteo no es novedoso, y es pertinente observar -de manera general- que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la exigencia del pago previo como requisito de viabilidad de recursos judiciales no es contraria -en sí- a los derechos de igualdad y defensa en juicio (CSJN Fallos: 155:96; 261:101; 278:188; 307:1753; e.o.).
Y, si bien también ha dicho -con no menor reiteración-, que es dable admitir la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio solve et repete en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional (CSJN Fallos: 285:302 y 322:337), ello es a condición de que el interesado, además de alegar la desproporción del monto intimado o la falta inculpable de los medios necesarios para hacer frente al pago del tributo (cfr. CSJN Fallos: 295:314; 319:3415; "Agropecuaria Ayui S.A.", sent. de 30-VI-1999; e.o.), aporte elementos precisos de juicio que constituyan índices reveladores de su estado patrimonial particular (CSJN Fallos: 250:208 y votos de los doctores Fayt, Lorenzetti y Argibay en la causa CSJN C.3669.XXXVIII "Centro Diagnóstico de Virus S.R.L. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - DGI", sent. de 16-IX-2004).
Por su parte, esta Suprema Corte, se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad del requisito de pago previo, admitiendo la morigeración formal en casos de probada imposibilidad de pago inculpable o de tratarse de sumas de dinero desproporcionadas con relación a la capacidad económica del actor (cfr. doctr. causas
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